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Full text of "Venezuela, política y petróleo - Rómulo Betancourt (2007)"

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Rómulo Betancourt 










Rómulo Betancourt 


Venezuela, 

POLÍTICA Y PETRÓLEO 



Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales 


Universidad Católica 
Andrés Bello 




B466 

Betancourt, Rómulo 

Venezuela, política y petróleo / Rómulo Betancourt / 6 a edición. Caracas: 
edición conjunta Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad 
Católica Andrés Bello, Fundación Rómulo Betancourt 2007. 

976 p. 

ISBN 980-01-1148-4 
Depósito Legal: 1Í5002001900370 

1. CIENCIAS POLÍTICAS. 2. HIDROCARBUROS. PETRÓLEO. 


QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE LIBRO, 
SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LOS TITULARES DEL COPYRIGHT. 
Depósito legal: lf5002001900370 
ISBN: 980-01-1148-4 


6 a edición 2007 


© Copyright 2007 

ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 
Irene de Valera - Editor 

Avenida Universidad, Bolsa a San Francisco, 

Palacio de las Academias 
Caracas 1121 -A 

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Diseño de portada: Editorial Senderos 
Diagramación: Margarita Páez-Pumar 
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GENERAL DE LAS OBRAS O TRABAJOS PUBLICADOS, NI DE LAS IDEAS Y OPINIONES QUE 
EN ELLAS SE EMITAN. 





Indice general 


Prólogo a ia presenil- edición v 

Prólogo a i a primera edición xi 

Prólogo a ia segunda edición xv 

Biografía resumida de Rómulo Betancourt xxvii 

PRIMERA PARTE 
UNA REPÚBLICA EN VENTA 

Capítulo I 

Castro y Gómez: despotismo, asfalto y petróleo 3 

El apacible comienzo 3 

The New York and Bermudez Company, el trust del asfalto 

Y LAS ARTES DE COMADRONA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO 4 

La danza de concesiones 17 

Los INGLESES TOMARON LA DELANTERA 20 

La Standard llegó tarde a Venezuela 25 

Leyes complacientes y concesiones a voleo 38 

Petróleo venezolano refinado fuera de Venezuela 52 

Beneficios máximos para las empresas y mínimos para Venezuela 56 

Prosperidad fiscal, deformación económica y pauperismo nacional 60 

La insurgencia del 28 63 

Gómez, personaje universal, y Venezuela, 

«MODELO DE PAÍS BIEN GOBERNADO» 66 

SEGUNDA PARTE 

EL ALBACEAZGO DE LA DICTADURA 

Capítulo II 

López Contreras, hechura de Gómez hereda la Presidencia 75 

Muerte de Gómez y pervivencia del gomecismo 75 

Despertar de un pueblo 76 

Aquel histórico 14 de febrero 79 

De las jornadas de junio a la huelga de los trabajadores del petróleo 82 



Represión y deslinde de ideologías 86 

Las compañías petroleras a la ofensiva 94 

El chalaneo suplantó a la revisión de los viciados contratos 

SOBRE HIDROCARBUROS 104 

El AÑO 39, HITO DE zozobra para petroleros y petrolizados 111 

El heredero de Gómez elige sucesor 124 

TERCERA PARTE 

EL QUINQUENIO DE LAS FRUSTRACIONES 

Capítulo III 

Medina Angarita: la autocracia con atuendo liberal 133 

Nace un partido con doctrina, programa y vocación de Gobierno 133 
La tolerancia gubernamental a las ganancias exageradas del cártel 

PETROLERO BAJO EL FUEGO CRÍTICO DE AD 139 

El «Artículo 21», consigna nacional 142 

El régimen acogió, para escamotearla, la tesis de la reforma petrolera 146 
El «matrimonio de conveniencia» de Gobierno y-comunismo 150 

Un problema nacional tramitado a espaldas de la nación 153 

La «Ley-convenio», frustración de esperanzas colectivas 155 

Por circular administrativa se organiza un partido «del Gobierno» 167 
La «reforma petrolera» expresada en números 169 

Más riqueza para los ricos y más pobreza para los pobres 173 

La nueva danza de concesiones 182 

La gran coyuntura naufragó en el menudo ajetreo electoral 188 

Una versión tropical de güelfos 

Y GIBELINOS: LOPECISTAS VERSUS MEDINISTAS 191 

Interrogantes populares a Acción Democrática 193 

Un médico endocrinólogo, agente 

DE ENLACE DE LA CONSPIRACIÓN MILITAR 194 

La solución Escalante, sauda pacífica de la crisis nacional 198 

La «candidatura nacional», Biaggini y otras etcéteras 200 

Vísperas insurreccionales 203 

Una revolución transformada en Gobierno 

36 HORAS DESPUÉS DE ESTALLAR 205 

La tarea inmediata: estabilizar el Gobierno Revolucionario 211 

Actitud frente a la Revolución dentro y fuera de Venezuela 212 

CUARTA PARTE 
EL TIEMPO DE CONSTRUIR 

Capítulo IV 

Elecciones libres y guerra al peculado 217 



Un Gobierno nacido de la violencia que actúa con tolerancia 217 

Miraplores, «máquina para hacer decretos» 218 

Los miembros de la Junta se hacen el hara-kiri 

COMO CANDIDATOS PRESIDENCIALES 219 

El estatuto electoral más democrático de América 220 

Radiografía de una oposición sin mensaje constructivo 221 

Millón y medio de venezolanos votaron con cívico fervor 223 

La obra de la Constituyente y elección de Rúmulo Gallegos 225 

La moralización administrativa 238 

El Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa: instrumento 

PARA EJERCICIO DE JUSTICIA Y NO PARA SACIAR VENGANZAS 240 

Las bases legales de una nueva ética administrativa 242 

Pero ¿eso bastaba? 245 

Capítulo V 

Una política de petróleos responsable, enérgica y nacionalista 247 

El moderno mito de «El Dorado» 247 

El drama social de Venezuela en cifras 250 

La política petrolera de Acción Democrática 251 

Una mayor participación nacional en el producto del petróleo 254 

Venta de «regalías» en el mercado abierto 272 

No MÁS CONCESIONES A PARTICULARES 275 

Hacia la explotación por el Estado de las reservas nacionales 281 

Industrialización dentro del territorio nacional 

DE UN VOLUMEN APRECIABLE DEL PETRÓLEO PRODUCIDO 287 

Gasolina y otros combustibles, 

LLEVADOS AL PRECIO MÁS BARATO DEL MUNDO 293 

Conservación del petróleo y aprovecflamiento del gas 296 

Reinversión de parte de las utilidades de las compañías 

EN ACTIVIDADES NO PETROLERAS 300 

Durante tres años dejaron de ser parias los trabajadores del petróleo 305 
Hacia la siembra del petróleo 313 


QUINTA PARTE 
LA SIEMBRA DEL PETRÓLEO 

Capítulo VI 

Los ejes de UNA POLÍTICA SOCIAL: placía el empleo pleno, 


SALARIOS ALTOS Y ABASTECIMIENTO DEL PAÍS 319 

Una MISMA REALIDAD VISTA DESDE DOS ÁNGULOS 319 

Las tareas inmediatas 321 

Desaparición del sintrabajo y del salario de hambre 322 

Hacia una prosperidad real 326 



Sindicalismo libre y contratación colectiva: 

GESTORES DE LAS ALZAS DE SALARIOS 328 

Hacia el consumo útil derivó el mayor 

INGRESO EN DINERO DE LOS TRABAJADORES 333 

La industria y el comercio aumentaron sus ganancias 340 

De lo provisional y contingente a lo planificado y duradero 342 


Capítulo VII 

De un país semicolonial y minero hacia otro 


DE ECONOMÍA DIVERSIFICADA Y PROPIA 343 

Producción planificada, para el bienestar con libertad 343 

Panorama económico de 1946 349 

Política crediticia de alientos y con objetivos definidos 

realizó la Corporación de Fomento 352 

Tres programas concretos: carne, leche, azúcar 354 

El Banco Agrícola y Pecuario, otro instrumento eficaz para 

EL ESTÍMULO CREDITICIO A LA PRODUCCIÓN 362 

El ESTÍMULO ESTATAL IMPULSÓ LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 364 

La bonanza de los agricultores 365 

Hacia la producción en grande, y tecnificada 368 

Capítulo VIII 

Mecanización y riego, dos definidos esfuerzos administrativos 369 

«El primer puesto en el coeficiente de mecanización 

en la América Latina» 369 

Regadío, mito nacional en vías de hacerse realidad 371 

Geografía y agua 374 

Una política de riego y una experiencia-piloto: El Cenizo 376 

Capítulo IX 

La Reforma Agraria 381 

Ubicación histórica del latifundio 381 

Concentración de la propiedad agrícola 

Y SISTEMAS ATRASADOS DE PRODUCCIÓN 388 

Planificación de la reforma agraria 391 

La reforma agraria en vías de realización 396 

Codificación de la reforma agraria 401 


Capítulo X 

Vialidad, comunicaciones y un reto al colonialismo: 

la «Flota Mercante Grancolombiana» 405 


Inmenso país desvertebrado 

Una «política de carreteras»... sin carreteras 


405 

406 



Hacia una vialidad articulada 408 

Marina Mercante bajo pabellón venezolano 413 

Nace una Marina Mercante en escala regional 417 

También nosotros, los de América Latina, 

tenemos capacidad organizativa 417 

La aleccionadora trayectoria de la Grancolombiana, 

ANTICIPO DE UNA FLOTA MERCANTE LATINOAMERICANA 420 

Capítulo XI 

Un plan articulado de industrialización 423 

Una POBRE TRADICIÓN 423 

Acción Democrática propugna la industrialización 426 

Realizaciones en marcha 430 

Un programa ambicioso de electrificación 437 

El hallazgo del hierro 445 

Recapitulación y balance 453 

De lo material a lo humano 454 

Capítulo XII 

«Escuela y Despensa»: ejes de la reforma educacional 457 

De una política faraónica a otra de contenido humano 

Y PROYECCIÓN SOCIAL 457 

«UN PUEBLO IGNORANTE ES INSTRUMENTO CIEGO 

DE SU PROPIA DESTRUCCIÓN» 458 

«Si el pueblo es el soberano, hay que educar al soberano» 461 

Más, y mejores, escuelas y maestros 462 

Violento impulso a la educación vocacional 463 

Lucha frontal contra el analfabetismo 465 

Los MAESTROS DEJARON DE SER «LA RECLUTA MALTHUSIANA» 467 

Universidad autónoma y con financiamiento adecuado 469 

Valorización de lo cultural venezolano 

Y EXALTACIÓN DE LO FOLKLÓRICO 471 

«Escuela y despensa» el binomio de Costa 

QUE ESTABA HACIÉNDOSE REALIDAD 473 

Un programa en ejecución de edificios escolares 475 

Una educación con meta y doctrina 476 

Capítulo XIII 

Defensa y aumento del capital humano 479 

Venezuela, un Purgatorio por sus condiciones de salubridad 479 

La batalla en el campo contra las endemias del trópico 481 

La política de «más hospitales y mejor dotados» 483 

El paludismo, flagelo en derrota 485 

La seguridad social 487 



Una política de la vivienda con meta prefijada: 

DOMICILIAR A TODA LA POBLACIÓN EN CASAS HABITABLES 488 

Inmigración masiva 494 

Poblar, sí; pero con la gente que el país necesitaba 496 

La población venezolana comenzó a crecer con ritmo más acelerado 

QUE EL DEL BRASIL, EN SU ETAPA DE MAYOR DESARROLLO DEMOGRÁFICO 498 

Capítulo XIV 

I.A reforma administrativa, monetaria y bancaria 501 

Una maquinaria estatal obsoleta e ineficiente 501 

Las bases de la reforma administrativa 503 

Una nueva política monetaria y bancaria 507 

Hito y haz de señales 513 


SEXTA PARTE 

EL NEOFASCISMO CASTRENSE EN FUNCIÓN 
DE GOBIERNO 


Capítulo XV 

Antecedentes y estallido de la subversión , 

MILITAR DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1948 517 

Un régimen que «vivió peligrosamente» 517 

Las dictaduras del Caribe, arsenal de la contrarrevolución emigrada 519 
El RÉGIMEN DEMOCRÁTICO HIZO PROGRESAR A LAS FUERZAS ARMADAS 521 

Conspiraciones en cadena 523 

La tesis del «destino manifiesto» de los ejércitos 529 

Pueblo inerme ante subversión armada 531 

Un cuartelazo que intenta justificarse 534 

Error de perspectiva de los opositores al Gobierno 

DEMOCRÁTICO DERROCADO 540 

LA VOZ MILITANTE DE LA RESISTENCIA 542 

Capítulo XVI 

Menosprecio de los derechos humanos 545 

Prisioneros políticos tratados como hampones 546 

«El nido de víboras» 550 

El asesinato de Delgado Chalbaud 551 

«El cero entre dos ases de espada» 556 

Anuncios oficiales y oficialización del atentado personal 557 

Un octubre conmocional 561 

Torturas en las cárceles, mujeres a la prisión y al exilio 563 

América tiene su Dachau: se llama Guasina 565 

El testimonio de los que regresaron de esa otra Isla del Diablo 569 



La ronda de la muerte 571 

I.A protesta venezolana e internacional frente al reto de Guasina 572 
Dos estampas de la cárcel de Ciudad Bolívar 576 

Ni jueces que juzguen, ni tribunales que sentencien 578 

Capítulo XVII 

Abolición de las libertades de prensa e información 583 

Censura y control totalitarios a la palabra escrita 584 

Represión primero; soborno e intimidación después 585 

La censura alcanza a las agencias informativas internacionales 

Y PERIODISTAS EXTRANJEROS 588 

Las aduanas infranqueables y la prensa clandestina 589 

Capítulo XVIII 

Ofensiva contra las universidades 591 

Lo QUE NO DECÍA UNA INFORMACIÓN 591 

Estudiantes y profesores en defensa de la autonomía universitaria 

Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS 594 

La clausura de la Universidad Central 596 

Universidad contra dictadura: duelo de irreconciliables 599 

Capítulo XIX 

Represión contra el movimiento obrero y las organizaciones 

DEL MAGISTERIO 601 

La disolución ejecutiva de la Confederación de Trabajadores 601 

Lo QUE VIO Y CONTÓ LA MISIÓN ReNS, DE LA OIT 603 

La dictadura exhibida en Ginebra por 

EL MOVIMIENTO SINDICAL DEMOCRÁTICO 608 

Nace una central obrera regimentada y la repudian 

LAS MAYORÍAS TRABAJADORAS 611 

El desmantelamiento de los sindicatos 612 

La dictadura insulta y reta a las Naciones Unidas 614 

LOS MAESTROS Y PROFESORES BAJO EL IMPACTO DE LA PERSECUCIÓN 621 

La división del magisterio y redada en masa de sus líderes 622 

También cárceles y torturas para los educadores 624 

Capítulo XX 

Las elecciones de 1932 y el cuartelazo del 2 de diciembre 629 

Prospecto de unas elecciones regimentadas con exclusión 

DEL PARTIDO MAYORITARIO 629 

DOS «CIRCULARES CONFIDENCIALES» QUE TIPIFICAN A UN RÉGIMEN 631 

El fei entra en liza 632 

AD, URD Y CóPEI DEFINEN POSICIONES FRENTE AL PROCESO ELECTORAL 633 



Boca del Río y Maturín: dos abscesos de fijación 

DE LA CRISIS EN EL EJÉRCITO 636 

El asesinato de Leonardo Ruiz Pineda 638 

La decisión popular irrevocable: 

DERROCAR A LA DICTADURA EN LAS URNAS ELECTORALES 642 

Seis jefes militares eligen un Presidente de República 644 

Jiras de vacaciones, un mensaje con galimatías y el telegrama 

DE LA TORPEZA DESAFIADORA 647 

La prensa mundial condenó la burla del veredicto electoral 648 

La Constituyente espuria, objeto del desprecio público 630 

Muere Alberto Carnevali en la cárcel y, abatidos a balazos, 

Wilfrido Omaña y Antonio Pinto Salinas 631 

Los pronósticos fallidos del Departamento de Estado y 

una Constituyente-incubadora 654 

La Constitución que consagró la anulación de los derechos 

INDIVIDUALES Y SOCIALES 656 

La x Conferencia Interamericana y el histórico gesto de Costa Rica 658 
Pasquines y metralla sobre suelo costarricense 661 

Las «Semanas de la Patria», las fanfarrias marciales ✓ 

Y EL NACIONALISMO TROMPETERO 663 

El «Ideal Nacional» amasijo de sólidos 

LUGARES COMUNES REACCIONARIOS 665 

LOS PERFILES POLICÍACOS DEL RÉGIMEN 

Y CONTUMACIA EN EL CRIMEN POLÍTICO 666 

La impunidad internacional 671 

Capítulo XXI 

Una política económico-social desarticulada 

Y UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INMORAL 673 

Subconsumo humano y apoteosis del cemento armado 673 

Salarios reales más bajos con mayor productividad del trabajador, 

Y ESTANCAMIENTO EL INGRESO NACIONAL: DOS FACETAS 

DE LA POLÍTICA ECONÓMICO-SOCIAL DEL DESPOTISMO 681 

Producción retardada, abandono de los planes de fomento 

E HIPERTROFIA DE LOS GASTOS MILITARES 687 

Medio millón de niños sin escuelas y bancarrota educacional; riego 

CON CUENTAGOTAS Y ANARQUÍA EN LOS PLANES DE ELECTRIFICACIÓN 697 

Crisis de los Seguros Sociales y regateo en la cruzada 

CONTRA EL PALUDISMO 713 

No MÁS REFORMA AGRARIA E INMIGRACIÓN DE INDESEABLES 717 

Bloques y superbloques, pero sin planificación nacional 

Y METAS DEFINIDAS 723 

LO DEL HIERRO Y LO DE LA FLOTA GRANCOLOMBIANA: ALARDES 

DE IRRESPONSABILIDAD Y PRENDAS DE COLONIALISMO 729 

Peculado. «5 y 6» y loterías. Desbarajuste hacendario 735 



Capítulo XXII 

Venezuela factoría petrolera 


745 


El pórtico de una política sumisa y colonialista 746 

Complot del cartel del petróleo para capturar las tierras 

Y YACIMIENTOS FUERA DE SU CONTROL 753 

DOS ARGUMENTOS FALACES: NECESIDAD DE QUE SE OTORGUEN NUEVAS 

CONCESIONES PARA AUMENTAR LAS RESERVAS Y «DIVERSIFICAR» LA INDUSTRIA 755 
La extorsión de Venezuela por los consorcios del petróleo 

RESUMIDAS EN CIFRAS 777 

¿Y EL PROYECTO DE LEY SlMPSON? 793 

La dictadura militar: instrumento de las empresas para arrasar 

EL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO 807 

Otras facetas de la política colonialista de petróleos de la dictadura 815 
La factoría y sus elementos definidores 827 

Euforia a corto plazo y rencor duradero 832 

Información en la América Latina e ignorancia en los Estados Unidos 838 
La incógnita del futuro 844 

SÉPTIMA PARTE 

HACIA DÓNDE VA VENEZUELA? 

Capítulo XXIII 

Recuento y antevisión 861 

Trasfondo colonial 861 

Una República de generales-Presidentes 865 

El otro lado del cuadro 869 

El ejército frente a la nación 872 

Anverso y reverso de la situación política venezolana 874 

Perú, Bolivia y Argentina: estímulos y vías 877 

«Una Venezuela libre dentro de una América justa» 881 

Bibliografía de Rómulo Betancourt 885 

Epílogo 

Venezuela, el mundo de posguerra y la sucesión presidencial 

de 1946 891 

La política nacionalista de petróleos posterior a la dictadura 
(1958-1967) 


907 



Prólogo a la presente edición 


Venezuela, Política y Petróleo no es un libro cualquiera y Rómulo 
Betancourt no es un autor cualquiera. Venezuela, Política y Petróleo es 
una de las grandes crónicas —política, social y económica— de la primera 
mitad del siglo XX venezolano y Rómulo Betancourt es uno de los prota¬ 
gonistas más destacados de muchos de los sucesos que la crónica narra con 
pasión y sin imparcialidad. Lo confiesa el propio autor cuando dice —de 
modo rotundo, como a él le gustaba decir las cosas— que el lector no debe 
esperar leer páginas escritas con tersa serenidad, para indicar, casi inme¬ 
diatamente, aunque con doce años de distancia, de modo pugnaz, que 
ningún historiador es imparcial y que a él no le gusta jugar la comedia de 
la imparcialidad. Se está, entonces, frente a un libro apasionado y parcial 
y, por tanto, controversial; y se está fente a un personaje apasionado y 
parcial y, por tanto, polémico. Betancourt no lo niega, al contrario, para 
que no quede duda, Betancourt expresamente lo declara, lo admite y, 
refiriéndose a lo que éUlama el caso de algunos venezolanos cultos que se 
han refugiado en el pasado heroico, que viven inmersos en la historia en 
lugar de hacer historia, afirma provocadoramente: «Escribir sobre el 
ayer magnífico ha sido para muchos intelectuales una forma de eludir 
la responsabilidad de enfrentarse a lo contemporáneo bochornoso y 
de ayudar al advenimiento de un futuro mejor». 

Los rasgos del carácter de Rómulo Betancourt son ampliamente co¬ 
nocidos por los venezolanos, especialmente por aquellos a quienes les tocó 
vivir, en su totalidad o en parte, el tiempo de Betancourt; por todos aque¬ 
llos que lo siguieron y también por los que lo combatieron, porque Betan¬ 
court fue amado con pasión por la multitud de sus admiradores y odiado 
con pasión por sus detractores, que no fueron pocos. El lo sabía. En una 
anécdota reveladora, refiere el académico Ramón f. Velásquez que cuan¬ 
do Betancourt lo llamó a colaborar con él desde la Secretaría de la Presi¬ 
dencia de la República, le dijo: 


V 



«Yo no lo invito a que me escriba mis discursos, mis discursos son míos, 
igual que todas mis decisiones. Y sonriendo agregó: y al fin y al cabo con mi 
estilito literario me ha ido bien en la vida. Para luego agregar: Lo invito a 
una tarea política: yo vengo a gobernar para todos los venezolanos y no 
quiero que nadie me aísle ni que me levanten murallas que me aíslen. Yo 
soy un hombre polémico y tengo grandes simpatías, pero también grandes 
resistencias. Pero en la Presidencia debo oír a todo el país y usted inspira 
confianza a muchas personas que no se atreverían a venir ante mí o a los 
cuales no puedo recibir por mis convicciones. Además, en Miraflores voy a 
ser el Presidente de la República y no quiero que en ese manoseo tan venezo¬ 
lano me estén diciendo a toda hora compañero Betancourt». 


Estas características del protagonista de la narración que es Vene¬ 
zuela, Política y Petróleo cuadran perfectamente con el tinte por mo¬ 
mentos delirante que sus autores le asignaron a uno de lo? sucesos más 
discutidos de la historia política venezolana, al 18 de octubre de 1945, la 
por ellos llamada en ocasiones Segunda Independencia; con la intempe¬ 
rancia que proviene de los maniqueísmos que entonces se fabricaron: los 
que estaban desde el comienzo con la Revolución y los 
contrarrevolucionarios, o los revolucionarios y los reaccionarios; con el 
desenfreno que se materializó en el sabotaje de las reuniones públicas de 
los opositores; con el virulento enfrentamiento con la Iglesia Católica a 
propósito de la discriminación de la educación privada por el famoso 
Decreto 321; con el ciego fanatismo con el cual se negó mérito alguno al 
pasado; con el exceso de las prisiones por motivos políticos y de los enjui¬ 
ciamientos a los funcionarios de los regímenes anteriores, violando los 
principios de juez natural, presunción de inocencia, irretro actividad de 
la ley y prescripción extintiva; con la vehemencia de los planteamientos 
de unos y de otros; todo lo cual creó un entorno en el que se generó una 
situación para cuya calificación se agotaron todos los sinónimos de cons¬ 
piración, complot y conjura, hasta llegar al golpe de estado del 24 de 
noviembre de 1948, golpe de estado que por largo tiempo mostró como 
carta de justificación el sustantivo sectarismo, como caracterizador de 
una época excesivamente agitada y tormentosa. Agitación que el propio 
Betancourt, en el relato o en la ficción de Pedro Berroeta, recuerda así: 


VI 



«en aquellos agitados días el pueblo se había adueñado de la calle y yo 
hablaba, hablaba entonces demasiado en los mítines. No había adquirido 
aún conciencia de que un Jefe de Estado debía despojarse de los arreos de 
líder popular». 

El libro Venezuela, Política y Petróleo es algo más que una narra- 
ción de los sucesos de octubre de 1945 y de noviembre de 1948, de los 
hechos de 1936y de 1928, de sus antecedentes y del tiempo posterior. 
Mucho más. Escrito en períodos diferentes, su narración no se basa sólo en 
la memoria del autor, reconocidamente prodigiosa, sino en los papeles 
que guardaba cuidadosamente. Ramón J. Velásquez ha comparado a 
Rómulo Betancourt y al Mocho Hernández en el celo con el cual ambos 
cuidaban sus papeles. Dice Velásquez a este respecto: 

«Es admirable, por no decir increíble, el cuidado que en medio de destie¬ 
rros, cárceles y pobreza otorgó el General José Manuel Hernández, el Mocho 
amado de las multitudes de comienzos de siglo, a sus papeles. De New York 
a La Habana, de La Habana a París junto con su maleta de viajero pobre 
llevaba sus baúles de papeles, cuidados como un tesoro, que afortunada¬ 
mente quedó a salvo del naufragio y en manos de la Academia de la Histo¬ 
ria. Betancourt ha hecho otro tanto y su archivo político puede asegurarse 
que es el más completo y el más rico en insólitas revelaciones que existe hoy 
en Venezuela. Archivo clasificado por su propio dueño y en donde están los 
papeles que forman la verdad verdadera de la historia política de estos 
últimos cincuenta años». 

Venezuela, Política y Petróleo es la gran crónica del petróleo en 
Venezuela, la crónica de su búsqueda, de su explotación y del mal uso de 
los recursos por él generados; la historia de las concesiones petroleras y la 
crónica más acabada, con nombres y apellidos, de la corrupción, de los 
corrompidos y de los corruptores que rodearon el otorgamiento de las 
concesiones. En algunos casos, con confesiones de sobornadores y de sobor¬ 
nados. Al lado de esta historia, Betancourt incorpora otras historias pa¬ 
ralelas y hace el retrato de la salud, de la educación, de la organización 
social, de la economía y de la política, nacional e internacional, con 
relatos de lo que existe, con reflexiones sobre lo que él piensa que se debe 
hacer para corregir las situaciones y con exposiciones que revelan cual es 
su pensamiento y cual es su formación cultural. La valoración del libro 


VII 



Venezuela, Política y Petróleo ha sido muy vanada, pero nadie ha podido 
negar que se está frente a una visión panorámica que abarca desde 
Cipriano Castro hasta Marcos Pérez Jiménez con una análisis crítico al 
cual nada escapa. 

El libro Venezuela, Política y Petróleo aparece en 1956y quienes 
entonces lo leen comprueban (lo declara el propio autor).que es una obra 
escrita en diferentes épocas, que hubo una versión original perdida en los 
azares del golpe del 24 de noviembre reconstruida de memoria, pero tam¬ 
bién perciben que el autor no ha renunciado a lo que vivió y escribió con 
pasión revolucionaria (según sus propias palabras, él prefería ser conside¬ 
rado revolucionario del siglo XX, que no iconoclasta volteriano del siglo 
XVIII, o revolucionario en lugar de liberal); que ha complementado su 
visión y su juicio sobre los acontecimientos con nuevos enfoques; que ad¬ 
mite haber cometido errores y dice estar seguro de no volver a cometerlos; 
que cree posible estabilizar en Venezuela gobiernos de derecho y aplicar, 
en concierto con los otros partidos políticos distintos al suyo y con sectores 
representativos de la sociedad «una política por lo menos no tan suicida 
como la que seguimos en el pasado»; en fin, habla de entendimiento (en¬ 
tente) y afirma que elpaís ha madurado y ha aprendido en la aleccionadora 
escuela de la adversidad. Desde la publicación del libro Venezuela, Polí¬ 
tica y Petróleo, Betancourt deja de ser mirado por los otros integrantes de 
los movimientos democráticos venezolanos como enemigo y pasa a ser 
considerado como adversario leal, como opositor con quien se puede con¬ 
certar, como estadista con quien se puede entrar a diseñar el futuro del 
país. Betancourt en 1956 no envía al país con su libro una fórmula de 
golpe de estado ni de rebelión, sino una receta para gobernar democráti¬ 
camente; no despacha una proclama revolucionaria a sus adherentes, sino 
una respetuosa propuesta a sus compatriotas; no remite una invitación a 
sus partidarios sino una oferta a sus conciudadanos. Que la oferta de 
Betancourt era sincera se encargaría el tiempo inmediatamente posterior 
de corroborarlo. A la caída de Pérez Jiménez, dos años después, precedido 
del Pacto de Nueva York, el Pacto de Punto Fijo, uno de los acuerdos 
políticos más representativos y trascendentales de la historia de Venezuela, 
recogería la civilizada armonía que permitió que Venezuela disfrutara 


VIII 



del más largo período de gobiernos civiles y democráticos que ha tenido 
hasta la fecha. La vida le permitiría a Betancourt realizar gestos inolvi¬ 
dables de reconciliación con antiguos adversarios, con el General Eleazar 
López Contreras, con Rafael Caldera, con Jóvito Villalba, con Arturo 
Uslar Pietri; en fin, con el país que no pensaba como él. 

La presente edición se agrega al acto de conmemoración de los cin¬ 
cuenta años de la aparición de la primera por parte de las Academias 
Nacionales en 2006. Lo que quisieron conmemorar las Academias, como 
instituciones de la vida civil, como instituciones representativas de la ciencia 
y de las humanidades, como instituciones comprometidas con la cultura y 
con la civilizada vida democrática, es el gesto, el gran acto cívico de Rómulo 
Betancourt contenido en su libro de 1956: la invitación a la concordia y 
a la construcción de un sistema político democrático, no dirigida a sus 
partidarios, sino a todos sus conciudadanos. Las vicisitudes de la inter¬ 
vención de Betancourt en la política es cuestión que han examinado y 
continuarán estudiando los investigadores de las ciencias sociales, ponde¬ 
rando los historiadores, valorando los biógrafos y juzgando los políticos. 
Libros excelentes, escritos desde una perspectiva equilibrada, como el de 
Manuel Caballero, han sido recientemente publicados sobre el personaje, 
el cual debe ser necesariamente colocado más allá de la diatriba rencorosa 
o del panegírico apasionado y partidario, para que algunas cosas puedan 
ser dichas sin temor a un desmentido, como es el hecho de que Betancourt 
se empeñó en ser apasionadamente honesto y logró salir de los gobiernos 
que presidió tan radicalmente pobre como entró. Blas Bruni Celli, nues¬ 
tro distinguido académico, ha publicado un excelente trabajo sobre esta 
materia, con anécdotas que destacan la pulcritud de Rómulo Betancourt, 
en un libro editado por la Editorial Centauro de José Agustín Catalá. 
Este mismo comportamiento honesto tuvieron, afortunadamente, otros 
Presidentes de la era democrática de la segunda mitad del siglo XX, una 
etapa en cuyo transcurso le correspondió a Rómulo Betancourt dar otros 
admirables ejemplos, méritos que tampoco le pueden ser desconocidos, 
como el de oponerse radicalmente a ejercer la función de tutor de sus 
sucesores o el oponerse a la reelección presidencial. 

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales y la Universidad Ca¬ 
tólica Andrés Bello ofrecen este libro al público para que se recuerde que 


IX 



su publicación hace más de cincuenta años fue un hecho de elevada cultu¬ 
ra política; un hecho ejemplar que tuvo enormes repercusiones en la vida 
civilizada delpaís; un hecho digno de ser imitado por los políticos y por los 
ciudadanos de Venezuela; un acto político de pluralismo y diversidad; una 
afirmación de optimismo y de confianza en la democracia realizada en 
tiempos difíciles; un acto de paz, no un hecho de guerra. 

Alfredo Morles Hernández 


X 



Prólogo a la primera edición 


Este libro ha tenido un proceso de elaboración tan accidentado como 
la propia vida de su autor. 

Lo escribí por primera vez entre los años 1937-1939, mientras elu¬ 
día la policía política, en la clandestinidad. No se publicó entonces por¬ 
que ningún editor venezolano podía correr el riesgo de imprimir un libro 
de quien se encontraba en situación comprometida, y comprometedora. Y 
si en épocas posteriores no se editó fue porque en los álgidos años que 
condujeron a Acción Democrática de la oposición al poder (1941-1945) 
todo mi tiempo y atención los absorbía la diaria faena partidista; y, ya en 
el gobierno (1945-1948), resultaba más útil al país, y más acorde con mi 
propio temperamento volcado a la acción creadora, contribuir a implan¬ 
tar el programa desarrollado en esas páginas que trabajar en rehacerlas y 
actualizarlas, para su publicación. La única copia en máquina de ese 
libro que tenía estaba entre mis papeles personales y desapareció junto con 
ellos cuando el 24 de noviembre de 1948, al ser derrocado el gobierno 
constitucional, una patrulla de soldados saqueó la casa donde habitaba. 
Por esa circunstancia, no se ha podido utilizar para el libro que ahora se 
publica sino algunos datos del primer borrador, los incluidos en el folleto 
Una República en venta, impreso en 1937. 

Venezuela, política y petróleo se ha escrito con las dificultades inhe¬ 
rentes a la condición del exilado, y del exilado trashumante, por añadi¬ 
dura. Papeles, libros de consulta, apuntes, han viajado conmigo de los 
Estados Unidos a Cuba, de Cuba a Costa Rica, de Costa Rica a Puerto 
Rico. He debido esperar largos meses para reemprender la labor, mientras 
las cajas que contenían ese material hacían su demorado tránsito maríti¬ 
mo. Me faltaron documentos que sólo en Venezuela hubiera podido con¬ 
sultar. Y, además, he realizado este trabajo conjugándolo con la atención 


XI 



a las inaplazables tareas de quien ha entendido el destierro como obliga¬ 
ción de lucha permanente y no como etapa de contemplativo retraimiento. 

No obstante esos factores adversos, he procurado documentar todas y 
cada una de las apreciaciones que se hacen en estas páginas. En ese empe¬ 
ño, así como en el de evitar que se incurriese en errores de hechos, me han 
ayudado con el mayor desinterés personal muchos compañeros de Partido. 
Otras personas, compatriotas americanos, leyeron los originales y me hi¬ 
cieron observaciones valiosas. Tantos cooperaron conmigo en este trabajo 
que correría el riesgo de ser injusto olvidando a algunos, al citar sus nom¬ 
bres. Ha quedado comprometida mi gratitud con todos. 

Considero un deber prevenir al lector de que no leerá páginas escritas 
con tersa serenidad. Están algo distantes del elevado tono profesoral. Per¬ 
sonas de toda mi amistad, sinceras en su preocupación, quisieran verme 
escribiendo en prosa más fría y aséptica. Parece que haber sido jefe de 
Estado compromete a utilizar el cauteloso lenguaje de los estadistas. No 
he podido complacerlos. Escribo como pienso y como siento. Llevo a Vene¬ 
zuela en la sangre y en los huesos; me duelen sus dolores colectivos, y 
cuando se trata de hablar de ellos sería un farsante si jugara a la comedia 
de la imparcialidad. De allí la pasión confesa con que analizo los proble¬ 
mas de mi país. Dirán algunos que con esa actitud nada se “saca”. Y 
podría contestarles con palabras de otro gran apasionado, don Miguel de 
Unamuno, a quien también le dolía su España: “Pero es que no vamos a 
sacar, sino a meter; a meter, a enfresar nuestra alma en la de los que la 
tienen dormida, o acaso muerta, y que viva allí, y allí, hecha como óleo, 
arda y alumbre. Que no hay luz sin fuego ”. 

Pienso, con íntima frustración, que no podrán leer este libro compa¬ 
ñeros y amigos míos que ya no viven y quienes me estimularon a escribir¬ 
lo. Leonardo Ruiz Pineda, en altos de su azarosa vida de conductor de la 
resistencia clandestina a la dictadura, me instaba a terminarlo. Alberto 
Carnevali alcanzó a trabajar conmigo, en Cuba, algunos de sus capítu¬ 
los. Antonio Pinto Salinas y Luis Troconis Guerrero me enviaron, desde 
sus escondites en Venezuela donde hacían vida de topos, datos y referen¬ 
cias que les solicité. En mi casa de La Habana, Andrés Eloy Blanco, el 
gran Poeta, y Cástor Nieves Ríos y Víctor Alvarado —dos hombres del 


XII 



pueblo, sin lastre universitario— escucharon juntos la lectura que en cier¬ 
ta ocasión les hiciera yo de algunas de estas páginas. Con Mario Vargas, 
militar civilista y civilizado, discutí en su casa de desterrado, en Was¬ 
hington, acerca de un ejército exclusivamente profesional y al servicio de 
la democracia, y no amenaza permanente para ella, ideas que se esbozan 
en uno de los capítulos. Valmore Rodríguez, desde Quilpué, su última 
estancia en la tierra, alcanzó a trasmitirme observaciones suyas a origi¬ 
nales que le había enviado en consulta. Todos murieron ya, unos en el 
exilio, otros en la cárcel, otros victimados a balazos por la Seguridad 
Nacional. Ellos, y otros muchos más, han caído en la trinchera del deber 
ciudadano, en este “tiempo del desprecio” que se inició en Venezuela el 24 
de noviembre de 1948. Al dedicar este libro a su memoria lo hago a 
plena conciencia del compromiso que adquiero. Merecería el repudio de 
mis conciudadanos y el juicio implacable de la historia si desertare algu¬ 
na vez de los ideales y objetivos por los cuales ellos lucharon y murieron. 

Creo que “los muertos mandany no en el sentido que le han dado 
los reaccionarios de todas partes a la fiase del escritor francés. Mandan, 
cuando murieron por un ideal de superación humana, obligando a quie¬ 
nes les sobreviven a jalonar las etapas que ellos dejaron truncas, cuando se 
les fue la vida. Es la misma interpretación porvenirista que del sacrificio 
de la existencia por una causa justa hacía José Martí: “La muerte da 
jefes, la muerte da lecciones, la muerte nos lleva el dedo por sobre el libro 
de la vida”. O la más reciente de Nehru: “La vida nace de nuevo de la 
muerte, y los individuos y las naciones que no saben morir tampoco saben 
vivir. Sólo donde hay tumbas hay resurrecciones”. 

Con la actitud sin arrogancia de quien no practica la autosuficien¬ 
cia y rechaza toda forma de dogmatismo, entrego este libro a la discusión 
y al análisis de los que se interesan por los problemas sociales de nuestro 
tiempo. 


R.B. 

Manatí, Mar Chiquita 
Puerto Rico, diciembre 1955 


XIII 



Prólogo a la segunda edición 


La primera edición de este libro se publicó en 1956, por la Editorial 
Fondo de Cultura Económica, de México. El autor estaba entonces en el 
exilio. Venezuela, política y petróleo era de prohibida circulación en 
Venezuela y sólo escasos ejemplares pudieron evadir la barrera policial 
que impedía su acceso al país. 

Cuando regresé del exilio en febrero de 1958, después del derroca¬ 
miento de la dictadura, pensé que se publicara de inmediato una segun¬ 
da edición. Acepté la proposición que al respecto me hiciera una empresa 
editora venezolana, y aun recibí un anticipo sobre mis derechos de autor 
por la cantidad de Bs. 20.000. Esa suma me fue de singular utilidad 
para pagar los gastos de instalación y manutención de mi familia, porque 
regresé del destierro en la inopia. 

Debía revisar el texto del libro, y la intensa actividad política reali¬ 
zada por mí para aquellos días en la reestructuración del partido Acción 
Democrática, que aforaba a la vida legal después de nueve años de lucha 
clandestina, fue retardando esa tarea. Sin embargo, sacaba tiempo de 
donde no lo tenía y en las madrugadas, cuando regresaba a mi casa des¬ 
pués de un intenso laborar de catorce o más horas diarias, iba revisando 
el texto. En el ejemplar del libro entonces utilizado he encontrado parte 
de los añadidos, más que de las supresiones, que entonces le hice. Digo esto 
porque sólo cambio de palabras, y nunca de conceptos, contiene esta edi¬ 
ción con respecto a la primera. No he considerado ajustado a la ética de 
quien escribe historia retractarme en 1967de lo que se publicó por primera 
vez en 1956. No obstante la situación personal que confrontaba enton¬ 
ces, acosado por la persecución de la dictadura aun en los países donde 
vivía como exilado, procuré darle a este trabajo una fisonomía de enfo¬ 
que analítico y ponderado, y no el encendido y agresivo tono del panfleto 


XV 



vindicativo. En nuestro tiempo son más convincentes los hechos escueta¬ 
mente expuestos y las cifras esclarecedoras que los denuestos latigueantes 
utilizados en sus obras por un Montalvo, un Rufino Blanco Fombona o 
un José Rafael Pocaterra. 

En el momento en que revisaba en Caracas este libro para su reedición 
no estaba entre mis planes el de postularme para Presidente de la Repú¬ 
blica. Este no es el sitio y la oportunidad para explicar las razones de mi 
actitud de entonces. Lo hago, con amplitud en el razonamiento, en mis 
Memorias de hombre público, en buena parte ya escritas. Pero cuando 
circunstancias muy determinantes me llevaron a aceptar la postulación 
que hizo de mí el partido Acción Democrática de candidato a la Primera 
Magistratura, pensé que no debía publicarse en ese momento la nueva 
edición de Venezuela, política y petróleo. 

Dos razones determinaron esa actitud. Se trababa de un libro polé¬ 
mico, que analiza y enjuicia la política contemporánea del país. Seguro 
como estaba de salir triunfante en los comicios próximos a realizarse, no 
me pareció oportuno el momento para dar a la publicidad un libro tan 
controversial. Se añadió a esta apreciación la idea de que no era discreto 
que un Jefe de Estado —convencido estaba de que lo sería- apareciera 
utilizando el cargo de alta jerarquía por él desempeñado como vehículo 
de propaganda de un libro suyo. Tomada la decisión de no propiciar la 
publicación de este libro en tales circunstancias, solicité y obtuve de un 
banco un préstamo en forma de pagaré, para devolverle los veinte mil 
bolívares al editor que me había adelantado esa suma. 

Esta es la primera vez que en forma pública explico las causas por las 
cuales no circuló en aquella época la ya anunciada 2 1 edición de este 
libro. 

Esa decisión mía ha sido objeto de diversos comentarios. De modo 
especial por los dolientes del régimen del general Medina Angarita, derro¬ 
cado el 18 de octubre de 1945y sustituido por la Junta Revolucionaria 
de Gobierno, por mí presidida. Los viudos políticos de ese régimen se 
cuentan entre los que más escriben en periódicos y revistas, y en sus pane¬ 
gíricos postumos a ese gobierno desaparecido en forma violenta hay acaso 
más deseo de justificarse ellos mismos por haberlo servido que defensa de 
las precarias ejecutorias de esa Administración. En forma hasta retadora 


XVI 



ha calificado al silencio mantenido por mí en años recientes sobre esa 
etapa de la evolución del país quien fue uno de los más destacados capitostes 
del medinismo y generalmente reconocido como eminencia gris del régi¬ 
men, el doctor Arturo Uslar Pietri. Esa manera desafiante de enjuiciar 
nuestra actitud se aprecia bien en el prólogo suyo al libro postumo del 
general Medina Angarita, publicado en 1963 bajo el título Cuatro años 
de democracia. En ese prólogo se lee un muy significativo párrafo: Este 
era el gobernante que fue derrocado en un día nefasto de 1945, a seis 
meses de expirar su mandato, en una fecha que, hasta sus propios bene¬ 
ficiarios inmediatos, tratan hoy de pasar en silencio ” (subraya R.B.). 

No es cierta esta apreciación. Nunca nos hemos arrepentido quienes 
fuimos actores en el episodio político del 18 de octubre de 1945 de nues¬ 
tra participación en él. Creemos, además, y así será generalmente recono¬ 
cido cuando se enjuicie con perspectiva de tiempo la labor del gobierno 
surgido de él, que será apreciado ese período como un hito de progreso en 
la historia nacional y como un cambio hacia lo mejor que estaba recla¬ 
mando el país. 

En un largo capítulo de este libro se analizan las circunstancias que 
ineludiblemente condujeron al violento episodio del 18 de octubre. Y aun 
para que se aprecie cómo estuvo inserto dentro del marco internacional de 
ascenso de la democracia y de crisis de la autocracia después de finalizada 
la Segunda Guerra Mundial, he hecho incluir en el apéndice de esta 
segunda edición el texto taquigráfico de un discurso pronunciado por mí 
en el Teatro Olimpia de Caracas, el 6 de mayo de 1945, y publicado en el 
diario El País, el 10 de mayo del mismo año. En esa exposición se aprecia 
el tono comedido y sereno de nuestros planteamientos políticos en el cam¬ 
po de la oposición y se hace un resumen panorámico de cómo en todas las 
latitudes se estaba ejercitando en aquellos días, libremente, el derecho del 
voto para escoger a los gobernantes, mientras que en Venezuela se preten¬ 
día mantener la fórmula gomecista de que el Presidente saliente eligiera a 
quien iba a sucederle en Miraflores. Ese discurso fue pronunciado cuando 
no teníamos noticia alguna de que se estuviera gestando una conspiración 
de oficiales jóvenes de las distintas armas en los cuarteles y en las bases 
aéreas y navales. 


XVII 



En años posteriores a los sucesos del 18 de octubre de 1945 historia¬ 
dores que tenían destacadas posiciones dentro del gobierno medinista han 
en cierta forma admitido, si no justificado, lo que en esa época sucediera. 

El doctor Mario Briceño-Iragorry era Presidente del Congreso en oc¬ 
tubre de 1945y amigo personal y político del Presidente Medina. Estaba 
ubicado en sitio de preeminencia dentro de los elencos gobernantes. Y así 
analizó algunas de las causas que precipitaron el derrocamiento de su jefe 
político y correligionario: 

La suerte había sido echada con dados falsos. En medio de la gran crisis 
ocurrida en el Movimiento pedevista, al surgir las aspiraciones del grupo 
que quería el regreso del lopecismo, considerado por muchos como un disi¬ 
mulado continuismo, Medina hubo de luchar con un mundo de pasiones 
que no pudo equilibrar. Como si se hubiera tratado de una herencia, los 
aspirantes menudearon y mantuvieron la tesis del ‘gran elector” en espera 
de recibir el óleo de la recomendación. Aun fuerzas familiares se movieron 
en torno a quien más que tachirense era visto como venezolano integral, 
para hacer que la voluntad del Presidente se inclinara a favor de un nativo 
del Táchira {Sentido y vigencia del 30 de noviembre, Ediciones Bitácora, 
Madrid, 1953, p. 29). 

El historiador y novelista Ramón Díaz Sánchez, quien fuera director 
de periódicos oficiales del movimiento político medinista, ha escrito, a su 
vez: 


El golpe cívico-militar (éste fie el nombre eufemístico que se le dio) descar¬ 
gado sobre el gobierno de Medina Angarita en 1945, tiene su origen en esa 
serie de circunstancias y un poco también en la terquedad con que el Presi¬ 
dente mantuvo la tesis de que el país debía ser gobernado aún por un 
tachirense. Empecinado en ese peregrino prejuicio y decidido, por otra par¬ 
te, a cerrar el paso a una nueva administración de López Contreras, apoyó 
primero al doctor Diógenes Escalante, e inutilizado éste por una dolencia 
mental, al doctor Angel Biaggini, abogado distinguido sin otros anteceden¬ 
tes políticos que haber sido Secretario de la Presidencia y Ministro de Agri¬ 
cultura. Se dice que de no haber enfermado Escalante el golpe de 1945 no 
se habría producido. Ello es posible. En todo caso es dudoso que hubiese sido 
elegido Biaggini, pues López Contreras contaba con la mayoría en el Con¬ 
greso (Venezuela independiente. 1810-1960. Fundación Eugenio 
Mendoza, p. 275). 


XVIII 



El propio doctor Uslar Pietri me dijo en aquellos días tensos que 
precedieron a la Revolución de Octubre, en un casual encuentro que tu¬ 
vimos: £ ‘La situación política es alarmante. Biaggini no duraría en el 
gobierno. Lo tumbarían los sargentos Mi contertulio niega haber pro¬ 
nunciado esas palabras, sin descartar que él mismo haya olvidado que las 
pronunció. Reafirmo que me las dijo. Durante muchos años he ido ha¬ 
ciendo anotaciones diarias en libretas de hechos políticos importantes. En 
una de ellas fueron recogidas textualmente esas palabras. Esas libretas, 
que por decenas están en mis archivos, me están sirviendo de fácil y segura 
guía en la elaboración de mis Memorias. 

Se argumenta que el 18 de octubre de 1945 hizo posible el 24 de 
noviembre de 1948, fecha en que fue derrocado el gobierno de Rómulo 
Gallegos. Ese argumento no resiste el menor análisis. Es como si se incul¬ 
para a quienes hicieron la Revolución Francesa de la sustitución de la 
República por el Imperio napoleónico. O a los libertadores venezolanos 
de 1810 de las prolongadas autocracias de Páez, los Monagasy Guzmán 
Blanco. La historia de los pueblos no sigue una línea recta, como en las 
modernas autopistas. El proceso evolutivo de las naciones se realiza en 
zig-zag, con caídas y recuperaciones. Lo que importa es señalar el carácter 
positivo o negativo, lo que se avanzó o se retrocedió, en cada etapa del 
devenir de un país, y procurar que no se repitan los errores y faltas que lo 
hicieron retrogradar hacia el pasado cuando ya estaba enrumbado por la 
buena vía de la democracia política y de la reforma social. 

Este es un r libro de historia. Y creo pertinente precisar la manera 
como enfoco la tarea de historiar. 

Ningún historiador es imparcial. Majadería es negar que el aconte¬ 
cer de los pueblos es rememorado por quien sobre esos temas escriba enfo¬ 
cando hombres y sucesos a través del prisma de sus propias convicciones 
ideológicas. Lo que no es válido ni respetable es que el historiador distorsione 
hechos e invente situaciones para falsificar, en beneficio de sus propias 
tesis, lo acontecido en una nación. En este sentido, quien lea este libro 
encontrará en él cómo, y en sacrificio de la fluidez del relato, he tratado 
de documentar las actuaciones de individuos y el porqué de los aconteci¬ 
mientos referidos e interpretados. Alguien definió al historiador como un 
hombre instalado sobre el muro de una ciudad asediada por un ejército, 


XIX 



viendo con mirada impasible y desprovista de cualquier forma de apasio¬ 
namiento con el ojo izquierdo a los sitiados y con el derecho a los sitiadores. 
Esta es una irrealizable actitud. La posición de neutralidad asexuada es 
un imposible en quien escribe historia. Su propia pasión; su manera de 
interpretar los fenómenos sociales; su simpatía o antipatía por quienes 
hayan protagonizado los hechos que se relatan, gravitan en una forma 
perceptible en el ánimo del relatador. 

Pero si el historiador que escribe para toda clase de lectores tiene un 
margen de libertad que nadie podría negarle para poner mucho de él 
mismo, de su propia ideología, en la manera de enjuiciar algunas de las 
etapas del devenir de un país, o todo su proceso histórico; a quien escribe 
textos destinados a finalidades didácticas le está vedado, por razones de 
ética profesoral, relatar como le venga en ganas, sin tomar en cuenta que 
sus lectores serán adolescentes sin la suficiente capacidad de propio discer¬ 
nimiento, incapacitados para distinguir entre la verdad y la superchería, 
por razones de edad física y de formación mental aún incipiente. Esto 
último es lo que hace el historiador venezolano Guillermo Morón en la 
cuarta edición de su manual de historia que, como texto escolar y bajo el 
título de Venezuela, entró a circular en enero de 1967. 

En ese libro, destinado al alumnado de nuestros liceos, se leen acerca 
del gobierno del general Medina Angarita varias páginas de propaganda 
bombástica y de una tan desbridada apología que les llevan a bordear 
con la apoteosis. En contradicción, al trienio de los gobiernos que presidi¬ 
mos Gallegos y yo, les dedica si apenas tres escuetos párrafos, saturados de 
corrosiva intención negadora. 

Las medidas referentes al nuevo régimen [Junta Revolucionaria de Gobier¬ 
no y los nueve meses de la administración de Gallegos, R.BJ fiieron: esta¬ 
blecimiento de un Jurado Civil y Administrativo, que procesó rápidamente 
y sin apelación ante los tribunales ordinarios a los ex Presidentes Medina y 
López y a sus colaboradores, condenados por enriquecimiento ilícito; expul¬ 
sar del país a los dos ex Presidentes, al doctor Arturo Uslar Pietri y muchos 
otros políticos; convocar a elecciones para una Asamblea Nacional Consti¬ 
tuyente, que se reunió el 17 de diciembre de 1946. Aprobada una nueva 
Constitución (1947) y un nuevo Estatuto Electoral, se realizaron elecciones 
para Presidente de la República en medio de grandes disturbios públicos. 


XX 



El 14 de febrero de 1948 la junta de Gobierno entregó el poder al Presiden¬ 
te electo don Rómulo Gallegos. 

Dos otros párrafos completan la escueta, deformada y deformadora 
apreciación del escritor Morón sobre el trienio de gobierno 1945-1948. 

En esa etapa de vida nacional es cierto que un determinado número 
de funcionarios públicos fueron acusados de peculado ante el creado Tri¬ 
bunal de Responsabilidad Civil y Administrativa. Pero tuvieron los in¬ 
culpados derecho a la defensa y pudieron ser asistidos por abogados que 
ejercieron sus funciones sin coacción oficial. Las sentencias de ese Tribu¬ 
nal especial fueron apelables ante una comisión escogida de su seno por la 
Asamblea Nacional Constituyente, con representación en ella de Diputa¬ 
dos de oposición. No fueron pocos los acusados que estuvieron opaci¬ 
dad de comprobar su inocencia de los cargos que se les formúlalo,... 
resultaron absueltos o fue disminuida la cuantía de lo que iban a devo, 
verle al fisco. Sí no hubo derecho a la defensa ni de apelación del acusado 
por el delito de peculado en la norma constitucional que rigió bajo los 
gobiernos de López Contreras y de Medina Angarita con relación a los 
funcionarios de los gobiernos de Castro y de Gómez. Podría argüirse, y es 
verdad, que esa disposición constitucional se aplicó a muy pocos, pero no 
por escrúpulos legalistas sino por razones de solidaridad de clan. Los 
enjuiciadores potenciales tenían estrechos nexos de colaboración compar¬ 
tida en el servicio a las'dictaduras de Castro y de Gómez, y de manera 
especial a la de este último. 

Lnfinitamente más importante que la medida correctiva adoptada 
por la Junta contra abusos cometidos en el pasado en el manejo de los 
dineros públicos, fue el aleccionador ejemplo dado por los gobernantes del 
trienio 1945-1948, de propia e intransigente moralidad administrativa. 
En lo que iba del siglo fue ése el primer equipo gobernante de Venezuela 
al cual no se le pudo entonces, ni después, acusar de aprovechamiento del 
poder para el enriquecimiento sin causa. Durante el lapso más largo de 
ese período estuve yo en Miraflores, en ejercicio de la presidencia del Po¬ 
der Ejecutivo. Y cuando entregué al Presidente Gallegos la codiciada si¬ 
lla, estaba tan pobre como cuando entré a Miraflores. No creo haber 
hecho con ello nada extraordinario, sino cumplir con normas de ética 


XXI 



administrativa y de respeto a mí mismo, al gobernar con honradez. Pero 
no dejó de causar sorpresa en comentaristas extranjeros, informados de la 
tradicional existencia en Venezuela de la sucia lacra del peculado, que así 
me comportara. La revista Fortune, de Nueva York (abril, 1949) se refi¬ 
rió así a ese aséptico proceder en el manejo de la hacienda pública: “Cuando 
Betancourt llenó el requisito constitucional y dio cuenta de sus haberes 
después de ejercer durante dos años la presidencia de uno de los países 
pequeños más ricos del mundo, su capital ascendía a 1.154 bolívares. 
Semejante honradez por sí sola es un milagro en América Latina”. Y el 
profesor norteamericano Austin F. MacDonald, en su obra Latin American 
Politics and Government, escribió a su vez: 

El sueldo de Presidente equivalía a catorce mil dólares al año. Esa asigna¬ 
ción era insuficiente en un país de vida tan cara como es Venezuela. La Ley 
imponía que los Jefes de Estado al retirarse del cargo concurrieran ante un 
juez e hicieran declaraciones públicas de su capital y deudas. El ex Presi¬ 
dente Betancourt demostró que sus ganancias al abandonar la Presidencia 
eran trescientos cuarenta y tres dólares. 

Lo mismo que se ha transcrito del juicio que le mereció a revistas y 
libros extranjeros la probidad que demostré durante mi permanencia en 
Miraflores, puede aplicarse a cuantos integraron el equipo de gobierno 
durante el trienio 1945-1948. 

Extensos, acaso extensos en exceso, son los capítulos de este libro en los 
cuales se registra la obra administrativa realizada durante el trienio 1945- 
1948. Tanto se ha dicho y escrito acerca de una supuesta ineficacia para 
realizar labor útil de quienes gobernamos en ese período, que resultaba 
imprescindible decir lo que se hizo y lo que se había programado para el 
fiuturo. Y es con la intención confesa de interesar al lector en el repaso de 
esos capítulos que intentaré, en un esfuerzo de síntesis, resumir en unas 
cuantas plumadas la labor que en el orden económico y administrativo se 
realizó en ese trienio. 

El presupuesto nacional pasó de un promedio de 350 millones de 
bolívares en el lapso 1938-1945 a 1.315 millones en 1947. Creció en 
cuatro veces. Pero este aumento en la capacidad de gastos del Estado se 
logró mediante el aumento de impuestos a las compañías petroleras y a 


XXII 



empresas nacionales de cuantiosas ganancias, con un desgravamen coetᬠ
neo a las mercancías y servicios de generalizado uso y consumo. Entre los 
años 1938-1945, la renta petrolera le aportó al Estado 40% de sus in¬ 
gresos; y otras rentas, 60%. La incidencia varió substancialmente para 
1947: 63% de los ingresos fue aportado por las compañías petroleras y las 
empresas nacionales de altas ganancias y 37%) por los ingresos percibidos 
por la población en su conjunto. Los 252 sindicatos de trabajadores que 
existían en 1945 ascendieron al número de 1.014para 1948. Los traba¬ 
jadores del petróleo firmaron, por primera vez en la historia del país y 
después de más de veinte años de vida de la industria, un contrato colec¬ 
tivo cuyo aumento de ingresos a su favor estimó The New York Times 
(19 junio, 1946) en cien millones de bolívares. La creación de la Corpo¬ 
ración Venezolana de Fomento hizo posible el inicio de la industrializa¬ 
ción del país, que comenzó a dejar de ser lo que había sido hasta entonces: 
subsidiario y distribuidor de mercancías importadas desde el exterior, 
cuando podían producirse con capital y mano de obra nacionales. Los 
préstamos a los industriales nacionales hechos por la Corporación Venezo¬ 
lana de Fomento crecieron a saltos. Pasaron de 84 millones de bolívares 
en 1947 a 109 millones en 1948. Lo mismo que con respecto al impulso 
que se dio al desarrollo industrial, puede decirse en relación al resuelto 
apoyo crediticio que el Estado aportó a la agricultura y a la ganadería. La 
cepal (Comisión Económica para América Latina), en su monografía 
Hechos y tendencias de la economía venezolana, trabajo realizado en 
1950 por una entidad internacional adscrita a las Naciones Unidas, 
escribe: “Puede decirse que el crédito agrícola ha sido nulo e insignifican¬ 
te hasta 1946, año en que fue creada la Coiporación Venezolana de Fo¬ 
mento y en que, al mismo tiempo, el Banco Agrícola y Pecuario intensifica 
su acción \ Las cifras con frmanesa apreciación. Hasta 1945 el montan¬ 
te de los créditos aportados a los agricultores nunca fue superior anual¬ 
mente a los 10 millones de bolívares; en 1948, último año del trienio 
democrático, ya habían subido a 116 millones de bolívares. El presupues¬ 
to de educación subió a saltos. De 38 millones de bolívares que se inver¬ 
tían por el gobierno en las diversas ramas de la educación, se pasó a 119 
millones en 1948. En treinta y seis meses, en vez de los 131 mil niños que 
concurrían a las escuelas primarias, estaban incorporados en ellas 500 


XXIII 



mil. En defensa de la salud pública se hicieron inversiones cuantiosas y el 
presupuesto del sas creció en tres años en cuatro veces, pasando a ser de 28 
millones de bolívares en 1945 a 110 millones en 1948. Las Fuerzas 
Armadas recibieron en esos años, al igual que las demás entidades públi¬ 
cas, un impulso de renovación y un mejoramiento apreciable en material 
y normas organizativas. El país, en su conjunto, echó a andar con paso 
acelerado en todas sus actividades. 

Y más importante que todos los logros materiales alcanzados durante 
ese trienio, fie el goce colectivo de escoger el pueblo a sus gobernantes, en 
libre ejercicio del voto. Una importante revista norteamericana, 
Newsweek (20 diciembre, 1947), reflejó con emocionado acento la hora 
impar que vivieron los venezolanos cuando tuvieron su primigenia expe¬ 
riencia de ejercicio del sufragio por votación universal, directa y secreta. 
Dijo esa revista: 

Por primera vez en su historia el pueblo de Venezuela, hombres y mujeres, 
ricos y pobres, letrados e iletrados, sin distinción de credos o de color, estaban 
escogiendo su propio Presidente, sus senadores, sus diputados. La tranquili¬ 
dad dominical de la asoleada cuidad, la maravillosa paciencia de las largas 
filas de votantes en espera, la rapidez y eficacia y orgullo con que los votos 
fueron depositados; todo esto demuestra lo lejos que ha llegado Venezuela, 
desde que la Junta Revolucionaria asumió el poder. Estas fiieron algo más 
que las más honradas y las más ordenadas elecciones que Venezuela nunca 
haya tenido. Podrían servir como modelo para cualquier país en el Hemis¬ 
ferio Occidental, sin excluir muchas partes de los Estados Unidos. 

En este libro se recoge e historia también el 1 tiempo del desprecio”, la 
sombría época de la dictadura que comenzó el 24 de noviembre de 1948 
y fite derrocada por la acción coincidente de pueblo y Fuerzas Armadas el 
23 de enero de 1958. 

En un apéndice se resume la nueva política de petróleo, nacionalista 
y defensora de la principal riqueza natural del país, implantada a partir 
de febrero de 1959, cuando se inició de nuevo el ciclo de gobiernos electos, 
democráticos. 

Al terminar de escribir las páginas iniciales de un libro ahora sí de 
libre circulación en Venezuela, pienso en que podrá ayudar a las nuevas 
generaciones venezolanas a entender el proceso histórico contemporáneo 


XXIV 



del país. Compensado del esfuerzo que significó escribirlo me sentiré si 
estas páginas despiertan en las jóvenes gentes de mi patria —físicamente 
lejana, acompañándome siempre— inquietud de inquirir, vocación de 
estudiar las causas y motivaciones del acaecer nacional. Que lo haga es un 
voto que formulo en una mansarda abarrotada de libros, revistas y perió¬ 
dicos, en una pequeña casa de la pequeña Suiza. 


R.B. 

Berna, 18 de octubre de 1967 



Biografía resumida de 
Rómulo Betancourt 


El 22 de febrero de 1908 nació en Guatire, estado Miranda, Venezuela. 
Hijo de Luis, Betancourt inmigrante canario y de la criolla Virginia Bello, 
comenzó a trabajar a los catorce años, para costearse los estudios de bachillerato 
en el Liceo de Caracas, dirigido entonces por el Maestro Rómulo Gallegos. 

En 1928 cuando estudiaba la carrera de Derecho, fue uno de los pro¬ 
motores y más destacados dirigentes de la rebelión del pueblo y estudiantado 
contra el despotismo de Juan Vicente Gómez. Estuvo entre los asaltantes del 
cuartel San Carlos, en Caracas. En consecuencia sufrió cárcel y, ese mismo 
año, huyó del país. 

En 1931, después de intentos fallidos por derrocar a Gómez desde el 
Caribe, a los 23 años escribió el Plan de Barranquilla. Se radicó en Costa Rica 
donde participó en el naciente partido comunista y dirigió el semanario Tra¬ 
bajo de esa organización. Se casó con su compañera de luchas, Carmen Valverde, 
y tuvo a su única hija, Virginia. 

En 1936 regreso a Venezuela, después de la muerte de Gómez. 
Reiniciada la represión antidemocrática durante el gobierno del general López 
Contreras, durante tres anos hizo vida clandestina, azarosa y laboriosa. En 
esos años, al frente de un grupo energético de obreros, campesinos, maestros, 
estudiantes y profesionales, libró batalla política en dos frentes: contra la de¬ 
recha reaccionaria y el comunismo sovietizante al participar decididamente 
en la creación del Partido Democrático Nacional (PDN). Divulgó sus ideas 
políticas desde la clandestinidad en la columna Economía y Finanzas del dia¬ 
rio Ahora. 

En 1940 es exiliado a Chile por un año y publica Problemas Venezola¬ 
nos. A su regreso inicia la organización del partido Acción Democrática (AD), 
la cristalización de la obra adoctrinadora y organizativa realizada desde el exi¬ 
lio y en la clandestinidad. Para ello recorre al país palmo a palmo, selecciona 
un equipo de gente comprometida con la trasformación política y económica 
y utiliza intensamente la prensa y la tribuna como vehículos para comunicar 
sus ideas. 


XXVII 



En 1945, 19 de octubre, a los 37 anos, asume la Presidencia de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno después de ser derrocado el régimen del general 
Medina que negaba al país el derecho a elegir por sufragio universal a sus 
gobernantes y administraba sin honradez la hacienda pública. Afrontó conti¬ 
nuos intentos de derrocamiento por militares. 

En los tres años de la administración por él dirigida se echaron las bases 
económicas, políticas y sociales de la Venezuela moderna. Como país produc¬ 
tor de petróleo se logró por primera vez en el mundo, el 50% de los beneficios 
obtenidos por las compañías petroleras extranjeras. Se realizó una extensa cam¬ 
paña de alfabetización, además de extensión de la educación primaria. Vene¬ 
zuela logro ser el primer país tropical que erradico la malaria. 

En 1946 presidió las primeras elecciones realizadas en el país por sufra¬ 
gio directo, universal y secreto para la designación de una Asamblea Constitu¬ 
yente y en 1947 para elegir un Presidente de la República. Rómulo Gallegos, 
el Jefe de Estado surgido de esos comicios, fue derrocado por un complot 
militar el 24 de noviembre de 1948. 

De 1948 a 1958, asumió otra vez desde el exilio, el liderato en la lucha 
que su Partido y otras fuerzas políticas realizaron, en la clandestinidad y en el 
exterior, contra la dictadura militar incubada por ese golpe de Estado. De¬ 
nuncia al régimen en artículos, conferencias y escribe Venezuela, Política y 
Petróleo publicado por el Fondo de Cultura Económica de México en noviem¬ 
bre de 1956. 

En 1958, después de ser abatido el régimen dictatorial logra la firma 
del Pacto de Punto Fijo por parte de los principales líderes de los tres partidos 
mayoritarios. Un acuerdo de cooperación para afianzar la democracia vigente 
durante 40 años. 

En 1959 fue electo a la Presidencia de la República para el período 
1959--1964, en comicios transparentes, por el 50 por ciento de los votos 
emitidos. Su candidatura se impuso sobre las del contralmirante Wolfgang 
Larrazabal, apoyada por Unión Republicana Democrática (URD) y el Partido 
Comunista, y la del doctor Rafael Caldera, líder del Partido Socialcristiano 
COPEE 

Su gobierno de coalición -de AD, COPEl y URD-fue fecundo en rea¬ 
lizaciones políticas, sociales y administrativas, no obstante el asedio de las 
coalicionadas fuerzas reaccionarias y de los comunistas, estas últimas inspira¬ 
das y financiadas por Fidel Castro. Fue víctima en 1960 de un atentado orga¬ 
nizado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo desde la República Dominicana. 

Su gestión, caracterizada por la eficiencia en la aplicación de los ingre¬ 
sos petroleros y en la honestidad administrativa, centro su atención en mejo¬ 
rar la calidad de la gente más humilde mediante: 


XXVIII 



• el programa educativo de mayor alcance de los realizados hasta enton¬ 
ces en Latinoamérica, con énfasis en educación primaria y técnica, esta última 
a través del Instituto Nacional de Cooperación Educativa INCE. Se desarrolla 
la Universidad de Oriente con sedes en varios estados de esa región. 

• la aplicación de la Ley de Reforma Agraria implico la distribución de 
1.700.000 hectáreas de tierra laborable a más de 600.000 familias campesi¬ 
nas. Se construyeron 7.000 kilómetros de carreteras de penetración para vin¬ 
cular la producción del campo al consumo de las ciudades. Se instalo el riego 
93.000 hectáreas y se dejaron en proceso 11 sistemas de riego. 

• una intensa campaña de protección de la salud pública permitió que 
la expectativa de vida de 63 años en 1938 aumentara a 66 en 1963. Ello se 
debió a un conjunto de medidas que se señalan a continuación: 

• el desarrollo de una infraestructura de servicios básicos que permitió 
un aumento en un 100% el servicio de agua potable urbana y rural, al igual 
que la instalación de cloacas, y con el aumento del consumo de electricidad de 
1.913 millones de KWH en 1958 a 4.000 millones en 1963. 

• se construyeron 35.000 casas y apartamentos baratos. Más del doble 
fue construido por la clase media mediante acceso a créditos de bancos Hipo¬ 
tecarios e Institutos de Ahorro y Préstamo iniciados en el período. 

• se construyo en Caracas el Parque del Este, el Arístides Rojas y el 
Miranda y en el litoral central los balnearios de Macuto, Naiguatá y Catia la 
Mar. 

En lo concerniente al desarrollo económico: 

• la vialidad^pavimentada de 6.500 Km. aumentó a más del doble la 
que había en 1958. Se construyó el puente sobre el lago de Maracaibo y se 
inició el del río Orinoco. Se construyó el distribuidor La Araña y la Ave. 
Libertador en Caracas. 

• se ratificó la política de no más concesiones de petróleo a compañías 
extranjeras y Venezuela promovió la creación de la Organización de Países 
Petroleros (OPEP) cuya acta constitutiva firmó. 

• se creó la Corporación Venezolana de Guayana con el propósito de 
desarrollar un complejo industrial alterno al petróleo con una industria side¬ 
rúrgica que se potenció al concluirse la represa hidroeléctrica de El Guri ini¬ 
ciada por Betancourt. 

• se protegió y promovió significativamente la producción industrial 
nacional mediante créditos e impuesto a importaciones. 


XXIX 



En lo relativo a la política internacional: 

• se aplicó la Doctrina Betancourt de aislamiento a los gobiernos no 
electos que irrespetaran los derechos humanos de acuerdo al Acta de Bogotá 
de 1948. 

• se firmó con el Presidente Guillermo León Valencia de Colombia el 
Acta de San Cristóbal, un acuerdo de integración económica de los dos países. 

• se firmó Convenio Modus Vivendi entre Venezuela y la Santa Sede 

En 1964, el 7 marzo de entregó el poder a su compañero de partido 

doctor Raúl Leoni, Presidente elegido en comicios donde contendieron seis 
candidaturas. A partir de entonces se inician 40 años de gobiernos civiles 
electos por el pueblo. De inmediato viajó al exterior para hacer efectivo su 
propósito de romper la mala tradición venezolana de ex Presidentes interfi¬ 
riendo en la gestión de quienes les sucedieron en el cargo. 

En 1964, de acuerdo con un mandato constitucional, es designado 
Senador Vitalicio a los 56 años, función que ejerció una sola vez, en 1975, 
cuando defendió en un discurso el Art. V del proyecto de Ley de Nacionaliza¬ 
ción del Petróleo, que versaba sobre la posibilidad de que el estado pueda 
realizar convenios de asociación temporales, bajo su control, previa aproba¬ 
ción del Congreso. 

En Estados Unidos, fue distinguido con el doctorado honorario en Le¬ 
yes por la Universidad de Harvard, California y Rutger. Fue miembro de la 
comisión que dirige la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra. 

En 1973 declino la candidatura de su Partido para la elección presi¬ 
dencial de ese año en razón de su confianza en la fortaleza de las instituciones 
democráticas y a fin de dar a otros esa oportunidad. 

Hasta su muerte en 1981 mantuvo una activa vida intelectual, cultivó 
la amistad y el arte de conversar, disfrutó la buena mesa criolla y conservó el 
sentido del humor. No dejó bienes de fortuna pera legó a los interesados por 
comprender y evaluar su gestión de hombre público un archivo de 40.000 
documentos de 1917—1981 en custodia de la Fundación Rómulo Betancourt 
con sede en Caracas, al que pueden acceder los investigadores debidamente 
identificados. 


XXX 



Primera parte 

Una república en venta 


Entrega de gran porción del subsuelo nacional a los consorcios 
extranjeros del petróleo por el despotismo 
de Juan Vicente Gómez: 1908-1935 



Capítulo I 

Castro y Gómez: despotismo, 

ASFALTO Y PETRÓLEO 


El apacible comienzo 

Los primeros intentos de explotación comercial del petróleo en Venezuela 
tuvieron lugar hacia la segunda mitad del siglo XIX. 

Por los años de 1870 prestaba sus servicios profesionales como médi¬ 
co, en el entonces «Gran Estado de los Andes», el doctor Carlos González 
Bona. Recorría pueblos y caminos a lomo de muía. Sobre su corpulenta hu¬ 
manidad, un paraguas verde le prestaba protección del sol durante el verano y 
de la lluvia durante el invierno. 

En el camino hacia Rubio, capital del Distrito de Junín, observaba 
el doctor González Bona, «quien también era ingeniero, con mucho de 
químico», cómo varios riachuelos arrastraban capas oleaginosas sobre su 
superficie. Era una especie de alquitrán lo que sobrenadaba en las aguas 
corrientes. Precisamente de esa peculiaridad derivó el nombre de «La Al- 
quitrania» dado por los habitantes de la región a una de las corrientes de 
agua mezcladas con aceite mineral. 

El terreno que, a simple vista, constituía un manadero natural de acei¬ 
te negro estaba ubicado cerca de Rubio, en el camino entre esa población y 
San Cristóbal, capital del Estado. 

El doctor González Bona convenció a Antonio Pulido, dueño de esos 
terrenos; a su pariente Pedro Rincones, a un general Baldó y a J.R. Villafa- 
ñe de que constituyeran una flamante sociedad anónima, destinada a explo¬ 
tar el yacimiento descubierto por su mirada observadora. Y como primera 
providencia tomó la compañía, una vez integrada, la de enviar a Pedro Rinco¬ 
nes a Pennsylvania, Estados Unidos. Allí estudiaría los métodos, para esa 
época novísimos, de perforar pozos por medio de taladros. Pennsylvania se ha¬ 
bía convertido en la Ciudad Santa de los buscadores de petróleo, desde que el 
aventurero Drake perforó artificialmente el primer pozo, horadando el subsue¬ 
lo. Coetáneamente, un audaz hombre de negocios, John D. Rockefeller, avizo¬ 
raba el porvenir de la mágica fuente de riqueza y echaba los cimientos de la que 
llegaría a ser la más gigantesca empresa industrial de los tiempos modernos: la 
Standard Oil. 


3 



Regresó Pedro Rincones de los Estados Unidos, donde ya el dios petró¬ 
leo tenía extensa cauda de adoradores y devotos. En 1878 recibió la modesta 
sociedad anónima los primeros títulos del Gobierno del Estado de los Andes. 
Se confirmaron y revalidaron posteriormente, de acuerdo con el artículo 45 
del decreto minero de 15 de noviembre de 1883. En 1884, el Presidente Guz- 
mán Blanco firmó el título definitivo de la concesión; y en 1886, la Compa¬ 
ñía Minera Petrolia del Táchira, provista de rudimentarios equipos de 
trabajo, comenzó a horadar el suelo en busca de la promisora riqueza. 

Ningún interés oficial se reveló por una industria nacida bajo tan modes¬ 
tos auspicios. Venezuela desenvolvía su vida económica perezosamente, dedica¬ 
da a la agricultura y a la ganadería. Estaban restañándose las heridas que dejó en 
la nación la cruenta y larga Guerra Federal. Guzmán Blanco contrataba emprés¬ 
titos con margen ancho de comisiones para aumentar su peculio privado; otor¬ 
gaba concesiones ferrocarrileras, asegurándole el Estado a los inversionistas un 
7% de rédito sobre los capitales aplicados, e insuflaba a todas las actividades pú¬ 
blicas un matiz europeizante, muy Segundo Imperio y muy servilmente meteco. 

Y desasistida de todo apoyo estatal esta empresa venezolana tuvo un de¬ 
senvolvimiento lánguido y al margen del éxito. Inició su producción con algu¬ 
nas docenas de barriles de «crudo». En 1912, veintiséis años después de iniciar 
sus actividades, la producción diaria apenas alcanzaba a unos 60 barriles. Por 
último, la Compañía fue disuelta. 

Éstos son los idílicos comienzos en Venezuela de una industria que, allí 
como en todas partes, iba después a escribir su historia con sangre, atropellos 
y exacciones. 

The New York and Bermudez Company, 

EL TRUST DEL ASFALTO Y LAS ARTES DE COMADRONA 

del Departamento de Estado 

La estampa apacible del nacimiento de la industria de los hidrocarburados en 
Venezuela devino después drama. Pero el actor principal del primer acto no fue 
el petróleo sino otro producto bituminoso, pariente cercano suyo: el asfalto. 

En 1883, el Gobierno de Venezuela otorgó a un ciudadano estadouni¬ 
dense, Horacio Hamilton, una concesión de explotación del lago de asfalto 
Guanoco, en el oriente de la República. Se trataba del que era para entonces 
el más grande depósito natural del mundo de esa sustancia minera. Hamil¬ 
ton cedió su contrato a The New York and Bermudez Company, criatura de 
un trust del asfalto, con oficinas centrales en Filadelfia. En 1889, el Estado 
venezolano declaró caduca la concesión. La Compañía usufructuaria se ha- 


4 



bía limitado a recoger y exportar el mineral, sin cumplir sus compromisos con¬ 
tractuales, entre ellos el de canalizar los ríos Colorado y Guarapiche. La 
concesión continuó, durante una década, teóricamente caduca y prácticamente 
explotada por sus usufructuarios. 

En 1899, el general Cipriano Castro, al frente de una montonera inte¬ 
grada en su mayoría por nativos de los Andes, tomó por asalto el poder. Y el 
despótico y truculento personaje, ansioso de obtener dinero donde lo hubie¬ 
ra para sufragar sus propios gastos y los de una corte dispendiosa, entró en 
conflicto con la Compañía del asfalto. Esta prefirió, antes que ceder a los 
reclamos del gobierno, apoyar financieramente el movimiento armado que 
fraguaban sus opositores. 

El jefe de ese movimiento -un señor Matos, típico exponente de la lla¬ 
mada alta clase social, tan huérfana de ideales como de escrúpulos- entabló 
eficaces relaciones con los directores de la Compañía. Uno de ellos, el propio 
gerente, lo acompañó a Europa, en las gestiones de adquisición del vapor 
Ban-Righ, que luego fuera usado para el transporte de material bélico a cos¬ 
tas venezolanas. Matos recibió dinero en abundancia del trust de Filadelfia, 
y sólo el montante de dos giros a su favor alcanzó a la suma de 130 mil dóla¬ 
res. Fueron cargados en los libros de la Compañía a una partida de nombre 
revelador: government relations (relaciones con los gobiernos). 

En 1902, estalló la revolución bautizada con el nombre de «libertado¬ 
ra». El pueblo y la juventud inconforme acudieron, atropelladamente, a em¬ 
puñar las armas que distribuía el Ban-Righ . No sabían con cuál dinero se 
compraron, y sólo que eran para derrocar a un déspota que humillaba y des¬ 
honraba al país. Los caudillos militares de las distintas provincias concurrie¬ 
ron con sus propias mesnadas. Era una coalición de jefes regionales, en 
desesperado esfuerzo para resistir al sistema de gobierno centralizado, uniper¬ 
sonal, no compartido, que inició Cipriano Castro y que llevaría a una fase de 
culminación exacerbada su compadre y sucesor, Juan Vicente Gómez. 

La Revolución Libertadora dominó gran parte de la República. Era el 
país en armas contra un régimen odiado por el pueblo. Catorce mil hombres 
llegaron hasta La Victoria, a escasas horas de Caracas. Allí se estrellaron fren¬ 
te a las tropas del despotismo. El campo rebelde estaba escindido por las riva¬ 
lidades encontradas de los caudillos personalistas, y Matos de sombrilla y 
pantuflas, manipulador de intrigas más que conductor de hombres, no era el 
jefe capaz de imponerse en esa feria de ambiciones. Millares de cadáveres que¬ 
daron tendidos en las abras y serranías que rodean La Victoria, un dramático 
testimonio más de la raigal vocación de libertad del pueblo venezolano. 


5 



Terminada la revolución con total fracaso para sus gestores, el despotis¬ 
mo de Castro pasó la cuenta a sus financiadores. Ambrose H. Carner, un ciu¬ 
dadano norteamericano, empleado infidente de The New York and Bermudez 
Company, suministró al Gobierno toda la documentación reveladora de sus 
nexos con Matos. El ministro de Relaciones Interiores, en conferencia priva¬ 
da con el gerente de la Compañía, exigió una indemnización no menor de 
50 millones de bolívares. El gerente rehusó. La Compañía fue demandada, 
en nombre del Estado, por el Procurador General de la Nación. Los tribuna¬ 
les decretaron, de acuerdo con el artículo 372 del Código de Procedimiento 
Civil, el secuestro precautelativo del rico lago asfáltico. Depositario fue 
nombrado mister Carner, el mismo que había documentado al gobierno para 
su reclamo. 

Intervino entonces la diplomacia del dólar. La Cancillería estadouni¬ 
dense vivía su etapa de franca y directa intervención en la vida política latino¬ 
americana. Eran los días, recordados años después por el Subsecretario de 
Estado Sumner Welles -en discurso pronunciado ante los rotarios de Nueva 
York, el 14 de abril de 1943-, en que «muchas repúblicas americanas no es¬ 
taban en condiciones de ser llamadas soberanas, porque su soberanía era 
susceptible de ser violada por los Estados Unidos». 

La defensa agresiva del trust del asfalto la asumió el ministro de los Es¬ 
tados Unidos en Caracas, señor Bowen. Su lenguaje fue de procónsul, desnu¬ 
do y brutal. Pero no toda la culpa era suya y de las fórmulas en boga en la Casa 
Blanca, habitada entonces por Teodoro Roosevelt: las del «destino manifiesto», 
el big-stick (el «gran garrote») y el I took Panama («yo me cogí a Panamá»). 
El propio Castro había contribuido, con su conducta irresponsable, a que se le 
tratase con insolencia doblada de desprecio. El déspota delirante, entre vaharadas 
de oratoria vargasviliana y de brandy francés, había escuchado complacido de 
labios del propio Bowen, meses atrás, la noticia de que los cruceros yanquis 
Cincinnati y Topeka habían echado el ancla en La Guaira, en los días del 
bloqueo germano-británico contra los puertos venezolanos. Después de que las 
armadas coaligadas de Alemania y de Inglaterra bombardearon puertos de Ve¬ 
nezuela-agresión conjunta de dos grandes potencias contra un pequeño país, 
hecho que pasará a la historia como uno de los más bochornosos episodios de 
gangsterismo internacional-, Castro designó a Bowen, con plenos poderes, 
como Ministro Plenipotenciario de Venezuela ante las potencias agresoras. 

Teodoro Roosevelt no se recataba para repetir en la Casa Blanca que 
Castro era un «monito villano», y el monito villano, después de responder 
a las incursiones de piratería de las escuadras inglesa y alemana sobre La Guaira 
y Puerto Cabello con sólo proclamas altisonantes y escenificación de farsas 


6 



de politiquilla aldeana, confiaba al Ministro en Caracas del gobernante de la 
Casa Blanca que lo despreciaba, la representación oficial de Venezuela. 

Castro había libertado a los súbditos ingleses y alemanes radicados en 
el país -cuya detención policial fue elemental represalia por el bombardeo de 
los buques de Guillermo II y de Eduardo VII a puertos nacionales- por pre¬ 
sión de Bowen, quien había asumido la representación diplomática conjunta 
de Alemania, la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Al pueblo se le dijo, en 
la literatura tremante y falsificadora de la verdad, tan del gusto del déspota, 
que se trataba de un magnánimo gesto de Venezuela, nación sólo capaz de 
combatir a los guerreros. No los combatió, como debió hacerlo y como que¬ 
ría el pueblo que se hiciese y como el honor nacional lo imponía, sin tomar¬ 
se en cuenta su número y su fuerza, porque Castro y su camarilla sólo tenían 
interés en capitalizar la agresión extranjera para consolidar el rapaz y san¬ 
griento despotismo doméstico, sacando de la cárcel al general José Manuel 
Hernández, al «Mocho Hernández», caudillo tan ingenuo como honrado, para 
que se abrazara con El Cabito, apodo que sus áulicos adjudicaron a Castro 
recordando aquello del petit caporal. Y, además, aprovechar la coyuntura pa¬ 
ra presentarlo como adalid de la soberanía nacional, cuando la exponía a la be¬ 
fa y el escarnio de los fuertes, y aun de los simuladores de fortaleza, de todas 
partes. Si hasta Italia alistó dos barcos de guerra para enviarlos hacia Vene¬ 
zuela, en esa animada competencia para demostrar cuál gobierno europeo era 
más agresivo y violento en el ataque a un pueblo empobrecido, endeudado y 
bajo el comando irresponsable de una administración donde prevalecían los 
saqueadores del erario, los beneficiarios de monopolios, los ávidos buscadores de 
un dinero que necesitaban con apremio, para enriquecerse ilícitamente y 
para dilapidar buena parte de él en épicas bacanales. 

Es objetivo y documentado el enfoque que de la actitud asumida por el 
Gobierno de los Estados Unidos en ese momento tan difícil para Venezuela ha 
hecho el escritor y profesor norteamericano Arthur P. Whitaker, en su libro 
Ibe United States and South America (Harvard University Press, Cam¬ 
bridge, Mass., 1948. Con prólogo del ex Secretario de Estado Sumner Welles). 

A Venezuela, otra nación bolivariana -escribe Whitaket, p. 165- le corres¬ 
pondió jugar un papel muy importante en el desarrollo de otra expresión 
del imperialismo yanqui -el Corolario-Roosevelt de la Doctrina Monroe 
(1904-1905)-, el cual proclamó a los Estados Unidos como un «poder po¬ 
licíaco internacional» en el Hemisferio Occidental, con derecho a interve¬ 
nir unilateralmente y a su propia discreción, en los países latinoamericanos. 


7 



La Gran Bretaña, Alemania e Italia, antes de iniciar el bloqueo de puertos ve¬ 
nezolanos, obtuvieron el asentimiento de Roosevelt, «recordando la fuerte ac¬ 
titud asumida por Cleveland cuando hubo, años antes, una disputa entre esa 
misma nación (Venezuela) e Inglaterra». El bloqueo devino bombardeo. La 
opinión pública hispanoamericana se encrespó. El Canciller Drago, de la Ar¬ 
gentina, emitió su conocida Declaración, condenando el cobro compulsivo de 
deudas internacionales a cañonazos, y la injerencia europea en América. En 
los propios Estados Unidos, prensa y sectores liberales condenaron la cobarde 
agresión a Venezuela. Surgió la mediación de Roosevelt y la disputa fue refe¬ 
rida a la Corte de justicia de La Haya. «En 1904 -sigue anotando Whitaker- 
ese Tribunal agravó la situación, decidiendo la cuestión de la prioridad de las 
reclamaciones contra Venezuela a favor de las potencias interventoras. Esa 
decisión no sólo justificó la intervención armada, sino que la premió...» Fue 
entonces cuando el Departamento de Estado hizo pública la declaración bau¬ 
tizada como Corolario-Roosevelt de la Doctrina Monroe. El autor que se 
viene citando define ese Corolario con pocas palabras precisas: «Rechaza la in¬ 
tervención europea en América y proclama un derecho general de los Estados 
Unidos a intervenir en América» (p. 167). 

El despotismo de Castro, a fin de buscar más dinero para depositarlo 
en cuentas particulares en bancos del exterior y para gastarlo alegremente, 
emprendió la acción judicial contra The New York and Bermudez Company. 
Acción irreprochable, desde el punto de vista del derecho positivo venezola¬ 
no y de las normas de la justicia internacional, pero adelantada por quienes se 
habían conquistado el repudio de sus conciudadanos y el desprecio universal 
con su incalificable conducta como gobernantes. 

En Washington lo sabían así, y por eso les resultaba relativamente fácil 
conducir el conflicto. El secretario de Estado Hay, tan fiel intérprete de la 
agresividad conquistadora del primer Roosevelt, hablaba un lenguaje que so¬ 
naba a restallar de fusta. En actitud de vocero oficioso del trust del asfalto, 
decía al régimen de Caracas: «El gobierno de los Estados Unidos puede, con 
mucha propiedad, tomar las medidas que se requieren para ofrecer a la Com¬ 
pañía americana cualquier protección que deba tener». El ministro Bowen, el 
antiguo Plenipotenciario de Castro, urgía a la Casa Blanca para que pusiera 
en ejecución el Plan Parker. Lo había elaborado el agregado militar de la Le¬ 
gación de los Estados Unidos en Caracas. Era simple y expeditivo: desembar¬ 
co de los infantes de marina, captura de Castro, ocupación de las aduanas, 
establecimiento de un gobierno provisional made in USA. Pero no sólo esa 
opinión se proyectaba sobre el gobierno de Washington. Era objeto de presio¬ 
nes encontradas. Sectores de la prensa, leales al viejo espíritu liberal jeffersonia- 


8 



no, repudiaban los procedimientos de fuerza. Tal vez más eficaz en sus resulta¬ 
dos fue la intriga armada por el trust del asfalto de Nueva York contra sus 
rivales de Filadelfia, usufructuarios de la mina de Guanoco y activos propug- 
nadores de la intervención armada en Venezuela. 

Lo cierto fue que, en vez de cruceros, llegó a Venezuela un comisiona¬ 
do directo de la Casa Blanca, el juez Calhoun, encargado de investigar sobre 
el terreno. No se conoció su dictamen, pero resulta evidente que no favorecía 
a los concesionarios. Hubo un repliegue en la inicial agresividad del Departa¬ 
mento de Estado y se habló de someter la disputa a un arbitraje. El proyecto 
de protocolo lo redactó en Washington el propio abogado de la Compañía re¬ 
belde y fue enviado a Caracas por Francés B. Loomis, Encargado de la Secreta¬ 
ría de Estado por enfermedad de Hay. La idea aceptada en principio por 
Caracas había sido la de que en ese arbitraje se estudiaran y zanjaran todas las 
diferencias existentes entre el gobierno de Venezuela y los de los Estados Uni¬ 
dos y otros países. El protocolo redactado en Washington sólo contemplaba 
el reintegro puro y simple a The New York and Bermudez Company de «su» 
lago venezolano. Caracas rechazó el arreglo. Bowen, en un libro suyo, cuenta 
que Castro había enviado a la ciudad del Potomac a un agente confidencial, 
con la escarcela bien provista y quien minó con bolívares cambiados por 
dólares la posición política de Hay. El mismo verboso diplomático acusó al 
secretario interino Loomis de haber recibido un cheque para no llamar a 
rendir cuentas al depositario de la Guanoco. Bowen fue destituido. El 19 de 
marzo de 1908, el New York Herald había publicado un editorial de títu¬ 
lo magnánimo: «No hay que enviar buques a Venezuela». Algunos párrafos 
descubrían las intimidades del nauseabundo pastel: 

El escándalo Bowen-Loomis y las declaraciones hechas de mala gana por los 
funcionarios del trust del asfalto evidenciaron que los informes obtenidos por 
el Gobierno de Washington eran parciales, debido a la enemistad personal de 
sus agentes diplomáticos y al propio interés de los concesionarios del asfalto. 
Esto casi lo confesó el gobierno cuando mandó al juez Calhoun, cuyo infor¬ 
me dado al Departamento de Estado hace más de dos años y medio aún no 
se ha conocido; pero sí se notó, después del regreso del juez Calhoun, una 
actitud más conciliatoria hacia Venezuela. 

Se preguntaba después el editorialista por qué no se había realizado la previ¬ 
sible incursión punitiva de los cruceros del Tío Sam al litoral, de Venezuela, 
y él mismo se daba la respuesta: «...no por amor al general Castro los Estados 
Unidos se han abstenido de dar pasos en ese sentido, sino porque la causa de 


9 



Venezuela es fuerte y la americana no lo es, no teniendo los reclamantes las 
manos limpias». 

La Compañía del asfalto había sido condenada, mientras tanto, por los 
tribunales de Venezuela al pago de una indemnización de Bs. 24.178.138,47. 
Castro se quedó con la Guanoco. El triunfador, recorrió el país. Fueron cua¬ 
renta días inenarrables. El «epónimo» cruzó de un extremo a otro la Repú¬ 
blica entre despliegues de adulonería oratoria; atravesando arcos de cartón 
pintados con leyendas de gárrula literatura palaciega, y a los compases frené¬ 
ticos del vals Castro, siempre invicto. En Washington, Elihu Rbot, sucesor de 
Hay y de Loomis en el timón de la política exterior de los Estados Unidos, 
declaraba por aquellos mismos días y para regodeo del déspota vanidoso, que 
«se habían agotado los medios en su poder para traer a Castro a la razón». 

Se habían agotado «los medios» de la diplomacia abierta y no se creyó 
oportuno usar los del «garrotazo». Pero otros iban a ponerse en práctica, más 
sutiles e igualmente eficaces. Iba a arbitrarse la sustitución de Castro por un go¬ 
bernante igualmente rapaz y despótico pero menos incómodo al Departamen¬ 
to de Estado. Castro, en la seguridad de que en nofnbre de la Doctrina Monroe 
impedirían los Estados Unidos la ocupación permanente de una parte del país 
por potencias europeas, las provocaba con fines de política interna y para tener 
oportunidad de firmar proclamas grandilocuentes. Pero la avidez de dinero y su 
megalomanía irrefrenable lo llevaron a pugnar con los mismos en cuyos brazos 
se echó, sin condiciones, en los días del bloqueo germano-británico: los yan¬ 
quis. «Con la Iglesia hemos dado, Sancho». Sus días de gobernante quedaron 
contados al cometer tan imprudente desliz. 

El propio Castro facilitó la que bien podía bautizarse como «Operación 
Root». Rotas habían quedado, desde el mes de junio de 1908, las relaciones 
entre los Estados Unidos y Venezuela. El ministro Jacob Sleeper fue llamado 
a su país y es sabido cómo cooperó Castro, sin quererlo ni mucho menos pro¬ 
ponérselo, en el éxito de la «Operación» que bien merece llevar el nombre del 
entonces Secretario de Estado. Su vida desordenada y la lujuria sin freno ter¬ 
minaron por arruinarle los riñones. Se vio obligado a abandonar el país, en 
busca de los servicios del cirujano Israel, en Alemania. Dejó en la Presidencia, 
aguantándosela, a quien parecía ser el más sumiso y adicto de sus conmilito¬ 
nes: su compadre y coterráneo Juan Vicente Gómez. Olvidó el viajero la ley 
de la patada histórica, a que alguna vez aludió Rosas en su exilio de Mon¬ 
tevideo, y no supo que la camarilla formada en torno de su lugarteniente, pa¬ 
ra desconocerlo y desplazarlo, había establecido eficaces conexiones con 
personeros de las grandes potencias. No se peca ni venialmente, a la luz de lo 


10 



que sucedió después, al decir que la más importante y acicateadora de esas 
conexiones fue con agentes del gobierno de los Estados Unidos. 

Todo sucedió como había sido planeado. El 24 de noviembre salió 
Castro de Venezuela. La maquinaria del complot anticastrista comenzó a 
funcionar apenas se desdibujó en el mar la silueta del Guadaloupe, con su 
preciosa carga a bordo. Ya en los primeros días de diciembre comenzaron las 
algaradas callejeras, promovidas por agitadores sinceros, otras por agentes de 
la conjura palaciega en marcha; y el 14 de ese mes, cinco días antes de que lle¬ 
gara a su fase de culminación el plan conspirativo, fue hecha la infamante so¬ 
licitud de la intervención armada extranjera. En ese día, el ministro de 
Relaciones Exteriores, José de Jesús Paúl, cumpliendo instrucciones del Pre¬ 
sidente en funciones, Juan Vicente Gómez, visitó al ministro del Brasil en 
Caracas, encargado de la representación diplomática de los Estados Unidos. 
Ese ministro era Lorena de Ferreira. Le fue pedido en la bochornosa entrevis¬ 
ta que solicitara de Washington el envío de barcos de guerra a puertos vene¬ 
zolanos. Síntesis de la conversación fue transcrita en este mensaje cablegráfico 
de Lorena a su Embajada en la capital de los Estados Unidos. 

Iniciada reacción contra el general Castro. Ministro de Relaciones Exteriores me 
visitó hoy. Pidióme hacer saber gobierno Americano voluntad Presidente Gómez 
arreglar satisfactoriamente todas las cuestiones internacionales pendientes. Cree 
conveniente presencia buque guerra americano La Guaira previsión aconteci¬ 
mientos. Hizo similar comunicación a otras Legaciones. Favor trasmitir Río. Lo¬ 
rena (Papers relating to the Foreign Relations of the United States, 1909. 
Washington, 1910, p. 609). 

El 19 de diciembre se efectuó lo que en el sibilino lenguaje de la época se llamó «la 
evolución dentro de la situación». Gómez asumió el poder, nombró gabinete y los 
mismos que dos semanas antes colocaban a Castro a la diestra de Dios lanzaron 
contra su nombre andanadas de denuestos. «La revolución fue como una ópera 
bufa», comentó para los lectores de The New York Times su corresponsal viajero, 
Samuel Hopkins Adams. Pero para el Departamento de Estado tuvo la grandio¬ 
sidad de una de las sinfonías wagnerianas en las que el triunfador entra al Valhalla, 
después de vencer al dragón. Cuarenta y ocho horas después de haber cumplido 
Gómez su papel en el trágico sainete, zarpaba de Hampton Roads el primero de 
los acorazados norteamericanos que iban a respaldarlo con sus cañones y con su 
marinería: el Maine. El 23 de diciembre, le siguieron otros dos, el Des Moinesy 
el North Caroline. En el último de esos navios de guerra embarcó, en calidad de 
Comisionado de los Estados Unidos, el contralmirante W.I. Buchanan. 


11 



En un mismo día -el 21 de diciembre de 1908- el Departamento de 
Estado entregó a Buchanan sus credenciales de Comisionado Especial y en¬ 
vió una nota a la Cancillería caraqueña. Al contratante se le notifica que «la 
inmediata ocasión para su nombramiento es el despacho recibido por el 
Gobierno de los Estados Unidos, trasmitido por el ministro del Brasil en Was¬ 
hington» (el cable transcrito es el mismo del ministro Lorena ya citado). Al 
flamante gobierno de Venezuela, el Departamento de Estado le comunica 
el nombramiento de Buchanan, e interpreta el premioso llamado hecho por 
mediación de los diplomáticos brasileños como revelador del «propósito de 
la nueva Administración de revocar la política del Presidente Castro». 

Los acontecimientos se sucedieron con rapidez fílmica. No llevaba Gó¬ 
mez una semana en el timón cuando ya eran varias las entrevistas celebradas 
con el comisionado norteamericano. Los tres imponentes acorazados alzaban 
sus moles de acero en los muelles de La Guaira. Los cañones relucientes, las 
diarias maniobras de los marinos sobre los puentes, el traqueteo de las armas en 
los ejercicios mañaneros de tiro, eran otras tantas advertencias saludables 
para los «nativos». De haber surgido alguna protesta nacional -que no la hu¬ 
bo, por no existir entonces organizaciones políticas populares en el país- co¬ 
mo réplica a la pacífica trasmisión del mando de manos de Castro a las de 
quien había sido su cómplice y colaborador incondicional durante diez años, 
esa protesta hubiera chocado con los fusileros del Tío Sam. 

Tres meses duró esa ocupación virtual del país por la marinería extranje¬ 
ra. El 13 de febrero de 1909 fueron firmados los protocolos Buchanan-Gómez. 
Se trataba del precio inicial pagado por el nuevo gobierno al Departamento de 
Estado y a los inversionistas norteamericanos, para merecer el rango de siervo 
y protegido suyo. Consistieron en la renuncia de la correcta actitud asumida 
por gobiernos anteriores ante tres reclamos formulados al Estado venezola¬ 
no por ciudadanos y corporaciones norteamericanos, con el respaldo diplomáti¬ 
co de su Cancillería. Esos reclamos, resueltos en forma satisfactoria a las exigencias 
del gobierno de los Estados Unidos, eran: el de la United States and Venezuela 
(también conocido con el nombre de Reclamo Grichfield), el de la Orinoco Cor¬ 
poration (también conocido con el nombre de Reclamación Manoa); y el de la 
Orinoco Steamship Corporation. En los Protocolos, se acordó una transacción 
para zanjar las diferencias suscitadas por las dos primeras reclamaciones; y se 
refirió el conocimiento de la tercera al Tribunal Permanente de La Haya. 

Las reclamaciones resueltas por los Protocolos Buchanan-Gómez te¬ 
nían orígenes diversos. El de la United States and Venezuela derivaba de una 
graciosa donación hecha por Castro a un tal Mr. Grichfield de una mina de 
asfalto, en Maracaibo. Para explotarla, el beneficiario organizó la compañía ya 


12 



nombrada. La Asamblea Constituyente -por indicación del propio Castro o 
por parecerle demasiado escandaloso el procedimiento de la donación de la 
mina- anuló el contrato Grichfield. Este se hizo de oídos sordos, continuó sa¬ 
cando asfalto y acudió al Departamento de Estado en solicitud de respaldo 
diplomático. Gómez convino en indemnizarlo, liberalmente. La reclamación 
Manoa se refería a una vieja disputa entre el Estado y tres compañías nortea¬ 
mericanas: la Manoa Corporation, la Orinoco Company y la George Turbull. 
Las tres habían obtenido, en fechas diferentes, concesiones para explorar y ex¬ 
plotar las riquezas naturales del delta del Orinoco. Se quejaban de que el Es¬ 
tado había incluido entre las ventajas acordadas a unas privilegios de que ya 
disfrutaban las otras. En 1904, funcionaron en Caracas, por acuerdo de los 
gobiernos de los Estados Unidos y de Venezuela, las comisiones mixtas vene¬ 
zolano-americanas, con el carácter de tribunales de conciliación para dirimir 
amistosamente diferendos existentes. Por laudo definitivo de esas comisio¬ 
nes, la reclamación Manoa fue referida a los tribunales venezolanos. Los re¬ 
clamantes prefirieron la vía de la acción diplomática y el Departamento de 
Estado se hizo vocero de su apremio, presentado a través de una entidad fic¬ 
ticia: la Orinoco Corporation. Gómez pagó también esta indemnización. 
Y, por último, tal vez el más absurdo e inaceptable de los reclamos: el de la 
Orinoco Steamship Co. Era cesionaria de un contrato celebrado por el Es¬ 
tado, en 1894, con el ciudadano norteamericano Ellis Grell. Y reclamaba in¬ 
demnización porque al abrir el Gobierno los caños del Orinoco a la libre 
navegación había lesionado un supuesto derecho suyo al monopolio del tráfi¬ 
co por esas víás. En 1904 no pudieron acordarse los venezolanos y norteame¬ 
ricanos de las comisiones mixtas sobre ese asunto, y lo refirieron a un árbitro. 
De común acuerdo fue escogido el doctor Harry Barger, ex Gobernador de 
Curazao. Dictaminó exonerando a Venezuela. La compañía pretendió, con el 
apoyo activo de su Cancillería, que hubiera un segundo arbitraje. Había sido 
rechazada la pretensión, y Gómez sí accedió a ella. El Tribunal de La Haya, 
areópago de juristas con pronunciadas simpatías por la tesis de los más fuertes, 
condenó a Venezuela a pagar una indemnización. En su Mensaje al Congreso 
de 1911, Gómez dice que se pagó la suma fijada por el fallo, a «pesar de 
encontrarlo injusto». 

Nada se dijo entonces, ni después, en torno del más ruidoso de los di¬ 
ferendos existentes: el de la New York and Bermudez Company. Debió ser 
objeto de un inescribible arreglo. Porque lo cierto es que el pago de la multa ju¬ 
dicial de 24 millones de bolívares no se reclamó nunca a la Compañía; ésta con¬ 
tinuó en el pingüe disfrute del Lago Guanoco, y ya veremos luego cómo fue 
precursora entre las cazadoras de concesiones petrolíferas. 


13 



Todo marchó a pedir de boca, hasta que surgió un nubarrón en el ho¬ 
rizonte. Castro fue dado de alta en su clínica berlinesa, y preparó viaje para 
América. Lió sus maletas después de proclamarse, con su ingénita modestia, 
«hombre del destino», recordando a Napoleón, y sin saber que al Corso lo 
apodaron irónicamente así, como lo apunta Chesterton, cuando ya estaba 
«destinado» al destierro definitivo. La prensa de los Estados Unidos dejó tras¬ 
lucir la inquietud de la Casa Blanca y de Miradores por esa nueva versión de 
un Bonaparte del trópico abandonando su Isla de Elba. En comentario del 13 
de marzo de 1909, The New York Times recordó que Castro disponía para 
ese momento de mayores recursos en dinero, y en vinculaciones humanas, 
que cuando inició su aventura exitosa de 1899. Pero de una vez señalaba el pe¬ 
riódico cuál era el obstáculo máximo para las ansias de desquite del déspota 
traicionado por los suyos. «Gómez -escribía el Times- tendrá fuerte apoyo 
exterior, de modo que el camino hacia Caracas presentará nuevas dificultades 
para el famoso andino». 

Tenía razones para escribir esas palabras el informado periódico de Nue¬ 
va York. En íntima alianza y estrecha colaboración trabajaron el Departamen¬ 
to de Estado y la Casa Amarilla de Caracas para estorbar el desembarco de 
Castro en tierras americanas. La diplomacia estadounidense, cumpliendo ins¬ 
trucciones urgentes de su Cancillería, se movilizó ante los gobiernos de Londres, 
La Haya y París para lograr que el proscripto no pudiera arribar a ninguna de sus 
posesiones americanas. Colombia, Panamá y la Nicaragua del dictador Zelaya 
fueron notificadas también de que debían negar asilo al réprobo. El sucesor de 
Teodoro Roosevelt en la Casa Blanca, el Presidente Taft, tomó en propias ma¬ 
nos y en las de su gabinete la cuestión de impedir la presencia de Castro en el 
continente y de garantizarle estabilidad al régimen de Gómez. El Secretario de 
Estado Knox no ocultaba su alarma ante una posible voltefmce de los antiguos 
subalternos del caudillo errante, y se la hacía presente a Russel, el nuevo mi¬ 
nistro de los Estados Unidos en Caracas. El 7 de abril de 1909 le cablegrafiaba: 

Inquietan los rumores en los periódicos de que Gómez pueda permitir a 
Castro recuperar el poder. ¿Está el gobierno aún plenamente dispuesto 
a arrestarlo, basados en el entendimiento de acuerdo con el cual hemos proce¬ 
dido? A menos que esto fuera cierto, sería difícil para el gobierno de Venezuela 
justificarse de no excluir a Castro del territorio. 

El contralmirante Buchanan sugirió al secretario de Estado Knox, «para 
garantizar el buen orden y la paz» en Venezuela, «hacer que uno de nuestros 
barcos recale a La Guaira» y «enviar otro a Puerto España, Trinidad». No había 


14 



sido necesaria la sugerencia. Ya andaban por aguas venezolanas y de las antillas 
vecinas el Montana y el North Caroline; y el Panducah estaba anclado a 
la vista de La Guaira. Y, además, la tela de araña tejida por la diplomacia del 
Potomac resultó muy eficaz. Castro no pudo poner pie en tierra de Trinidad. 
Recaló a Martinica. Apenas por el tiempo necesario para que lo trasbordaran, 
a la fuerza, en paños menores, del Guadaloupe al Antilles. Este último bar¬ 
co fue escoltado por cruceros norteamericanos, hasta que enrumbó definitiva¬ 
mente para puertos europeos. Castro quedó erradicado, por años, del ámbito 
americano. Gómez, con la eficaz ayuda y tuición de sus tutores norteños, 
empuñó con rudas manos las riendas de un poder que iba a durar 27 años. 

Dos historiadores estadounidenses, J. Fred Rippy y Clayde E. Hewitt, 
escribieron para The American Historical Review (octubre de 1949) un 
artículo de título sugeridor: «Cipriano Castro, hombre sin patria». En él se 
detalla, con minuciosa documentación en gran parte extraída de los propios 
archivos del Departamento de Estado, la persecución que se le hizo al déspo¬ 
ta en desgracia en beneficio del déspota en ascenso. Y concluye el relato con 
un párrafo que es todo un alarde de urticante ironía: 

Este fue otro ejemplo de la diplomacia del dólar en acción -dicen los seño¬ 
res Rippy y Hewitt- menos complicado y costoso que el empleo combina¬ 
do de la fuerza por las potencias europeas contra Castro en 1902-1903, 
pero eficaz en grado sumo. Gómez llegó a ser un tirano más codicioso 
y cruel que Castro, si esto era posible, pero nunca fue una molestia 
internacional. (Subraya R.B.) 

Se había cumplido también, con la sustitución del déspota díscolo por 
el déspota sumiso, la pía aspiración de determinados sectores financieros de 
los Estados Unidos, que reflejó en sus páginas el New York Times, en edito¬ 
rial del 15 de diciembre de 1908. «Lo mejor que podría ocurrir -escribió el 
influyente diario- sería la llegada al poder de un Díaz venezolano, lo suficien¬ 
te fuerte para mantener el orden civil y lo suficiente sabio para dar a los vene¬ 
zolanos el sincero deseo de perpetuarlo...» «Fuerte» hasta yugular todas las 
libertades y «sabio» hasta el extremo de que subastó en inicuas condiciones 
al inversionista extranjero buena parte del subsuelo del país, digno émulo del 
Porfirio Díaz mexicano en su colonialismo, crueldad y afán de perpetuación 
en el gobierno, era ese Juan Vicente Gómez elevado al poder por la descom¬ 
posición política nacional, y con el concurso -comadrona y hada-madrina de 
la criatura- del Departamento de Estado. 


15 



Y para soldar aún más la entente que iba a durar casi tres décadas entre 
Gómez y Washington, en 1910 hizo una visita oficial a Venezuela el secreta¬ 
rio de Estado Knox, quien había sustituido a Root 1 . El Arzobispo de Caracas 
dictó una resolución especial permitiendo que se violara el canon que prescri¬ 
be la abstinencia de carne en Viernes Santo, a fin de que el importante hués¬ 
ped pudiera disfrutar de adecuado agasajo culinario. Fue acaso una sutil 
indicación de un miembro católico del personal de la Legación de los Estados 
Unidos en Caracas, Jefferson Caffery, quien iniciaba entonces una dilatada ca¬ 
rrera diplomática, con hitos tan espectaculares y controvertidos como la «me¬ 
diación» norteamericana en la Cuba de Machado (1933) y el derrumbe en el 
Irán del régimen nacionalista de Mossadegh (1933). 

Realizada la gira, Knox regresó a Washington, complacido, exultante. 
En un país tan rico en minerales preciosos gobernaba un hombre ideal para 
la entonces desembozada «diplomacia del dólar», despótico con sus connacio¬ 
nales y sumiso al extranjero. Con una mano aplastaba las libertades públicas 
y con la otra abría las puertas del país, de par en par, a las mercancías e inver¬ 
siones procedentes de los Estados Unidos. Ya se había iniciado para esa fecha 
la zarabanda de concesiones de hidrocarburos, y en la forma de otorgarlas el 
régimen dio prendas de su corrupción e irresponsabilidad. Pero, para que no 
quedara duda alguna al respecto, Gómez leyó, con tartajosa voz de semianal- 
fabeto, al Congreso de 1911 y al presentarle el mensaje anual, este párrafo 
decidor, redactado por algunos de sus secretarios borlados: 

Comprendo que la Gran Nación Americana aspira a extender el ya amplio 
puesto que sus productos tienen en nuestros mercados; y juzgo natural seme¬ 
jante aspiración. Pero mi patriotismo, lo digo con ingenuidad, no abriga el 
más ligero temor por la fuerza de aquel país, porque veo que sus procedimien¬ 
tos están ajustados a la seriedad de sus principios, que lo exhiben como la de¬ 
mocracia más acabada y menos imperfecta que haya tenido la humanidad 2 . 


1 Elihu Root es personaje muy recordado. En el Día Panamericano se glorifica a quien es consi¬ 
derado como uno de los arquitectos del sistema. Los venezolanos tenemos una palabra que 
decir sobre el personaje y su conducta. Quien denunció la existencia en su país de un «gobier¬ 
no invisible» de los hombres de negocios-denuncia recordada por Harold J. Laski en su libro 
El sistema presidencial norteamericano- actuó al servicio de ese «gobierno», en lo que a 
Venezuela se refiere. Había dicho, enfático, en la Conferencia Panamericana de Río de Ja¬ 
neiro, que «tan dignos del respeto son la independencia y los derechos de la más débil y mi¬ 
núscula de las naciones, como los del más vasto imperio». Ello no fue obstáculo para el envío 
a Venezuela, con flagrante violación de su soberanía, de Buchanan y su escolta naval, con 
instrucciones emanadas del señor Root. 

2 Se han utilizado como fuentes de información las siguientes: doctor F.A. Rísquez: Venezuela 
y los Estados Unidos (Madrid, 1908); Luis Correa: El general J.V. Gómez, documentos 


16 



La danza de concesiones 

Después del fracasado intento de la Compañía nacional «Petrolia» y del tor¬ 
mentoso proceso de la explotación del asfalto, fue en 1909 cuando el Go¬ 
bierno venezolano otorgó el primer contrato sobre hidrocarburos a una 
compañía extranjera. 

En diciembre de 1909 suscribió el Ejecutivo con John Alien Tregelles, 
quien actuaba en representación de The Venezuela Development Company 
Ltd., un contrato para la exploración y explotación de la enorme área de terri¬ 
torio cubierta por los Estados Táchira, Trujillo, Mérida, Zulia, Lara, Falcón, 
Carabobo, Yaracuy, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Nueva Esparta y Delta del 
Orinoco. Se hacía excepción de las siguientes porciones territoriales: la penín¬ 
sula de Paria, el municipio Pedernales e islas adyacentes del territorio Delta 
Amacuro y el distrito Benítez, del Estado Sucre. Bajo las más liberales condi¬ 
ciones para el concesionario fue suscrito ese contrato. Se fijaban como impues¬ 
tos un bolívar por hectárea de terreno ocupado, 5% de royalty, o regalía, 
sobre el producto explotado y 50% de los derechos de importación pagados 
para entonces por el «kerosene», en cuanto a los productos refinados. Se fijaba 
en 30 años el plazo de duración del contrato y se comprometía el concesiona¬ 
rio a hacer un depósito en el Banco de Venezuela de 120 mil bolívares en bo¬ 
nos de la deuda pública nacional, como garantía de los precarios compromisos 
por aquél adquiridos. Esta primera compañía buscadora de «petróleos ligeros» 
no tuvo éxito. En el curso de los cuatro años subsiguientes a su establecimien¬ 
to en Venezuela denunció varios yacimientos en los Estados en donde opera¬ 
ba. Pero no llegó a perforar ningún pozo, y el Ministerio de Fomento declaró 
fenecido el contrato, por incumplimiento de la compañía concesionaria. 

Mientras tanto, y en el curso de la primera década del 900, otorgó el Eje¬ 
cutivo numerosas concesiones a particulares ligados íntimamente al régimen 


para la historia de su gobierno (Caracas, 1925); J. Freddy Rippy y Clayde E. Hewitt: Ci¬ 
priano Castro, el hombre sin patria ílhe American Historical Revieiv, vol. Lv, núm. 1, 
octubre de 1949); Enrique Bernardo Núñez: El hombre de la levita gris (Caracas, 1943); ge¬ 
neral Antonio Paredes: Cómo llegó Cipriano Castro al poder (Caracas, 1953), y Mariano 
Picón-Salas: Los días de Cipriano Castro (Caracas, 1953). El último de los libros citados ha 
alcanzado rápido éxito, por sus méritos intrínsecos y por otros factores circunstanciales. Pero 
aun un historiador tan perspicaz e informado como Picón-Salas se dejó seducir por los des¬ 
plantes verbales de Castro. Exalta su «nacionalismo», al propio tiempo que lo exhibe en su 
exacta dimensión de gobernante cruel y rapaz. Ramón J. Velásquez, agudo cronista del proce¬ 
so histórico contemporáneo de Venezuela, incurre, en mi concepto, en error similar, en algún 
párrafo de su excelente ensayo-prólogo al libro de Antonio Paredes. Enrique Bernardo Núñez, 
en cambio, ahondó más en el tema de la política exterior de «La Restauración». Se documen¬ 
tó en fuentes rigurosas. Rastreó en los propios Archivos Nacionales de los Estados Unidos, 
cantera hasta ahora inédita para los historiadores venezolanos. Y aportó datos concluyentes 
para desmantelar la leyenda de una supuesta intransigencia nacionalista de Castro. 


17 



gobernante. Se trata de contratos que perviven en nuestros días. Todos corres¬ 
ponden al año de 1907. El 28 de febrero de ese año, Andrés Jorge Vigas con¬ 
trató la explotación de los yacimientos de petróleo en el distrito Colón, del 
estado Zulia. El 28 de febrero lo hizo Antonio Aranguren —el mismo perso¬ 
naje que estuvo en prisión durante los años 1950-53, por presunta complici¬ 
dad en el asesinato de Delgado Chalbaud— con los de los distritos Maracaibo 
y Bolívar, del mismo Estado. Los distritos Zamora y Acosta, del estado Fal- 
cón, y Silva, del estado Lara, fueron «concedidos» a Francisco Jiménez Arráiz, 
el 3 de julio. Y el 22 de julio siguiente, los del distrito Buchivacoa del estado 
Falcón fueron otorgados a Bernabé Planas. 

Estas concesiones obtenidas por ciudadanos venezolanos pasaron, años 
después, a manos de empresas extranjeras. En el interregno entre esos otorga¬ 
mientos y su transferencia, una compañía norteamericana ubicaba con ojo 
experto las tierras sobre las cuales iba a descargar un magnífico zarpazo. Se 
trata de la Bermudez Company, filial fundada por la General Asphalt para 
lanzarla a la caza de concesiones. 

La Bermudez Company no ignoraba el ambiente de hostilidad que la 
rodeaba. La opinión pública le era adversa, porque la Administración Castro 
le había dado intensa publicidad a los delictuosos manejos de su hermana 
melliza: la New York and Bermudez Company. Entonces acudió a un expe¬ 
diente para obtener concesiones al margen de incómodas fricciones: utilizó 
como presta-nombre al doctor Rafael Max Valladares. 

Suscribió el doctor Valladares, el 14 de julio de 1910, un contrato con 
el Ejecutivo, por el cual adquirió el derecho a explorar y explotar las mismas 
zonas que en el contrato Tregelles se había reservado el Estado, o sea, las de la 
Península de Paria, el Distrito Benítez del Estado Sucre y el Municipio Pe¬ 
dernales e islas adyacentes del Territorio Delta Amacuro. Los impuestos a pa¬ 
gar eran los mismos del contrato con Tregelles, pero el plazo de duración de 
la concesión fue aumentado a 47 años. Cuatro días después de suscrito ese 
contrato, el testaferro se lo cedió a la Bermudez Company. 

Dos años después -el 2 de enero de 1912— Valladares suscribía un 
segundo contrato con el Ejecutivo Federal. El concesionario adquirió el dere¬ 
cho de explorar y explotar el subsuelo de los Estados Sucre, Monagas, Anzoá- 
tegui, Nueva Esparta, Trujillo, Mérida, Zulia, Lara, Falcón, Carabobo y 
Yaracuy. El área abarcada por esa monstruosa concesión era de 27 millones de 
hectáreas (alrededor de 68 millones de acres). Las condiciones estipuladas 
fueron: un bolívar por hectárea, como impuesto superficial; un royalty, o re¬ 
galía, de 2 bolívares por tonelada métrica de mineral bruto producido; y 
50% de importación que pagaban los productos refinados. A los dos días de 


18 



suscribirse el contrato, el doctor Valladares lo cedió a otra filial de la Ge¬ 
neral Asphalt, camuflada detrás de un rótulo de estreno: The Caribbean 
Petroleum Company. 

La concesión Valladares, caminando sobre los rieles bien aceitados del 
cohecho y la corrupción, fue otorgada con celeridad de guerra-relámpago: 
diez días bastaron para que la solicitud deviniera contrato. De nada valieron 
las objeciones que formuló el director de Minas, J. M. Espíndola, y el doctor 
Leopoldo Baptista, quien formaba parte del llamado Consejo Federal de Go¬ 
bierno. La previsión de este último de que sería cedida a una empresa extranjera 
se cumplió religiosamente, como ya se ha visto 3- . 

Esta concesión fue otorgada violándose expresas disposiciones legales. 
Bajo las normas de la Ley de Minas de 1910, vigentes para ese momento, la 
extensión máxima de lotes otorgables en exploración era de 800 hectáreas, y 
aquélla abarcaba 27 millones, dentro del perímetro de doce Estados de la Re¬ 
pública. Tierras de la nación y de particulares, baldíos y ejidos, todo lo explo¬ 
table en el área de los doce Estados fue concedido en esa oportunidad, por 
acto ejecutivo que supera a cuanto pudo ocurrírsele a la imaginación más 
disparatada y antivenezolana. 

El otorgamiento de esa concesión, que constituye uno de los más escan¬ 
dalosos atracos de la industria petrolera internacional, levantó una encrespada 
ola de protestas. Y no precisamente de parte de los venezolanos, en esos mo¬ 
mentos ignorantes de la riqueza que se malbarataba y ya bajo el puño de la que 
llegaría a ser la más implacable dictadura sufrida hasta entonces por el país, si¬ 
no de los competidores extranjeros de los beneficiarios, también extranjeros, 
del fabuloso negocio. 

Abrió la marcha en el desfile de los impugnadores un ciudadano inglés, 
Erconswald Wolstan Hodge. El 16 de febrero de 1917 dirigió una comunica¬ 
ción al Ministerio de Fomento, demandando la nulidad de las concesiones 
traspasadas por Valladares a The Bermudez Company y a The Caribbean Petro¬ 
leum Company. En el pedimento se afirmaba que esos contratos «eran incons¬ 
titucionales y antijurídicos» y se pedía, modestamente, la transferencia de una 
parte de ellos al celoso reivindicador del ordenamiento legal violado. El despacho 
ejecutivo interpelado consideró «improcedente la denuncia». 

Apuntó más alto, años después, un ciudadano estadounidense, Harry W. 
Schumacher. Éste denunció ante la Corte Federal y de Casación la nulidad del 
contrato. El juicio se desenvolvió morosamente y sólo en 1932, cuatro años des¬ 
pués de iniciado, en violación de expresas normas legales, se pronunció la Alta 

3 Memoria del Ministerio de Fomento al Congreso Nacional de Venezuela, 1941, p. xv. 


19 



Corte. Su sentencia eludió decidir sobre el fondo del alegato y se limitó a negar¬ 
le «cualidad e interés al actor». Pero el juicio sirvió para que las más reputadas 
autoridades del foro venezolano por aquellos días (los doctores Juan José Abreu, 
Juan José Mendoza, José Ramón Ayala, Celestino Farrera y otros) suscribieran 
dictámenes afirmando que esos contratos eran «jurídicamente inexistentes». 

No termina aquí esa versión venezolana del escándalo norteamericano 
de Teapot Dome, que cubrió de desprestigio la administración'Harding. 
El contrato Valladares, mediante una liberal distribución de cheques entre 
funcionarios venales, fue objeto en 1922 de una renovación por anticipado 
del plazo de su vigencia. Se extendió ese plazo de duración hasta 1943 4 . 

Y es interesante demorar la atención sobre las tristemente famosas 
Concesiones Valladares, como se ha hecho, porque en el desarrollo de poste¬ 
riores etapas de la industria petrolera en Venezuela van a aflorar de nuevo. 
Con ellas nos toparemos, más de una vez, en el curso de este trabajo. 

y 

LOS INGLESES TOMARON LA DELANTERA 

Este extraordinario filón constituido por las concesiones a que se viene hacien¬ 
do referencia -que al cabo de pocos años rindieron torrentes de petróleo y astro¬ 
nómicas cifras de millones de libras esterlinas y de dólares a sus usufructuarios- 
cayó primitivamente en manos norteamericanas. Duró en ellas poco tiem¬ 
po. El capitalismo estadounidense, tomado en su conjunto, no tenía aún una 
nítida concepción del porvenir del petróleo. Su excedente de capitales no lo des¬ 
plazaba, en la proporción en que lo haría después de salir triunfante de la Prime¬ 
ra Guerra Mundial, hacia los mercados y zonas productoras de materias primas 
de América Latina. En Venezuela, como en otros países de la América nuestra, 
los agentes de la Royal-Dutch Shell se apresuraron a tomar posiciones, antes de 
que hiciera acto de presencia el concurrente norteamericano. 

La gente de sir Henry Deterding «olió» la enorme riqueza de las con¬ 
cesiones detectadas por la Caribbean Petroleum Company. Ésta ya había ex¬ 
plotado, con jugosos rendimientos, el primer pozo «comercial» surgido en 
Venezuela: el de «Mene Grande» (1914). Sus acciones habían subido en valor 
en 200%. En vista de ello, se apresuró la Royal-Dutch a hacer suya la vasta y 
rica concesión. Adquirió la Caribbean, pagando a sus primitivos organizado- 


4 Harry Schumacher, asesorado por el abogado doctor Juan José Mendoza, hizo un alegato con¬ 
tundente ante la Alta Corte, para demostrar la ilegalidad de la prórroga por anticipado de ese 
contrato. «Las concesiones mineras -argumentaba- no pueden ser renovadas antes de vencer¬ 
se el plazo de explotación, prescribe el artículo 211 de la Ley de Minas de 1910. En efecto, los 
tres meses que fija en el parágrafo 19 de dicho artículo para solicitar la renovación son los del 
cuarto trimestre del último año». 


20 



res un millón 500 mil dólares en el momento de formalizar la operación; y 
asegurándoles una participación, o royalty de 8%, entregable en especie, so¬ 
bre la producción bruta de los pozos en actividad y de los que se perforasen 
en el porvenir. 

Inglaterra se dispuso a usufructuar la nueva fuente del codiciado com¬ 
bustible que le había nacido al mundo. Mas, cautelosa por experta, esperó a 
que estuviera barrida la ruta de estorbos legales. Y así fue como el Procurador 
General de la Nación introdujo el 19 de junio de 1912 un escrito ante la Cor¬ 
te Federal y de Casación. Señalaba la colisión existente entre los artículos 8 y 
10, 40 y 42 del Código de Minas vigente; y la garantía 2 a del artículo 20 de 
la Constitución Nacional y los artículos 462 y 467 del Código Civil. La Alta 
Corte no demoró su fallo. Sentenció ocho días después de introducido el es¬ 
crito, declarando inconstitucionales los artículos 40 y 42 del Código de Mi¬ 
nas, los cuales acordaban 33l/8 % del producto líquido de las explotaciones 
del subsuelo al poseedor superficiario. Los felices beneficiarios de la riqueza 
minera en un país en estado de indefensión no negociaron, a partir de esa sen¬ 
tencia, sino con un socio complaciente: la dique dictatorial gobernante. Deja¬ 
ron de estar obligados a compartir el producto de los pozos con los dueños de 
terrenos particulares, con los ocupantes de baldíos nacionales o con los arren¬ 
datarios de ejidos municipales, que a todas esas personas naturales o jurídicas 
favorecían los artículos suprimidos de un plumazo. Y si bien es cierto que a la 
larga la conveniencia nacional ha coincidido con el dictamen de la Alta Corte 
del 27 de junio de 1912, porque en definitiva es la nación quien debe benefi¬ 
ciarse del petróleo y no individuos o corporaciones aisladas, no lo es menos 
que sutiles influencias debieron ejercerse para el logro por los precursores en la 
caza de las concesiones de un definido objetivo: entenderse con un solo amo, 
entreguista y venal. 

Ya franco el camino, por él se lanzó vorazmente, la caravana de los su¬ 
bastadores del subsuelo venezolano. La Royal-Dutch Shell organizó en 1913, 
otra filial suya, con un capital declarado de un millón de libras esterlinas. Es¬ 
ta nueva subsidiaria de los intereses anglo-holandeses fue bautizada con el 
nombre de Venezuela Oil Concessions, Ltd. Su primera operación en grande 
en Venezuela fue la adquisición, de manos de la Bolívar Concessions Ltd., del 
derecho de explorar y explotar las concesiones petrolíferas de los Distritos Bo¬ 
lívar y Maracaibo, en el Estado Zulia. El contrato adquirido por esta compañía 
estaba redactado en los términos más «liberales» para el concesionario: plazo de 
duración de 50 años, a contar de 1907, y con opción de renovación de ese pla¬ 
zo de la mitad de un siglo. Los impuestos eran apenas un bolívar por hectárea, 
como impuesto superficial; y un royalty, o participación, de 2 bolívares por 


21 



tonelada métrica de aceite producido. La concesión abarcaba más de 3 mil mi¬ 
llas cuadradas y de tierras tan productivas que durante décadas la Venezuela Oil 
Concessions, Ltd. ocupó el más alto porcentaje individual de productividad 5 . 

En el mismo año 13, la Royal-Dutch organizó en Londres una filial más: 
la Colon Development Co. Ésta adquirió de Andrés Jorge Vigas una extensa 
concesión, que abarcaba 840.000 hectáreas, aproximadamente. Esa concesión 
está ubicada en el suroeste del Lago de Maracaibo, en zonas limítrofes entre Ve¬ 
nezuela y Colombia, cubriendo la totalidad del Distrito Colón, del Estado Zu- 
lia. La Colon Development Ltd. controló, desde el comienzo de sus actividades 
en Venezuela, 75% de la llamada «Concesión Vigas», y 25% el Carib Syndicate, 
compañía del conocido banquero John Pierpont Morgan, organizada en 1915 
en el Estado de Nueva York. Cuando la Colon Oil Corporation (otra criatura 
de la Royal-Dutch Shell) adquirió las acciones de la Colon Development Co., 
el Carib Syndicate recibió 550 mil acciones de la nueva Compañía. 

Mientras poderosos intereses extranjeros afirmaban sólidamente su 
predominio sobre la principal fuente de riqueza venezolana, en la vida políti¬ 
ca de la nación se realizaban acontecimientos que iban a determinar su rumbo 
por muchos años. 

Se acercaba el año 14, en el cual debían realizarse elecciones. Hasta ese 
momento, Juan Vicente Gómez no había eliminado radicalmente las disi¬ 
dencias frente a sus designios autocráticos. El futuro déspota no había con¬ 
solidado aún su posición y en torno suyo maniobraban generales y políticos 
de encontradas ambiciones. La inminencia del proceso electoral previsto en 
la Constitución decidió a Gómez y a su dique a lanzarse de una vez a la 
usurpación del poder. 

La Constitución vigente para ese momento, promulgada en 1909, prohi¬ 
bía la reelección del Presidente. Existía un Consejo Federal de Gobierno, inte¬ 
grado por doctores y caudillos de las guerras civiles con clientela política propia, 
que se manifestaba dispuesto a hacer cumplir la cláusula antirreeleccionista. 
A eso se agregó que Rafael Arévalo González, un periodista de convicciones 
cívicas, editorializó en su diario El Pregonero, lanzando la candidatura a 
la Presidencia de un hombre de leyes: el abogado Félix Montes. 

Gómez y sus áulicos pusieron en ejecución un plan rápido y expediti¬ 
vo, en todos los frentes. Mediante un lío de circunstancia -el del llamado 


5 Estos como algunos otros datos utilizados en este capítulo, son tomados del libro Who’s who in 
Venezuela, de C. C. MacDermond, 2 a edición, Maracaibo, Venezuela, 1932. Es una obra dedi¬ 
cada a Juan Vicente Gómez y cuya primera página la «ilustra» un retrato del dictador. Ello basta 
para hacer insospechable ese trabajo de falseamiento de los hechos en favor de tesis venezolanas. 


22 



Protocolo Francés- disolvieron al Consejo Federal de Gobierno y sus inte¬ 
grantes fueron obligados a tomar el camino del destierro. Se escenificó una 
farsa de presunta amenaza de invasión armada desde el exterior por los opo¬ 
sitores del régimen, y Gómez, luego de declarar «alterado el orden público», 
se puso en campaña contra un enemigo imaginario. El periodista Arévalo 
González fue a la cárcel, en la cual permanecería por espacio de tres lustros, 
con grilletes de cien libras en los pies. El doctor Félix Montes salió para un 
exilio que duraría 22 años. Fueron silenciadas radicalmente las más tímidas 
manifestaciones de la opinión pública y cayó sobre Venezuela una lápida de 
salvaje opresión, que duraría hasta 1935. 

Complemento y remate de la conspiración contra el país fraguada por 
Gómez y sus áulicos fue la reunión en Caracas, en esos mismos días de 1914 en 
que se disparaban los cañonazos iniciales de la Primera Guerra Mundial, de 
un llamado Congreso de Plenipotenciarios. Fue una Asamblea Constituyente muy 
peculiar, con todos sus miembros escogidos por una versión tropical del Gran 
Elector de Sajonia: Gómez. Este resultó elegido jefe del Ejército y el doctor Vic¬ 
torino Márquez Bustillos, hombre de su clan, Presidente Provisional, luego de 
sufrir la Constitución la correspondiente reforma. Dos años después otro Con¬ 
greso -también designado «de dedo» por Gómez, quien acostumbraba realizar 
esas elecciones repasando las listas de sus amigos incondicionales y sin to¬ 
marse el trabajo de solicitar la presencia de nadie en las urnas- le dio visos de 
juridicidad a la usurpación del poder. Gómez resultó electo Presidente Cons¬ 
titucional para el período 1915-22. Y durante largos años fue mantenida una 
extraña, aun cuando simulada, dualidad de poder. El real lo ejercía Gómez des¬ 
de su ciudadela militar de Maracay, ostentando el prolijo título de Presidente 
electo y Comandante en Jefe del Ejército; y en el Palacio de los Jefes de Estado 
de Venezuela, el de Miradores, para recibir credenciales de diplomáticos y cum¬ 
plir el engorroso trámite de las firmas de los decretos ejecutivos, despachaba un 
hombrecito bigotudo, letrado y dócil: el doctor Márquez Bustillos. 

Este proceso de incubación de uno de los despotismos más primitivos 
que haya sufrido pueblo alguno de Hispanoamérica no paralizó la zarabanda de 
las concesiones. Los británicos, entonces operando sin competidor a la vista, 
habían aprendido en el Medio Oriente cómo los jeques de Arabia y los shahs 
de Persia eran más dóciles al extranjero que los enriquecía y los amparaba en la 
medida en que eran más implacables con los «nativos» que los combatían. 

Y prueba de ello es que detrás de las empresas privadas de la City se 
lanzó sobre el subsuelo venezolano una hija mimada del gobierno de Su 
Majestad Británica, nutrida con libras esterlinas de origen estatal: la British 
Controlled Oilfield. 


23 



El Almirantazgo británico veía, con ojos complacidos, cómo el trust 
de sir Henry asentaba sus sólidas plantas en tierra venezolana. Pero no se le 
escapaba la utilidad de tomar también, directamente, su parte de ese país su¬ 
bastado a tan bajo precio. La importancia estratégica de Venezuela, por su 
cercanía al Canal de Panamá, no podía pasar inadvertida a los expertos jefes 
de la Armada Británica. Y por eso lanzaron a la British Controlled Oilfield 
-Compañía que directamente controlaba la Corona- a conquistar ella tam¬ 
bién porciones del subsuelo petrolífero venezolano, acaso con la recóndida in¬ 
tención de conjugar la estrategia económica con la militar. «Las concesiones 
de la British Controlled Oilfield son siempre en las costas, o muy próximas al 
mar, lo cual es una considerable ventaja», escribe Pierre l’Espagnol de la Tramery, 
en su libro World stmggle for oil (1923). 

En 1918 fue organizada y registrada en el Dominio del Canadá la filial 
«venezolana» de la British Controlled Oilfield, Ltd., con un ^capital declarado 
de 27,5 millones de dólares. 

La British, apenas instalada en Venezuela, cubrió todo el país con una 
vasta red de filiales suyas. Así como Hollywood tuvo su hombre de las «cien 
caras», esa compañía ocultó su nombre detrás de numerosos antifaces, y se lla¬ 
mó Antonio Díaz Oilfield, Ltd.; Aragua Exploration Company, Ltd.; Bolívar 
Exploration Company, Ltd.; Lara Exploration Company, Ltd.; Pedernales 
Oilfield, Ltd.; Tucupita Oilfield, Ltd.; Central Area Exploration Co. Ltd. 
(20% de las acciones) y American British Co., en la cual se reservó un royalty. 

Sobre el arribo a Venezuela de esa Compañía de «choque» del gobierno 
británico, escribe Ludwell Denny: 

En el período de 1918 a 1920, la British Controlled Oilfield, bajo la direc¬ 
ción del gobierno británico, acaparó en Venezuela tanta tierra como pudo. 
Inclusive una gran extensión, que se conservaba inexplorada, en el este del 
Delta del Orinoco. De más importancia fue su adquisición de la Concesión 
Buchivacoa, que cubría quince mil millas cuadradas. Siendo esencialmente 
una compañía política, sin experiencia como productora, la British Contro¬ 
lled Oilfield ha gastado mucho dinero sin lograr extraerle rendimiento a sus 
extensas zonas. Ha escogido por eso el seguro método de permitirle a la 
Standard probar y desarrollar la parte oriental de su concesión sobre la ba¬ 
se de un 121/2 por ciento, con plazos cautelosos y otras condiciones. El sec¬ 
tor occidental de Buchivacoa fue explotado, lenta e ineficazmente, por la 
British Controlled Oilfield 6 . 


6 Ludwell Denny: Wefight for oil. Editado por Alfred A. Knopf, New York, 1930, p. 113. 


24 



Las concesiones de la British, años después de haber iniciado sus acti¬ 
vidades (1932), cubrían 3 mil millas cuadradas en el Estado Falcón, en las 
proximidades de la costa noroccidental del país; y unas 15 mil millas cuadra¬ 
das en el Delta del Orinoco, en una zona que desde hace varias décadas venía 
siendo ambicionada presa de los directores del Imperio. Se trata del sitio don¬ 
de el Orinoco -una de las mayores arterias fluviales de América- desemboca 
en el océano. Es centro de la hoya amazónica y está ubicado en las vecindades 
de la Guayana británica y de la Antilla inglesa de Trinidad. Su importancia 
estratégica -de estrategia comercial y militar- no necesita ser subrayada. 

En los seis años transcurridos entre 1912 y 1918, el imperialismo bri¬ 
tánico clavó sólidamente sus taladros y se reservó zonas estratégicamente 
utilizables, a lo largo y a lo ancho de Venezuela. 


La Standard llegó tarde a Venezuela 

Ludwell Denny, en su excelente monografía We fight for oil («Peleamos por 
petróleo»), titula así el capítulo dedicado a historiar las luchas entre los trusts 
norteamericanos y británicos por el control del subsuelo venezolano: «La 
Standard llegó tarde a Venezuela». 

En efecto, la concurrente mundial de la Royal-Dutch llegó con retar¬ 
do a nuestras costas. La rival ya estaba instalada desde hacía varios años. Eso 
resulta de primera impresión difícil de comprender, sobre todo en Venezuela 
gobernada entonces por un régimen para cuyo advenimiento había contri¬ 
buido tan eficazmente el Departamento de Estado. 

Varias circunstancias explican la tardía presencia del capital norteameri¬ 
cano en la explotación del petróleo de Venezuela. Antes de la guerra del 14 no 
existía en los Estados Unidos una conciencia nacional en torno a la importan¬ 
cia vital de los combustibles minerales; y aún no había arribado el capitalismo 
norteamericano, en la proporción alcanzada en el transcurso de la primera gran 
contienda mundial, a su etapa típicamente financiera, en la cual predomina la 
exportación de capitales. 

Otros factores adicionales concurrieron para determinar ese fenóme¬ 
no de la precedencia británica en la explotación de las reservas petrolíferas 
venezolanas. 

Los forjadores del moderno imperio mundial del petróleo, John D. 
Rockefeller y sir Henry Deterding, tuvieron inicialmente concepciones di¬ 
ferentes acerca de la estructura de la industria. Rockefeller concentraba su in¬ 
terés en dominar el negocio dentro del ámbito doméstico, explotando el vasto 
mercado estadounidense, y más por el control monopolista de las refinerías, 


25 



de los medios de transporte y de los canales de venta, que por el acaparamien¬ 
to de pozos productores. Deterding afirmaba, por lo contrario, ya para 1920, 
«.. .que la ventaja de no concentrar la producción en un país determinado, sino 
de dispersarla en el mundo entero, de suerte que pueda ser distribuida en condi¬ 
ciones geográficas favorables, ha sido claramente establecida». Es la concepción 
del astuto holandés que se conoce en la historia del petróleo como política de 
la línea recta, teoría de la integración total, horizontal y vertical, de la indus¬ 
tria del petróleo, que ha conducido a la formación contemporánea de mono¬ 
polios tan completos como no existen en ninguna otra rama de la producción. 

La tesis de Deterding, aplicada a través de mares y continentes por la 
Royal-Dutch Shell, coincidía con los propios puntos de vista del gobierno 
británico. Su apoyo diplomático fue dispensado en forma sistemática a los es¬ 
fuerzos, para acaparar petróleo donde lo hubiere, adelantados por Deterding, 
en quien lord Fisher, Primer lord del Almirantazgo, descubría «la audacia de 
Napoleón y la profundidad de Cromwell». En contraste con la posición pri¬ 
vilegiada de su concurrente inglés, la Standard Oil estuvo, en la primera dé¬ 
cada del siglo XX, bajo el fuego cruzado de la crítica pública y de la hostilidad 
oficial, dentro de los Estados Unidos. «Hasta la Primera Guerra Mundial -es¬ 
cribe P.H. Frankel, lúcido expositor del tema petrolero- la Standard Oil no 
tenía nada que esperar del gobierno, personificado para ella en el recaudador 
[de impuestos] y en el Departamento de Justicia, aplicando la Ley Sher- 
man» 7 . En 1911, en virtud de los preceptos de esa legislación anti -trust, la 
Standard había sido condenada, en ruidoso proceso público, a desarticular su 
arquitectura monopolista. En lo formal, cuando menos, esa sentencia fue 
cumplida, y la empresa de Rockefeller tuvo que aguzar el ingenio para seguir 
siendo un monopolio, sin parecerlo. Pero el panorama cambió en el curso de 
la Primera Guerra Mundial. 

Es que rebasó todas las previsiones la importancia adquirida por el pe¬ 
tróleo durante el desarrollo de la contienda entre los Aliados y los Imperios 
Centrales. La guerra motorizada substituyó progresivamente a la de infantería. 
Tanques, aviones, vehículos de transporte, submarinos y buques quemaron, en 
proporción creciente, petróleo crudo, fuel oil, gasolina. Fue tanta la importan¬ 
cia asignada a la búsqueda y distribución de esos combustibles y tan insoslaya¬ 
ble la necesidad para los Estados beligerantes de racionar cuidadosamente su 
consumo, que surgieron Ministros del Petróleo en todos los Gabinetes de la en¬ 
tente. Por último, se formó el «Consejo Inter-aliado del Petróleo», encargado 


7 P. H. Frankel: L’Economie Pétroliére. Librairede Medicis, Paris, 1948, p. 147. 


26 



de controlar la producción y distribución del aceite crudo y de sus derivados 
entre todos los países de la entente. 

Alemania, acorralada por la falta de petróleo (a esa falla culpará Luden- 
dorff, en sus Memorias, la derrota de los Imperios Centrales), acudió a la 
táctica de entorpecerle a los Aliados el aprovisionamiento de combustible re¬ 
querido para movilizar su aparato motorizado de guerra. Sus submarinos per¬ 
siguieron en todos los mares, con tenaz persistencia, a los buques-tanques 
de la entente. Inglaterra sintió los efectos de esa táctica y redujo el porcentaje de 
los buques de su escuadra que quemaban petróleo. Años después de conclui¬ 
da la guerra, el Almirante británico Wilmont Nicholson publicó en el Sun- 
day Express, de Londres (mayo de 1935), un artículo en el cual recordaba 
una situación calificada por él mismo de asombrosa. «Los navios -dice- mo¬ 
vidos por petróleo y reputados por más rápidos eran guardados en los puer¬ 
tos y los barcos que quemaban carbón debían desplazarse con lentitud para 
no adelantarse a los que usaban petróleo, los cuales avanzaban poco a poco a 
fin de economizar combustible». 

La situación de Francia llegó a ser crítica en lo que se refiere al abaste¬ 
cimiento de combustible. Entre los años 14 y 17 las importaciones crecieron 
en forma incesante 8 . Y la premiosa hambre de petróleo que experimentaba 
el Estado Mayor se puso de manifiesto en el patético mensaje, que ha llegado 
a ser clásico, dirigido por el Jefe del gobierno francés, en el año de 1917, al 
Presidente de los Estados Unidos: 

El Premier Clemenceau solicita personalmente del Presidente Wilson que és¬ 
te emplee su autoridad gubernamental para encauzar cien mil toneladas [de 
petróleo] hacia los puertos franceses. Si los Aliados no quieren perder la gue¬ 
rra, es preciso que Francia combatiente, en la hora suprema del gran choque 
germano, posea la esencia, tan necesaria como la sangre misma en las batallas 
del mañana. 

Terminada la guerra en los campos de batalla continuó otra, secreta 
y tan encarnizada como la anterior, librada en los despachos ministeriales y 
sobre la a-rena de las conferencias internacionales: la guerra del petróleo. 


8 Francia, cuando comenzó la Guerra del 14, contaba apenas con 132 aviones de un solo motor, 
con 110 autocamiones y con 30 tractores en su ejército. Un año después, esas cifras se habían 
aumentado a 4.000 aviones y 8.300 autocamiones. Las importaciones de petróleo pasaron de 
466.495 toneladas en 1914 a 598.669 toneladas en 1916. El cuartel general preveía la necesi¬ 
dad de importar 80.000 toneladas mensuales durante el año 1917 (Le régimen dupétrole en 
Frunce, por Gregory Thomas, editado por Recueil Sirey, París, 1934, p. 44). 


27 



Las Conferencias de Ginebra y La Haya fueron escenario de una pugna enco¬ 
nada, detrás de bastidores, entre la Standard Oil y la Royal-Dutch, a tal extre¬ 
mo que Louis Fisher, en su libro Oil Imperialism, llega a decir, refiriéndose a 
las incidencias de ese evento: «Hoy los diplomáticos no son sino instrumentos 
de las gigantescas organizaciones petroleras». Y las disputas entre los triunfado¬ 
res por las fuentes de petróleo ganadas como botín de guerra amenazaron con 
culminar en violenta ruptura entre quienes días antes estaban combatiendo al 
boche desde una misma trinchera. El reparto del subsuelo de Mossul entre 
Francia e Inglaterra, a espaldas de los Estados Unidos, provocó una tirante si¬ 
tuación entre el Departamento de Estado y la Cancillería inglesa. El Pacto de 
San Remo vino a poner fin a la agria disidencia. 

Alrededor de Moscú se tejían las redes de las proposiciones halagüeñas, 
para explotar los yacimientos nacionalizados de Bakú. Proposiciones coinci¬ 
dentes con el apoyo prestado a los ejércitos zaristas para que adelantaran 
la guerra civil y con la amenaza de una intervención armada de las potencias 
europeas, para rescatar el petróleo «robado a sus legítimos propietarios». 

Era que la contienda del 14 al 18 había enseñado a las naciones triun¬ 
fadoras en ella-como observa Barcia Trelles en su obra El imperialismo del 
petróleo y la paz mundial- que la fórmula bismarckiana: las guerras se ga¬ 
nan con hierro y sangre, debía substituirse con otra más actual: las guerras se 
ganan con petróleo y sangre. 

Al propio tiempo comprobaban algunas de esas potencias -los Esta¬ 
dos Unidos entre ellas- cómo la explotación intensiva, y por imperativos de 
guerra, de los pozos situados dentro de su propio territorio, había hecho 
disminuir sus reservas. 

Aleccionados por la experiencia de la guerra recién concluida; imbuidos 
de la verdad que encerraba la poética frase de lord Curzon acerca de esa victo¬ 
ria que les llegó a los Aliados «volando sobre olas de petróleo» y conscientes de 
que habían salido de la contienda con rol de gran potencia, los Estados Unidos 
se lanzaron, a la desesperada, a la búsqueda de fuentes nuevas de aceite mine¬ 
ral. Era que había hecho conciencia entre sus hombres de gobierno una tesis 
que años después, al inaugurar las actividades del Federal Oil Conservation 
Board, expondría el Presidente Harding con estas crudas palabras: «Es lo pre¬ 
sumible que llegará el día en que la hegemonía mundial pertenezca a la nación 
que posea petróleo y sus derivados». 

El 28 de abril de 1920, el Senado tomó la resolución de autorizar a la 
Secretaría de Marina para constituir reservas de petróleo dentro del territorio 
de la Unión. Seis días después de esa decisión senatorial el Servicio Geológico del 
Gobierno Federal hacía público un informe muy franco, en el cual apuntaba 


28 



el riesgo de que se agotasen pronto las reservas acumuladas en el subsuelo nacio¬ 
nal. Y señalaba, en tono admonitivo, el camino a seguir, en el párrafo final de ese 
documento: «En lugar de explotar nuestras reservas tan rápidamente debemos, 
pues, obtener más petróleo en los países extranjeros o reducir nuestro consumo. 
Nuestros hijos harán seguramente las dos cosas». Irónicamente ha comentado 
alguien que los «padres» adoptaron el primer medio. 

Los Estados Unidos, ante la amenaza de agotamiento de las reservas 
nacionales, emplearon afondo sus poderosos recursos para obtener petróleo 
donde lo hubiera. Diplomacia y aceite comenzaron a mezclarse. Vínculos 
subterráneos, estratificados al correr de los años, conectaron a partir de en¬ 
tonces al Departamento de Estado con la Standard Oil y las otras grandes 
compañías norteamericanas de petróleo. Este proceso lo subraya, con cierto 
dejo irónico, el escritor P. H. Frankel: 

La actividad de las firmas americanas en el extranjero -escribe- ha podido no 
interesarle a Washington mientras se limitó a la búsqueda de mercados. Pero a 
partir de 1920, cuando el espectro de una penuria de petróleo había ya mostra¬ 
do a los Estados Unidos su perfil inquietante, se estableció una forma de coope¬ 
ración muy verosímil entre los intereses petroleros y el Departamento de 
Estado. Creer que no haya sucedido así sería subestimar la inteligencia y respon¬ 
sabilidades de ambas partes. Las protestas en sentido contrario sólo prueban que 
los norteamericanos han adoptado ahora la actitud clásica de los británicos, 
quienes pretenden haber conquistado un Imperio (...) por inadvertencia 9 . 

Y ninguna zona más propicia a los Estados Unidos para la formación 
de un imperio petrolífero domo la del Caribe. Estaba en las vecindades geo¬ 
gráficas de la «metrópoli», con fáciles rutas de acceso hacia los mercados de 
consumo y con las regiones potencialmente productivas ubicadas en las cer¬ 
canías de las costas. Había, además, mano de obra barata. 

México ha debido ser la lógica meta inmediata. En los inicios de la cru¬ 
zada petrolífera estadounidense, ya aquel país era productor importante de 
aceite mineral, y Venezuela no. Hacia el año de 1921, los pozos venezolanos 
arrojaban por sus bocas, anualmente, apenas un millón de barriles de crudo, y 
los mexicanos 193 millones. Pero vientos de fronda sacudían al altiplano azteca. 
Ya no gobernaba Porfirio Díaz, con su patriarcalismo imperioso y su plegadiza 
sumisión al extranjero, sino que la Revolución estaba en su momento de plea¬ 
mar. En Querétaro, los constituyentes habían incorporado a la Constitución el 


9 P. H. Frankel: L’Economie Pétroliére, ob. cit., p. 144. 


29 



artículo 27, nacionalizando el subsuelo. Arisca hostilidad manifestaban va¬ 
rios letrados y generales insurgentes hacia la inversión incontrolada de nuevos 
capitales extranjeros. 

En contraste con ese panorama, el de Venezuela no podía ser más fa¬ 
vorable para la conquista fácil. El régimen gomecista era cada vez más im¬ 
placable, pero con los criollos. Su capacidad sin fronteras para oprimir 
y exaccionar al venezolano se transformaba en sumisión y obsecuencia con 
el extranjero poderoso. 

En los mismos días en que el presidente Wilson enunciaba sus catorce 
puntos, con acompañamiento de encendidas loas a la democracia universal, y 
su secretario de Estado Lansing entonaba un responso por las tiranías europeas, 
el despotismo venezolano lograba coger los hilos de un complot cívico-militar 
para derribarlo. Las cárceles se llenaron de secuestrados políticos, con las me¬ 
dievales barras de cien libras ajustadas a los tobillos. El propio hijo del dictador, 
José Vicente Gómez, dirigía, en un edificio nombrado «Villa Zoila» las torturas 
físicas a los militares y civiles apresados: colgaduras por los pies y los órganos ge¬ 
nitales; cintillos (el «tortol») apretados con torniquete en torno de la cabeza, 
hasta casi hacer saltar los ojos. Docenas de hombres fueron envenenados, con 
arsénico, detrás de los espesos muros de La Rotunda, mazmorra colonial. 

Pero Venezuela no sólo era tiranía, terror y sangre. Era fundamental¬ 
mente petróleo, mucho petróleo. Y hacia Venezuela volcaron sus capitales y 
sus apetencias, codiciosamente, los hombres de Wall Street. 

En términos muy claros les había hecho la invitación al vals el delega¬ 
do enviado por Gómez a la Conferencia Panamericana de Finanzas, reunida 
en Washington el 24 de mayo de 1915. Con transparente e inconfundible 
acento colonial habló ese delegado, Pedro M. Rincones, en una de las sesiones 
de la Conferencia: 

Este es el tiempo -dijo- en que el capital norteamericano debe aprovechar la gran 
oportunidad que se le presenta para el desarrollo industrial de los países latinoa¬ 
mericanos. Los últimos 15 años han presenciado una actividad inusitada por par¬ 
te de los norteamericanos para entrar en los campos suramericanos del comercio 
y de la industria. El problema principal que se ha presentado a las personas inte¬ 
resadas en dicha campaña ha sido: ¿Cómo podremos manejar los mercados sura¬ 
mericanos que por tanto tiempo han estado en manos de los competidores 
europeos? ¿Cuál es el plan que puede adoptarse para obtener el buen éxito allí? 10 


10 Memoria presentada porta delegación venezolana. Actas del Primer Congreso Financiero 
Panamericano de 1915, p. 670. 


30 



Terminada la guerra, los rectores de los grandes consorcios norteamerica¬ 
nos del petróleo recordaron la invitación. Y no se la hicieron repetir. Se lanza¬ 
ron, con la avidez de quien había llegado retrasado al festín, a la adquisición de 
concesiones. Gómez, por su parte, ganó un motivo más para la admiración 
de los cínicos y de los papanatas. ¡Era genial! Genialidad que consistía en imitar 
la política de Porfirio Díaz, en México, prorrateando, sin control estatal vigilan¬ 
te, la principal riqueza natural del país entre magnates extranjeros protegidos 
por diversas banderas. «Como Díaz —escribe Ludwell Denny—, Gómez en¬ 
contró un expediente para balancear el poder monopolístico de un grupo 
extranjero, mediante concesiones a un segundo grupo, en este caso nortea¬ 
mericano» ( American ConquersBritain, p. 259). 

La agresiva incorporación del capital norteamericano a la industria pe¬ 
trolera de Venezuela, fue pintada en rápidos y gráficos brochazos por la revista 
Fortune (abril de 1949): 

La producción comercial venezolana no era más que un hilo hasta mediados 
del período del 1920 a 30, cuando las compañías americanas, que habían 
apostado todo en México, empezaron a buscar mejores fuentes al sur de la 
frontera mexicana. Alentadas por las concesiones liberales de Venezuela y des¬ 
corazonadas por la merma en la producción y por el creciente movimiento de 
expropiación en México, unas 35 compañías norteamericanas entraron con 
bastante dinero en el juego del petróleo venezolano. 

Lo cierto es que^después de ser adaptada la legislación del país a los 
propios fines de los inversionistas —como más adelante se leerá-, abrió la mar¬ 
cha la Standard Oil, a tambor batiente y banderas desplegadas. Volcó sobre 
Venezuela sus millones de dólares, unos cuantos expertos en intrigas de pala¬ 
cio y varias docenas de geólogos. En el curso de escasos años, en sus manos es¬ 
taban concentradas excelentes tierras petrolíferas, trabajadas a través de varias 
compañías operantes: Lago Petroleum Corporation, Creóle Petroleum 
Corporation, Vacuum Oil Company, Standard Oil of Venezuela, Richmond 
Petroleum Company y otras. 

La Lago Petroleum Corporation, la Creóle Petroleum Corporation y 
la Standard Oil of Venezuela, fueron las filiales más favorecidas en el reparto 
de concesiones. 

La Lago fue organizada en 1932. Diez años después controlaba más de 
3,5 millones de acres (alrededor de 1,4 millones de hectáreas) en los Estados 
Monagas, Sucre, Zulia. Entre sus mejores concesiones obtuvo la que abarca la 
totalidad del lecho del Lago de Maracaibo —rico «criadero» de petróleo—, con 


31 



la sola excepción de la llamada «concesión marítima», consistente en una faja de 
un kilómetro de ancho que bordea la costa del Lago. 

La Creóle Petroleum Corporation (que en la actualidad centraliza to¬ 
das las actividades de la Standard Oil en Venezuela) fue organizada en 1920. 
Inicialmente explotó la «Concesión marítima» a que se hizo referencia. Ya pa¬ 
ra 1932, la Creóle había evolucionado hacia la modalidad del holding com¬ 
pany (compañía tenedora de acciones), poseyendo 100% de las acciones de 
la Standard Oil of Venezuela, 31 % de las acciones de la Río Palma Land & 
Timber Co., y 70,65% de las acciones de la Mérida Oil Co. De acuerdo con 
los arreglos internos realizados por el trust de Rockefeller, la Creóle llegó a 
controlar 6,5 millones de acres (alrededor de 2,6 millones de hectáreas) de te¬ 
rritorio, extensión reducida progresivamente al ser devueltas a la nación las 
tierras que se habían demostrado improductivas. 

El toque final en la forma de organización actual de la Creóle lleva la fecha de 
1932, cuando la Standard of New Jersey, en lo que ha resultado ser la ganga 
del siglo, compró todas las propiedades extranjeras de la Standard of Indiana por 
135 millones. Estas incluían a la Lago Petroleum, que en ese tiempo produ¬ 
cía unos 100.000 barriles diarios, y la Lago Oil Transpon Company, que 
operaba una gran refinería en Aruba. Se puede decir que la producción de la 
Lago en los campos de Maracaibo ha pagado hace tiempo la inversión total 
(«Creóle Petroleum: business embassy», Fortune Magazine, vol. 39, núm. 
2, febrero de 1949). 

En 1943 la Creóle fue transformada, después de liquidarse a la Lago y a 
la Standard Oil of Venezuela, de holding company en compañía operadora. 
Desde entonces mantiene la supremacía como primera empresa productora 
individual del mundo, con cerca de un millón de barriles diarios. Su capital es 
la sexta parte de los 3 mil millones de dólares del capital total de la Standard 
Oil of New Jersey, pero le aporta anualmente la mitad de sus ganancias. Sus 
reservas comprobadas se acercaban a los 5 mil millones de barriles. En 1949, 
la Standard preveía que sus reinversiones en Venezuela, para expandir las ac¬ 
tividades de la filial bienamada, llegarían a los 1.200 millones de dólares para 
1953. Y agrega Fortune: 

Esta generosidad de la Jersey destaca la importancia no sólo de la Creóle, sino 
del petróleo venezolano en la satisfacción de la creciente demanda mundial y 
en los planes estratégicos de defensa del Hemisferio Occidental (...) No hay 
duda de que la Standard Oil of New Jersey podría existir sin la Creóle, pero 


32 



no existiría con su actual nivel de ganancias ni como el imperio mundial in¬ 
tegrado de producción, refinación y venta, que es hoy. 

La Standard Oil of Venezuela centró sus actividades en el oriente de la 
República. 

Si en los Estados petrolíferos del occidente venezolano -Zulia y Fal- 
cón- el inicial predominio británico pervivió durante algunos años, en cam¬ 
bio el capital norteamericano, en especial el invertido por la Standard Oil, 
dominó en las zonas orientales, sin casi dejarle sitio al concurrente inglés. 

La explotación del subsuelo del Estado Monagas se hizo activa a partir 
de 1928. En ese año comenzaron a explotarse, con gran rendimiento, los dos 
primeros pozos «Caripito». Para el año 36, la Standard Oil of Venezuela con¬ 
trolaba concesiones, ubicadas en su mayoría en las regiones del oriente nacio¬ 
nal, por un total de 3,7 millones de hectáreas 11 . En 1923, los intereses Mellon 
también tomaron posiciones. La Venezuela Gulf Oil Company (hoy Mene 
Grande Oil Company), filial del trust cuyo principal accionista era Andrew 
Mellon, el ex Tesorero del Gobierno de los Estados Unidos durante las Admi¬ 
nistraciones de Harding, Coolidge y Hoover, adquirió de la Maracaibo Oil 
Company y de otros, concesiones muy productivas. En la jerga familiar de los 
gerentes de las compañías petroleras de Venezuela se habla de los tres gran¬ 
des cuando se refieren a los mayores productores. En esa escala de importan¬ 
cias, a la Mene Grande Oil le corresponde el tercer sitio, después de los 
gigantes de la industria: la Standard Oil y la Royal-Dutch. 

El agresivo ímpetu juvenil del capitalismo norteamericano había hecho 
su faena. Llegó tarde pero terminó de puntero. Retrocedía el competidor in¬ 
glés en un maratón desproporcionado corrido entre la reumática libra ester¬ 
lina y el ágil dólar. Las inversiones de este último crecían a saltos: $ 11 
millones en 1924; $ 72 millones en 1923; $ 128 millones en 1926; $ 137 mi¬ 
llones en 1928. Venezuela se había inscrito como el filón más preciado en el 
imperio petrolero del Tío Sam. 

Británicos y norteamericanos venían librando ruda y sorda pelea en tor¬ 
no al petróleo venezolano. Los bufetes de abogados al servicio de la Shell y de 
la Standard eran reductos enemigos y viveros de intrigas políticas y de manio¬ 
bras financieras. En el mercado negro de las influencias pujaban los dólares y 
las libras esterlinas para conquistar apoyo de los validos y parientes de Gómez. 


11 Memoria del Ministerio de Fomento al Congreso Nacional de Venezuela, 1937, 
tomo i, pp. 217-229. 


33 



Y detrás de los inversionistas de la City y de Wall Street, azuzándolos, res¬ 
paldándolos en la empresa de explotar la indefensión de un pueblo y la codicia 
de quienes lo despotizaban, el Foreign Office y el Departamento de Estado. 

Los métodos que utilizaron en esa disputa por el petróleo venezolano 
las Cancillerías de Londres y de Washington, fueron tan poco asépticos como 
los de las propias empresas inversionistas. 

En nota a su Cancillería, fechada en Caracas el 21 de noviembre de 1919, 
el ministro de los Estados Unidos, Preston McGoodwin, se quejaba de que las 
Compañías británicas enviaban a sus empleados yanquis, disfrazados de agen¬ 
tes de compañías norteamericanas, a solicitar ayuda e informaciones de la Lega¬ 
ción de los Estados Unidos en Caracas. «Las tácticas americanas no eran más 
honorables»,comenta Edwin Lieuwen (Petroleum in Venezuela. A History. 
University of California Press, 1954, p. 20). Y recuerda un incidente en apoyo 
de esa opinión. Washington obtuvo la información de que la North Venezuela 
Petroleum Company, beneficiaría de la Concesión Arráiz, estaba controlada por 
la Anglo-Persian. Esta Compañía siempre estuvo bajo el directo control de la 
Corona británica y, por lo tanto, su status era ilegal en Venezuela porque 
la antigua Ley de Minas y la Ley de Petróleos entonces vigentes prohibían ex¬ 
presamente la tenencia de concesiones por gobiernos extranjeros. Entonces el 
Secretario de Estado Adee instruyó al ministro McGoodwin (nota del 23 de 
marzo de 1921) para preguntar al Gobierno de Gómez si las actividades «de la 
Anglo-Persian Oil Company, en relación con las leyes petroleras (de Venezuela), 
habían sido consideradas por las autoridades». McGoodwin (nota al Depar¬ 
tamento de Estado de 14 de junio de 1921) informó a sus superiores que el 
Gobierno de Venezuela estaba en vías de anular las concesiones de la empresa 
británica, dándose por notificado del «consejo» que le venía del Potomac. Los 
ingleses, ni cortos ni perezosos, aflojaron los cordones de la bolsa. La Anglo- 
Persian, y también la British Oilfield, ambas dirigidas y poseídas por el gobier¬ 
no imperial, continuaron sus actividades, en flagrante violación de normas 
escritas en todas las leyes mineras que han regido en Venezuela. 

Pero fue a partir de 1915 cuando las maniobras diplomáticas de nor¬ 
teamericanos y de británicos adquirieron especial relieve. Un incidente en 
torno a la Concesión Vigas, que devino prolongado y complejo proceso, re¬ 
vela cómo las Legaciones de Washington y de Londres en Caracas actuaban 
agresiva y desembozadamente en respaldo de las compañías privadas cubier¬ 
tas por sus respectivas banderas. 

La Concesión Vigas, otorgada por Castro en 1907, había pasado a las 
manos de la Colon Development, una subsidiaria de la Shell. En 1915, fecha 
en que expiraba el plazo legal de exploración, la compañía debía devolver al 


34 



Estado las extensiones aún no seleccionadas. No obstante tener escogidos para esa 
fecha sólo tres lotes, la Colon argumentaba que era legítima su aspiración 
a mantener bajo control, durante 50 años, la vasta pertenencia que detentaba 
y que cubría toda la extensión territorial del Distrito Colón, Estado Zulia. No 
quería pagar impuestos, por otra parte, sino sobre los lotes que ya había selec¬ 
cionado. Es decir, sólo 1.200 bolívares anuales, en vez de los Bs. 3.800.000 
reclamados por el Ministerio de Fomento. La disputa se mantuvo sin resolu¬ 
ción hasta abril de 1920. En esa fecha, el gobierno reclamó a la subsidiaria 
de la Shell que pagara los Bs. 3.800.000 anuales estimados por Fomento y que 
ese pago tuviera efecto retroactivo a partir de 1915. Además, se hizo del cono¬ 
cimiento de las ansiosas compañías norteamericanas, comidas de envidia por 
el rico filón de los ingleses, que el procedimiento administrativo iniciado iba 
a culminar con la rescisión de la Concesión Vigas. La Colon Development se¬ 
ría despojada, en beneficio de sus concurrentes norteamericanos. Estos se 
apresuraron a hacer ofertas. En notas al Departamento de Estado (enero 5, abril 
5-26 de 1920), el ministro McGoodwin registraba esas propicias perspectivas. 
Sin rubor alguno, y pensar cabe que tampoco lo experimentaban los receptores 
de su correspondencia, informó que una de las compañías norteamericanas ha¬ 
bía ofrecido ya $ 1.350.000 por los derechos de explotación durante un año de 
la Concesión Vigas y suma igual a Gómez como soborno ( bribe ). 

El Gobierno venezolano llevó su disputa con la Colon Development a 
estrados judiciales. El Procurador General de la Nación demandó a la compa¬ 
ñía por ante la Corte Federal y de Casación. Y entonces saltó una sorpresiva 
liebre. La Carib Syndicate, una compañía norteamericana presidida por C.K. 
McFaden, resultó propietaria de una cuarta parte del Stock de acciones de la 
empresa británica. «Vitales intereses americanos están amenazados», gritó 
McFaden en el Departamento de Estado. Sus argumentos no parecieron im¬ 
presionar mucho en esas alturas. El Secretario Adec, en sus comunicaciones a 
McGoodwin (28 de abril de 1920) y al propio McFaden (29 de mayo de 
1920), dejó entender claramente que para proteger intereses minoritarios 
de una compañía estadounidense, no debía prestarse apoyo a los ingleses. El ob¬ 
jetivo era de mayor monta, definitivamente ambicioso: erradicar de una vez por 
todas al competidor de ultramar de la rica área petrolífera venezolana. 

Pareció que esta aspiración norteamericana iba a ser lograda, y con cre¬ 
ces. En sentencia del 12 de junio de 1920, la Corte anuló la Concesión Vigas, 
y dejó en manos de la Colon Development apenas los tres lotes que había de¬ 
nunciado. Esta sentencia tenía implicaciones trascendentales. Porque en situa¬ 
ción idéntica a la anulada Concesión Vigas estaban las otras que integraban la 
próvida cornucopia aceitera en manos de los ingleses: la Concesión Aranguren 


35 



(controlada por la Shell), la Concesión Planas (controlada por la British Oil- 
field) y la Concesión Arráiz (controlada por la North Venezuelan Petroleum). 
Tan claro parecía que el inicial monopolio anglo-holandés iba a ser desmonta¬ 
do, hasta la última pieza, que el ministro McGoodwin pudo informar al De¬ 
partamento de Estado (nota de 11 de junio de 1920) que seis importantes 
compañías norteamericanas estaban listas para distribuirse los despojos del 
vencido. Habían hecho ya sus ofertas y estaban seguros de que las concesio¬ 
nes en trance de revertir a la nación pasarían a manos suyas, antes de que el 
Congreso de marionetas de Gómez iniciase las reuniones de 1920. 

En el discurrir de ese proceso se introdujo un elemento inesperado: 
una «chapucería diplomática» del Gobierno de los Estados Unidos, según la 
califica Lieuwen ( Petroleum in Venezuela, ob. cit., p. 22). El Departamento 
de Estado, que antes había resuelto dejar en la estacada a la Carib Syndicate, 
con el evidente propósito de que se sacrificase una parte para lograr el todo, 
hizo de San Cristóbal, echándose sobre los hombros a la empresa de McFaden. 
¿De McFaden? De John Pierpont Morgan, su principal accionista, magnate 
de tan seguras influencias en los medios gobernantes de Washington. Tal vez 
allí está la clave de la nota del señor Davis, del Departamento de Estado, pa¬ 
ra el ministro McGoodwin (24 de junio de 1920). En ella se instruía al di¬ 
plomático estadounidense en Caracas para que se acercara a Gómez y le 
leyera la cartilla. Debía decirle que «en la disposición de las propiedades cu¬ 
biertas por la Concesión (Vigas) debían ser reconocidos y protegidos todos 
los derechos, equitativamente». 

Gómez aceptó lo que consideraba una orden. La que creyó exigencia 
norteamericana venía, por otra parte, a allanarle dificultades con los ingleses. 
El ministro británico en Caracas había hablado también en lenguaje procon¬ 
sular. No se tiene acceso a fuentes del Foreign Office, que mantiene siempre 
en secreto sus papeles diplomáticos, pero a través de lo que dijo la Legación 
de los Estados Unidos en Caracas a su Cancillería se aprecia el tono de violen¬ 
cia y desprecio con que los ingleses trataron a Gómez en esa oportunidad. J. 
C. White, funcionario de la Legación de los Estados Unidos en Venezuela, en 
nota al Departamento de Estado de 14 de noviembre de 1921, escribió: 

El encargado de negocios británico adoptó una vigorosa actitud en este asun¬ 
to, yendo tan lejos como informar verbalmente al Ministro de Relaciones Ex¬ 
teriores que el Gobierno inglés no reconocería una decisión adversa a la 
compañía [la Shell] por los tribunales venezolanos y que el asunto debía ser 
llevado a conocimiento personal de Gómez, en virtud de cuyas instrucciones 
la sentencia había sido dictada. 


36 



Además de esta acción diplomática abrupta, otras maniobras realizaron los 
hombres de la Shell. Artífice de ellas fue su gerente de entonces en Venezue¬ 
la, W. T. Doyle, un norteamericano que conocía perfectamente los más ínti¬ 
mos mecanismos secretos de la diplomacia del Potomac. Era nada más y 
nada menos, que ex Jefe de la División de Asuntos Latinoamericanos del 
Departamento de Estado. 

Este complejo de factores condujo a una solución del problema creado 
en torno a la Concesión Vigas que dejó estupefactos e indignados a los petro¬ 
leros norteamericanos. El 15 de febrero de 1921 se hizo pública la noticia de 
que el gobierno de Gómez había llegado a un acuerdo extrajudicial con la 
Shell. La sentencia de la Alta Corte, anulando la Concesión Vigas, fue tirada 
a la basura. Arreglos similares se hicieron con respecto a las otras Concesiones 
otorgadas en 1907 y para entonces en manos inglesas. 

El Departamento de Estado se hizo vocero del exasperado estupor 
de las compañías norteamericanas. McGoodwin, en nota a su Cancillería (22 de 
marzo de 1922), se apresuró a salir garante de la sumisión de Gómez a Was¬ 
hington. «No hay duda -escribió— de que el Gobierno de Venezuela ha llega¬ 
do a un acuerdo [con la Shell] en el deseo de proteger la cuarta parte de 
intereses americanos en esa Compañía». 

Esas explicaciones no parecieron convencer a Washington. En el De¬ 
partamento de Estado hubo irritación no disimulada. McGoodwin, a pesar 
de su íntima vinculación con Gómez y de lo útil que había sido a las compa¬ 
ñías norteamericanas en sus pugnas con las británicas, fue destituido. Parece 
que se le imputaba ineptitud para presentar ante Gómez las aspiraciones de su 
gobierno en el caso de la Concesión Vigas. Aspiraciones y frustraciones expre¬ 
sadas con inconfundible lenguaje en un memorándum del señor Murray, de la 
División de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, de fe¬ 
cha 27 de abril de 1924. En él se lee: «Ha sido un negocio particularmente in¬ 
fortunado que esa tremenda concesión británica haya podido prolongar su 
vida a pesar de los esfuerzos de nuestro Ministro, cuando ha sido propósito 
principal del Departamento ver cancelada esa Concesión». 

Esta pugna sin cuartel entre británicos y norteamericanos continuó en 
años posteriores. Hasta que a partir de 1928 se «adecentó» también en Vene¬ 
zuela la concurrencia a dentelladas entre ingleses y sus primos hermanos 
de aquende el Océano. En ese año se había celebrado el famoso «Acuerdo de 
Achnacarry». En el aristocrático castillo de ese nombre, ubicado en Escocia, 
con el deportivo pretexto de la caza del zorro, se habían juntado dos parien¬ 
tes humanos de esa especie zoológica: sir Henry W. A. Deterding, de la Ro- 
yal-Dutch Shell, y Mr. Walter C. Teagle, de la Standard Oil of New Jersey. 


37 



Allí concertaron, en escala mundial, un pacto de paz, el llamado acuerdo ASIS. 
Se comprometieron a que ambos mamuts dejaran de meter patas y hocicos en 
los predios del concurrente. 


Leyes complacientes y concesiones a voleo 

«Las leyes petroleras de Venezuela son las mejores del mundo para las com¬ 
pañías», escribió en 1930 un ministro de Fomento de Gómez, Gumérsindo 
Torres. Lo hizo en un memorándum confidencial a las empresas, suerte de 
«memorial de agravios» que más de una vez será citado. 

El observador menos avisado comprobaría la verdad de esa afirmación 
tan enfática con sólo asomarse al volumen escandaloso de las utilidades per¬ 
cibidas por las empresas y a la mínima participación del Estado, de los traba¬ 
jadores de la industria y del país en su conjunto, en esos beneficios. Pero ello 
será objeto de comentario posterior. Hagamos ahora una incursión rápida en 
el proceso evolutivo de la legislación venezolana sobre hidrocarburos. 

Durante varios años, ya en pleno desarrollo la etapa de exploración del 
subsuelo por las compañías extranjeras, no existió en Venezuela ninguna Ley 
de Petróleo. Las relaciones entre Estado y concesionario se regían por la obso¬ 
leta Ley de Minas de 1910, la cual no contenía disposiciones especiales sobre 
productos hidrocarburados sino normas generales acerca de la explotación del 
subsuelo. En 1918 se produjo una reforma a la Ley de Minas que iba a tener 
limitada aplicación, porque dos años después ya hubo ley que regulaba la 
explotación del petróleo. 

Esa primera ley se dictó en 1920. En el Congreso que la votó —nom¬ 
brado ejecutivamente por Gómez y escogido dentro del círculo de sus con¬ 
militones- fue aprobado sin apenas discusión el proyecto enviado por el 
Ejecutivo. Contenía algunas tímidas providencias nacionalistas, y pudo 
pensarse que había aprendido la dictadura venezolana la lección de la recién 
concluida guerra y se aprestaba a obtener para la nación un margen mayor de 
beneficios. Hubiera sido ingenua la presunción. Se trató de un alerta apenas 
para el inversionista extranjero, los ya instalados y los potenciales. Amagarlos 
con una reticente actitud para que abrieran más liberalmente la escarcela pró¬ 
vida, de la cual Gómez y sus amigos, sus doctores y sus generales, ansiaban 
extraer unos cuantos millones. 

Cuanto precedió y siguió a la precaria vigencia de la Ley de Hidrocarburos 
del año 20 abona esta tesis. 

Antes de su promulgación, algunos de los más jugosos contratos otor¬ 
gados a particulares habían sido traspasados por éstos a compañías extranjeras. 


38 



Los contratos Vigas, Aranguren y Jiménez Arráiz fueron cedidos a varias 
compañías británicas: The Colon Development Company, The Venezuela 
Oil Concession, The North Venezuelan Petroleum Company y The British 
Controlled Oilfield, Ltd. 

Se escenificó en torno a la situación legal de esas empresas, al promul¬ 
garse la primera de las leyes sobre hidrocarburos, una de las comedias judicia¬ 
les típicas de una época en la cual Venezuela era tierra de nadie, nación 
mostrenca para usufructo de compañías extranjeras y de hombres de presa 
nacionales, ávidos de enriquecimiento. 

En el momento de entrar en vigencia esa legislación, las empresas ce- 
sionarias de los contratos referidos sólo habían denunciado 12 yacimientos. 
Estaba vencido el plazo de nuevos señalamientos. No podían aspirar, en con¬ 
secuencia, sino a la explotación de los yacimientos ya denunciados y sobre el 
resto de la inmensa área que abarcaban los primitivos contratos recobraría la 
nación el derecho de otorgar concesiones nuevas, bajo el régimen creado por 
la legislación promulgada. Tal fue la tesis sustentada por el Procurador Gene¬ 
ral de la Nación en demanda judicial presentada en contra de la Colon y de 
la Venezuela Oil Concessions. Pero no hubo litigio, sino enjuague y farsa san¬ 
grientos. Sin esperar el fallo tribunalicio, el diferendo fue zanjado transaccio- 
nalmente. La Venezuela Oil Concessions pagó a la nación, por una sola vez, 
10 millones de bolívares y quién sabe cuántos otros a los jerarcas de la dicta¬ 
dura. Por eso sólo, se les reconoció a las cuatro compañías británicas el dere¬ 
cho de escoger zonas en los numerosos distritos incluidos en sus contratos 
durante un plazo de cinco años, con un añadido de cinco años más para seña¬ 
lar los yacimientos explotables. Pero hay más aún: los contratos de la Vene¬ 
zuela Oil Concessions no se referían a petróleo, sino a asfalto. La transacción 
purgó de su vicio original el contrato y la empresa obtuvo el privilegio de 
explorar y explotar toda clase de minerales combustibles. 

La primogénita de entre las leyes petroleras de Venezuela, nació para 
morir asfixiada en la cuna. Tenía un grave defecto: no era del agrado de las 
compañías extranjeras. Y dos años después fue reformada. 

La legislación del año 22 -calco y copia de la cual fueron las posterio¬ 
res, hasta la de 1936- sí les agradó sobremanera a los trusts. La razón era ob¬ 
via: la habían redactado sus propios abogados con la misma meticulosidad y 
cuidado con que un sastre de Bond Street confeccionaba un chaquet para el 
vestuario de sir Henry Deterding. 

Esto era secreto a voces en Venezuela, un secreto de Polichinela, por¬ 
que bastaba con recorrer el articulado de la ley para apreciar a quién favo¬ 
recía. Pero concretamente lo relató un periodista norteamericano, años 


39 



después, al escribir un reportaje sobre la industria petrolera en Venezuela pa¬ 
ra la muy capitalista revista Fortune, de Nueva York (marzo de 1939). Des¬ 
pués de escuchar confidencias de los gerentes de las empresas operantes en el 
país, Clarence Horn, el periodista a que aludo, las contó indiscretamente. 
«Gómez -escribe Horn-, llamó a los representantes de las Compañías im¬ 
portantes y les dijo: “Ustedes saben de petróleo. Hagan ustedes las leyes. No¬ 
sotros somos novatos en eso”. Los ratones fueron convocados para legislar a 
propósito del queso que se iban a repartir». 

El proceso de substitución de la legislación de petróleos de 1920 por la 
de 1922 lo ha resumido, con objetividad y precisas referencias el profesor 
norteamericano Edwin Lieuwen, en su libro Petroleum in Venezuela. 
A History (University of California, 1934). 

En ese libro se registran los turbios manejos de las compañías petrole¬ 
ras norteamericanas y del ministro de los Estados Unidos en Caracas, Preston 
McGoodwin, para lograr ese cambio de legislación. 

Escribe Lieuwen (p. 26): 

En los comienzos de 1921, después de realizarse una serie de reuniones entre 
las compañías estadounidenses interesadas y el ministro McGoodwin para 
acordarse sobre los cambios que deseaban en la Ley de Petróleo, ejercieron 
una acción combinada para lograrlos. Mientras McGoodwin iba a Maracay a 
presentar el caso al dictador, los representantes de las compañías formulaban 
reclamos a los funcionarios oficiales. Presiones se ejercieron sobre los terrate¬ 
nientes venezolanos que habían adquirido permisos de explotación bajo el 
artículo 28 de la Ley de 1920. Aspiraban a vender esos contratos a las Com¬ 
pañías extranjeras, pero los petroleros los amenazaron con el boicot, notifi¬ 
cándoles que no comprarían sino después de desaparecer de la ley las 
modalidades que objetaban. 

También exigían la salida del Gabinete ejecutivo del doctor Gumersin¬ 
do Torres, al cual se señalaba como partidario de una política de petróleo 
que tutelara mejor los intereses del país. La concertada acción de pinzas, la 
doble presión diplomática y financiera, dio los resultados apetecidos por sus 
promotores. Lieuwen resume en pocas palabras lo que sucedió, confirmato¬ 
rio de lo oído y contado por Clarence Horn. En la página 27 del libro citado 
se lee: «El Ministro Torres fue destituido y representantes de las compañías 
americanas fueron llamados a cooperar en la redacción de una ley más agrada¬ 
ble. Un abogado de las compañías, Rafael Hidalgo Hernández, fue encargado 
por Gómez de redactactarla». 


40 



El mismo Congreso que promulgó esa ley petrolera tnade in USA-GB 
cumplió otro cometido. No se trató ya de legislar sino de elegir. De elegir a 
Gómez por tercera vez Presidente de la República para el período 1922-1929. 
La serpiente se mordía la cola: Gómez los sentaba a ellos, por su sola volun¬ 
tad imperiosa, en los escaños de diputados y senadores; y cada siete años, reu¬ 
nidos en Congreso, ellos a su vez lo sentaban a él en la silla presidencial. Pero 
en este año 22, como revelación de que el nepotismo del clan gobernante ha¬ 
bía llegado a su clímax, no sólo el dictador sino parientes muy cercanos suyos 
fueron designados para los más altos cargos ejecutivos. Primer Vice fue elec¬ 
to su hermano Juan Crisóstomo Gómez y Segundo Vice, un hijo suyo, José 
Vicente Gómez. Tres personas distintas y una sola barbarie. Y si alguien con¬ 
sidera exagerado el concepto, oportuno es recordarle que esa trilogía patibu¬ 
laria se rompió abruptamente cuando uno de sus miembros -el Vice Juan 
Crisóstomo- fue cosido a puñaladas, en su lecho de Miradores, por asesinos 
a sueldo de su propia parentela 12 . 

Las cárceles se mantenían colmadas de presos políticos, sin sentencia 
de jueces ni derecho de defensa. La Universidad había sido clausurada. Las 
colonias de emigrados políticos dispersas por América crecían sin cesar. Sólo 
era consentida la prensa que exaltaba al déspota y a su régimen. Pero la ronda 
de las concesiones de hidrocarburos continuaba. 

Algunos hechos, extraídos de testimonios de los propios actores, reve¬ 
lan cómo se prorrateaban esas concesiones entre parientes y amigos de Gó¬ 
mez, para que éstos las negociaran luego con los representantes del capital 
financiero internacional. 

José Vicente Gómez, andaba por Europa, en el año de 1928. Desde 
París, el 3 de diciembre, le escribía al padre en Venezuela. Un párrafo de esa 
carta ilustra muy bien sobre la forma como se distribuían las concesiones pe¬ 
troleras entre los familiares de Gómez, cual si se tratase de un peculio pri¬ 
vado. «Me valgo de la presente -dice la carta- para exigirle encarecidamente 
dejar por aquí al doctor Pedro M. Reyes, pues como Ud. sabe estoy en las 


12 Gómez llegó a apreciar, en vista de la experiencia hecha, que ese nepotismo exagerado era estí¬ 
mulo para crímenes de Palacio y aun ponía en riesgo su sistema unipersonal de gobierno. Ese 
criterio lo indujo a separar a sus hijos de altos cargos políticos y a hacer suprimir las Vicepre¬ 
sidencias de la República por su Congreso amaestrado. El documento en el cual resumió el 
criterio a que había arribado no lo conocía el país, hasta que en 1955 lo publicó el ex Presiden¬ 
te López Contreras, en un libro suyo (Procesopolítico-social, 1928-1936). El curioso docu¬ 
mento, retrato fiel de un hombre y de una época, dice así: «Maracay, abril 1929. Señores 
Congresantes: Viendo las ingratitudes que se reciben en la política, resuelvo que ninguno de 
mis hijos sean políticos y doy la orden para que se acabe la Inspectoría [del Ejército] y la Escuela 
Militar. A ustedes les toca acabar con las Vicepresidencias. Su amigo, J. V. Gómez». 


41 



negociaciones de petróleo que Ud. me dio con la bondad infinita para este 
hijo...», (. Recopilación de sentencias del Tribunal de Responsabili¬ 
dad Civil y Administrativa. Imprenta Nacional. Caracas, 1946. Tomo II, 
p. 184). Todo un poema de generosidad paternal, de gratitud Filial y de 
bandolerismo gubernamental. 

El 20 de abril de 1926 fue registrado en un juzgado de Caracas un do¬ 
cumento petrolero. Eloy María Pérez cedía y traspasaba a Josefina Revenga 
de Gómez, esposa de José Vicente Gómez, los derechos y acciones que le co¬ 
rrespondían de 5% de royalty de la producción bruta de petróleo, gas o sus 
derivados que se obtuvieran de las concesiones cedidas al señor Charles E. 
Hermann y que éste traspasó a la compañía minera Texas Petroleum Com- 
pany. El precio de la operación registrada fue de siete millones doscientos 
ochenta mil bolívares (Bs. 7.280.000,00). El señor Pérez, testimoniando an¬ 
te el Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa creado en 1946 por 
la Junta Revolucionaria de Gobierno, que presidí, dijo que él personalmente no 
había recibido dinero en esa transacción «hecha con el objeto de buscarle 
comprador en Europa al conjunto de concesiones propiedad de la familia del 
general José Vicente Gómez». El mismo declarante explica cómo obtuvo su 
propia parcela de hidrocarburos: «El doctor Elias Rodríguez, quien era mi 
amigo íntimo, me ofreció en el Club Venezuela conseguirme una parcela pa¬ 
ra la explotación del petróleo, ya que en ese entonces todos mis amigos tenían 
parcelas menos yo». ( Recopilación de Sentencias del Tribunal de Res¬ 
ponsabilidad Civil y Administrativa. Imprenta Nacional. Caracas, 1946. 
Tomo II, pp. 182, 186 y 187). 

«La lista de concesionarios originales demuestra claramente que Gó¬ 
mez regalaba las concesiones a sus favoritos, y el más favorecido solicitante 
fue su yerno Julio F. Méndez, quien recibió 17 concesiones de 15.000 hectᬠ
reas cada una», escribe Lieuwen ( Petroleum in Venezuela, ob. cit., p. 30). 
Y a renglón seguido escribe el mismo autor lo que le oyó contar en Caracas al 
señor Leonard W. Henry, de la Richmond Petroleum Corporation —un vete¬ 
rano de la industria, con más de treinta años de residencia en Venezuela— 
acerca de la manera de operar las empresas a través de esos inescrupulosos 
traficantes con la riqueza y el destino económico de su país. 

Los petroleros -dice Lieuwen- rápidamente descubrieron quiénes estaban en 
condiciones, y quiénes no, de obtener concesiones; y los intermediarios más 
favorecidos llegaron a ser, prácticamente, agentes de las compañías. Un repre¬ 
sentante de la compañía se acercaba a alguno de los políticos favoritos de Gó¬ 
mez y le indicaba el número de concesiones que deseaba; el venezolano las 


42 



obtenía y se las traspasaba a las compañías. A menudo los intermediarios re¬ 
tenían un gran número de concesiones sin registrarlas, ya que el registro de 
ellas significaba pago de impuestos. Al encontrar un comprador, el interme¬ 
diario registraba la concesión y la transfería de inmediato al adquirente, quien 
asumía el pago de los impuestos. 

Y como corolario del análisis de esos enjuagues y trapisondas, flliables 
sin dificultad en el gangsterismo, afirma el autor: 

La ley era una farsa. Servía exclusivamente como una treta para que Gómez y 
sus asociados obtuvieran dinero de las compañías y defraudaran al tesoro pú¬ 
blico. Las 15.000 hectáreas de concesiones otorgadas bajo la ley de 1919 
aportaron a los afortunados agentes más de $30.000 por hectárea. 

Los beneficios obtenidos de ese comercio escandaloso con el subsuelo 
venezolano se tradujeron en súbito enriquecimiento de la pandilla gobernan¬ 
te. Contrastaba el ostentoso alarde de esas riquezas malhabidas con el estado 
de miseria, ignorancia y atraso en que chapuceaba el pueblo. Pero no fue si¬ 
no en 1946, cuando el Gobierno que presidí hizo funcionar el Tribunal de 
Responsabilidad Civil y Administrativa, que se proyectó luz esclarecedora so¬ 
bre ese saqueo a Venezuela. Algunos hechos, escogidos al azar entre los mu¬ 
chos que se encuentran diseminados en los cinco tomos impresos con las 
sentencias de ese Tribunal, son bastante significativos. 

Santos Matute Gómez, pariente y asociado de Juan Vicente, apeló a 
métodos fraudulentos pira apropiarse de una faja petrolífera en la costa del 
Lago de Maracaibo y la vendió a una compañía petrolera por Bs. 8.000.000. 
(.Recopilación de Sentencias del Tribunal de Responsabilidad Civil y 
Administrativa. Tomo I, pp. 250-256.) El doctor Adolfo Bueno, médico de 
Gómez y su secretario durante algunos años, hizo que le otorgaran tres con¬ 
cesiones sobre reservas nacionales, en la hoya del Lago de Maracaibo, a su 
asociado Gustavo Escobar Llamozas. Las solicitó el 15 de junio de 1922 y al 
día siguiente ya le habían sido otorgadas. Las vendió seis meses después a la 
British Equatorial Oil Company (que a su vez las vendió a la Lago Petroleum 
Corporation), reservándose un royalty de 5%, dos tercios del cual traspasó a 
Adolfo Bueno. En 1938, Bueno vendió su parte en ese royalty a la Falcon 
Oil Corporation por Bs. 9.126.000, después de haberle extraído ya una ga¬ 
nancia neta de más de Bs. 2.000.000 ( Recopilación de Sentencias. Tomo 
I, pp. 103-106). Vincencio Pérez Soto, cuando fue Presidente del Estado Zulia, 
obtuvo más de Bs. 10.000.000 de la venta de terrenos petrolíferos a compañías, 


43 



utilizando a terceros como presta-nombres para la ilícita adquisición de tie¬ 
rras ricas en petróleo que eran del dominio público. ( Recopilación de 
Sentencias. Tomo i, pp. 144-145). 

Dentro de la inarticulada e inconexa política de la dictadura -que sólo 
revelaba unidad en su perfil represivo- despuntaban de pronto actitudes na¬ 
cionalistas. Eran aislados gestos individuales de algún funcionario civil del ré¬ 
gimen. Así puede explicarse la resolución dictada el 27 de noviembre de 

1917, que de haberse mantenido hubiera tenido significación extraordinaria 
para el país. Por ella se reservaba el Estado la administración directa de los ya¬ 
cimientos ubicados en los Estados Mérida, Trujillo y Zulia, que no estuvieran 
arrendados o que no pertenecieran a personas o empresas particulares. Al año 
de ser dictada esa resolución fue derogada por otra, de fecha 12 de diciembre de 

1918, en la cual, de paso, se destituía al administrador designado por «ex¬ 
tralimitación en el ejercicio de sus funciones», cuando en realidad no había 
realizado ninguna 13 . 

La extensa zona cuyo directo control se había reservado el Estado, en la 
resolución de tan efímera vida dictada en noviembre del 17, abarcaba ricos 
yacimientos en la cuenca del Lago de Maracaibo, con fácil acceso al mar. Y el 
sentido de la derogatoria del año 18 se apreció de inmediato. En el corto lap¬ 
so corrido entre el 2 de enero y el 25 de marzo de 1919 fueron sacadas a lici¬ 
tación 3,7 millones de hectáreas en los Estados Zulia, Falcón, Trujillo y 
Mérida, obteniendo contratos de exploración y explotación varios presta-nom¬ 
bres, los cuales traspasaron sus contratos en un mismo día -el 11 de noviembre 
de 1919- a las siguientes Compañías: 


Mara Exploration Company 
Perijá Exploration Company 
Páez Exploration Company 
Miranda Exploration Company 
The Venezuela Oilfield Ltd. 


75.000 hectáreas 

75.000 

73.680 

90.000 

80.000 


Total: 


393.680 hectáreas 


Esta rebatiña de concesiones a particulares, como intermediarios de los 
trusts , fue sustituida posteriormente por otra fórmula. Después de promul¬ 
gada la ley de 1922, Gómez resolvió no seguir distribuyendo liberalmente las 


13 Memoria del Ministerio de Fomento al Congreso Nacional, 1919, Docs. núms. 128-129. 


44 



parcelas de hidrocarburos entre sus parientes y paniaguados, de los cuales re¬ 
cababa un porcentaje al transferirlas éstos a concesionarios extranjeros. Resol¬ 
vió centralizar él mismo el negocio de la venta del subsuelo nacional. Y se 
fundó entonces la Compañía Venezolana de Petróleo. El dictador colocó a 
tres incondicionales suyos al frente de la flamante empresa: el doctor Lucio 
Baldó, como Presidente, y como Vicepresidente, el «coronel» Roberto Ramí¬ 
rez, conocido agente de negocios de Gómez, y Pedro González Rincones. Un 
geólogo norteamericano, Edwin B. Hopkin, fue contratado como agente de 
ventas de la compañía y abrió oficinas para el tráfico de concesiones en Nueva 
York y Londres. 

En 1923, la oficina de Nueva York ofreció en venta 100.000 hectáreas 
de Reservas Nacionales. Estas ofertas cayeron en el vacío. Las compañías petro¬ 
leras estaban perfectamente informadas del origen ilícito de esas concesiones y 
no ignoraban que de acuerdo con los términos de la legislación de petróleos ví¬ 
sente en Venezuela, redactada por sus propios abogados, estaban expuestas 
a ser anuladas por un futuro Gobierno. Lieuwen precisa este aspecto de la 
situación que se creó, en su libro Petroleum in Venezuela (ob. cit., p. 35): 

.. .era bien conocido de la Fraternidad del Petróleo que la Compañía Venezo¬ 
lana era una Empresa simulada que creó el dictador. Los petroleros la desig¬ 
naban como lo que realmente era: la Compañía del general Gómez. No 
querían negociar con la empresa impostora porque la Ley de 1922 prohibía 
específicamente la adquisición de concesiones por el Presidente [de la Repú¬ 
blica] y otros altos funcionarios oficiales. Temían que cuando terminara la 
dictadura, y Gómez tenía alrededor de sesenta años entonces, el próximo go¬ 
bierno cancelára esas concesiones fraudulentas. Iba a ser fácil demostrar que 
el dictador y los tres asociados suyos habían cometido un robo. La Compañía 
Venezolana se encontró sin compradores. 

Pero la dique de traficantes tenía cartas en las manos, y las jugó. Sus agen¬ 
tes financieros en el extranjero se ligaron con los intereses alemanes de Stinner, 
uno de los más poderosos magnates de los días de la República de Weimar. En 
febrero de 1924, las compañías norteamericanas se enteraron de que Stinner 
v su grupo habían obtenido una opción de compra por 200.000 hectáreas de 
Reservas Nacionales. Cook funcionario de la Legación de los Estados Unidos en 
Caracas, trasmitió la inquietante nueva al Departamento de Estado, en nota del 
24 de marzo de 1924. En notas sucesivas, la Legación de los Estados Unidos en 
Venezuela (la de Chabot del 15 de abril de 1924), recordaba los antecedentes ger- 
manófilos de Gómez y la conocida simpatía suya hacia los Imperios Centrales 


45 



durante la Primera Guerra Mundial. Las Compañías norteamericanas, a 
su vez, pidieron respaldo a Washington. No se hizo esperar. En nota del 
26 de marzo de 1924, el Departamento de Estado instruyó a su Legación 
en Caracas. Debía. 

.. .informar a los funcionarios del Gobierno [de Venezuela] que este Gobier¬ 
no [el de los Estados Unidos] vería con alarma cualquier medida sugerido¬ 
ra de confiscación, o que excluya a los intereses de los Estados Unidos de la 
oportunidad de competir sobre bases de igualdad con otros intereses extran¬ 
jeros para la adquisición de concesiones en el desarrollo futuro de zonas que 
constituyen Reservas Nacionales. 

Chacín Itriago, el Canciller de Gómez, debió experimentar sorpresa insólita 
cuando vio acusar a un gobierno tan dócil a la tutela de Washington de su¬ 
puestos planes «confiscatorios» de intereses que tenían el cabal respaldo del 
Departamento de Estado. El 31 de marzo de 1924, la Casa Amarilla contestó 
la nota de la Legación de los Estados Unidos afirmando <Jue «cualquier sospe¬ 
cha de confiscación en el sentido que se ha insinuado, carece de fundamento». 

La «Operación Stinner» le dio a Gómez, sin embargo, el resultado que 
apetecía. La opción a los alemanes fue por sólo una parte de la enorme área 
que abarcaban las Reservas Nacionales. Sobre el vasto saldo se lanzó la ávida 
jauría. Standard of New Jersey abrió la marcha y comenzó a comprarle con¬ 
cesiones a la Venezolana de Petróleos, «a despecho de la cuestionable legali¬ 
dad de esos contratos», como apunta Lieuwen (. Petroleum in Venezuela, 
ob. cit., p. 36). Y agrega ese escritor: 

Se hizo el razonamiento (la Standard) de que si fuese eventualmente probado 
que Gómez era realmente el poseedor de esas concesiones, sería dificultada la 
nulificación si se invocaba la «doctrina del adquirente inocente». Además, si 
Gómez no había anulado las concesiones otorgadas por Castro en 1907, era 
posible que el próximo gobierno también aceptara la validez de esos títulos. 

Esta última opinión fue transmitida al Departamento de Estado por el 
señor Chabot, de la Legación suya en Caracas, en nota del 1 5 de abril 
de 1924. 

Gómez y sus asociados continuaron la maniobra. Para forzar el pago de 
un mayor precio sobre las Reservas Nacionales y aumentar los proventos 
personales que perseguían, pusieron a circular el rumor de que todas las 
concesiones serían otorgadas a la Standard of New Jersey. Las demás compa- 


46 



ñías norteamericanas se alarmaron. Otra vez acudieron a su Cancillería. En 
Washington se hallaron ante un intríngulis difícil. La Oficina del Consejero 
Económico del Departamento de Estado, en memorándum del 2 de septiem¬ 
bre de 1925, discutió el tema desde todos los ángulos posibles. La pregunta que 
debía absolverse era ésta: ¿podría utilizarse el mismo procedimiento que en el ca¬ 
so Stinner cuando no se trataba ya del monopolio eventual de un intruso, sino 
del que posiblemente iba a detentar una Compañía de inconfundible filiación 
estadounidense? La presión diplomática, en todo caso, no se ejerció por esta vez. 
Las compañías discriminadas entraron en la puja y se apresuraron a competir, 
repartiendo dádivas y cohechos, pagando también los precios, que entonces se 
consideraron altos, fijados por la Venezolana de Petróleo a las concesiones. 

Una firma -escribe Lieuwen ( Petroleum in Venezuela, ob. cit., p. 37)— 
pagó $ 250.000 y 21/2% de royalty por 15.000 hectáreas. Otra Compañía 
compró 75.000 hectáreas por $ 750.000, más un arreglo otorgándole a la Com¬ 
pañía Venezolana 50% del stock de acciones de la subsidiaria que fuera a 
explotar las concesiones. 

No sólo parcelas sobre Reservas Nacionales vendía la flamante Compañía de 
Gómez, sino también los contratos ordinarios de concesiones de exploración 
v explotación. En 1926, del total de 234 contratos de exploración y explota¬ 
ción otorgados, la Compañía Venezolana recibió 189. 

La historia completa de este atraco en despoblado salió a la luz pú¬ 
blica en 1946, cuando lo investigó el Tribunal de Responsabilidad Civil y 
Administrativa. 

Ramírez, el ex Vicepresidente de la Compañía, contó al Tribunal, 
con sus pelos y señales, cómo se organizó y cómo se distribuían sus enormes 
proventos. 

El promotor de la compañía fui yo -explicó Ramírez-. Lo hice a insinuación 
del general Juan Vicente Gómez, quien me llamó y me dijo que él vería con 
mucho agrado la formación de una compañía netamente venezolana, que se 
ocupara de negociaciones petroleras y que dicha compañía fuera financiada 
par capital venezolano. 

La compañía tuvo un capital en el papel de 5 millones de bolívares, que nun¬ 
ca fue cubierto por sus accionistas-fantasmas. El Ministerio de Fomento ero¬ 
gó para los gastos de instalación y de oficina. Y siguió contando Ramírez: «El 
general Gómez participaba en el negocio valido de su poder y de la protección 


47 



oficial que daba a la Compañía en el otorgamiento de concesiones». Pregunta¬ 
do el mismo personaje sobre la cuota-parte que le correspondía a Gómez en los 
rendimientos de ese tráfico gangsteril, contestó sin inmutarse: «A él se le paga¬ 
ron diferentes partidas por sumas ingentes». Esas sumas, según verificaciones 
hechas en los libros de la extinta compañía por el tribunal investigador, excedie¬ 
ron de los 20 millones de bolívares (Bs. 20.641.086, para dar la cifra exacta), 
equivalentes a $ 4.000.000, al cambio de entonces. ( Recopilación de senten¬ 
cias del Tnbunal de Responsabilidad Civil y Administrativa. Imprenta 
Nacional. Caracas, 1946. Tomo III, pp. 270 y ss.). 

No se necesita ser venezolano, ni tener posición tomada en defensa de 
los intereses de su pueblo, para experimentar indignación al descubrir los po¬ 
dridos cimientos de la industria del petróleo. Es lo que ha sucedido al profe¬ 
sor norteamericano Edwin Lieuwen, quien hace a un lado el ponderado tono 
con que se expresa el scholar para emitir una muy agresiva opinión. Al refe¬ 
rirse a los sistemas que se acaban de exponer, comenta: 


Tales fueron los métodos bajo los cuales se otorgaron las concesiones en los días 
de Gómez. Fraude y decepción, chicanería y dobles arreglos, fueron las reglas del 
juego. Las compañías más aptas para adaptarse a los sistemas de un gobierno co¬ 
rrompido tomaron la delantera; como cómplices del crimen, recibieron la parte 
del león de las mejores tierras petrolíferas. Las tres grandes compañías norteame¬ 
ricanas (Standard of New Jersey, Standard of Indiana y Gulf) obtuvieron sus 
contratos por los sistemas corrompidos de la era de Gómez ( Petroleum in 
Venezuela, ob. cit., p. 38). 

Los millones aplicados por las compañías para cohechar funcionarios ve¬ 
nales y para aumentar el peculio privado de Gómez salían, con creces, de las 
bocas de los pozos. Los rendimientos de sus inversiones eran los típicos de un 
país colonial. La afirmación del ministro de Fomento Torres -«las leyes de pe¬ 
tróleo de Venezuela son las mejores del mundo para las compañías»- era abso¬ 
lutamente verídica. Los largos plazos de vigencia de los contratos, algunos de 
los cuales alcanzaban al medio siglo, las «regalías» bajísimas; la ausencia de to¬ 
da vigilancia del Estado en los procesos de producción y la indefensión en que 
se encontraba el trabajador venezolano, impedido de organizarse sindicalmen¬ 
te y sin leyes laborales que lo protegieran, eran otras tantas características del ré¬ 
gimen jurídico bajo el cual se realizaba la explotación del subsuelo venezolano. 

Entre las numerosas ventajas que se habían asignado a sí mismas las 
empresas inversionistas en petróleo, cuando elaboraron su Ley de 1922, una 
fue la de la exoneración de derechos de aduana sobre todo cuanto importasen 


48 



del exterior. Durante décadas se realizó entonces, por los puertos de la Repú¬ 
blica, un contrabando legal en gigantescas proporciones. Lo que dejó de per¬ 
cibir el fisco por concepto de impuestos sobre la importación alcanzó a cifras 
mucho más altas que cuanto pagaron las compañías petroleras por el conjunto 
total de los gravámenes que afectaban a la industria. 

En su Memorándum secreto a las compañías, en 1930, el ministro de 
Fomento Torres corroboraba con cifras la anterior afirmación: durante los 
siete años precedentes, las exoneraciones aduanales de que se había beneficia¬ 
do la industria petrolera alcanzaron a doscientos diecinueve millones de 
bolívares, mientras que en el mismo lapso el total de lo recaudado por el fis¬ 
co en el ramo de hidrocarburos sólo ascendió a ciento ochenta y siete mi¬ 
llones de bolívares. Con acento de miserere, el ministro Torres decía: «De 
la comparación de esas cifras resulta el cálculo desconsolador de que hubiera 
sido preferible no cobrar impuesto alguno de explotación en cambio del pa¬ 
go de los derechos de aduanas exonerados». Y más adelante añadió, en el mis¬ 
mo documento y como un resumen trágicamente cierto de lo que fueron 
durante el gomecismo, y aun posteriormente, las relaciones entre el Estado y 
las empresas extranjeras: «Las compañías se llevan el petróleo y el Gobierno 
de Venezuela les paga para que se lo lleven». 

Lo que sucedía con el precio interno de la gasolina y de otros derivados 
del petróleo, resulta muy ilustrativo de esa irritante realidad. 

Para 1931, ya Venezuela era un país petrolero de primera categoría. 
A pesar del «pacto de caballeros» (no hay otra traducción para el gentle- 
men’s agreement) realizado por las empresas para reducir la producción, 
a causa de la gran crisis que sacudía para ese momento las bases mismas del 
sistema capitalista en ese año arrojaron los pozos 120 millones de barriles. 
No obstante eso, Venezuela no disfrutaba de la ventaja mínima a que pue¬ 
de aspirar un país petrolífero: consumir combustible barato. Por lo contra¬ 
rio, ostentaba la característica a la inversa de ser una nación donde se vendía 
a precios exorbitantes la gasolina y los otros derivados y subderivados del 
petróleo. En relación con la gasolina, los precios para el consumidor oscila¬ 
ban entre 45 céntimos de bolívar por litro, en las zonas más beneficiadas, 
hasta un bolívar en Encontrados, región enclavada precisamente dentro 
de la cuenca petrolera zuliana. 

El ministro de Fomento, Torres, con esa timidez ante el capital extran¬ 
jero habitual en los personeros de regímenes desasistidos de apoyo popular, 
solicitó la rebaja del precio del combustible a las empresas monopolizadoras 
de su producción y su distribución. Hizo un argumento impresionante en 
favor de su tesis. 


49 



Está más que demostrado -escribió el ministro de la dictadura- que la gasolina 
de nuestros petróleos se puede importar de los Estados Unidos y vender aquí 
con margen de ganancia; y puede hacerse lo mismo con gasolina de Trinidad, 
a pesar del recargo del 30% adicional. No resulta justificable que la gasolina de 
petróleos venezolanos, la cual paga aquí por derechos de consumo tres cénti¬ 
mos y fracción por litro, se venda más barata en países donde el impuesto 
es mayor (Dirección Administrativa y de Comercio del Ministerio de Fo¬ 
mento. Oficio núm. 610, Boletín del Ministerio de Fomento, núm. 6, p. 548). 

A la petición del Ministerio de Fomento de que se redujese el precio del 
combustible contestaron las empresas (West India Oil Company, Lago Petro¬ 
leum Corporation y The Caribbean Petroleum Company) con un gesto de 
desdeñosa soberbia: rebajaron el precio de la gasolina en 5 céntimos por litro. 

En la Memoria del Ministerio de Fomento al Congreso (1932) se 
demostraba cómo esta rebaja no guardaba relación con los costos de produc¬ 
ción y con las ganancias obtenidas por las compañías del monopolio interno 
sobre el negocio de la gasolina. 

Según cuadros sobre costos insertos en esa misma Memoria, las em¬ 
presas producían gasolina al precio de 7 céntimos por litro: y su sola venta 
en el mercado nacional les reportaba anualmente 32,4 millones de bolívares 
de ganancias. Y el excedente no colocado de un producto que se expendía a 
precios prohibitivos dentro del país, era exportado para ser vendido a precios 
de dumping en los mercados exteriores: «El boicoteo de la gasolina venezo¬ 
lana en México -decía el mismo ministro de Fomento, Gumersindo Torres, 
en el Memorándum del año 30- adonde se llevaron muchos millones de li¬ 
tros, es también demostración evidente de lo bajo del costo de producción de 
nuestra gasolina». 

Estos tímidos amagos de protesta por el trato de colonia que daban 
a Venezuela los barones del petróleo, eran reflejo de acontecimientos que 
para aquellos momentos acaparaban la atención mundial. 

En la lejana Persia, Reza Shah, monarca con arrestos nacionalistas, ha¬ 
bía anulado la Concesión D’Arcy. Otorgada primitivamente a un neerlandés, 
terminó por derivar hacia las augustas manos de Su Majestad Británica. La 
Anglo-Persian Oil Company, hija mimada de la Corona inglesa y pupila pre¬ 
dilecta del Almirantazgo, expolió a Persia y humilló a sus habitantes, por años 
y por décadas. La tolerancia del país llegó a un límite de saturación, y el 27 de 
noviembre de 1932, el ministro de Finanzas, Teqizadeh, envió una carta al di¬ 
rector en Teherán de la Anglo-Persian, anulando la concesión. Ardió Troya. El 
entonces juvenil, y siempre bien vestido, capitán Anthony Edén, subsecretario 


50 



de Relaciones Exteriores, habló en los Comunes con acento de Júpiter irritado: 
-Gran Bretaña no tolerará interferencias del gobierno persa en la Anglo-Per- 
sian Oil Company». El ministro inglés en Teherán visitó al Shah y lo amena¬ 
zó con incursiones punitivas de las tropas del rey de Afganistán. Veloces 
cruceros fueron despachados al Golfo Pérsico. Dos destroyers del Home 
Fleet anclaron a tres millas de Abadán. Tribus vecinas de las fronteras de la 
India, armadas por agentes ingleses, se lanzaron a la revuelta contra el gobierno 
de Teherán. La prensa de Londres, incluido el liberal Mancbester Guardian, 
orquestaron una agresiva campaña contra el legendario país que osaba insur¬ 
gir frente a la imperial Albión, y hasta reprodujo algún periódico los arrogan¬ 
tes poemas de Rudyard Kipling, cuando la guerra con los Boers. Apenas si 
Landsbury, jefe de la oposición parlamentaria, alzó la voz en los Comunes, y 
no para defender la justa causa persa, sino para pedir al gobierno que no ini¬ 
ciara acciones bélicas en esa zona-clave del Medio Oriente sin conocimiento 
previo del cuerpo parlamentario. En Teherán, mientras tanto, el Majlis, el 
Parlamento, votaba por unanimidad una moción de respaldo al Shah y a su 
medida de cancelación de la concesión D Arcy. La prensa irania vertía, en reta- 
liativo lenguaje antibritánico, los resentimientos acumulados a lo largo del 
tiempo. Por último, la disputa británico-irania fue llevada ante el Consejo de 
la Liga de las Naciones. Aterrorizado por el despliegue de fuerzas militares y 
por la coacción psicológica de que era víctima, el Gobierno iranio adoptó en 
los estrados ginebrinos una actitud tímida, huidiza, a la defensiva. Sir John 
Simón, vocero inglés, habló en lenguaje altanero, con inconfundible acento 
Victoriano. Davar, el representante iranio, se expresó en tono compungido, si 
no contrito. Es que para ese momento el Shah ya había capitulado, después 
de una entrevista con sir John Cadman y el ministro británico en Teherán, en 
la cual obtuvo la nítida impresión de que en la aventura reivindicacionista se 
estaba jugando la Corona. El episodio terminó en un nuevo contrato con la 
Anglo-Persian, extendiendo el plazo de vigencia de la concesión hasta 1963. 
Ese «arreglo» lo ratificó un Majlis escogido por el gobierno y no electo por el 
pueblo. Así lo demostró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
en octubre de 1931, el gran viejo Mossadegh. Después de exhibir los mensajes 
telegráficos oficiales que determinaron la formación de ese Parlamento, dijo, 
entre lágrimas y trenos, con su peculiar manera de profeta agresivo y gemebundo: 

Como ustedes han visto, estos telegramas demuestran que el Majlis que pro¬ 
longó la concesión de 1901 por otros 30, años estaba compuesto de diputa¬ 
dos que no representaban a la nación. El ministro que firmó la ley no actuaba 
con libertad. El Shah se encontraba sometido a presión y su resistencia le 


51 



hubiera costado el trono (...) Una concesión otorgada en tales condiciones, 
no es válida» 14 . 


Petróleo venezolano refinado fuera de Venezuela 

Pero aún falta mucho por decir en torno a las complacencias innumerables 
del régimen de Gómez con las empresas petroleras. Pocas de esas plegadizas 
sumisiones tuvieron mayor repercusión desfavorable para el país como la to¬ 
lerancia ante el proceder de las compañías de exportar crudo el aceite mine¬ 
ral, para refinado en plantas construidas más allá de las fronteras nacionales. 

Contra el más elemental sentido de nacionalismo económico, el régi¬ 
men gomecista permitió que la casi totalidad del petróleo venezolano fuese 
refinado en Curazao, Aruba y New Jersey. Eran en su mayoría trabajadores 
venezolanos, víctimas de una diáspora impuesta por la miseria, quienes traba¬ 
jaban en las plantas instaladas en las Antillas holandesas. Ambas se transfor¬ 
maron de áridas islas, habitadas por gente escasa y pobre, en activos centros 
económicos, gracias a la inyección de vida y circulante derivados de la indus¬ 
tria de refinación que en ellas se expandió. 

En 1936, veintidós años después de haber comenzado la explotación 
comercial del petróleo venezolano, de los 23,9 millones de toneladas métri¬ 
cas que se producían, se exportaban 22,3 millones de toneladas. De ese volu¬ 
men crecido de producción y exportación, sólo se refinaba un millón de 
toneladas, equivalente a 5% del «crudo» arrojado por los pozos, en las peque¬ 
ñas plantas instaladas dentro del país 15 . 

En cambio, la Royal-Dutch Shell y la Standard Oil habían construido 
en las dos Antillas holandesas vecinas de Venezuela -Curazao y Aruba— 
gigantescas refinerías. 


14 Nasrollah Saifpour Fatemi, Oil diplomacy, editado por Wittier Book, Inc., Nueva York, 
1954, pp. 151-183. El autor de ese libro ocupó cátedra de profesor en la Universidad de Prin- 
ceton, Estados Unidos. Hermano, además, del que fuera Ministro de Relaciones Exteriores del 
Gobierno de Mossadegh y ardiente abanderado del nacionalismo iranio. Éste cayó fusilado en 
un día de noviembre de 1954, entre humos de pólvora y vapores de gasolina «occidental» so¬ 
bre un pedazo cualquiera de suelo suyo y de subsuelo ajeno. El autor de Oil diplomacy dra¬ 
matizó aún más el episodio, sufriendo un colapso cardíaco cuando oyó por la radio, en su casa 
de Princeton, que una descarga de fusileros había abatido al hermano irreductible. Es de gene¬ 
ral conocimiento que el derrocamiento del gobierno de Mossadegh, que había nacionalizado 
la explotación del petróleo de Irán, fue promovido y organizado por la CIA (Servicio Central 
de Inteligencia de los Estados Unidos) (Nota de la 2 a edición). 

15 Memoria del Ministerio de Fomento al Congreso Nacional de Venezuela. Informe 
de la Inspectoría Técnica de Hidrocarburos, 1937. 


52 



El consorcio anglo-holandés construyó en la primera de esas islas la que 
fue en su tiempo la más grande refinería del mundo, capacitada para transfor¬ 
mar en gasolina y otros carburantes 165 mil barriles diarios de petróleo crudo. 
En Aruba se alzaron inicialmente otras refinerías. Una, de la Eagle Petroleum 
Company, también filial de la Royal-Dutch, con capacidad para «tratar» 20 
mil barriles diarios, y la de la Lago Petroleum Corporation, subsidiaria de la 
Standard Oil Company, con capacidad para refinar 110 mil barriles diarios 
MacDermond, Wbo’s who in Venezuela, ob. cit., p. 127). 

Después de la muerte de Gómez se pretendió justificar, por defensores 
tarifados de las empresas, la actitud de éstas de refinar fuera de Venezuela el 
petróleo nacional. Se puso a circular, por canales de prensa, la versión de que 
era el dictador quien se había opuesto a la instalación de refinerías en el país. 

Eso era absolutamente falso. La dictadura sí pretendió —aun cuando 
hablando el lenguaje sumiso de quien se siente sin autoridad moral y sin res¬ 
paldo de opinión para defender los intereses de un país-, que las empresas 
refinaran en Venezuela el aceite mineral que producían. Las compañías nun¬ 
ca accedieron a ello. La razón no es difícil de descubrir y la esclarece de manera 
precisa Ludwell Denny. Escribe ese autor: 

Temiendo que pueda llegar al poder un gobierno radical cuando muera el dic¬ 
tador Gómez, las compañías británicas y americanas vacilan para invertir sus 
capitales en refinerías dentro del país. Dutch Shell, British Controlled y Stan¬ 
dard tienen sólo muy pequeñas plantas en Venezuela. Sir Henry ha escogido 
la vecina Dutch West India. Su refinería en Willemstad, Curazao, refina la 
mayor parte de la producción de sus compañías en Venezuela. La Dutch 
Shell, en 1928, construyó otra refinería en Orangestad, Aruba. Standard 
(Ind.) estableció otra gran refinería en esa misma isla en 1929 (We fight for 
Oil, ob. cit., p. 116). 

El mismo autor estadounidense, en otras de sus obras, comenta los 
esfuerzos fallidos hechos en 1928 por la dictadura para que la Standard cons¬ 
truyera en Venezuela la refinería que terminó por instalar en Aruba. «Estaba 
ansiosa» la dictadura de que los 10 a 20 millones de dólares que iba a invertir 
ia compañía de Rockefeller en esa planta refinadora se volcaran hacia Vene¬ 
zuela; y «...el ministro del Interior, Arcaya, en un mensaje dirigido al Con¬ 
greso en 1927, prometía a nombre del gobierno una discriminación en favor 
de las compañías que establecieran plantas refinadoras en el país». 

En el empeño de convencer a la Standard de que construyera dentro de 
territorio nacional la nueva refinería que proyectaba, el gobierno de Gómez 


53 



acordó liberalizar aún más el régimen establecido en la ley de Hidrocarbu¬ 
ros acerca de las empresas refinadoras. 

En la ley promulgada en 1928 se exoneraba a las refinerías del pago 
de un teórico impuesto directo, equivalente a 2% de las utilidades brutas, que 
para ese género de empresas habían establecido las leyes de 1922 y 1925- La 
misma Ley del 28 exoneraba a las refinerías del pago de otro impuesto fijado 
en el artículo 38 de la legislación que se modificaba y el cual se cobraba a las 
empresas dedicadas a transportar petróleo dentro del territorio nacional, no 
siendo productoras del mismo. Esas empresas, cuando se ocuparan de trans¬ 
portar petróleo para ser refinado dentro del país, quedaban exentas de la obli¬ 
gación de satisfacer el impuesto, aun cuando no llenaran la cualidad prevista 
en el artículo 38. 

Estos halagos no torcieron la decisión de los ejecutivos de la Standard. 
Y eso que encontraban no sólo toda clase de facilidades para instalar su refine¬ 
ría en Venezuela, sino en contraposición, muchas resistencias de las autorida¬ 
des coloniales holandesas para permitirles la construcción de ella en Aruba. 
Acaso mediante sus canales comunicantes con el Gobierno de La Haya, la gen¬ 
te de sir Henry presionaba para que se tramitara morosamente la solicitud de 
permiso formulada por la compañía de Rockefeller. En esta disyuntiva, la 
Standard prefirió vencer astutamente las resistencias holandesas antes que ins¬ 
talar refinerías en una nación de cuyo régimen gobernante se aprovechaban to¬ 
das las compañías petroleras, pero el cual sabían que era odiado por el pueblo. 
Si a creer vamos a los escritores Frank Hanighen y Antón Zischka, autores de 
The secret war.■ The warfor oil (Londres, 1927), fueron dignos de una an¬ 
tología de lo picaresco los métodos de que se valió el trust de Rockefeller para 
«persuadir» a las reacias autoridades de Holanda. Se «descubrió» súbitamente 
que las Antillas holandesas eran centro de operaciones de los contrabandistas 
de bebidas espirituosas para los Estados Unidos, donde regían entonces las fa¬ 
mosas «leyes secas»; y los leales súbditos de la reina Guillermina unos obce¬ 
cados contraventores de las regulaciones estadounidenses que prohibían la 
introducción de ron y de otros líquidos alcohólicos al territorio de la Unión. 
Las autoridades de inmigración entorpecieron el ingreso de súbditos holande¬ 
ses a Estados Unidos. Y como por encanto desaparecieron esas prevenciones y 
hostilidades cuando Holanda adoptó una actitud razonable ante las peticiones 
de la Standard Oil. Con la llegada a los muelles de Aruba del primer lote de 
hierro y acero destinado a la construcción de la refinería, dejaron de ser sospe¬ 
chosos los rubicundos holandeses de contrabandear con licores prohibidos. 

John M. Leddy, quien en los años 30 formó parte del personal de la 
Embajada de los Estados Unidos en Caracas, escribió en 1938: 


54 



A pesar de la favorable atmósfera legislativa y gubernamental bajo la cual han 
trabajado en el país, las compañías explotadoras no han instalado en Vene¬ 
zuela extensas facilidades de refinación, prefiriendo exportar el petróleo en 
estado crudo a las islas vecinas de Curazao y Aruba, donde han construido 
tres grandes destilerías con una capacidad conjunta de 450.000 barriles de 
crudo por día ( Panamerican Comercial, núm. 78, noviembre de 1938, 
Washington, DC). 

Y como parte de la tímida presión ejercida por la dictadura sobre las 
compañías para inducirlas a establecer plantas refinadoras en Venezuela, se 
gravó con un impuesto al «crudo» que sacaban las flotillas de tanqueros con 
destino a Aruba, Curazao y los Estados Unidos. Así fue promulgada en 1928 
la «Ley sobre liquidación del derecho de boyas en el Puerto de Maracaibo». 
De escueto articulado, esa ley creó un impuesto de 2 bolívares por tonelada 
métrica de arqueo sobre los buques que atravesaran la Barra de Maracaibo, es¬ 
trecha garganta por donde sale al mar el golfo del mismo nombre. Por allí pa¬ 
saban las caravanas de tanqueros, sacando para el exterior el petróleo sin 
«tratar», tal y como era extraído de los pozos. 

Las compañías hicieron resistencia subterránea a la promulgación de la 
ley y a esa actitud se refirió amargamente el ministro de Fomento Torres, en 
su tantas veces citado Memorándum a las empresas. 

Pero aprobada la ley, resolvieron violarla, alegre y desaprensivamente, 
con la militante complicidad de autoridades dóciles a sus maniobras. 

Tres fueron los procedimientos a que apelaron, utilizando métodos 
dignos de Guzmán de Alfarache, Parapillos y Ginés de Pasamonte. 

Lograron del Ejecutivo que aceptara la tesis, por resolución del minis¬ 
tro de Hacienda Rafael María Velasco, de que los funcionarios aduaneros na¬ 
cionales debían reconocer como capacidad del buque la certificada por las 
autoridades del puerto extranjero en donde la unidad estuviese registrada. Es¬ 
to dio lugar a que la mayoría de los buques, al no corresponderse el tonelaje 
declarado con el real, pagaran un derecho de boyas «causado sobre la cuarta 
parte, aproximadamente, de su capacidad efectiva», como escribió el ministro 
Torres en sü Memorándum de 1930. 

Este expediente lo combinaban con otros las compañías para burlar el 
tímido tributo. La ley establecía que el impuesto era reducible en un cincuen¬ 
ta por ciento, automáticamente cuando junto con el «crudo» se exportaban 
en el mismo barco productos agrícolas o pecuarios. Las empresas utilizaron el 
arbitrio de embarcar junto con las toneladas del mineral unos cuantos racimos 


55 



de bananos o una media docena de cabras, y en esa forma reducían a la mitad 
el monto de la contribución. 

Pero quedó aún un tercer portillo por el cual evadirse del pago de esa 
modesta imposición especial. La ley establecía exenciones en favor de los bu¬ 
ques dedicados al tráfico de cabotaje entre los puertos de la República. Las 
compañías inscribieron unidades de sus flotillas de buques-tanques en Las Pie¬ 
dras, en la península de Paraguaná, y en esa forma llevaban el mineral desde la 
hoya de Maracaibo hasta ese puerto en el Caribe sin satisfacer en su totalidad 
el «impuesto de boyas». 


Beneficios máximos para las empresas 

Y MÍNIMOS PARA VENEZUELA 

Durante el gobierno de Gómez, y aun años después de muerto el dicta¬ 
dor, Venezuela fue tierra de promisión, generosa jauja, para los consorcios 
internacionales del petróleo. 

Durante los 27 años de tiranía, no pudo debatirse públicamente en el 
país el tema del petróleo, ni ningún otro de interés general. En los despachos 
oficiales, organizados rudimentariamente, no existían departamentos de 
investigación de costos de producción. El pueblo venezolano no pudo co¬ 
nocer entonces el despojo de que se hacía víctima a la nación, cuya riqueza 
minera aportaba ganancias exageradas al inversionista extranjero y mínimos 
proventos al Estado y al país. 

Las publicaciones que sobre ese particular se hacían fuera de Venezue¬ 
la no tenían acceso a la opinión pública nacional. Una como muralla china 
aislaba al país de todo contacto con las ideas que se agitaban en el mundo. 

Pero más allá de las fronteras nacionales sí era de conocimiento gene¬ 
ralizado la explotación de que era víctima Venezuela. De ella se hacía eco 
Ludwel Denny, en uno de sus libros varias veces citado, al referirse a las 
ganancias exorbitantes percibidas por las compañías operantes en el país. 

La utilidades crecen, a pesar de los gastos de transporte -comentaba ese au¬ 
tor. La Venezuela Oil Concessions, subsidiaria de la Dutch-Shell, pagó 551/2 
de dividendo en 1927, a más de 15% de los bonos de la compañía. Ganó $ 3,4 
millones sobre $ 10 millones de capital invertido. La General Asphalt, una com¬ 
pañía de Trinidad, vendiendo su producción venezolana a la Dutch-Shell en el 
año 26-27, ganó $ 2 millones sobre un capital invertido de $ 6,5 millones. Apex 
Trinidad Oilfield pagó 80% de dividendo en 1927-1928. La Lago Petroleum 
Corporation subsidiaria de la Standard Oil, ganó en el año de 1927 cerca de 


56 



$ 8 millones, sobre un capital de trabajo de $ 3,5 millones. Las acciones de las 
compañías operantes, norteamericanas e inglesas, han incrementado su valor en 
alrededor de 600% de 1924 a 1927 (We fightfor oil, ob. cit., p. 114). 

MacDermond, el autor ya también citado, informa de las ganancias re¬ 
cortadas para aquellos años por la Venezuela Oil Concessions, Ltd., una de 
ias mayores productoras de la cuenca zuliana. Fueron de 4,6 millones de li¬ 
bras esterlinas para 1931 y de 2,9 millones de libras esterlinas en 1930 
*Who’s who in Venezuela, p. 90). 

Todo cuanto había de oculto acerca de las circunstancias que hacían po¬ 
sible esas ganancias en progresión geométrica constante, quedó revelado con la 
investigación hecha, a comienzos de 1931, por la Cámara de los Estados Unidos. 

La glosó, en documentada información, Ihe New York Times, en su 
edición del 8 de febrero de 1931. En esos mismos días había rendido la Co¬ 
misión de Tarifas del Senado un informe demostrativo de «que el petróleo 
crudo venezolano podía ser llevado a los puertos del Atlántico con un cos¬ 
to menor de la mitad del requerido por el petróleo procedente de los campos 
centrooccidentales». Al propio tiempo, el respectivo Comité del Senado dio 
un dictamen favorable a un proyecto de Ley del senador Capper, relativo a la 
restricción de las importaciones de «crudos» y de refinados procedentes de los 
campos venezolanos. 

Esta resolución parlamentaria era remate de un proceso iniciado meses 
atrás. En junio de 1930, el senador Thomas, de Oklahoma -«portavoz de los 
productores del oeste», como lo calificaba el New York Times- propuso que 
se investigara el costo de producción y de transporte de los petróleos nacio¬ 
nales, en comparación con los del petróleo venezolano. 

La conclusión a que llegó esa Comisión fue terminante: el costo total 
de un barril de petróleo producido en los Estados Unidos era de $ 1,98 pues¬ 
to en la costa atlántica de la Unión. Y puesto allí mismo un barril producido 
en la hoya petrolífera de Maracaibo costaba apenas 89 centavos de dólar, de 
ios cuales 69 centavos correspondían al costo hasta el puerto de embarque; y 
el resto, a los gastos de transporte y otros 16 . 


'.6 Para fijar el costo de producción del petróleo venezolano, la Comisión del Senado envió un 
cuestionario a las principales compañías operantes en Venezuela: Standard Oil of Venezuela; 
Lago Petroleum Corporation y Venezuela Gulf Company, estado-unidenses; y las subsidiarias 
de la Royal-Dutch Shell: Venezuela Oil Concessions, The Caribbean Petroleum Co. y Colon 
Development Co. La producción de esas compañías representó, sobre el total de lo producido 
en el país, 87% en 1927; 89% en 1928, y 89% en 1929 (MacDermond, Who’s who in 
Venezuela , ob. cit., p. 115). 


57 



En otras palabras, los petróleos baratos de Venezuela, nombre con el 
cual se les designaba en los mercados de consumo, le costaban a las compañías 
$ 1,09 menos, por barril, del precio de costo en los Estados Unidos. 

Esta realidad, reveladora de la forma como los taladros hundidos en el 
suelo de Venezuela extraían proventos escandalosos para los accionistas de la 
City y de Wall Street, era perfectamente conocida por los doctores del equi¬ 
po gomecista. Gumersindo Torres, el Ministro de Fomento del Memorán¬ 
dum tantas veces citado, decía en 1930 a las compañías, con acento de 
cauteloso reproche: 

El mercado de esos productos [se refiere al petróleo crudo y a la gasolina], son 
los Estados Unidos, donde los productos de la región del Lago de Maracaibo 
compiten ventajosamente con los similares americanos, porque se les puede 
poner en el mercado a menor costo que aquéllos, tanto que se vuelve a tratar 
hoy la cuestión de gravar en los Estados Unidos los petróleos venezolanos. 

Gumersindo Torres no se limitó a presentar ese trajinado Memorán¬ 
dum a las compañías petroleras. Quiso hacer más en defensa del país y es de 
justicia recordarlo, porque fue el único Ministro de Fomento de esa etapa ver¬ 
gonzosa de historia venezolana en quien se apreció patriótica preocupación. 
Dictó también, el 19 de agosto de 1930, un Reglamento de la Ley de Hidro¬ 
carburos, orientado a sentar las bases de un cierto control estatal sobre la in¬ 
dustria. Pretendió hacer más. Cuando se discutió en el Congreso de los 
Estados Unidos la cuestión de los precios de petróleos extranjeros, las compa¬ 
ñías operantes en Venezuela dieron estimaciones sobre costos de transporte 
por barril absolutamente distintas de las que suministraban a las autoridades 
venezolanas. Standard of Indiana, por ejemplo, daba en Venezuela como cos¬ 
to de transporte por barril $ 0,68 y a la Comisión de Tarifas del Senado de los 
Estados Unidos dio como estimación de ese mismo gasto apenas $ 0,33. 
Torres hizo el cálculo fácil de que en 4 años (1927-1931), la Standard ha¬ 
bía defraudado al fisco en Bs. 26.000.000 y la Gulf en Bs. 30.000.000. Esas 
compañías fueron entonces demandadas por el Procurador General, ante la 
Corte Federal, para que pagaran esos adeudos. Las compañías afectadas pre¬ 
sionaron a Gómez. El doctor Gumersindo Torres fue destituido por segunda 
vez. De las demandas que cursaban ante la Corte no se volvió a hablar más 17 . 

17 El doctor Gumersindo Torres falleció en un año que no alcanzo a recordar, pero sí que fue en 
el trienio 1945-1948, cuando ejercía yo la Presidencia de la Junta Revolucionaria de Gobier¬ 
no. Hice acto de presencia en el entierro. La mayoría de las personas presentes en el sepelio 
eran supervivientes del gomecismo. Causó sorpresa y extrañeza que el Jefe de un régimen 


38 



La insólita situación que con respecto a la explotación del petróleo exis¬ 
tía en Venezuela no sólo significaba sobre-beneficios para las compañías, sino 
competencia «desleal» para los productores independientes de los Estados Uni¬ 
dos. Y fiie seguramente bajo la presión de éstos y con base en el Informe de la 
Comisión de Tarifas del Senado, que presentó su proyecto el senador Capper. 

En él se prohibía por tres años la importación a territorio estadouni¬ 
dense de aceites refinados y se fijaban cuotas de importación de «crudos» pa¬ 
ra los varios países productores. De haberse promulgado esa Ley, a Venezuela, 
que en 1928 exportó para los Estados Unidos 21,9 millones de barriles, le hu¬ 
biera correspondido una cuota de apenas 4,4 millones de barriles de «crudo» 
para los tres años siguientes, y no hubiera podido exportar ni un solo barril 
de productos refinados 18 . 

Como era lógico esperar, la dictadura se alarmó. Esa restricción, de ha¬ 
berse cumplido, hubiera significado la bancarrota de las finanzas públicas y de 
la vida económica de Venezuela, que ya para entonces estaban girando alrede¬ 
dor del pivote petrolero. Las agencias de noticias internacionales estuvieron 
informando para aquellos días de constantes visitas del ministro de Gómez en 
Washington -Pedro Manuel Arcaya— al secretario de Estado Stimson. Y al pro¬ 
pio tiempo, los consorcios con inversiones en Venezuela movilizaban su cliente¬ 
la parlamentaria. La presión ejercida sobre el Senado dio su resultado; la Ley 
Capper se archivó y a los productores independientes no les quedó otro camino 
sino el de rumiar, entre aspavientos de prensa, la derrota recibida. 

Pero volvieron a la carga, algún tiempo después. Y obtuvieron si no to¬ 
do lo que pedía el proyecto del senador Capper, cuando menos la fijación de 
un impuesto de importación de 1/2 centavo de dólar por galón de aceite cru¬ 
do o de fuel oil; 2,5 centavos por galón de gasolina y 4 centavos por galón de 
lubricante, que pasaran por las aduanas de la Unión norteamericana. La dic¬ 
tadura venezolana, previendo la disminución de ingresos fiscales derivada de 


empeñado en extraer hasta las últimas raíces del despotismo gomero concurriera a ese sepelio 
de una persona con quien nunca tuvo conocimiento y trato. Fue ese gesto mío una forma de 
testimoniar reconocimiento del país, representado por el Jefe del Poder Ejecutivo, a un funcio¬ 
nario que procuró la defensa de los intereses de la nación, en época en que el subsuelo de Ve¬ 
nezuela era subastado en las peores condiciones entre los miembros de la internacional de los 
petróleos. (Nota de la 2 a edición.) 

18 Este cálculo fue formulado, en aquella fecha, por el Departamento del Interior del Gobierno 
de los Estados Unidos. Acerca de él observó muy justamente The New York Times que no era 
exacto. En efecto, a la cifra de 21,9 millones de barriles de petróleo en que se estimó la expor¬ 
tación venezolana de 1928 con destino a los Estados Unidos, había que agregar los 44,9 millo¬ 
nes de barriles exportados, en el mismo año y con el mismo destino, por las Indias 
Occidentales Holandesas. En realidad -apuntaba el Times- «se trata de petróleo venezolano 
transbordado en los puertos de las Indias Occidentales». 


59 



la aplicación de esa medida, redujo en 1932 su presupuesto de gastos a 144,8 
millones de bolívares, contra 200 millones que había erogado en el año anterior. 

La participación nacional en una riqueza del país que proporcionaba 
excepcionales ganancias a las empresas no venezolanas que la manipulaban, 
alcanzaba un volumen escandalosamente bajo. En documento oficial de la 
época inmediatamente posterior a la muerte de Gómez se hizo un impresio¬ 
nante resumen numérico de esa situación. 

Desde julio de 1919 a junio de 1936, inclusive -comprueba ese documento- 
el fisco nacional percibió de las compañías petroleras por todos los conceptos 
la suma de 612 millones de bolívares, habiendo alcanzado la explotación en el 
mismo lapso a 1.262 millones de barriles, o sea cuarenta y ocho céntimos 
de bolívar por unidad. Y en ese mismo lapso el precio promedio del crudo 
fue de $ 1,37 que calculado a Bs. 5, da un total de ingresos brutos para las pe¬ 
troleras de Bs. 8.644 millones, o sea que lo pagado por ellas al fisco represen¬ 
taba solamente 7% ( Memoria del Ministerio de Agricultura y Cría al 
Congreso Nacional de Venezuela, 1936). 


Prosperidad fiscal, deformación económica 

Y PAUPERISMO NACIONAL 

No obstante ser tan favorable a los inversionistas en la industria del petróleo 
el régimen impositivo vigente en Venezuela para esa época, los ingresos del 
fisco crecieron progresivamente, al compás de los violentos saltos en el ritmo 
de la producción. Esos ingresos seguros y siempre en aumento le permitieron 
a la dictadura erogar regularmente los emolumentos de la guardia pretoriana 
de Gómez, que no otra cosa era el ejército venezolano de entonces; pagar los 
sueldos de los funcionarios empíricos de un Estado rudimentario; construir 
algunos centenares de kilómetros de malas carreteras, y cancelar totalmente la 
deuda externa. 

En 1928, el boom petrolero alcanzó el primer tramo espectacular: la 
exportación de aceite mineral saltó a los 100 millones de barriles. Seis años 
antes, el 14 de diciembre de 1922, el pozo Barroso n° 2, ubicado en el Esta¬ 
do Zulia y perteneciente a la Shell, había revelado al mundo la prodigiosa re¬ 
serva de petróleo acumulada en el subsuelo venezolano, al explotar durante la 
perforación e inundar los alrededores durante nueve días, con 100 mil barri¬ 
les de petróleo. A partir de ese momento, la producción y exportación crecie¬ 
ron en líneas ascendentes, paralelas. Los ingresos fiscales también, alcanzando 
en 1928 a 230 millones de bolívares. La renta aduanera dejó de ser, paulati- 


60 



namente, la principal fuente de ingresos del Estado y las recaudaciones por 
concepto de impuestos sobre hidrocarburos tomaron la delantera. El porcen¬ 
taje de éstos dentro del cuadro general de rentas pasó de 0,9% en 1921-22 a 
26,2% en 1929-30. 

Fenómeno similar de hipertrofia petrolera se operó en cuanto al volu¬ 
men y valor de las exportaciones. En el quinquenio 18-23, la exportación to¬ 
tal del país alcanzó a Bs. 943 millones, de los cuales sólo Bs. 36 millones, o 
sea 5,5% correspondieron a petróleo y sus derivados. En el lapso 28-36, so¬ 
bre un valor total de las exportaciones de Bs. 6,16 miles de millones, Bs. 
5.26 miles de millones, que representaban 85%, correspondieron a petróleo 
v sus derivados. 

En el transcurso de dos décadas, la deformación de la economía y del 
fisco venezolano se perfiló netamente. Como nación y como Estado, Vene¬ 
zuela comenzó a depender, en forma alarmante, de una sola industria y de 
una sola fuente de ingresos: el petróleo. 

De exportador importante de café, Venezuela pasó a ocupar el sépti¬ 
mo u octavo sitio en la escala mundial de vendedores, por debajo de las co¬ 
lonias europeas en África. Después de haber sido el país, durante la Colonia 
y buena parte de la República, productor en grande de cacao, se había llega¬ 
do a un límite mínimo de cosechas: si apenas 3% de la producción mundial. 
Recuerdos sólo quedaban del antiguo emporio ganadero de los Llanos. 

Se operó un fenómeno de empobrecimiento general del país. Casas se- 
mibancarias, prestamistas con usura, ejecutaban día tras día los créditos hipo¬ 
tecarios y se quedabap con haciendas y hatos. Gómez y su gente acapararon 
cuanta tierra pudieron y se convirtieron en latifundistas muy semejantes a los 
dueños de los feudos medievales. El empírico catastro de la tierra realizado en 
1932 reveló que un promedio de 84% del área para entonces laborable estaba 
en manos de grandes propietarios. El campesino sin tierras acentuó su noma¬ 
dismo y las dos terceras partes de la población, la rural, dejó de arraigarse y fi¬ 
jarse en núcleos estables. Las migraciones internas cobraron una intensidad y 
ritmo acelerados. 

Se comenzó a acuñar desde entonces la tesis de que el petróleo era el 
único culpable de esa distorsión de la economía venezolana. Esa fórmula que 
luego esgrimirán los defensores postumos y vergonzantes del gomecismo. La 
verdad es otra. Existía en Venezuela una crisis estructural crónica, que se 
acentuó durante el régimen de Gómez, en el sistema de producción agrope¬ 
cuaria, por la persistencia del latifundio, los métodos empíricos de cultivar, la 
taita de riego artificial en un país mal dotado por la naturaleza, todo lo cual ha¬ 
ce exclamar al patético Vogt: «En pocas partes del hemisferio han sido tan mal 


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usados como en Venezuela la tierra y los recursos que de ella derivan: las 
aguas, los bosques, las praderas, la fauna y la flora». 

De haberse utilizado el producido fiscal del petróleo como riqueza ins¬ 
trumental, esa industria minera lejos de entrabar más bien habría estimulado 
el desarrollo de una economía campesina próspera. Falso es también que gran 
número de brazos fueran sustraídos a la agricultura por los campamentos del 
oro negro. Ni el medio por ciento de la población económicamente activa en¬ 
contró ocupación al pie de los taladros. Lo que sucedió fue que la avalancha de 
dólares y de libras esterlinas afluyó a un país que no había democratizado ni 
modernizado sus sistemas de producción; que en el siglo XX producía dentro 
de módulos del siglo XVTII, y gobernado por una tiranía zafia y rapaz, incapaci¬ 
tada para reformar la estructura económica y para utilizar el petróleo, siquiera 
fuera la precaria participación entonces recibida, como palanca para impulsar 
el progreso colectivo, para distribuir entre la población bienestar y cultura. 

Operó la presencia avasallante del petróleo, pero indirectamente, como 
factor deformativo de la economía y de la vida nacionales en su conjunto. 
Mentalidad minera, de nuevos ricos manirrotos, comenzaron a adquirir los 
sectores privilegiados de la población. El ininterrumpido fluir de dólares esti¬ 
muló las importaciones, se hipertrofió el comercio y se configuró, para años, 
esa fisonomía de nación principalmente consumidora de mercancías extran¬ 
jeras que por muchos años tuvo Venezuela. Y comenzamos a parecemos de¬ 
masiado a esa California desarticulada y movediza, paraíso de aventureros y 
de picaros de los años de la «locura del oro». 

Estas disquisiciones teóricas no estaban en la mente de la gente vene¬ 
zolana de la época gomecista, de esa determinante mayoría de la población no 
incorporada a la próspera tribu alzada con el poder. Se arruinaba, simple y lla¬ 
namente; y sufría el rigor de un régimen que para el desmán no se ponía a sí 
mismo frontera alguna. No existían partidos políticos, ni sindicatos, ni opi¬ 
nión pública visible. Esporádicos alardes de rebeldía estallaban, en forma de 
montoneras de viejo estilo, que eran abatidas por los fusiles de repetición que 
junto con los dólares y las libras esterlinas habían llegado de Inglaterra y de los 
Estados Unidos. El pueblo trabajador, indefenso, analfabeto, humillado, con 
su paludismo y su sífilis, era siervo de la gleba en las haciendas gomeras, arte¬ 
sano explotándose a sí mismo, esclavo asalariado en los campamentos mineros. 
Y mientras tanto, la única prensa que en el país podía leerse —la regimentada 
por la dictadura- reproducía los elogios y panegíricos prodigados a Gómez y a 
su administración por estadistas y escritores, en periódicos y revistas de todas 
las naciones y de todas las lenguas. Los hombres que por su cultura e inteligen¬ 
cia debieron descubrir y encauzar la soterrada marea colectiva de resistencia al 


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despotismo, no podían hacerlo, porque estaban a su servicio. En Venezuela 
también puede hablarse de una «generación perdida». Intelectuales y profesio¬ 
nales, escritores y científicos de la generación del 900, con señeras excepciones, 
estaban al frente de los ministerios, en los cargos diplomáticos, en las redaccio¬ 
nes de los periódicos oficiales, galeotes bien remunerados del bongo dictatorial. 


La insurgencia del 28 

Esa conjunción de factores nacionales e internacionales en favor de la tiranía 
crearon en Venezuela un enrarecido ambiente de opresión y angustia colecti¬ 
vas. Fue bajo ese signo y dentro de ese clima que actuó la generación de 1928, 
en cuyos rangos libré las primeras escaramuzas de una vida pública que desde 
sus inicios ha sido militante y azarosa. 

Nos llegaban, por los intersticios de la especie de muralla china tendi¬ 
da en torno del país, ráfagas de los vientos de fronda que sacudían al mundo, 
reflejos del conmocional episodio histórico que fue la Revolución Rusa de 
1917 y de los cambios sociales que hubo en el occidente europeo al concluir 
La Primera Guerra Mundial. Las noticias sobre la Revolución Mexicana, para 
aquellos años en su etapa de mayor resonancia americana, llegaban hasta noso¬ 
tros como un estímulo poderoso. En alguna revista leíamos, brillándonos los 
ojos juveniles con la emoción de quien se asoma a mundo inédito, las noti¬ 
cias de las luchas universitarias de Córdoba, de las manifestaciones callejeras de 
Lima, de los enérgicos inicios de la batalla que libraría Cuba contra el «macha- 
dato». Y fue bajo el influjo de esa inquietud insurgente que conmovía a las ju¬ 
ventudes americanas como resolvimos organizar la Semana del Estudiante. 
Cierto matiz de torneo del cuatrocientos, con su reina a lo Clemencia Isau- 
ra. le dio a esos festejos un engañoso aspecto de bobalicón Juego Floral. Fueron 
tolerados. Y aprovechamos la coyuntura para vocear, ante multitudes asombra¬ 
das de que pudiera hablarse ese lenguaje, juveniles y briosas arengas, de subido 
acento jacobino, con reiteradas alusiones a una palabra prohibida: libertad. 

Vino la represión. Los que nos habíamos significado más por la actitud 
insurgente fuimos a la cárcel. Allí nos remacharon a los tobillos dos pares de 
grillos (los clásicos, pesados sesentones, de 60 libras, y otros, más pequeños, 
llamados parachoques en el argot carcelario). Se nos llamó «los protomárti- 
res de El Cuño» en la zumbona jerga estudiantil, aludiéndose al nombre de la 
cárcel donde se nos encerrara y a nuestra condición de precursores de quienes 
detrás de nosotros vinieron luego a colmar los calabozos. En esa celda peni¬ 
tenciaria cumplí los veinte años, el 22 de febrero de 1928. Éramos cuatro, en 
un calabozo de escasos metros, sórdido y sin una sola rendija abierta al aire y 


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a la luz. De los cuatro, dos murieron, víctimas del terror gomecista: Pío Tama- 
yo, el poeta, fue sacado a la calle, agonizante, después de siete años de grillos 
y de incomunicación carcelaria; a Guillermo Prince Lara, estudiante de medi¬ 
cina, lo mató una tuberculosis galopante, adquirida mientras peleaba como 
guerrillero, en una aventura antidictatorial, allá por el año 29. Sobrevivimos 
Jóvito Villalba y yo. 

El estudiantado del 28 respondió a la prisión de los cuatro con enérgi¬ 
ca acción solidaria. Centenares de universitarios fueron a las cárceles. Y para 
sorpresa nuestra, que por ignorancia entonces de las leyes que rigen la mecáni¬ 
ca social confiábamos poco en el pueblo, éste dio una heroica pelea, espontᬠ
nea a la dictadura. Se declaró una combativa huelga general, insurreccional, en 
un país donde no existían para entonces ni rudimentos siquiera de organiza¬ 
ción sindical. En las calles de Caracas y La Guaira se improvisaron barricadas 
y un pueblo inerme se enfrentó a pedradas con las fusilerías del despotismo. 
En Maracaibo, capital del Canaán petrolero del Zulia, la juventud intelectual 
y el pueblo realizaron su propia escaramuza antidictatorial. 

Esa presión popular nos abrió las puertas de la cárcel. Salimos a la calle a 
conspirar. La repulsa colectiva contra Gómez y su régimen, el repudio nacional 
a un gobierno opresivo y corrompido, encontró eco en varios oficiales jóvenes 
de las fuerzas armadas. Y una noche, la del 7 de abril de 1928, en connivencia 
con aquéllos, fue tomado el Palacio Presidencial (del cual siempre estaba ausen¬ 
te Gómez, quien vivía en su amurallado reducto de Maracay) e intentamos 
apoderarnos del cuartel San Carlos, arsenal provisto de cuantioso material bé¬ 
lico. Fracasamos en el intento audaz y me quedó por muchos días, junto con la 
amargura de la derrota, el traumatismo que me dejaran sobre el hombro 
derecho los culatazos del máuser, manejado con inexperiencia de novato. 

Vino la cárcel indefinida para unos. Otros, buscados activamente por 
la policía, debido a su probada injerencia en la revuelta fallida, logramos 
salir furtivamente del país y tomar el camino del destierro, que debía durar 
ocho años. 

Mientras tanto, otra hornada de estudiantes se enfrentó a la dictadu¬ 
ra. Centenares de universitarios fueron enviados a trabajar, como forzados, 
abriendo a pico y pala caminos carreteros, en zonas palúdicas. Gómez de¬ 
claró, cínicamente, en El Nuevo Diario, su periódico oficial: «Como no 
querían estudiar, los estoy enseñando a trabajar...» 

Los encarcelados y los exilados formábamos un grupo juvenil románti¬ 
co y fervoroso, pero deslastrado de orientación doctrinaria. Sachka Yegulev, 
el libro nihilista de Leónidas Andreiev, era nuestra Biblia. Nos sentíamos his¬ 
tóricamente obligados a sacrificarnos por la liberación de nuestro país, pero 


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hasta nosotros no había llegado el mensaje de las modernas doctrinas socia¬ 
les. Éramos unos jacobinos trasnochados en un mundo en el cual las corrien¬ 
tes políticas estaban polarizándose en dos frentes irreconciliables: reacción 
antihistórica y revolución social. 

Mientras nuestros compañeros arrastraban barras de hierro en las cárce¬ 
les o roturaban caminos carreteros, los aventados al exilio aplicamos inicialmen¬ 
te todas nuestras energías a propiciar, u organizar, expediciones armadas desde 
el exterior, a lo Garibaldi. En conexión con la expedición del vapor Falke cuyo 
'efe era el general Román Delgado Chalbaud, nos embarcamos en los muelles 
de Santo Domingo, en una cálida noche veranera de 1929, un grupo de vene¬ 
zolanos, a bordo de La Gisela, un barco velero, dedicado al tráfico de cabotaje, 
íbamos Simón Betancourt, guerrillero romántico y valiente, de los del alzamien¬ 
to de Horacio Dúchame; Raúl Leoni, Hernando Castro, Carlos Julio Ponte 
-quien moriría años después, en otra intentona expedicionaria-, Atilano Car- 
nevali y otros más, hasta completar una veintena de hombres. El «armamento» 
eran unos fúsiles viejos y unos cuantos revólveres. Al abrir a bordo el sobre lacra¬ 
do y sellado que contenía instrucciones para el grupo, resultó que se nos citaba 
para La Blanquilla, islote en el oriente venezolano, a varios días de navegación. 
La Gisela no estaba en condiciones para realizar ese crucero, y se le abrieron vías 
de agua, cuando salió mar afuera. Arribamos, fracasados y cariacontecidos, al 
puerto de Barahona, en un extremo del litoral dominicano. 

No apreciábamos entonces la ineficacia de una acción insurreccional de¬ 
sasistida del apoyo de una organización popular y revolucionaria actuando den¬ 
tro del país. No sabíamos tampoco, pero lo aprendimos rápidamente, que el 
aparato policíaco de las grandes potencias nos rastreaba los pasos, para proteger a 
un régimen que les aportaba petróleos baratos, entreguismo, sumisión. 

Fue operándose en nuestras conciencias un proceso de esclarecimiento 
ideológico. Comenzamos a darnos cuenta de cómo Gómez era algo más que 
un déspota nacional: era el instrumento y el vehículo para el control foráneo 
de la economía venezolana, aliado y siervo de poderosos intereses extranjeros. 
Comenzó a hacer crisis en nosotros la fe en los métodos de lucha contra la 
dictadura que no respondieran a un programa político-social definido, a ob¬ 
jetivos ideológicos precisos, a una organización y una disciplina diferentes de 
ia primitiva y precaria adhesión de hombre a hombre, factor determinante 
del proselitismo caudillista. 

Nos entregamos a la apasionada indagación de las raíces doctrinarias de 
ias diversas tesis políticas. Devoramos, más que leimos, libros de historia, 
de economía, de ciencias sociales. Se operó en la mayoría de los estudiantes exi¬ 
lados ese fenómeno común a las juventudes americanas de los años treinta: con 


65 



fervor de neófitos sorbimos cuanto escribieron los clásicos del socialismo. Por un 
momento, inclusive, creimos que en Rusia se estaba forjando un tipo de organi¬ 
zación social de vigencia ecuménica. Llegamos a soñar con una revolución a la 
bolchevique, con nuestro zar de Maracay fusilado al amanecer. Sin embargo, 
ninguno de los que después fundaríamos a Acción Democrática llegó a militar 
durante su primer exilio en grupos políticos subordinados a la III Internacional. 
No obstante ser bastante jóvenes, porque la mayoría acababa de trasponer la 
veintena, resistimos a la tentación de enajenar nuestra voluntad política a la rec¬ 
toría soviética, entonces tan atrayente para la juventud universal. Es que al 
acercarnos a las toldas comunistas recibió serio impacto el raigal sentimiento ve¬ 
nezolano y americano del grupo. Nos topamos con una agrupación extranjeri¬ 
zante, sorda y ciega ante las vitales necesidades de nuestros pueblos, suerte de 
beatería genuflexa ante las imperiosas consignas de los burós del Komintern. 
El pequeño grupo de compatriotas ya organizado entonces en embrión del que 
después sería Partido Comunista de Venezuela se encargó de ahondar la zanja 
abierta entre nuestro grupo y ellos, desatando contra nosótros una ofensiva de 
denuestos a la cual se mantienen aún aferrados, con extraordinaria tenacidad, 
cuarenta años después de haber sido iniciada. 

Pero no nos cruzamos de brazos al rechazar las fórmulas y etiquetas de 
importación para afrontar la realidad venezolana y la de América Latina, en 
general, con ánimo de contribuir a modificarla y rehacerla. Por lo contrario, 
comenzamos a articular un sistema de ideas y de planes, para aportárselos a 
Venezuela como caminos para la solución de sus problemas básicos. Nos de¬ 
finimos y proclamamos defensores del nacionalismo económico, de la demo¬ 
cracia agraria y de la justicia social, debatiendo ardorosamente acerca de los 
medios posibles para que el país recobrara y afirmara un régimen de liberta¬ 
des públicas. Era el paso que lógicamente considerábamos como previo para 
hacer llegar al pueblo nuestro mensaje nacional-revolucionario. 


Gómez, personaje universal, y Venezuela, 

«MODELO DE PAÍS BIEN GOBERNADO» 

Mientras estudiantes, profesionales, algunos antiguos caudillos militares y 
trabajadores de la ciudad y del campo, veían pasar los años detrás de rejas car¬ 
celarias, o se debatían en el exilio entre las estrecheces materiales y el angus¬ 
tioso forcejeo de los jóvenes para encontrar un seguro rumbo ideológico, 
Gómez consolidaba su poder. 

La dictadura fue remecida por el turbión del 28. Pero tenía bayonetas, 
dinero, protección extranjera y hábito de mandar. La oposición estudiantil 


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careció de doctrina realmente revolucionaria y de apoyo continuado en capas 
sociales influyentes. Y el despotismo emergió de la crisis arrogante como nunca. 

En los momentos de desconcierto del clan gobernante ante la rebelión 
inerme de estudiantado y pueblo, anunció algunos paliativos para el descon¬ 
tento nacional: una Ley del Trabajo, un banco para la construcción de casas 
baratas y otro para la refacción de la agricultura y de la cría en ruinas. 

El Banco Agrícola y Pecuario y el Banco Obrero, las dos instituciones 
de crédito creadas, sólo sirvieron para hacer desaguar algunos millones de bo¬ 
lívares hacia la clientela política del régimen. Y la legislación obrera, de sucin¬ 
to articulado, resultó inoperante: no había sindicalismo organizado, para 
exigir su cumplimiento; y sus redactores se olvidaron de insertarle un capítu¬ 
lo punitivo, con sanciones previstas para quienes violaran sus disposiciones. 
Tampoco contenía nada que mereciera ser defendido. Su orientación anti¬ 
obrera quedó bien definida al fijar en 9 horas la jornada legal de trabajo en las 
ciudades y campamentos mineros; y horario indefinido en el campo. 

Esa ley la dictó el Congreso del 28. Fue el mismo que al año siguiente 
eligió a Gómez para un tercer período presidencial. Sorpresivamente, el dic¬ 
tador rehusó. Parece que se había sacrificado ya demasiado por el país. Los 
congresantes, en pleno, se trasladaron a Maracay. El déspota rural, parco en 
palabras siempre, resultó locuaz esta vez y pronunció un discurso de antología, 
cuya publicación fue ordenada a su prensa. Entre otras, tartajeó estas frases: 

Yo no quiero que me vengan a rogar, porque yo no estoy acostumbrado a ro¬ 
gar ni a que me rueguen (...) Yo no acepto, pero sí quiero que me nombren 
General en Jefe del Ejército (...) Así es que ustedes tienen que escoger un 
hombre que de acuerdo conmigo en todo y para todo ejerza las funciones de 
Presidente (...) Si a ustedes les parece, yo les doy un candidato, que tendría 
yo que buscarlo, escogerlo para que ése marchara de acuerdo conmigo. 

Sí, sí, fue la respuesta unánime de la grey borreguil. Se ganó ese Congre¬ 
so el sobrenombre risueño de sisiísta y Venezuela tuvo otra vez un Jefe de Es¬ 
tado de guignol, escogido y manejado por el maese Pedro de Maracay: el 
doctor Juan Bautista Pérez. Duró hasta el año 31, en que Gómez se hizo elegir 
por cuarta vez. Se montó de previo un paso de sainete, con un diputado que 
airadamente imputó al anodino señor Pérez no haber sabido tutelar tan sabia¬ 
mente como Gómez la economía nacional, ni ser bien enérgico en la defensa 
de las instituciones del país, frente a ciertos arteros e innominados enemigos. 

Ya para entonces el despotismo de Gómez disponía no sólo de cárceles. De 
bayonetas, de renta petrolera, de complicidad y apoyo internacionales. 


67 



También disfrutaba de los beneficios de una filosofía política, cortada a la 
medida. En 1929, en pulcra y cuantiosa edición oficial, circuló Cesarismo demo¬ 
crático, de Vallenilla Lanz, sicofante cínico e inteligente. Con citas fragmen¬ 
tarias de Bolívar y argamasa suministrada por historiadores y sociólogos 
reaccionarios -Hipólito Taine, Spencer, Le Bon— fabricó Vallenilla una tesis de 
circunstancia. Gómez era un producto telúrico, intransferible, de un medio fí¬ 
sico tórrido, de una raza mezclada y primitiva, de una economía atrasada y pas¬ 
toril. Era el «buen tirano», expresión fatal de «la necesidad de los gobiernos 
fuertes, para proteger la sociedad, para restablecer el orden, para amparar el 
hogar y la patria, contra los demagogos, contra los jacobinos, contra los anar¬ 
quistas, contra los bolchevistas» (p. 347). En un tiempo imprevisible, acaso el 
destino sería más benévolo con Venezuela, y para ayudar a las inexorables le¬ 
yes de la historia señalaba el cortesano en plan de sociólogo una sola vía tra- 
jinable: «inmigración europea y norteamericana [sangre blanca] y oro, mucho 
oro para explorar nuestra riqueza» (p. 316). Traducido a formulas concretas 
ese esquema teórico, podía resumirse así: para ese^momento sin alternativa 
posible, Gómez, el gendarme necesario, de «ojo avizor, de mano dura, que por 
las vías de hecho inspira el terror y por el terror impone la paz», según una 
frase de Taine citada por Vallenilla; y en preparación de un futuro acaso distin¬ 
to, dinero extranjero invertido sin condiciones para acelerar el proceso de co¬ 
lonización de una nación con supuesta incapacidad para regir su vida 
económica; y torrentes de linfa caucásica, de «sangre blanca», a fin de que los 
orgullosos británicos de la Shell y los texanos de la Standard, imbuidos de 
prejuicios raciales, pudieran sentirse más a gusto en un país donde ya hubieran 
desaparecido de la piel de los nacionales los rastros de la pigmentación mesti¬ 
za. .. Y para confirmar la tesis de Vallenilla sobre la irredimible vocación de de¬ 
sorden del «populacho» criollo, el 17 de diciembre de 1930, en el centenario 
de la muerte de Bolívar, de su Bolívar, los obreros y artesanos y estudiantes de 
Caracas se echaron a la calle, sin líderes y sin consignas, guiados sólo por una 
bandera de Venezuela, en suicida intento de abrirle las puertas de sus calabo¬ 
zos en La Rotunda a los secuestrados políticos. Allí mismo quedaron tendi¬ 
dos docenas de manifestantes, diezmados por el plomo gomero, otras tantas 
víctimas de la recóndita e inextinguible pasión de libertad del pueblo. 

De un pueblo inculto en letras, pero ansioso de adquirirlas y de vivir 
con dignidad. Y de esa generalizada ignorancia colectiva había sido promotor 
el gomezalato. Algunos despotismos se han preciado de «ilustrados». El de 
Gómez, no. Era la bruta tiranía en su más desnuda y primitiva forma. Desde 
los años 1908-9 a 1923-26, el presupuesto de educación estuvo siempre por 
debajo de los 5 millones de bolívares (menos de un millón de dólares, al cam- 


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bio de entonces). El porcentaje dentro de los gastos generales del Estado de lo 
que se aplicaba a educación pública osciló entre 3,3% (1925-26) y 6,3% 
(1933-34). En la solitaria Escuela Normal que funcionaba en la República, la 
promoción de maestros graduados en 1932 alcanzó a una cifra trágicamente 
memorable: sólo uno. El balance de 80% de analfabetos dentro de la pobla¬ 
ción adulta, que dejó esa etapa sombría de vida nacional, es el más elocuente 
testimonio de su labor, devastadora, del hombre venezolano. 

El nivel de ingresos de la población trabajadora era tan bajo como el de 
los habitantes de las colonias europeas en el Caribe. No podía estimarse en ci¬ 
fras estadísticas, porque servicios especializados para esa clase de investigacio¬ 
nes, no existieron en Venezuela sino hasta 1936, después de iniciado el 
gobierno sucesor del de Gómez. Pero son fáciles de presumir recordando que 
el Anuario Estadístico de Venezuela (Caracas, 1940) daba como promedio 
de salarios diarios en 1937 los de Bs. 2,38 y Bs. 2,90, para el peón agrícola y 
ganadero, respectivamente. En esa época, ya se había operado un tímido au¬ 
mento en el jornal campesino, de donde resulta razonable afirmar que duran¬ 
te casi tres décadas de despotismo el salario medio de la mayoría de la 
población trabajadora, osciló alrededor de 50 centavos de dólar. 

Mientras Venezuela era así humillada, oprimida, expoliada, traicionada, 
ganaba por obra y gracia de su fabulosa riqueza del subsuelo el rango de país 
importante; y Juan Vicente Gómez adquiría perfiles de personaje del mundo. 

Venezuela fue la meca del petróleo; y para la gran prensa internacional, 
un superhombre expectante -digno del bronce, de la biografía y del panegí¬ 
rico exaltado- ese Presidente Gómez, providente e imperioso, que repartía a 
diestro y siniestro concesiones de hidrocarburos. «Hasta hace catorce años 
-escribía en 1949 la revista norteamericana Fortune- la industria petrolera 
no requería sino del entendimiento personal con Juan Vicente Gómez, el dic¬ 
tador astuto, cruel y voraz, quien había gobernado a Venezuela con mano de 
hierro desde 1908». 

De Venezuela se ocuparon los periódicos más importantes de las gran¬ 
des urbes. El primer país productor de petróleo de la América Latina, que 
pronto llegaría a ser el segundo del mundo entero, suministraba motivos para 
comentarios impresos en todas las lenguas cultas. 

Maracay, residencia habitual del dictador, se convirtió en centro de un 
turismo muy peculiar. Príncipes de la sangre y magnates de las finanzas, maris¬ 
cales y políticos, alternaban con cupletistas de la legua y toreros españoles, 
clientela habitual de una corte a lo reina María Luisa, disoluta, botarata y cañí. 

Personajes de Francia abrieron la marcha. Un general de su ejército, 
Pelecier, le había hecho al Quai d’Orsay un patético llamamiento público 


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para que «las modestas producciones de Pechelbrón y de Gabrán fueran 
completadas, muchas veces centuplicadas, debiera decirse mejor», mediante 
la adquisición de concesiones en Venezuela. Olvidó la contendora de Alema¬ 
nia la germanofilia militante de Gómez y envió a su buque escuela Jeanne 
d’Arc a puertos de Venezuela, para que los cadetes de Francia rindieran ho¬ 
menaje al célebre gobernante. La Legión de Honor, en su rango más alto, de¬ 
coró el pecho del déspota. El mariscal francés Franchet D’Esperey, «vencedor 
de Von Kluck, héroe de la Gran Guerra», hizo viaje expreso a Maracay a pre¬ 
sentar sus respetos al ilustre mandatario. Este flirt, tan parisiense, entre Ma- 
rianne y Gómez, creó condiciones favorables al desarrollo de las actividades 
de la Société Fran^aise de Recherches au Vénézuéla. Se organizó en Francia 
esa compañía, con capital de cuarenta millones de francos y comenzó a ex¬ 
traer petróleo de la cuenca zuliana. Su nombre era una variante de circunstan¬ 
cia de la empresa matriz: la Compagnie Fran^aise des Petroles. Era hija de los 
empeños de Raymond Poincaré y operaba como una empresa mixta, con una 
participación del Estado en 35% de sus acciones. Francia actuaba en el fren¬ 
te de los combustibles minerales acicateada por el apotegma de Arístides 
Briand: «En nuestros días el petróleo hace la política internacional». 

España, la España monárquica de Alfonso XIII, envió a un delegado 
principesco a rendirle honores al general Gómez. Fernando de Baviera y Bor- 
bón arribó un día a nuestras costas, seguido de impresionante séquito. Traía 
un morral de elogios para el «genial estadista» y la Gran Cruz de Isabel la Ca¬ 
tólica para su colección de abalorios historiados. Y para nadie puede ser sor¬ 
presa que los elogios, la condecoración y la visita fueran epilogados por la 
inscripción en el Registro de Comercio de Venezuela de la Compañía Españo¬ 
la de Petróleo, S.A. Figuraba como su director uno de los Merry del Val, fa¬ 
milia de tan sonado y controvertido historial en su país. Adquirió concesiones 
petrolíferas en el occidente y el oriente venezolanos y una participación de 5% 
sobre la producción bruta de los pozos de la Lago Petroleum Corporation. 

La amistad entre el general Gómez y la reina Guillermina se hizo 
proverbial. La Gran Cruz del León Neerlandés fue amarrada al cuello del 
«grande y buen amigo» de todas las casas reinantes europeas. 

La Royal-Dutch nadaba en un mar de concesiones. En Holanda se 
incautó un barco armado por enemigos de Gómez y a los jefes de la expedi¬ 
ción, con la cabeza rapada y el traje a rayas de los delicuentes comunes, los in¬ 
ternaron en una colonia penitenciaria. Curazao, Antilla holandesa en el 
Caribe, era una avanzada de la policía gomecista. Una especie de Fouché se- 
miletrado, que utilizaba la dictadura para centralizar su servicio de espionaje 
en el exterior, era personaje de vara alta en el Gobierno de La Haya: el doctor 


70 



José Ignacio Cárdenas. En una carta suya para Gómez revela, entre frases de 
arrevesada sintaxis, cuánta era su influencia sobre el Gobierno holandés, tan 
íntimamente ligado a la Royal-Dutch. Esa carta es todo un documento histó¬ 
rico y vale más que todas las especulaciones teóricas para demostrar cuáles 
eran los resortes íntimos de ese pacto sinalagmático, de ese do ut des, de ese 
dando-y-dando, que existió entre Gómez y los poderosos Estados vinculados 
a los consorcios internacionales del petróleo. Dice así: 

Mande una persona de su entera confianza a Curazao, a que esté en contacto 
con el Gobernador, para que lo imponga de lo que allá descubren y de lo que 
permite coger huella en Venezuela. Yo haré recomendar secretamente del 
Gobierno de la Haya, al Gobernador, esa persona 19 . 

Bélgica también marcó el paso. El cordón de Alberto I se anudó al cuello 
del agasajado personaje. Conmovidos mensajes, donde las dotes de estadis¬ 
ta del «general» saltaban en cada línea, fueron enviados de Bruselas a Caracas. 
La Belgo Venezuelan Oil Corporation iniciaba al propio tiempo sus trabajos 
en Venezuela, taladrando pozos en el distrito Sucre del estado Zulia. 

No fueron menores -sino de mayor rango y eficacia- la colaboración 
de los gobiernos de Su Majestad Británica y de los Estados Unidos con la dic¬ 
tadura gomecista. El servicio de inteligencia de ambas potencias cuidaba, ce¬ 
losamente, de mantener informado al dictador sobre cualquier riesgo que 
amenazara la estabilidad de su régimen. Y los homenajes de admiración ren¬ 
didos por expectantes personajes de las dos naciones anglosajonas al jefe del 
mismo, fueron continuos y algunos de resonancia mundial. Tal ése del gene¬ 
ralísimo de cinco estrellas John J. Pershing quien, con los laureles del Marne 
aún frescos sobre su cabeza de estratega, se despojó de sus pistolas de campa¬ 
ña, para ofrecérselas a Gómez como testimonio de encendida devoción. 

No puede caber duda. Fue inspirándose en Venezuela y acaso glosando 
su dramática realidad, que escribió Giovanni Papini -un desorbitado que a 
veces acertaba- el mejor capítulo de Gog: «La compra de una República». 

Pero el desarrollo de la más reciente historia del país revela que del 
vórtice de la corrupción administrativa, del atraso político y del entreguismo 
al extranjero, emergió como antítesis un movimiento liberador. De la entraña 
misma del binomio Gómez-petróleo, resultado de la alianza del caudillismo 


19 Carta del doctor José Ignacio Cárdenas al general J. V. Gómez. Fue encontrada en los 
archivos del déspota, después de su muerte, y publicada en el semanario caraqueño 
El Popular, núm. 30, 7 noviembre 1936. 


71 



militar con el imperialismo colonizante, como su consecuencia y su nega¬ 
ción dialécticas, surgió el equipo de hombres que iba a dotar al pueblo vene¬ 
zolano de la herramienta política y del repertorio de ideas capaces de 
conducir al rescate paulatino de nuestro patrimonio minero, y de la sobera¬ 
nía nacional con ella, de manos del capital monopolista; y de redimir al país 
del atraso institucional y del despotismo crónico. 


72 



Segunda parte 

El albaceazgo de la dictadura 


La explotación de Venezuela por el cártel del petróleo 
sobrevive al dictador que la autorizó y se consolida 
durante la Administración López Contreras: 1936-1941 



Capítulo II 

López Contreras, hechura de Gómez, 

HEREDA LA PRESIDENCIA 


Muerte de Gómez y pervivencia del gomecismo 

Juan Vicente Gómez falleció en Maracay, en un día de diciembre de 1935. La 
rigidez cadavérica acentuó los rasgos tartáricos del dictador. Aseveran quienes 
io vieron en su catafalco faraónico que nunca fue más expresivo ese rostro de 
crueldad y astucia como cuando depositaron la urna que contenía el cadáver 
sobre la cureña de un cañón. 

Detrás del féretro, apesadumbrada, marchó la grey palaciega; y en una 
rato de la época se destacan, al frente del fúnebre cortejo, quienes fueron usu- 
rructuarios y albaceas testamentarios de la herencia política de Juan Vicente 
Gómez: los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, los 
jos jefes de Estado de la década posgomecista (1935-1945). 

Después de una animada escenificación de intrigas de Bajo Imperio, 
con todo y la muerte a balazos de un familiar del déspota y presunto sucesor 
suyo, llegó a la Presidencia de la República el general Eleazar López Contre¬ 
ras. Era Ministro de Guerra y Marina en el momento del deceso del dicta¬ 
dor. Su mentalidad y sus hábitos de gobierno los forjó en la fragua de «La 
Rehabilitación», nombre con que a sí misma se había bautizado la «causa» 
gomecista. Ni por su formación política, ni por las condiciones ambientales 
que determinaron su ascenso al poder, era el gobernante capaz de darle a la 
República el vuelco histórico que estaba reclamando. 

En otra parte he escrito que las condiciones subjetivas de López 
Contreras, su mayor o menor inclinación personal a las fórmulas tran- 
i-accionales de gobierno, es materia donde el psicólogo puede recrearse, 
pero no quien trate de hallarle una explicación racional al proceso histó¬ 
rico. Lo cierto es que el gobernante al cual le correspondió la conduc¬ 
ción del país en una agitada y turbulenta etapa de transición llegaba al poder 
sin que un movimiento revolucionario hubiera quebrantado la armazón del 
Estado autocrático. 

Muerto Gómez, el pueblo desorganizado, sin partido suyo que lo diri¬ 
giera, no fue más allá de incendiar una edición especial de El Nuevo Diario, 
dedicada a la memoria del déspota; y de hacerse matar frente a la Gobernación 


75 



de Caracas, exigiendo la libertad de los presos políticos. Sofocados por la po¬ 
licía esos brotes de espontánea protesta, López Contreras orientó sus prime¬ 
ros pasos en el gobierno hacia la continuación del viejo orden de cosas. En 
Miradores, como secretario suyo, reapareció el casi inmortal Márquez Busti- 
llos, quien veinte años atrás había actuado durante largo lapso de años como 
Presidente-títere de Gómez. Se decretó duelo público por la «inmensa desgra¬ 
cia nacional» que abrumaba a Venezuela. El nuevo Presidente, en los discur¬ 
sos pronunciados dentro de los cuarteles, hizo profesión de fe gomecista, 
defraudando las expectativas de un grupo de oficiales de mentalidad demo¬ 
crática. Fue en extremo cauteloso a la hora de adquirir compromisos con la 
opinión pública y en los puestos-claves del Estado mantuvo a los mismos 
elencos que habían dado vuelta a la noria del mando -que no del gobierno- 
durante los 27 años precedentes. 

De cuanto estaba sucediendo nadie podía, en sana lógica, extrañarse. Ló¬ 
pez Contreras había sido designado para suceder a Gómez^por los ministros de 
Gómez, de acuerdo con la fórmula prevista en una Constitución salida de las 
manos de los letrados que traducían al lenguaje jurídico la voluntad de Gómez; 
y la cual recibió la aprobación sin enmiendas, con gregaria disciplina unanimis- 
ta, de un Congreso cuyos senadores y diputados fueron también nombrados por 
Gómez. Este aparente trabalenguas tiene singular interés histórico. Interpretado 
sin mayor esfuerzo de exégesis significa que la etapa posgomecista nació de un 
acto de imposición autocrática. Venezuela no fue consultada en forma alguna. 

Sobre estas cuestiones meditaba yo, una noche de enero de 1936, pa¬ 
sajero de cubierta en el barco frutero, surto en las aguas costarricenses de 
Puerto Limón, que me devolvería a la patria. El nombre del sucesor del dés¬ 
pota estaba ligado a dos recuerdos míos de la etapa de luchas estudiantiles. 
Fue López Contreras —enfundado en uniforme de campaña- quien inspec¬ 
cionó, en una friolenta mañana caraqueña de 1928, el traslado de los univer¬ 
sitarios presos en la cárcel de «El Cuño» hacia las bóvedas coloniales del 
castillo «Libertador», en Puerto Cabello. Fueron los vivas al «viejo Gómez» y 
al «general López Contreras» contestados con gruesas interjecciones escatoló- 
gicas y con tiros de máuseres por los estudiantes y militares que el 7 de abril 
del mismo año 28 fracasamos en la aventura insurreccional, frente a las gari¬ 
tas artilladas del cuartel San Carlos. 


Despertar de un pueblo 

Pero la despreocupada creencia de que el cambio de decorado de la dictadu¬ 
ra se realizaría en familia, con la regularidad con que en las viejas monarquías 


76 


ei delfín sucede al rey muerto, se desvaneció rápidamente. Ya Venezuela ha¬ 
ría dejado de ser exclusivamente pastoril y agrícola. En las ciudades y muy es¬ 
pecialmente en los campos petroleros, le había nacido una nueva clase a la 
•ociedad: la obrera. Del exilio estaban regresando, junto con los emigrados de 
mineralizada mentalidad y comparables a aquellos Borbones de la Restaura¬ 
ron «que ni olvidaban ni aprendían», núcleos juveniles, nutridos de moder¬ 
na inquietud social. Se realizó el encuentro entre el pueblo y sus futuros 
rganizadores y conductores, hombres que como los de la generación argen- 
:.na del 50 habían colmado las horas interminables del destierro y de las cel¬ 
das carcelarias con el estudio de las doctrinas y las experiencias sociales 
muevas. El ansia colectiva de una auténtica vida democrática y la realización de 
a muy justa consigna de «liquidar al gomecismo», encontraron cauce en los 
parados políticos democráticos, en los sindicatos obreros, en la combativa fe- 
leración de estudiantes, en las organizaciones magisteriales, que de inmediato 
; .'menzaron a tener vida activa. 

La nueva generación política utilizó todos los vehículos posibles de ex¬ 
presión hablada o escrita para poner al desnudo la dramática realidad nacional. 
Estaban apertrechados los conductores de esa cruzada ideológica de un bagaje 
srrio de información económica, y por eso la encendida prédica no se limitó a 
demostrar que eran absolutistas los cimientos políticos del Estado venezolano, 
■.no a exigir también un cambio estructural en la economía y el fisco naciona- 
es. La arremetida implacable de las cifras -con las cuales demostrábamos los 
r>casos beneficios que obtenía la nación de la explotación petrolera, los siste¬ 
mas atrasados de producir en la agricultura y la industria y el pauperismo del 
p .reblo— desmanteló la leyenda gomecista de la prosperidad venezolana. 

Testimonio de ese empeño de llamar la atención del país acerca de su 
.leoendencia de la industria petrolera lo registra un discurso mío, el primero 
: ce pronunciaba en Venezuela después de regresar de 8 años de exilio, y, por 
añadidura, en la primera reunión política popular que se realizaba en el país, 
m lo que iba corrido del siglo XX. El acto tuvo lugar en el Nuevo Circo, de 
aracas, el I o de marzo de 1936. En el discurso de clausura, caractericé a 
• rnezuela con estas palabras: 

Un país es cierto que sin deuda externa, pero con su economía intervenida 
por el sector más audaz y agresivo de las finanzas internacionales, el sector pe¬ 
trolero. Es verdad que el Estado venezolano no tiene acreedores extranjeros, 
pero en cambio nuestro subsuelo ha sido prorrateado entre los consorcios del 
aceite mineral. Y un país en el cual el 80% de las exportaciones corresponde 
al petróleo, industria que no está explotada por capitales nacionales; un país 


77 



en el cual el Estado recibe el 45% de los ingresos fiscales de esa misma in¬ 
dustria, disfruta de una independencia sólo aparente. Pero en realidad se en¬ 
cuentra reatado a los grandes intereses extranjeros (El Universal, Caracas, 
2 de marzo, 1936). 

El pueblo desconocía la magnitud de ese problema nacional. Sufría sus 
efectos sin conocer sus orígenes. En una nación donde no hubo durante dé¬ 
cadas prensa libre, ni elecciones siquiera fueran fraudulentas, ni remedo de 
actividades parlamentarias, ni organizaciones políticas y sindicales, era expli¬ 
cable la universal ignorancia de la cuestión petrolera. Y los nuevos gobernan¬ 
tes, en su determinante mayoría formados en la escuela colonialista de la 
dictadura y con su mentalidad, eran los menos interesados en ilustrar acerca de 
ella a la nación. Reveladoras, a este respecto, fueron las declaraciones formu¬ 
ladas por el primer ministro de Fomento de la nueva Administración, el doc¬ 
tor Juan París. Había encontrado que todo estaba «maravillosamente bien 
organizado» en las dependencias oficiales a su cargo. 

Al lado de la clientela nacional de las compañías, formada por funciona¬ 
rios públicos, abogados y escritores de conciencia petrolizada, surgió ya desde 
entonces un grupo; y más que un grupo, una actitud mental, que enfocaba la 
cuestión petrolera con desgarrado acento pesimista. Poco o nada podía hacerse, 
en concepto suyo, para modificar un orden de relaciones entre Estado e indus¬ 
tria tan sólidamente engarfiado en la llamada realidad nacional. Y el cual, 
por añadidura, tenía detrás de sí el respaldo de gobiernos cuyas banderas, y cu¬ 
yos cañones llegado el caso, dictaban normas universales. Esos derrotistas, imi¬ 
tando el místico acento de los poetas, calificaban con el mexicano López Velarde 
de «veneros del diablo» a los yacimientos de donde fluye el oro negro. Eran los 
precursores de economistas y de ensayistas que enjuiciarían posteriormente, con 
similar superficialidad, la magna cuestión nacional. Anticipos en el tiempo de 
quienes, años después, bautizarían a esa industria extractiva con un nombre pe¬ 
dido a préstamo a la mitología griega: «el minotauro», o con otro más plebeyo, 
solicitado éste al olvidado idioma de los indios: «el estiércol del diablo». 

Frente a colonialistas, a derrotistas y a hacedores de frases para enfocar 
ese problema vital insurgió nuestro movimiento político, apenas regresaron del 
exilio o salieron de los calabozos sus principales conductores, en las semanas 
iniciales del año 36. 

La tarea orientadora de la opinión nacional en lo que a petróleo se re¬ 
fiere, fue tenaz y sistematizada. Vale la pena recordarla, en sus rasgos funda¬ 
mentales, porque ella fue punto de partida de una trayectoria seguida en 
forma consecuente, en la oposición y en el poder. 


78 


Popularizamos, en la tribuna del mitin y de la conferencia, en las páginas 
del periódico y del folleto, cuanto habíamos estudiado, en largas horas de vigi¬ 
la laboriosa, acerca de la industria petrolera y de sus implicaciones políticas. 
Nos empeñamos en develar de paramentos retóricos el problema petrolero y en 
irrebatarle a su producción esa aureola de negocio misterioso, y hasta satánico, 
ron que lo envolvían los «vivos» y los ingenuos. Dijimos que no se trataba de 
ano de esos filtros esotéricos fabricados en sus laboratorios por los alquimistas 
medievales, sino que era el mejor combustible para impulsar a las naciones ha- 
cu altos destinos. En las sociedades modernas, afirmamos, no hay otra fuente 
natural de riqueza capaz de aportar, con tantas facilidades de extracción, tan fa¬ 
bulosos como firmes proventos. Sólo requiere ser manipulado por los pueblos 
en donde se produce con honradez y visión nacionalista, cualidades que no tu¬ 
pieron los gobernantes venales y factoreros del gomecismo. Era necesario, en 
consecuencia, rectificar la política incalificable aplicada hasta ese momento 
en las relaciones de las empresas con el Estado y los trabajadores; revisar las con¬ 
cesiones otorgadas, muchas de ellas con vicios sustantivos; reajustar la tributación 
i instaurar, en síntesis, un nuevo trato en la industria petrolera, desbrozando el 
camino que condujera hacia el total control del país sobre su riqueza minera. 

Esa acción reivindicadora del patrimonio nacional era posible si Venezue¬ 
la. una vez adquirida conciencia del problema de su dependencia del capital fi¬ 
nanciero internacional y de la explotación incontrolada de la principal fílente de 
riqueza por inversionistas extranjeros, organizaba sus reservas de resistencia. La 
tu para llegar a ese objetivo era la de integrar en sus organismos políticos y gre¬ 
miales a un pueblo sin entrenamiento alguno en esas funciones, porque du¬ 
dante tres décadas había permanecido al margen de las inquietudes universales. 

Y a esa obra nos dimos, con empeñosa voluntad y estimuladores resul¬ 
tados inmediatos. Con la plástica capacidad receptiva del venezolano y ese 
anhelo suyo de avanzar a saltos, típico de las colectividades políticamente 
arrasadas que de pronto se incorporan a la dinámica social contemporánea, el 
bueblo asimiló con avidez ese mensaje. Los partidos políticos y las organiza- 
nones gremiales y culturales recién nacidos, colmaron sus registros de una 
militancia numerosa y combativa. 


Aquel histórico 14 de febrero 

El neogomecismo en el poder y sus asociados foráneos veían con alarma esa re¬ 
velación del espíritu público, hasta entonces adormecido. Y en los comienzos 
ce lebrero de 1936 trataron de frenar la ascendente marea popular. La libertad de 
rrensa recién estrenada fue suprimida por decreto ejecutivo. 


79 



Esa medida de gobierno determinó el primer choque violento entre la te¬ 
sis del statu quo, sustentada por el régimen, y el ansia de marchar hacia adelan¬ 
te, experimentada por el país. El 14 de febrero hubo una huelga general en las 
ciudades, de confeso carácter político y en reclamo de una real democratización 
del régimen, que abarcó a toda la población, sin distingo de matices sociales. 
El plomo gubernamental sembró de cadáveres de manifestantes inermes las bal¬ 
dosas de la Plaza Bolívar, de Caracas. Y en los campos, mientras tanto, la ma¬ 
sa rural hacía, en pequeñas proporciones, su ensayo de jacqueñe. El odio 
contra la dictadura y contra sus soportes latifundistas acumulado a través de lar¬ 
gas décadas de opresión, se expresó con primitivos y espontáneos alardes de vio¬ 
lencia. Los «saqueos», tan de típica raigambre española como lo observa Pérez 
Galdós en alguno de sus Episodios nacionales, se pusieron a la orden del día. 
Ardieron en Caracas los palacetes de dudoso gusto arquitectónico de los ge¬ 
nerales y doctores de la dictadura, y en los latifundios gomecistas fueron 
destrozados cercas, sementeras y ganados. 

La impresionante manifestación de energía colectiva de la jornada del 
14 de febrero, sorprendió al régimen. Y lo obligó a hacer concesiones en 
cuanto a la integración humana de los cuadros gobernantes y a los rumbos 
que debía imprimírsele a la acción administrativa. Abandonaron el país algu¬ 
nos de los gomecistas de más repudiable historial. Doctores y generales recién 
regresados del exilio fueron utilizados para darle un barniz renovador al neo- 
gomecismo gobernante. Y concretas promesas de liberalización de la conduc¬ 
ta del régimen y de transformación económica del país ofreció el Jefe del 
gobierno en uno como inventario panorámico de las necesidades venezo¬ 
lanas, conocido en la más reciente historia de Venezuela con el nombre de 
Programa de Febrero. 

No pasaron muchos meses sin que el viento se llevara las promesas del 
que fuera calificado, con acierto definidor, como el quinquenio socarrón. 
El Congreso -integrado, con apenas dos o tres excepciones, por los mismos 
parlamentarios que había escogido Gómez en patriarcal postura de Carlo- 
magno del trópico, bajo la copuda sombra del Samán de Güere- comenzó 
a discutir una llamada Ley de Defensa Social calcada en los códigos represi¬ 
vos del fascio italiano. Eran aquéllos los días de la guerra civil española y del 
auge de Mussolini y Hitler; y de moda estaba encasillar como «comunista» a 
todo aquel que combatiera por la libertad y la justicia social. «Los epítetos 
comunista y bolchevique se lanzaban enérgicamente a la faz de la Admi¬ 
nistración rooseveltiana», ha escrito Robert E. Sherwood, recordando el pa¬ 
norama político de los Estados Unidos para aquellos mismos días. Y en 
Venezuela halló eco propicio esa agresiva campaña internacional de los ideó- 


80 



!ogos del fascismo. En la Ley de Defensa Social se establecían penas de encar¬ 
celamiento (artículo 2) de cuatro a seis años para quienes «por medio de di¬ 
bujo u otra forma de expresión del pensamiento», criticaran o difamaran «a 
La organización republicana (...) o al régimen de propiedad privada». Otro 
articulo -el 7- remozaba al Santo Oficio inquisitorial, al sancionar el delito in 
mente. «Se presume -decía en su texto- que los miembros o simpatizantes 
del Partido Comunista o de algunas de sus ramas que permanecieren en Ve¬ 
nezuela 15 días después de promulgarse la ley» han incurrido en delito. Con¬ 
tra esa «presunción» no se admitirían pruebas de descargo sino «tres años 
después de retractación pública». 

La presión de la opinión pública impuso a la oligarquía gobernante 
.a sustitución de ese proyecto legislativo por un sucedáneo, de contenido re¬ 
presivo similar aun cuando expresado en términos de hipocresía jurídica: la 
«Ley para garantizar el orden público y el ejercicio de los derechos indivi¬ 
duales». Y junto con esta manifiesta tendencia a legalizar la ofensiva ya de¬ 
satada contra el pueblo y sus órganos de expresión política, otros hechos 
concurrentes contribuían a irritar a la población. Los hombres del gomecis- 
mo provocaban las iras populares con el ostentoso alarde de sus riquezas 
mal habidas. En las dependencias de la recién creada Oficina Nacional del 
Trabajo se amontonaban los expedientes de centenares de conflictos obre¬ 
ro-patronales irresueltos. El Congreso de los mal elegidos no revelaba la in¬ 
tención de cumplir la promesa oficial de autodisolverse, para que la nación 
realizara su justificado anhelo de integrar las Cámaras con ciudadanos electos 
en libres comicios. 

Esta suma de elementos inflamables fue el combustible que alimentó la 
huelga general de junio de 1936. Esa huelga se planeó con una duración prefi¬ 
jada de veinticuatro horas. Tenía definido carácter de protesta colectiva contra 
la pervivencia de hombres y métodos del gomecismo dentro de la administra¬ 
ción pública. La cuestión de conquistar el poder no estuvo nunca en la mente 
de sus dirigentes. Apreciábamos con claridad la inmadurez organizativa de las 
tuerzas populares y nuestra propia actitud subjetiva era extraña a la idea de de¬ 
rrocar al gobierno. Pero la expansión y fuerza adquiridas por la huelga, que pa¬ 
ralizó de un exjremo a otro a la nación, nos indujo a adoptar una posición 
equívoca. Nos dejamos impresionar por la marea ascendente de la calle y pro¬ 
longamos la duración de la huelga más allá del límite justo que se le había 
fijado. Y como no señalamos, al propio tiempo, una salida insurreccional 
y revolucionaria al conflicto, éste terminó por replegarse y deshacerse, ante la 
represión policial. 


81 



De las jornadas de junio a la huelga 

DE LOS TRABAJADORES DEL PETRÓLEO 

Ese nuevo alarde de energía colectiva encontró al régimen mejor preparado 
para afrontarlo. El movimiento popular, si fuerte por la mística que insufló 
en vastas capas de la población, tenía la debilidad de su inexperiencia y de la 
falta de objetivos definidos de lucha. Las corrientes dictatoriales en el poder 
contaban a su favor con el hábito de mandar. La ley de la inercia, .que en 
política rige tanto como en el mundo físico, colaboraba con los equipos go¬ 
bernantes. Así se explica por qué las acciones populares de junio alcanzaron 
sólo parcialmente sus objetivos. El Procurador General de la Nación elaboró 
una fórmula que posibilitó la confiscación de la herencia de Gómez; se ace¬ 
leró la discusión de la nueva Constitución; y se promulgaron leyes del Traba¬ 


jo y de Hidrocarburos que constituían pasos de avance en comparación con 
las derogadas. 

Los dirigentes de las combativas jornadas de junio entramos en contac¬ 
to, otra vez, con gentes y lugares bien conocidos por nosotros: «la guardia de 
prevención», el calabozo y los cerrojos. Había sido tan vigoroso ese movimien¬ 
to en sus inicios, sin embargo, que los gobernantes no se atrevieron a mantener 
encarcelados a quienes lo dirigiéramos sino por espacio de algunas semanas. Pe¬ 
ro dentro de la implacable lógica de la lucha social, era de esperarse lo que lue¬ 
go hubo de suceder: la ilegalización de los partidos populares y la hostilidad 
oficial hacia el movimiento gremial organizado, aprovechándose el adversario 
político del quebranto dejado en nuestras filas por la parcial derrota de junio. 

La oportunidad para desatar la racha represiva se le presentó al régimen 
al estallar, a fines de ese mismo turbulento año 36, la huelga de los trabajado¬ 
res del petróleo, en los campos de producción de los Estados Zulia y Falcón. 

Los trabajadores del petróleo habían revelado, desde la muerte misma 
de Gómez, su combatividad. Comenzaron expresándola en formas brutales: 
varios policías y guachimanes ] fueron quemados vivos después de la muer¬ 
te del dictador, con fuego de los mechurrios, en las vecindades mismas de 
los taladros. 


Esta etapa de retaliaciones primitivas fue superada rápidamente por los 
trabajadores petroleros. Y comenzaron, apenas se agruparon en sindicatos, a 
plantear sus reclamos, acumulados a lo largo de 15 años de total indefensión. 


I Acriollamiemo de watchmen (vigilantes), guardias armados que en las puertas de los 
campamentos petroleros apostaban las compañías. 


82 


Sus condiciones de vida y de trabajo eran inenarrables. Sobre ellas es¬ 
cribió quien desempeñaba en el año 36 la Inspectoría del Trabajo del Estado 
Zulia y fuera luego político del régimen y consejero legal de poderosos inte¬ 
reses privados. Aludo al doctor Carlos Ramírez MacGregor, autor de un libro 
titulado Derecho obrero, en el cual dejó registradas, con fidelidad fotogrᬠ
fica, las condiciones infrahumanas que imperaban en los campamentos del 
aceite negro. 

Dejemos hablar al Inspector del Trabajo: «El trabajo está distribuido en¬ 
tre nuestros nacionales y un número elevado de extranjeros; pero éstos desem¬ 
peñan las principales faenas y sus condiciones de vida no pueden parangonarse 
con las del elemento nativo». 

Esas «condiciones de vida» de los obreros venezolanos las describe el 
mismo funcionario con palabras que no tienen desperdicio: «La vivienda de 
ios obreros es desastrosa, en mayor grado en Lagunillas y Mene Grande, don¬ 
de conviven hombres, mujeres y niños en completa promiscuidad. Esto es 
sencillamente pavoroso». Un Inspector Técnico de Hidrocarburos comparó, 
en 1937, a las casas de los obreros del petróleo con «cajas de fósforos evolucio¬ 
nadas» 2 . Esta opinión coincide con la del Inspector del Trabajo. Al describir¬ 
ías demuestra cómo no eran mejores que las de los caucheros en las colonias 
europeas del Pacífico: 

Casas de una sola pieza, donde apenas puede entrar una persona de pie, con 
paredes y techo de zinc, desprovistas totalmente, a excepción de muy pocas, 
de la higiene y comodidad más rudimentarias. Puede decirse, sin exageración, 
que los obreros viven en condiciones sanitarias inferiores a hace 30 años. 

r 

A las pésimas condiciones de vida se agregaba el r-gi»i y desprecio con 
que los trataban los capataces extranjeros. Los obreros, upleados y técnicos al 
sen-icio de las empresas, se sentían no sólo explotados, sino también lastima¬ 
dos en su humana sensibilidad, en su orgullo de hombics, tan vivo en el vene¬ 
zolano. El funcionario del Trabajo cuya glosa hacemo , io adniirta francamente: 

Los trabajadores se quejan, indiscutiblemente cor. rizón; han sufrido mucho, 
han sentido el trato despótico de sus superiores y v : ' ":r en una constante 
y perpetua zozobra. A nuestro juicio, la depuración del personal director 
se impone, sin que basten los propósitos de enmienda de esos mismos hombres 


1 Memoria del Ministerio de Fomento al Congreso Nacional, 1937, tomo I, documento 
núm. 56, p. 113. 


83 



que antes vejaron y humillaron a nuestros trabajadores con su trato despótico 
y su desprecio insolente. 

Los trabajadores no se avinieron a seguir rumiando resentimientos. Ya 
organizados en sus sindicatos, reclamaron modificación de ese orden de co¬ 
sas. El 30 de noviembre de 1936 presentaron a las compañías un pliego de 
reivindicaciones. Pliego tímido, de aspiraciones modestas, y formulado, con 
carácter conciliatorio, ante la Inspectoría del Trabajo del Estado'Zulia. 

Apenas aspiraban los trabajadores a que las empresas aceptaran nego¬ 
ciar con los sindicatos, a los cuales les negaban beligerancia, no obstante su 
existencia legal. Y junto con ésa, otras reivindicaciones de menor cuantía: sa¬ 
lario mínimo de 10 bolívares (3 dólares y fracción); igualdad de salario entre 
trabajadores nacionales y extranjeros; aumento de 23% en el salario de los tra¬ 
bajadores que no vivieran en casas de las compañías y exoneración del pago de 
alquileres para quienes habitaran casas de aquéllas; descanso obligatorio 
dominical. En total, un pliego con apenas 13 peticiones. 

Las empresas revelaron desde el primer momento una airada postura 
intransigente. Analizada a posteriori , esa actitud produce la impresión de 
que iba más allá de lo meramente económico. Pareciera como que hubo inte¬ 
rés en ellas de que la huelga se desatara y darle así un argumento más al neo- 
gomecismo gobernante para lanzar una ofensiva desmanteladora, a fondo, 
contra el recién nacido movimiento político democrático. 

El desarrollo del conflicto huelguístico tuvo su inicio en la retadora re¬ 
sistencia de las empresas a hacer la menor concesión. El funcionario que a 
nombre del Ejecutivo intervenía en el conflicto, el ya citado doctor Ramírez 
MacGregor, lo admite así: «Reunidas las juntas de Conciliación -escribe en 
su libro Derecho obrero-, los representantes de las compañías rechazaron de 
plano todos los pliegos y la huelga fue declarada el 11 de noviembre». 

El Presidente de la República hizo entonces un llamado público a la 
«conciliación». Fiel a su actitud de utilizar la memoria de Bolívar, amada y 
respetada entrañablemente por los venezolanos, con finalidades políticas, 
propuso que se escogiera el 17 de diciembre, día aniversario de su muerte, pa¬ 
ra la firma del pacto de avenimiento entre empresas y obreros. Pero «la tarea 
era difícil -sigue diciendo el Inspector del Trabajo y delegado del Ejecutivo- 
porque las compañías habían rechazado de plano todas las peticiones». 

El gobierno, para ser fiel a esa invocada fidelidad suya a la tradición bo- 
livariana, debió proceder ante la arrogancia de conquistadores asumida por los 
personeros de los trusts, con la misma energía del fundador de la nacionalidad 
frente al borbón invasor. Lo que hizo fue enviar al director de la Oficina 


84 


Nacional del Trabajo, doctor Tito Gutiérrez Alfaro, en misión de buena vo¬ 
luntad hacia los campamentos del oro negro. Habló con las partes en pugna, 
recorrió las zonas de trabajo y antes de regresar a Caracas, fracasado en su 
empeño amnistiador, dio declaraciones al diario Panorama, que se edita en 
.a capital del Zulia. Sus palabras fueron paladino reconocimiento oficial de 
que la intransigencia y la arrogancia las estaban monopolizando las empresas 
trente a la actitud flexible y negociadora de los sindicatos. 


Los sindicatos del Estado Falcón y del Estado Zulia -dijo- me han prestado, 
con verdadero espíritu conciliatorio, su colaboración para llegar a un arreglo del 
actual conflicto, habiendo reducido considerablemente sus aspiraciones (...) Se 
celebraron algunas conferencias con los representantes de las Compañías, en las 
cuales se creyó posible llegar a un acuerdo (...) Estas gestiones han fracasa¬ 
do, pues los representantes de las compañías han manifestado haber 
recibido instrucciones de sus directores de no hacer concesión alguna. 


El desarrollo de esta huelga desbordó el marco clásico de los diferendos 
obrero-patronales. Fue piedra de toque para revelar cómo Venezuela había 
comprendido, rápidamente, que ese movimiento era la primera escaramuza de 
una batalla nacional para independizar al país de tutorías foráneas. El respaldo 
i los huelguistas asumió caracteres de cruzada, encendida de patriótico fervor, 
industriales y comerciantes se unieron a los intelectuales, a los estudiantes y a 
jos trabajadores en gesto de solidaridad colectiva con los obreros de Zulia y Fal- 
con. Sobre sábanas de lino de casas ricas durmieron los hijos de los galeotes del 
petróleo, cuando centenares de ellos fueron trasladados a la capital de la Repúbli¬ 
ca. a fin de protegerlos de las dificultades económicas presentes en sus hogares. 

Ese plebiscito nacional en favor de sus aspiraciones, lejos de favorecer a 
.os trabajadores en huelga, los perjudicó. El mismo «horror» de los cuerpos 
ante el vacío, de que hablaban los físicos medievales doblados de teólogos, lo 
experimentaba el régimen ante todo cuanto revelara calor popular. Había, 
¿demás, que ser fiel a la tradición gomecista de obsecuencia ante las empresas 
.nglesas y norteamericanas. Y el 22 de enero de 1937, 43 días después de ha- 
ner estallado el conflicto, fue decretado el regreso compulsivo al trabajo. De las 
cautelosas reivindicaciones planteadas por los trabajadores, ninguna fue aten¬ 
dida cabalmente por el decreto ejecutivo. Apenas se estipuló un aumento de 
un bolívar (30 centavos de dólar) para los trabajadores que devengaran sala- 
nos de 7, 8 ó 9 bolívares, «más un bolívar adicional para todos aquellos a quie¬ 
nes las compañías no provean de habitaciones». Además, quedaban obligadas 
-is empresas a dotar de agua fría los centros de trabajo... 


85 



Como era previsible, las condiciones de trabajo y de vida de los obre¬ 
ros petroleros no se mejoraron sustancialmente. Dos años después de haber 
yugulado el gobierno el brote de protesta pacífica y organizada de los trabaja¬ 
dores venezolanos por el trato de coolíes que se les daba, comprobó un perio¬ 
dista de los Estados Unidos sus pésimas condiciones de vida. Fue Clarence 
Horn, quien trazó para Fortune (marzo de 1939) un cuadro de tan crudo 
patetismo que no necesita comentario marginal alguno. Es éste: 

Las compañías petroleras utilizan a 20.500 venezolanos como empleados y obre¬ 
ros. Más o menos 17.000 de ellos trabajan en la prolífica área de Maracaibo, don¬ 
de una gruesa nata de aceite les impide refrescarse del calor bañándose en el Lago. 
El resto de estos empleados trabaja en los campos petroleros del Oriente, en don¬ 
de los campamentos de Quiriquire y Caripito han sido prácticamente injertados 
en los matorrales adyacentes. La Ley del Trabajo obliga a las compañías a sumi¬ 
nistrar alojamiento a los trabajadores, con espacio deyuatro y medio metros cua¬ 
drados para cada miembro de la familia del empleado. También se le debe 
suministrar agua, comodidades sanitarias y alumbrado. Comparado con lo que 
tiene en general un peón en Venezuela, esto podría compararse al cielo. Pero 
en términos de valores civilizados, esto no es nada. El salario mínimo 
petrolero es de Bs. 8 f$2,25 diarios], más alojamiento y servicios. Pero el 
costo de la vida es tan alto en Venezuela, que esto apenas alcanza para 
alimentos, vestidos y diversiones. Si el obrero prefiere pagar su aloja¬ 
miento, tendrá un salario de Bs. 9 diarios, como mínimo. En Lagunillas, 
en el área del Lago de Maracaibo, esto significará para él vivir en una 
barraca construida sobre el Lago, y que probablemente se caerá al 
agua cuando se emborrache. Para bañarse, tendrá el agua de Lago, to¬ 
mándose primero el cuidado de quitarle la nata de aceite. Deberá com¬ 
prar el agua para beber. Su alimentación consistirá en maíz, bananos, 
papelón», caraotas negras [frijoles] y atroz. Todo lo cual le costará cin¬ 
co o seis bolívares diarios. Más o menos doce bolívares semanales le cos¬ 
tará el alquiler de una habitación. Alfinal del mes no le quedará nada 
de dinero. Pero seguramente habrá adquirido una enfermedad vené¬ 
rea, que el médico de la compañía le curará sin cobrarle. (Subraya R. B.) 


Represión y deslinde de ideologías 

En enero de 1937 terminó no sólo la huelga de los trabajadores del petróleo, en 
la forma que ya se vio, sino también esa etapa del primer gobierno post-Gómez 
bautizada irónicamente por el pueblo como la luna de miel democrática. 


86 



Ya estaba entonces en vigencia la nueva Constitución. La caracteriza 
muy bien el profesor Austin MacDonald, quien sustenta en la Universidad de 
California la cátedra de Ciencias Políticas. En un libro suyo hace este diag¬ 
nóstico definitivo, por atinado, de esa flamante Carta Política: 

En julio, 1936, una nueva Constitución fue promulgada. Fue un notable 
documento, notable por su fidelidad a los viejos tiempos, no obstante los pro¬ 
clamados sentimientos pro-democráticos de sus autores. Conservó la cláusu¬ 
la de la anterior Constitución que pauta la elección del Presidente por el 
Congreso. Los Senadores debían ser escogidos por las Asambleas Legislativas 
de los Estados y los Diputados por las Asambleas de Municipalidades. Los jue¬ 
ces de la Suprema Corte eran elegibles por el Congreso. Bajo esta nueva Cons¬ 
titución, por consiguiente, el pueblo fue excluido de directa participación en 
el gobierno tan completamente como lo había sido en la época de Gómez» 3 . 

Esa Constitución significó, desde el punto de vista del sistema electoral, 
un retroceso con respecto a las promulgadas durante el gomecismo. Teórica¬ 
mente se mantuvo en ellas, y allí estaba desde el año 1864, la fórmula del sufra¬ 
gio universal. La del 36 restringió el derecho del voto a sólo los varones alfabetos 
mayores de 21 años, en un país en el cual la mitad por lo menos de la población 
era iletrada. Y como observa el tratadista MacDonald, dejó en pie la fórmula de 
elección de segundo grado para la escogencia de los miembros de ambas 
cámaras legislativas y de tercer grado para la de Presidente de la República. 

Pero más allá fue el contenido absolutista de la Constitución del 36. El 
inciso VI de su artículo 32 puso en manos del Presidente de la República una 
versión remozada de aquellas lettres de cachéis de las que tanto abusaron los 
Luises de Francia. Esa disposición facultaba al Ejecutivo para hacer encarce¬ 
lar o deportar, a su arbitrio, a los ciudadanos a quienes la sola voluntad califi¬ 
cadora del Presidente encasillara en alguna de las categorías de comunista, 
anarquista o terrorista. 

No obstante tales trabas, la oposición organizada se aprestó, en los co¬ 
mienzos del 37, a concurrir a los próximos comicios donde debían elegirse miem¬ 
bros de concejos municipales y de asambleas legislativas. Y mediante vigorosa 
presión de calle, logró que fuesen elegidos varios miembros de las directivas 
de los partidos de oposición para diputados y senadores, aun cuando los cuerpos 
electores habían sido nominados ejecutivamente. 


3 Austin MacDonald: Latín American Politics and Government Thomas Y. Crowell 
Company, New York, 1949, p. 418. 


87 



Eso era ya intolerable por un régimen que conservaba vivo el cordón 
umbilical que lo unía a su matriz autocrática. El Jefe del Estado pronunció vi¬ 
rulentos discursos contra los partidos populares y las organizaciones estudiantiles y 
gremiales. La prensa oficiosa, con La Esfera a la vanguardia, lanzó contra la 
oposición democrática andanadas de amenazas, de las cuales transcendía un 
perceptible tufo hidrocarburado. Y detrás de los discursos y de las amenazas, 
vino la represión sin embozos. Fueron disueltos ejecutivamente los partidos 
ORVE (Organización Venezolana), Republicano Progresista y el Bloque Na¬ 
cional Democrático. A cuarenta y siete dirigentes políticos y sindicales se les 
expulsó del país, también por decreto, y esposados, como delincuentes de ex¬ 
trema peligrosidad, se les condujo desde los calabozos hasta el puente del va¬ 
por Flandre, que los llevó al exilio. La Corte Federal y de Casación, apéndice 
del Ejecutivo, anuló las actas de algunos de los parlamentarios recién elegidos, 
quienes se enteraron de las sentencias cuando ya estaban en la cárcel o en el 
destierro, sin habérseles concedido derecho a la defensa, porque se aplicaba 
una << justicia política no contenciosa '», según reveladora frase acuñada por 
los jueces sentenciadores. Unos pocos de entre los incluidos en el decreto de 
expulsión logramos evadir la policía, nos sumergimos en la clandestinidad y 
continuamos dirigiendo la batalla emprendida, que era la del pueblo venezo¬ 
lano por la conquista de tres grandes objetivos: democracia política, justicia 
social y liberación económica de la nación. 

Esa represión, dentro del complicado juego dialéctico de los fenóme¬ 
nos sociales, tuvo sus facetas negativas y positivas. De un lado, debilitó la ac¬ 
ción del pueblo, al eliminar o quebrantar sus organismos legales de lucha 
política y gremial. Del otro, sirvió para descubrir la vocación represiva de los 
legatarios de Gómez e hizo posible que se pusiera fin al amorfo y desorienta¬ 
dor frente-popularismo dentro del cual venían luchando las fuerzas políticas de 
avanzada (recuérdese que su acción había sido coetánea con la guerra civil es¬ 
pañola y con el auge del colaboracionismo entre corrientes ideológicas de iz¬ 
quierda, en Francia y otras naciones). Y se operó entonces, a compás de una 
crisis clarificadora, un proceso de deslinde de campos políticos y de ubicación 
de ideologías, saludable para el futuro político del país. 

En torno del Presidente y de su aparato político sui generis -las lla¬ 
madas «Agrupaciones Cívicas Bolivarianas»- se polarizaron las corrientes más 
retrógradas de la sociedad venezolana, que iban desde los epígonos del gome- 
cismo hasta la vasta clientela de los consorcios petroleros. Gravitó también en 
torno de ese frente antihistórico el entonces recién nacido social-cristianismo, 
liderado por Rafael Caldera, en sus inicios más próximo a Falange Española 
y más influido por la intolerancia religiosa peninsular, que a movimientos 


88 



políticos similares aparecidos en Suramérica, de plataforma socializante y fi¬ 
liados filosóficamente en el neocatolicismo tolerante de Maritain. Y también 
hizo causa común con el régimen la roñosa oligarquía de los «grandes apelli¬ 
dos». Gente que desde la Colonia viene cobijándose a la sombra benévola del 
poder, incapaz, con honrosas y señaladas excepciones, de preocupaciones co¬ 
lectivas; con sus bufetes de abogados al servicio del capitalismo extranjero; 
con sus salones de recepción abiertos para cuanto aventurero escale por asal¬ 
to posiciones de predominio; desdeñosos del pueblo mestizado, y en conti¬ 
nuo trance de fuga para Europa o los Estados Unidos de un país al cual 
desprecian en lo más íntimo de sus mentes mediocres. Siempre proclamando, 
además, con mucho énfasis, que «no son políticos» y «viven de su trabajo» y só¬ 
lo se preocupan de «cuidar sus intereses». Son los supuestos «sin partido» que 
forman en realidad las bovinas filas del «partido de los hartos», desertores de la 
responsabilidad social, tránsfugas del deber ciudadano. 

El Partido que se perfilaba como personero de la burguesía liberal 
-Unión Nacional Republicana— no fue disuelto ejecutivamente: se extinguió 
con cierta melancólica parsimonia, hasta desaparecer. Sus más combativos di¬ 
rigentes se ubicaron en partidos populares, o continuaron luchando desde la 
aspillera del «independiente». Pareció evidente, desde entonces, que los hom¬ 
bres de empresa venezolanos carecían, como núcleo social, de voluntad políti¬ 
ca. El largo despotismo, que impuso la asfixia de toda actividad cívica, agostó, 
antes de que cuajaran, las posibilidades de organización de partidos dirigidos 
por personalidades vinculadas a las actividades industriales o financieras. Y co¬ 
menzó a perfilarse la que ha llegado a ser una modalidad muy característica de 
Venezuela contemporánea: la de la ausencia en el debate público de un sector 
de la sociedad que en otros países ha cooperado, con sus consignas propias y su 
estilo diferenciado, en la lucha contra el caudillismo feudal y contra el empiris¬ 
mo y el atraso económicos. Sólo individualidades aisladas de las llamadas clases 
acomodadas, reaccionando frente a la inercia política de su grupo, han hecho 
causa común con las capas medias, con los trabajadores urbanos y rurales, con 
los profesionales y maestros de escuela, en la acción cumplida a través de los 
últimos 17 años para democratizar, modernizar y venezolanizar a Venezuela. 

En los cuadros populares surgió, a partir de 1937, una nítida delimita¬ 
ción de fuerzas. El Partido Democrático Nacional, organización política clan¬ 
destina que luego se transformaría en Acción Democrática, comenzó a 
aglutinar a sectores de las clases media, obrera y campesina de la población 
v a grupos de profesionales, intelectuales y estudiantes; y el Partido Comunis¬ 
ta también se organizó en la ilegalidad como colectividad con línea propia y 
consignas peculiares, grupo desde entonces minoritario y con escasa capacidad 


89 



de influencia sobre las mayorías populares. La avanzada política venezolana 
quedó escindida en dos agrupamientos diferenciados y polémicos entre sí: 
uno, que conjugaba su estrategia y su táctica más que con el método dialéctico 
para interpretar los hechos sociales, con los sucesivos virajes impresos por el 
Komintern primero y por el Kominform después a los movimientos políti¬ 
cos orientados por una versátil torre de señales: el Kremlin; el otro, el nuestro, 
el de quienes forjamos en la clandestinidad el PDN y luego comandaríamos a 
Acción Democrática, núcleo con una concepción moderna y revolucionaria de 
la lucha social, pero con las raíces hundidas en la tierra americana y nutrido 
con sus esencias vitales. 

La génesis y trayectoria del Partido Democrático Nacional -cuya sigla 
de PDN se popularizó nacionalmente durante el quinquenio lopecista— vale la 
pena de ser resumida, siquiera en esquema, porque constituye el núcleo ger¬ 
minal de Acción Democrática, la organización política que ha protagonizado 
los más apasionantes momentos de la viva y actualísima historia de mi país. 

El Partido Democrático Nacional fue, en sus comienzos, una organiza¬ 
ción de bolsillo. Nació en la clandestinidad, en un país donde los prolongados 
despotismos dificultaron la educación política del pueblo, y sin disponer de 
gente entrenada en tareas de organización y propaganda. Por esas razones, no 
todo era ironía en la apreciación de sus adversarios al decir que «con sus 
efectivos apenas se colmaba un automóvil». Y si creció numéricamente y for¬ 
mó aguerridos equipos de jefes políticos y de capaces dirigentes obreros, es¬ 
tudiantiles y profesionales, fue porque tuvo doctrina propia, plataforma extraída 
de lo entrañable nacional, vocación de combate y agónica fe proselitista. 

Su lucha era en dos flancos: frente a los personeros del caudillismo criollo, 
remanentes de la Colonia, quienes ejercían el gobierno, en alianza evidente con 
el capitalismo extranjero; y frente a la sedicente extrema izquierda sovietizante. 

El combate al régimen neogomecista lo conducíamos denunciando sin 
cesar su incapacidad para asimilar la idea del gobierno como representación 
del pueblo, su conducta represiva frente a quienes defendieran las libertades 
públicas y su manifiesta ineptitud para resolver con fórmulas modernas y de¬ 
mocráticas los problemas básicos del país. Especial énfasis poníamos en su va¬ 
cilante y hasta sumisa posición ante la presión colonizadora que sobre la 
economía y el fisco nacionales ejercían los consorcios internacionales del pe¬ 
tróleo. En folletos, panfletos y periódicos, impresos y distribuidos desde la 
clandestinidad, arremetíamos contra un régimen anacrónico, absolutista en 
lo político, inepto en lo administrativo y orgánicamente incapacitado para dar 
una respuesta afirmativa a los interrogantes de vida y de cultura que tenía 
planteados la nación. Y esa acción subterránea la combinábamos con la cum- 


90 



plida a la luz del día, utilizando toda rendija abierta hacia la actividad pública 
consentida por el régimen. Los procesos electorales -amañados y fraudulen¬ 
tos, como se verá luego- siempre nos encontraron utilizándolos para orientar 
y galvanizar el espíritu público. Voces nuestras dieron la nota de la disonancia 
en los Congresos semitotalitarios, porque los integraban en abrumadora ma¬ 
yoría los elencos oficialistas. Durante los tres años que permanecí en la clandes¬ 
tinidad, escribí más de 600 artículos, que como notas editoriales, sin firma del 
autor, se publicaban en el diario Ahora , de Caracas, y en los cuales popularicé 
nuestras tesis de Partido sobre las cuestiones cardinales del país. Labor similar 
realizaban mis compañeros de comando partidista, que estaban en el exilio, 
o compartían conmigo los azares de la persecución. 

En el otro frente, pugnábamos con los comunistas, disputándoles agre¬ 
sivamente la influencia sobre la juventud estudiosa y sobre las masas trabajado¬ 
ras, y de manera especial sobre el movimiento obrero organizado. Difundíamos 
por todos los medios posibles nuestra tesis política de que en un país semicolo- 
nial desde el punto de vista de su economía, con su desarrollo autónomo entra¬ 
bado por el capital financiero foráneo, sin un vigoroso desarrollo de industrias 
nacionales y con un proletariado débil numérica y organizativamente, la 
conducción del pueblo a la lucha por la democracia política y la liberación 
nacional no podía cumplirla eficazmente un partido de restrictiva composición 
obrera y de ortodoxa filiación marxista 4 . Repetíamos, sin cansarnos en el 


-4 El censo de 1936 reveló que era de 51.000 el número de obreros y empleados que trabajaban 
en empresas, y se calculó ep 69.000 el de los que trabajaban por su cuenta, artesanos más ubi- 
cables en los sectores medios empobrecidos que en el proletariado propiamente dicho. Con los 
13.000 obreros empleados por la industria petrolera y los 1.630 empleados por la minería, re¬ 
sultaba un total de 134.630 trabajadores urbanos, el 17,7% de la población económicamente 
activa. El incremento de los trabajadores de la industria fue casi nulo en el lapso 1936-1941, 
pero casi se duplicó en el período 1941-1948, pasando a ser el 22% de la población activa. 
(Véase «Panorama industrial de Venezuela», en Cuadernos de Información Económica, 
cvf, Caracas, agosto-septiembre de 1950; y Hechos y tendencias recientes de la econo¬ 
mía venezolana, de la CEPAL, México, 1950.) Proletariado disperso, ya que hay apenas con¬ 
centración obrera en el Distrito Federal, los Estados Aragua y Carabobo y los campamentos 
petroleros; con una tradición reciente de organización y luchas sindicales, y del cual habría que 
excluir, dentro de una ortodoxa clasificación clasista, la vasta gama que va desde el toero (ver¬ 
sátil trabajador, que «hace de todo») hasta el artesano que en su pequeño taller hace zapatos o 
confecciona trajes. Aun con el aumento del número de trabajadores en industrias habido en los 
últimos años, sería poco realista la tesis, como en los hechos lo es la comunista, que asigna a un 
partido de ideología y comando proletarios el rol de aglutinador de la vasta zona humana in¬ 
teresada en que se realice la etapa nacional-revolucionaria de nuestro proceso histórico. Las cla¬ 
ses medias urbanas, los estudiantes y profesionales, la variada gama de agricultores no 
latifundistas, aun individualidades de otras capas sociales, que tienen tanto peso específico en 
etapas evolutivas como la que vive Venezuela, no militarían en partidos obreros, sino en los de 
amplio y comprensivo programa nacional-revolucionario. Este planteamiento tenía en 1937 


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terco martilleo, que al lado de su debilidad congénita como partido de una 
sola clase y sometido a un cartabón ideológico inflexible, tenía otro talón de 
Aquiles el Partido Comunista: su mimética adaptación a los vaivenes de la po¬ 
lítica exterior rusa. Negando afirmábamos, al aglutinar obreros y campesinos; 
estudiantes, profesionales e intelectuales; agricultores, comerciantes e indus¬ 
triales medios, en un partido beligerante y disciplinado, que a diario libraba 
pelea contra las fuerzas antihistóricas opuestas al avance nacional. Su confeso 
objetivo era el de integrar un vasto frente de resistencia a la deformadora pe¬ 
netración imperialista y contra los rezagos indigeridos de feudalismo, que en 
lo político y lo económico frenaban el progreso colectivo. No negábamos, si¬ 
no que lo admitíamos en la doctrina del partido y en su conducta diaria, las 
características de los obreros y campesinos, como sectores los más revoluciona¬ 
rios y coherentes de la nación; y nos empeñamos, con éxito, en incorporarlos a 
nuestras filas y en ayudarlos a organizarse en sus sindicatos de lucha económi¬ 
ca. Pero al propio tiempo, rechazábamos la fórmula corpunista de la «gimnasia 
revolucionaria», del enguerrillamiento permanente en las relaciones obrero-pa¬ 
tronales y de la exacerbación artificial de la lucha de clases, por considerar que 
esas tácticas aventureras y desorbitadas, sin beneficiar a los trabajadores, resta¬ 
ban aliados al frente democrático nacional e inferían quebranto a la endeble in¬ 
dustria criolla. Rehuíamos, por último, cuanto significara subordinación de los 
específicos intereses venezolanos a los de una potencia extranjera, y admitien¬ 
do la obvia realidad de nuestra vinculación económica y de coincidencia geo¬ 
política con los Estados Unidos, rechazábamos con energía la tesis colonialista 
que confunde cooperación con dependencia. Nunca se alimentaron en nues¬ 
tros cuadros los jingoístas odios patrioteros en contra de otros pueblos. Por lo 
contrario, la preocupación por lo universal y la vocación americanista eran y 
son elementos motores de nuestra ideología y de nuestra mística. Defendimos 
y defendemos el viejo y, sin embargo, actualísimo, ideal bolivariano de un pacto 
federativo latinoamericano, precedido de acuerdos subregionales. 

El estudio de la realidad nacional centraba nuestro interés investigador. 
La diaria escaramuza política y los azares de la lucha clandestina, no eran obs¬ 
táculos para esa tarea de analizar la sociedad venezolana, en su estadio de enton¬ 
ces y en sus perspectivas dinámicas. El problema del petróleo era investigado 


el carácter de debate teórico, porque no había experiencias nacionales que respaldaran una u 
otra tesis. En años posteriores, hechos visibles y muy concretos zanjaron la disputa doctrinaria, 
dándole la razón a quienes la tenían. El Partido Comunista careció siempre de influencia real 
sobre sectores importantes de la población. En cambio, el Partido Democrático Nacional en la 
clandestinidad, y luego Acción Democrática, su expresión legalizada a partir de 1941, atraje¬ 
ron a sus filas y sujetaron a su disciplina a vastos sectores reclutados en las capas no parasitarias 
de la sociedad venezolana. (Nota de 1956.) 


92 



por mí con apasionado interés; y otros compañeros del comando partidista se 
preocupaban de estudiar las cuestiones agraria, obrera, industrial, educacional. 
Y esa afanosa búsqueda de las raíces mismas de los grandes problemas nacio¬ 
nales, y de sus soluciones posibles, nos situaba, en el plano de las ideologías, en 
posición polémica tanto frente a los administradores del statu qu • como a los 
trasvasadores de consignas estereotipadas, altavoces en el trópico de fórmulas 
políticas trasmitidas por europeos e hijas de la mentalidad europea. 

En esa polémica sobre dos frentes resultó fácil combatir, en el campo 
doctrinario, con los corifeos del caudillismo criollo. Eran gente sin progra¬ 
ma político coherente, y su lenguaje pasatista no podía suscitar entusiasmo en 
una juventud sacudida por inquietudes revolucionarias, y en un pueblo despre¬ 
juiciado y de instinto nivelador, igualitario. 

La pugna ideológica con los comunistas sí resultó más compleja. Eran 
portadores de un mensaje, agitaban en nombre de una doctrina y capitaliza¬ 
ban en favor de su movimiento político la circunstancia de que la sexta parte 
del mundo, la Unión Soviética, viviese bajo el régimen que defendían. Gen¬ 
tes de sincera vocación revolucionaria, de modo particular núcleos juveniles, 
obreros y universitarios, sentían que era poco menos que traición cuanto se di¬ 
jera, o hasta se insinuara, en contra de los métodos de gobernar del régimen 
soviético, regido por la voluntad omnímoda de Stalin y de su dique thermido- 
riana. Fenómeno similar éste al de aquellos liberales del siglo XIX para quienes 
era herejía cualquier crítica a Napoleón y a su aventura imperial, porque en el 
sepulturero de la República seguían viendo personificada la Gran Revolución. 

Fue tarea paciente y larga, cumplida con tenacidad, la de demostrar 
cómo un partido pdlítico nutrido de esencias nacionales, enraizado profunda¬ 
mente en la realidad venezolana, podía ser intérprete y canalizador del anhelo 
colectivo de un cambio estructural en lo político, lo económico y lo social del 
país, sin que fueran comunistas su programa, su estrategia y su táctica. Y tam¬ 
bién poner en evidencia, utilizando para ello la manera como Rusia conducía 
su política exterior, que la Unión Soviética estaba interesada fundamentalmen¬ 
te en su propia seguridad nacional, como cualquiera otro de los Estados de es¬ 
tructura social diferente de la suya, y que para ese objetivo de acusados perfiles 
msosle servían los partidos comunistas dispersos por el mundo cual piezas de 
ajedrez, lanzadas sobre el tablero donde se dirimían sus rivalidades con las 
grandes potencias capitalistas. 

Estas tesis fueron mejor asimiladas por el pueblo y arraigadas sólida¬ 
mente en la conciencia de la militancia del partido, a medida que el desarrollo 
de la lucha política nacional exhibió la contradictoria e inconsecuente conduc¬ 
ta de los comunistas venezolanos, y esa tendencia suya -con apariencia de 


93 



fenómeno regido por ley física, como la de que la sombra siga al cuerpo y el 
rabo siga al perro— a condicionar su «línea» a los continuos virajes del Estado 
ruso en sus relaciones con los otros Estados. 

Resulta interesante observar la coincidencia entre esta apreciación so¬ 
bre la conducta política del Partido Comunista hecha en un pueblo de esca¬ 
sos 5 millones de habitantes y ubicado en el trópico americano, con la 
formulada en un país como la India, con desmesurada población de 400 
millones de habitantes y en las vecindades geográficas de Rusia. Jawaharlal 
Nehru escribió: 

Los muchos cambios en la política soviética, que podían ser comprendidos en 
relación con Rusia, se hicieron totalmente incomprensibles como políticas 
propugnadas por los partidos comunistas de otras partes. Sólo podían ser 
comprendidas sobre la base de que lo que era bueno para Rusia debía necesa¬ 
riamente ser bueno para el resto del mundo. Esos partidos comunistas, aun¬ 
que compuestos de algunos hombres y mujeres muy capaces y fervorosos, 
perdieron contacto con los sentimientos nacionalistas del pueblo y se debili¬ 
taron en consecuencia (Jawaharlal Nehru. El descubrimiento de la India, 
Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1949, p. 730). 


Las compañías petroleras a la ofensiva 

Con petróleo, más que con tinta, fueron firmados los decretos que ilegaliza¬ 
ron partidos y expulsaron dirigentes políticos y líderes obreros, en los co¬ 
mienzos del año 1937. Apenas la represión policial quebrantó y desmanteló 
al movimiento político y sindical de orientación popular, las compañías pe¬ 
troleras se lanzaron a la reconquista de privilegios que consideraban intangi¬ 
bles. Estaba a la defensiva, acorralado, el núcleo energético capaz de movilizar 
al pueblo en defensa de las tesis nacionales. Y por eso los abogados de las em¬ 
presas se apresuraron a solicitar la invalidación por los tribunales de recientes 
disposiciones legislativas, lesionadoras de los intereses de sus clientes. Cobra¬ 
ban, con creces, la victoria política obtenida cuando fueron barridos de la ac¬ 
tividad legal los partidos de oposición, y extrañados del país, encarcelados 
o perseguidos policialmente, sus conductores más calificados. 

La primera solicitud fue planteada ante la Corte Federal y de Casación 
por los abogados de las compañías, pidiendo la nulidad del aparte a) del ar¬ 
tículo 27 de la Ley del Trabajo, promulgada en 1936. No se trataba de nin¬ 
guna disposición revolucionaria, sino de una discreta garantía de estabilidad 
para el trabajador sin contrato por lapso fijo. Decía el artículo 27 que en caso 


94 



de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, ninguna de las partes 
podía terminarlo sin darle aviso a la otra. Y el aparte a) precisaba que después 
de un mes de trabajo, ese aviso debía ser dado con una semana de anticipación. 
Las compañías y la Corte Federal y de Casación, que al sentenciar a favor de 
aquéllas inició una incalificable trayectoria de apaños seudo-jurídicos a las te¬ 
sis de los consorcios extranjeros, pensaban que esa tímida disposición violaba 
la cláusula constitucional sobre libertad de contrato. Y fue más lejos aún la Al¬ 
ta Corte de lo que solicitaban los abogados recurrentes: de un plumazo supri¬ 
mió en su sentencia no sólo el aparte a), sino los apartes b) y c) del artículo 27 
de la Ley del Trabajo, todos los tres otorgadores al obrero venezolano de una 
garantía mínima de estabilidad en sus labores. 

No tomaron descanso los abogados de las compañías petroleras, des¬ 
pués de recoger esos frescos ramos de laureles en el más alto tribunal de la Re¬ 
pública. Los bufetes de la Lago Petroleum Corporation, de la Standard Oil of 
\ enezuela y de otras compañías acudieron de nuevo ante la Corte Federal y 
de Casación impugnando esta vez la forma como en la Ley de Hidrocarburos de 
1936 se reguló el régimen de exoneraciones aduaneras en favor de las empre¬ 
sas concesionarias. Ya fue analizado, en el capítulo anterior, el sistema de 
franquicia ilimitada para cuanto importaran las compañías petroleras por los 
puertos de la República, que rigió durante la prolongada etapa gomecista. La 
Ley de Hidrocarburos del 36 reaccionó, aun cuando tímidamente, contra esa 
especie de patente de corso para el contrabando impune. En su artículo 49 
se estipuló que el beneficio de la exoneración no sería otorgado sino sobre 
materiales no producidos en el país, y luego de pronunciarse el Ministerio de 
Fomento acerca de cada^caso concreto propuesto a ese Despacho por las em¬ 
presas interesadas. Y fue en contra de esa disposición, en defensa de la «in¬ 
tangibilidad de los contratos» y esgrimiendo tesis jurídicas desempolvadas 
de arcaicas doctrinas administrativas, que acudieron ante el supremo estrado 
judicial los apoderados de las empresas. 

Estas agresivas actividades públicas de las compañías petroleras operan¬ 
tes en el país sincronizaron con otras, semiclandestinas, o, en todo caso, al 
margen de toda intervención de la nación dueña de los yacimientos, realiza¬ 
das para aquellos mismos días de 1937. La historia completa salió a la luz al 
publicarse, en 1932, el informe presentado por el gobierno de los Estados 
Lútidos a una Comisión del Congreso, sobre el cártel internacional del petró¬ 
leo ( Stmff Repoñ of the Federal Trade Commission submited to the 
Subcommittee of Monopoly of the Selected Committee of Small Busi¬ 
ness. United States Senate, Washington, DC, 1952, p. 163 y ss.) 


95 



En ese año 37 llegó a su etapa final, según el informe oficial del gobier¬ 
no norteamericano citado, un «amplio programa» de la Standard y de la Shell 
para «el control de la producción venezolana de aceite crudo». «A partir de 
1937 -sigue diciendo el informe- y durante todo el período entre la Segun¬ 
da Guerra Mundial más de 99% de la producción de ese país fue poseída por 
tres compañías, que dominaron la industria en Venezuela». La distribución 
de porcentajes de producción entre los tres grandes — como ellos mismos se 
llaman en jerga familiar- quedó definida así: subsidiarias de la Standard Oil 
of New Jersey, 48 a 53%; subsidiarias de la Shell, de 35 a 38%; y subsidiaria 
de la Gulf, de 10 a 14%. Esta última, bajo el nombre de Mene Grande Oil, 
era el tercero en discordia entre los dos gigantes, con la peculiaridad de poseer 
extensas concesiones en el Oriente nacional, para aquella fecha recién incor¬ 
porado a la producción en grande de petróleo. Después de laboriosas trami¬ 
taciones, se llegó a una transacción de inmediatos beneficios cuantiosos para los 
Mellon y sus otros dueños, que transformó a la Mene Grande en un eslabón 
más de la desmesurada concentración monopolista Standard-Shell. La Mene 
fue integrada al cártel de precios y de mercados, mediante una operación so¬ 
bre las siguientes bases: a) conservó 50% de los intereses de la Empresa y un 
porcentaje especial sobre las utilidades de sus asociados, la Standard y la Shell; 
y b) éstas pagaron, cada una, 50 millones de dólares por su respectiva cuarta 
parte de las acciones de la Mene, que en los libros de la empresa estaban regis¬ 
tradas con un valor neto de sólo $ 4.890.713. La cuantía de la producción 
anual, los mercados donde había de colocarse, la política de las empresas fren¬ 
te al Estado y a los trabajadores, la manera de comportarse la industria en el país, en 
síntesis, quedaron determinados cuando el 15 de diciembre de 1937, la Standard, 
la Shell y la Mene Grande llegaron a ser tres tentáculos de un solo monopolio. 

Mientras se apretaba el anillo monopolista al cuello de la industria y se 
cocinaban las sentencias en torno de las demandas judiciales de las compa¬ 
ñías, en la calle y dentro del Congreso continuaba la batalla entre absolutismo 
colonizante y democracia nacionalista. 

Hubo elecciones de primer grado en Caracas y en varios Estados de la 
República. Oficialmente no concurría a las urnas sino el partido del Gobier¬ 
no, ya que no se le concedía beligerancia legal a la oposición. El régimen 
ganaba méritos para obtener la calificación que le dio posteriormente un es¬ 
critor de The New York Times: «No permite partidos políticos: totalitario» 
(«Lima parley revives talk fascist aim», por Peter Risshs, NY Times, 16 enero, 
1939). Pero esa desventaja, adicional a la de que sólo votaba en tales eleccio¬ 
nes si apenas el uno por ciento de la población, no nos encogía el ánimo 
combativo. Lanzamos desde la clandestinidad candidaturas individuales, y 


96 



cuando se contaron los votos resultó que la oposición ilegalizada había gana¬ 
do las elecciones en la capital de la República y en algunos Estados del inte¬ 
rior del país. De los 40 funcionarios, entre principales y suplentes, elegidos en 
las 10 parroquias urbanas de Caracas, 36 eran de la oposición y sólo 4 de la 
coalición oficialista; y del total de 88 candidatos lanzados en los dos departa¬ 
mentos en que se divide el Distrito Federal, la oposición eligió 72, y el gobier¬ 
no 23. Los candidatos afectos al régimen sólo triunfaron en las pequeñas 
circunscripciones rurales, con electorado que apenas alcanzaba al centenar de 
inscritos, los mismos que calificó en España de «burgos podridos» el cáustico 
Manuel Azaña 5 . 

El resultado de esas elecciones fue termómetro para medir la impopu¬ 
laridad del régimen. Otro más permeable a los reclamos de la opinión públi¬ 
ca hubiera rectificado el rumbo. Hizo lo contrario. La dócil Corte Federal y 
de Casación, a requerimiento de algún quídam que prestara su nombre para 
firmar la solicitud, declaró nulas las elecciones en los cuatro o cinco Estados 
-incluido el Zulia, asiento principal de la producción petrolera- en los cua¬ 
les fue vencido el gobierno; y si éste no se atrevió a echar por tierra las de Ca¬ 
racas, fue por temor a la magnitud del escándalo, tratándose de la capital de 
la República. 

Hizo más el régimen. Fue llevado al Ministerio de Relaciones Interio¬ 
res, equivalente al de Gobernación de otros países americanos, un hombre de 
confesa vocación represiva y radical ausencia de escrúpulos políticos; y por 
añadidura, abogado petrolero de íntimos nexos con la Standard Oil. El doc¬ 
tor Luis Gerónimo Pietri, quien es la persona aludida, imprimió al gobierno 
de López Contreras, en el orden político-electoral su tónica definitiva, mez¬ 
clando, en proporcionas equilibradas, los métodos policiales con los de la co¬ 
rrupción desmoralizadora. Por el mismo puerto por donde salieron al exterior 


5 Dos comentarios editoriales del diario caraqueño El Heraldo —uno del 24 de junio de 1937, 
tres días antes de verificarse las elecciones de Caracas, y otro del 3 de julio, comentando sus re¬ 
sultados- valen como testimonio inapreciable para interpretar, a distancia de años, el significa¬ 
do de esa jornada popular. El editorial preelectoral decía: «Anticipadamente podemos conocer 
el resultado del sufragio. Las llamadas fuerzas de derecha poseen recursos que no están al alcan¬ 
ce de los que se autocalifican de «izquierdistas», y su victoria es un hecho que se da por descon¬ 
tado. El voto en Venezuela, según la nueva Constitución, está rodeado de tantos 
obstáculos, que antes de llegar a la urna el ciudadano pasa por un tamiz finísimo, 
que lo poda de toda tendencia sospechosa. Naturalmente, sólo superan la etapa fi¬ 
nal los insospechables, pues el enemigo está previamente derrotado por el peso de su 
ideología ». Pero ante el balance arrojado por los comicios, el mismo diario publicó estos con¬ 
ceptos poselectorales: «El resultado de las elecciones ha sido una victoria total para las fuerzas 
que se autocalifican de izquierdistas. Han obtenido la mayoría en el Concejo, y han sabido 
manejarse en forma tal, que ni un solo desorden ha sido provocado por sus partidarios». 


97 



nuevos lotes de ciudadanos, deportados ejecutivamente, ingresó al país un 
misterioso personaje, latinista doblado de aventurero, quien iba a ser artífice 
y creador del sistema de fraudes electorales tecnificados, que a partir de en¬ 
tonces utilizaron los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita. Me 
refiero al licenciado Franco Quijano, colombiano y godo, graduado en la es¬ 
cuela de Monipodio de la picaresca política, coleccionador de ediciones raras 
de Horacio y calificado experto en todas las artes del fraude comicial. Y no re¬ 
sulta regodeo en lo anecdótico cuanto se diga de ese señor, Eminencia Gris 
del régimen en materia electoral, porque con sus triquiñuelas para ayudar 
a emporcarle a los venezolanos la que debió ser agua clara de los comicios, 
habremos de toparnos varias veces, en el discurrir de las próximas páginas. 

El panorama político y administrativo del país era desalentador, para 
quienes no tuvieran acerada voluntad de lucha y fe en el pueblo venezolano. 
Pero esa voluntad y esa fe las tenía el Partido Democrático Nacional, sumer¬ 
gido en la clandestinidad pero beligerante y seguro del rumbo trazado. El Par¬ 
tido Comunista, también ilegalizado, lanzaba manifiestps de largas parrafadas 
demagógicas, con la palabra imperialismo siempre escrita con letras mayús¬ 
culas. Nuestro sector político no voceaba consignas de clisé, sino que se me¬ 
tía audazmente por todo resquicio abierto hacia la calle, hacia la prensa, hacia 
el Congreso, para ofrecer salidas y soluciones constructivas al complejo pro¬ 
blema venezolano del semicoloniaje de su economía y de la supeditación del fis¬ 
co a fuertes intereses foráneos. Así definíamos desde la oposición clandestina, 
cuando éramos apenas unos escasos centenares de hombres y de mujeres or¬ 
ganizados celularmente, el que fue y sigue siendo nuestro estilo para tratar la 
cuestión petrolera, problema nacional solucionable con visión nacional y no 
sólo tema para el discurso de plaza pública. 

Demostración de esa manera realista de procurar la defensa de los in¬ 
tereses de la nación, la dimos en 1937, al elaborar y presentar a la Cámara de 
Diputados un proyecto de reforma de la llamada «Ley de Boyas», ya conoci¬ 
da del lector, con petición adicional de que fuese cobrado judicialmente a las 
empresas cuanto habían defraudado al fisco al burlar sus disposiciones. Fir¬ 
maron la documentada exposición de motivos el solitario diputado que tenía 
el PDN y otros de ubicación independiente. 

Presentaron y suscribieron ese proyecto legislativo los diputados Ma¬ 
nuel Matos Romero, Antonio M. Noguera, Rafael Belloso Chacín, Jesús En¬ 
rique Lossada, C. Camejo Oberto y Héctor Guillermo Villalobos. El primero 
de los nombrados militaba entonces en el PDN y luego formó parte de Acción 
Democrática, siendo excluido en 1944 de las filas de ese partido. 


98 


Ya para entonces era tesis oficial que las compañías violaban impune¬ 
mente esa ley, dejando de satisfacer al fisco ingentes sumas de dinero. En la 
introducción del proyecto de reforma se citaban documentos concluyentes. 
Se referían al doloso arbitrio utilizado por las empresas al declarar como ar¬ 
queo de los buques-tanques no la cifra real del tonelaje, sino la cantidad re¬ 
gistrada caprichosamente en el puerto extranjero donde la unidad había sido 
matriculada. El Consultor jurídico del Ministerio de Hacienda había afirma¬ 
do que si la diferencia entre los tonelajes declarados de los buques y las ex¬ 
portaciones efectivas de crudo «provenían de maniobras fraudulentas, ello 
constituiría un grave perjuicio para el fisco». Sugería la apertura de «una investi¬ 
gación minuciosa por el Ejecutivo» (Memorándum núm. 281, del 17 de junio, 
1936, de la Consultoría Jurídica del Ministerio de Hacienda). El Procurador 
General de la nación había sido aún más categórico: 

Creo también -dijo-, como el Consultor Jurídico, que el Ejecutivo debe to¬ 
mar las medidas del caso para evitar el daño que sufren los intereses del fisco; 
y añado: para proceder a las reclamaciones del caso si hubiera lugar (Oficina 
de la Procuraduría General de la Nación, núm. 146, 17 de junio, 1936. En¬ 
tonces era Procurador General de la nación el Dr. Juan José Abreu). 

Presentado el proyecto a la Cámara, se produjo un desborde de patrió¬ 
tica oratoria. Los parlamentarios del gobierno dieron las notas de más en¬ 
cendido nacionalismo. El Presidente del cuerpo, doctor Ovidio Pérez Agreda, 
dijo: «Puedo asegurar a la Cámara que hasta ahora no se ha traído un proyec¬ 
to de ley de mayor importancia que éste». Pidió suscribirlo. El diputado Ro¬ 
sales Aranguren fue igualmente enfático. Después de encontrar «sumamente 
interesante» el proyecto, agregó: «Efectivamente, nosotros estamos en la obli¬ 
gación de ser hospitalarios con los extranjeros que vienen a trabajar con noso¬ 
tros; pero también tenemos la obligación de ser severos con quienes vienen a 
robarnos nuestra riqueza». Entre aplausos, pidió que sin pase a Comisión se le 
diera al proyecto la primera discusión reglamentaria. El diputado Bacalao Sil¬ 
va -quien entre los años 49 y 53 ejerció, decorativamente, la Contraloría Ge¬ 
neral de la Nación, dentro del gobierno de mayor corrupción administrativa 
que recuerde Venezuela- se puso patético y catoniano: 

Me complace sobremanera ese proyecto, que viene a sanear un aspecto sangran¬ 
te de la vida nacional. No voy a referirme a los robos: esos los considero yo co¬ 
mo función propia de las personas que ahí aparecen marcadas; pero hay algo 
que es más grave, y sobre lo cual quiero llamar la atención de mis compañeros 


99 



de Cámara y aun de la prensa; y es que, por sobre los secuestros, por sobre 
las torturas y por sobre los robos, hay una cosa que flota y que es el crimen 
más grande del pasado: la depravación del carácter nacional, porque eso que 
se denuncia, si se ha hecho, es con el concurso de los venezolanos. 

El diputado Chiossone se enojó de que se prolongara el debate en tor¬ 
no de «una materia clara, límpida, como la ley que se acaba de presentar» 
(Diario de Debates de la Cámara de Diputados, núm. 28, Caracas, 25 
mayo, 1937). 

Sin oposición parlamentaria pasó el proyecto legislativo en la Cámara 
de Diputados. La redacción de su articulado sufrió en el curso de los debates, 
reformas de carácter técnico, pero orientadas todas a cerrar las puertas a tra¬ 
vés de las cuales se venía evadiendo por las compañías petroleras el pago del 
tributo de boyas. Pero algo extraño iba a suceder, y sucedió. La prensa adicta 
a los consorcios petroleros guardó un sospechoso silencio en torno a la ley 
aprobada por la Cámara de Diputados. Parecía que iban a admitir las em¬ 
presas inglesas y norteamericanas su primera derrota legislativa. Pero todo 
quedó aclarado cuando ni en ese año, ni en ninguno otro, la Cámara del Se¬ 
nado se avocó al estudio de la ley aprobada por la de Diputados, tal y como 
era su ineludible obligación legal. Nunca se dio explicación alguna a la opi¬ 
nión pública de por cuál causa se violaba de tan desenfadada manera, en fa¬ 
vor de los consorcios del petróleo, normas constitucionales y reglamentos 
internos del Congreso. Pasto de trazas irreverentes, en alguna gaveta olvida¬ 
da, fueron las páginas del Diario de Debates en donde se había impreso la 
reforma nonata. Y a esta fecha, sólo Dios y los corre-ve-i-diles de las compa¬ 
ñías sabrán los recursos que se pusieron en juego para estrangularla en el claustro 
materno, antes de que lanzara su primer vagido. 

Este triunfo en Venezuela fue compensación para los gerentes de las di¬ 
visiones latinoamericanas de los trusts petroleros del amenazador impacto re¬ 
cibido en Bolivia, por aquellos mismos días del año 37. El 17 de marzo de ese 
año, el gobierno boliviano había nacionalizado por decreto las concesiones 
explotadas por la Standard Oil en Bermejo. En aquella misma fecha, las agen¬ 
cias noticiosas informaron que el representante del gobierno de Bolivia ante 
la Casa Blanca había notificado acerca de esa medida al señor Cordell Hull, 
Secretario de Estado. 

Pero en el primer país exportador de petróleo del mundo las cosas se¬ 
guían muy bien para las compañías. Ganaban fáciles batallas, una detrás de 
otra, porque no tenían contendor enfrente. El Ejecutivo vacilaba y cedía 
ante la poderosa presión; y su sosias judicial, la Alta Corte, actuaba como si 


100 



estuviera al servicio de las empresas, y no de la ley y la justicia. Sucesivas sen¬ 
tencias del más importante tribunal de la República argumentaban en favor 
de esa presunción, nada apresurada. 

En la primera semana de mayo de 1938 sentenció la Corte Federal y de 
Casación aceptando como buena la tesis de la Lago Petroleum Corporation, 
en el litigio que había promovido contra el Estado en torno al artículo 49 de 
la Ley de Hidrocarburos. De acuerdo con la sentencia, se admitía la tesis de los 
demandantes de que el régimen de exoneraciones aduaneras aplicable a la 
compañía era el de la Ley de Hidrocarburos de 1922, bajo la cual se había for¬ 
mulado su contrato, y no el de la Ley de 1936. Esta sentencia desató una ola 
de protestas públicas, canalizada y orientada por el Partido. Y nuestro dipu¬ 
tado oficializó el respaldo que ofrecíamos en esa coyuntura al Poder Ejecuti¬ 
vo cuando dijo, en un documento presentado al Congreso en el año siguiente 
al de la sentencia: 

Es inatacable, jurídicamente, la tesis del Ejecutivo Federal de que los contratos 
con las compañías en los cuales se ha basado la impugnación por éstos del ar¬ 
tículo 49 de la Ley de Hidrocarburos, no pueden ser asimilados a las conven¬ 
ciones corrientes entre dos partes contratantes. Los contratos de hidrocarburos 
son concesiones sobre una industria de interés nacional sometidas a las contin¬ 
gencias de futuras reformas legislativas, mayormente cuando se trata de mate¬ 
rias que tocan más de cerca al Derecho Público que al Derecho Privado, como 
son los impuestos que propenden a la protección de las industrias nacionales. 

No hay un solo venezolano preocupado por la defensa de la soberanía na¬ 
cional que no respalde sin reservas al Ejecutivo cuando sustenta esa posición 
de^principios, ya que ella es un impacto certero dirigido contra la supuesta : n- 
tangibilidad de unos contratos suscritos cuando a Venezuela la regía un go¬ 
bierno dócil y entreguista al inversionista extranjero, y tarado por los vicios de 
la concusión y el peculado ( Diario de Debates de la Cámara del Senado y 
del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, núm. 27, Caracas, 
31 mayo de 1939, p. 8). 

Sentenciado en la forma ya señalada el litigo promovido por la Lago 
Petroleum Corporation, ésta pretendió que el Ministerio de Fomento debía 
aprobar todas las listas de exoneraciones presentadas, y aún no resueltas por 
el Ejecutivo. La Lago acudió de nuevo a la Alta Corte, en solicitud de aclara¬ 
toria de esa sentencia, cuando el Ministerio de Fomento hizo reparos a su pe¬ 
tición. Y entonces se presenció el absurdo de que la Corte sentenciara a favor de 
la empresa concesionaria, no obstante que el propio ponente de la anterior 


101 



sentencia -doctor Celestino Farrera- afirmó que nunca había pensado en que se 
extendiera una franquicia aduanera ilimitada a las compañías cuando redactó su 
fallo. El juez Farrera salvó su voto. 

El doctor Luis B. Prieto, solitario senador del PDN, consignó su voto 
Salvado (12 de julio de 1938) a la Memoria de la Corte Federal y de Casación. 
Así enjuició las sentencias antiobreras y favorables al consorcio internacional 
del petróleo, de ese Tribunal: 

No sólo en materia política la Corte Federal y de Casación ha obrado en con¬ 
tra de la ley o a espaldas de ésta, sino que hay sentencias en las cuales se des¬ 
conocen los derechos de la nación, o se va en contra de los trabajadores 
venezolanos, para favorecer sectores privilegiados e intereses extranjeros, que 
explotan y estrangulan nuestra economía. 

Nuevo impacto, esta vez de mayor poder ofensivo, recibió en otra na¬ 
ción americana el cártel de los petróleos, mientras festejaban en Venezuela 
una victoria judicial más. El 18 de marzo de 1938, la administración mexica¬ 
na de Lázaro Cárdenas nacionalizaba por decreto la industria del aceite mine¬ 
ral. No se trataba ya de un país de limitada producción, como lo era Bolivia, 
sino del segundo de América Latina en la escala de los exportadores. Esta 
medida ponía a prueba la política de «buena vecindad» rooseveltiana, arran¬ 
caba olímpicos trenes amenazadores al gobierno tory de la Gran Bretaña y 
en Venezuela era recibida con muestras de jubiloso entusiasmo. 

Entusiasmo nacional que no permeaba las entendederas mineralizadas 
de los jueces de Caracas. Éstos seguían fabricando sentencias a la medida de 
las exigencias de los abogados de las empresas extranjeras. 

Así se reveló, una vez más, al publicarse el fallo de la Alta Corte de fe¬ 
cha 14 de julio de 1939. El litigio sentenciado incidía sobre el ya famoso ar¬ 
tículo 49, pero esta vez la litigante no fue la Lago Petroleum Corporation, 
sino su madre putativa: la Standard Oil. Ésta había pedido ampliación de 
la sentencia dictada a su favor en litigio similar al promovido por la Lago. La 
Corte sentenció que era la Standard Oil quien tenía razón y no el Ministerio 
de Fomento, no obstante haber sostenido el juez Rojas Astudillo -redactor de 
la primera sentencia- que jamás pasó por su mente la idea de que el fallo obli¬ 
gase a ese despacho ejecutivo a aprobar automáticamente, todas las listas de 
exoneraciones presentadas por la compañía de los Rockefeller. El juez Rojas 
Astudillo salvó su voto. 

Y lo salvó también otro miembro de la Corte, el doctor Ibrahím Gar¬ 
cía. En ese voto salvado se sustentaba la misma tesis de fondo del juez Rojas 


102 



Astudillo; y se hacían, además, críticas de carácter procedimental a la senten¬ 
cia. Se demostraba que no se presentó la petición de aclaratoria, o ampliación, 
del fallo recurrido el mismo día en que fue pronunciado, conforme lo exigía 
en forma terminante el artículo 164 del Código de Procedimiento Civil sino 
cinco meses después de haber sentenciado la Corte. Y se agregaba que esa 
sentencia invadía el terreno administrativo, al imponerle al Ministerio de 
Fomento la exoneración en favor de la Standard Oil sobre efectos de ningún 
modo necesarios para la exploración y explotación de los yacimientos petrolí¬ 
feros, tales como frascos de vidrio de diferentes tamaños, etiquetas impresas, 
desperdicios de algodón y cajitas de cartón para píldoras y de hojalata para un¬ 
güentos.. . Y nadie podía asombrarse de semejantes extremos. La Dirección de 
Hidrocarburos, en su informe insertado en la Memoria del Ministerio de 
Fomento (1938), había registrado, irónicamente, que la Venezuela Oil Con- 
cessions solicitó alguna vez el beneficio de la exoneración sobre un rollo de 
hilo para coser. 

En un documento parlamentario se citaron otras solicitudes de exone¬ 
ración igualmente peregrinas formuladas por las empresas petroleras. Léase 
un párrafo de ese documento: «Otras compañías [como es el caso de la Ca- 
ribbean Petroleum Company] solicitan exoneración para “escobas, jabón 
blanco y bolsas de papel”; o como la Standard Oil piden se les permita im¬ 
portar sin cubrir los derechos de aduanas, los cuales debe pagar cualquier 
otro importador, refrigeradores marca General Electric ( Memoria del Mi¬ 
nisterio de Fomento, 1938, tomo i, pp. 20 y 21). ( Diario de Debates de 
la Cámara de Diputados de los Estados Unidos de Venezuela, núm. 27, 
31 de mayo de 1939, p. 7). 

Esas decisiones de la Alta Corte venezolana resultaban más irritantes al 
contrastarlas ccjn las que coetáneamente dictaban otros tribunales del conti¬ 
nente. La Corte Suprema de Bolivia validaba para aquellos días el decreto de 
nacionalización emitido un año antes por el gobierno del coronel Toro. De¬ 
claró ajustado a derecho ese decreto, porque la cláusula número 18 del con¬ 
trato entre el Estado y la Standard Oil establecía que era rescindible la 
concesión, por la vía administrativa, de comprobarse algún fraude del conce¬ 
sionario en perjuicio del fisco. Y los elementos aportados al juicio revelaron 
que desde 1923 la empresa venía produciendo y exportando petróleo, con des¬ 
tino a la Argentina, sin pagar la regalía de 11 %, que en el contrato se reservó 
el Estado, y satisfaciéndose al fisco apenas 21/2 centavos por hectárea de la zona 
en explotación. 

La opinión pública venezolana, con sobra de razón, sospechaba la exis¬ 
tencia de un extraño contubernio entre el Ejecutivo y la Corte. Actitudes de 


103 



rebeldía no se le acreditaban a un organismo nacido de nombramiento del 
Ejecutivo, por la vía de un Congreso manejado desde el Ministerio de Rela¬ 
ciones Interiores. Y si no había contubernio, era evidente cuando menos la 
ausencia de interés del gobierno en defender y presentar a los tribunales los 
derechos de la nación para que se pusiese cese a los abusos de las compañías 
petroleras y se hiciera justicia. 

Otras cuestiones centraban el interés de la oligarquía en el poder. Ga¬ 
nar elecciones, por ejemplo, a como hubiere lugar. En ese mismo año 38 en 
que tantas veces fue derrotada Venezuela en estrados judiciales, el Ministro de 
Relaciones Interiores envió una circular confidencial a los presidentes de los 
Estados en donde iban a realizarse elecciones, instruyéndolos sobre la necesidad 
de ganarlas para el gobierno, porque una derrota en los comicios implicaría, 
según frase textual, «el derrocamiento jurídico del régimen». 

Ya estaban organizadas en toda la República las llamadas Agrupaciones 
Cívico-Bolivarianas, dirigidas y asesoradas para el fraude por el licenciado 
Franco Quijano. Los dineros del erario se vertían liberalmente para falsear el re¬ 
sultado de los comicios. Con cargo a la partida 833 del capítulo XX del Presu¬ 
puesto del Ministerio de Relaciones Interiores se giraban a los gobiernos 
estadales asignaciones quincenales, destinadas a fines electorales. En el semana¬ 
rio Acción Democrática (núm. 46, 28 de noviembre de 1942) se publicó 
una lista de esas asignaciones ilegales, para los trece Estados en los cuales hu¬ 
bo elecciones en 1940, que totalizaban más de un millón de bolívares anuales. 
Y cuando todas esas artimañosas medidas no bastaban, siempre quedaba la ul¬ 
tima vatio: los candidatos de oposición eran enjuiciados y encarcelados, por 
violación de alguna arcaica ordenanza de policía, hasta por haberse irrespetado 
la Ley de Himno y Bandera, al iniciarse una reunión pública con las estrofas 
del himno nacional. 


El chalaneo suplantó a la revisión de los viciados 

CONTRATOS SOBRE HIDROCARBUROS 

En todos los tonos se reclamó del «nuevo régimen» una revisión a fondo de 
los contratos sobre petróleo, otorgados durante el irresponsable gobierno 
precedente. 

Ante el acoso de la opinión pública, pareció que el Ejecutivo iba a enca¬ 
rar ese problema. El Presidente de la República, en su Mensaje al Congreso Na¬ 
cional, en 1938, informó que el Ministerio de Fomento había adelantado un 
estudio a fondo de «las actuaciones pasadas y presentes», en cuanto se refería 
a la materia de los hidrocarburos. Y agregó, con palabras que implicaban 


104 



compromiso ante el país: «... permitiendo una revisión de todas las concesio¬ 
nes otorgadas, a cuya luz se han obtenido revelaciones de importancia, que 
ponen en manos del gobierno elementos decisivos para recabar, en beneficio 
de la nación, compensaciones justas». 

Hacia fines del año 39, una noticia interesante trascendió hasta la calle, 
desde los herméticos reductos oficiales. Tenía miga. Era la de que el Ejecutivo 
planeaba la anulación de varias importantes concesiones de hidrocarburos, 
con vicios de origen impurgables, para utilizar la expresión médico-jurídica 
que fue barajada en la prensa para aquellos días. De esos planes esotéricos se 
hizo eco el diario El Heraldo, en dos comentarios editoriales del mes de no¬ 
viembre de 1939. Y la gente venezolana, ansiosa de ver invalidados muchos de 
esos contratos de tan controvertible origen, imaginó que se comenzaría a 
cumplir la solemne promesa oficial. 

Desde uno de los innumerables escondrijos en los cuales evadía la caza 
policíaca, escribí un artículo titulado «¿Revisión de concesiones mineras?» 
(Ahora, 9 de noviembre de 1939). En él señalaba cómo era viable esa presun¬ 
ta política, y hacía referencia, en abono de la tesis a un caso concreto: el de las 
famosas Concesiones Valladares. Y para poner de resalto que estaban podri¬ 
das sus bases jurídicas, y no hablemos de las morales, cité un dictamen acerca de 
ellas emitido por el doctor Juan José Abreu, Procurador General de la Nación. 
Había opinado como jurisconsulto lo que se le recordaba al funcionario: 

...opino que el contrato no solamente es violatorio de la ley en la materia, 
sino también contrario al espíritu de la legislación minera de todos los 
tiempos y lugares, carece de los requisitos indispensables para la validez de 
todo convenio, y, por último, atenta contra una de las libertades garantiza¬ 
das por nuestra Constitución, por todo lo cual, al menos según mi parecer, 
él es jurídicamente inexistente. 

Pero todo fue sueño de una noche de verano. La anunciada revisión de 
las concesiones mineras nunca se realizó. Y eso que bastaba con asomarse a 
esa caja de Pandora que eran los contratos de explotación de hidrocarburos 
otorgados durante la dictadura para descubrir los ingredientes de venalidad 
administrativa, tráfico de influencias y de burla de las leyes, con los cuales 
fueron amasados. 

Así sucedió cuando analizaron los tribunales, en forma circunstancial, 
una concesión otorgada a la Venezuela Gulf Oil Company, de la cual disfru¬ 
taba para ese momento su concesionaria: la Mene Grande Oil Company. 


105 



El litigio se inició porque un particular, el doctor José Lo reto Arismendi, 
denunció ante la Procuraduría General de la Nación la evasión de impuestos 
que durante largos años realizaron esas empresas, en perjuicio del fisco. El de¬ 
nunciante actuó acicateado por el estímulo pecuniario, «patriótica» preocupa¬ 
ción que desde entonces lo revelaba apto para el ejercicio de los cargos que 
desempeñó bajo el despotismo de Pérez Jiménez: Ministro de Educación y de 
Relaciones Exteriores. Tenía interés en que se aplicara a su favor la disposición 
legal por la cual el fisco compartía lo recuperado con los denunciantes de 
bienes nacionales ocultos. Desde el año 31 había formulado la denuncia y la 
reiteró en 1937. El Ejecutivo se vio en la necesidad de demandar ante los tribu¬ 
nales a las dos compañías ya nombradas, por cobro de impuestos no satisfechos 
y por intereses sobre las cantidades indebidamente retenidas. Los tribunales fa¬ 
llaron condenando a la Venezuela Gulf Oil Company y a la Mene Grande Oil 
Company a reintegrarle a la nación la cantidad de Bs. 15,6 millones. 

La publicación de la sentencia puso al descubierto los cimientos de in¬ 
moralidades y de fraudes sobre los cuales se había alzado, en los años de la 
tiranía, la compleja arquitectura de la industria del petróleo. 

La historia comenzó en 1918. Julio E Méndez, casado con una dama del 
clan Gómez, obtuvo en aquel año varias concesiones de hidrocarburos. Esta¬ 
ban ubicadas en la zona del Lago de Maracaibo, en la franja conocida como 
«concesión marítima», fabuloso criadero de aceite mineral, casi a flor de agua. 
Méndez vendió esas concesiones a Kunhard y Compañía y a Harold G. Cor- 
tis. Estos adaptaron los contratos a la ley de 1922 y comenzaron a explotar el 
pingüe filón. Posiblemente, Méndez se había reservado un vyaltyc n la nego¬ 
ciación, como era habitual en ese tráfico inicuo con el patrimonio de un pue¬ 
blo; y ello, unido a las complacencias con los contratistas extranjeros habituales 
en el régimen de Gómez, explican una resolución del Ministerio de Fomento. 
Fue dictada el 13 de diciembre de 1923. De acuerdo con sus términos, sin adu¬ 
cirse razón alguna, se rebajaron en 25% los impuestos de explotación fijados en 
el contrato. Luego, los títulos de la concesión fueron traspasados a la Vene¬ 
zuela Gulf Oil Company, y ganaron así rango de intangibles. Como que la 
Gulf tenía de principal accionista y director al famoso Andrew Mellon, en 
quien se resumían, en una sola pieza, el magnate financiero, el coleccionista 
de clásicos de pintura y escultura y el Tesorero General del gobierno de los 
Estados Unidos, bajo las administraciones de Harding, Coolidge y Hoover. 

Me cuento entre los 2 millones de personas que, en 1949, visitaron la 
National Gallery of Art, en Washington, DC. Espléndido edificio, con profu¬ 
sión de mármoles. Milagro de arquitectura, muy antigua y muy moderna, con 
estilo griego, luces indirectas y aire acondicionado. Fue posible ese milagro de 


106 



armonía en piedra y mármoles por las generosas donaciones del señor Mellon. 
Mis ojos de profano deletrearon, sobre los muros del Museo, la evolución de 
ocho siglos de pintura occidental, contemplando la colección donada por el 
señor Mellon, que comienza con las madonas bizantinas y concluye con los 
impresionistas del siglo XX. Y pensaba, mientras recorría salones, admirando 
telas y esculturas, que muchas de ellas debieran ostentar esta leyenda, escrita al 
pie: Regalo del pueblo venezolano a la capital de los Estados Unidos. 

Y fue en torno a otros manejos poco o nada limpios de la misma em¬ 
presa del señor Mellon, que se debatió ampliamente en Venezuela, en el 
Congreso, en la prensa y en la calle. 

Resumir ese debate arrojará nueva luz sobre los peculiares métodos 
utilizados por los trusts para explotar nuestro petróleo. 

La «Concesión López Rodríguez» fue obtenida por uno de los validos 
de Gómez. La vendió posteriormente a la Venezuela Gulf Oil Company 
y concluyó por pasar en 1936, a manos de la Mene Grande Oil Company. 

Era sabido que la empresa mantenía en explotación un área de suelos 
petrolíferos mayor a la fijada en el contrato. Muerto Gómez, hizo la denun¬ 
cia respectiva un particular. El Ministerio de Fomento solicitó de la Mene 
Grande Oil que permitiera la mensura de sus pertenencias. Siempre encontró 
esa compañía argumentos especiosos para oponerse a ello. Apeló entonces el 
Ministerio de Fomento a un procedimiento expeditivo: el Ministerio de 
Obras Públicas procedió a levantar el plano aéreo-fotográfico de la región 
cuestionada. Esa investigación técnica confirmó la denuncia hecha: la Mene 
Grande Oil estaba explotando indebidamente de 150 a 160 hectáreas de tierras 
prodigiosamente ricas en reservas petrolíferas, con 200 pozos en plena produc¬ 
ción. No era difícil descubrir una intención dolosa en quienes así explotaban lo 
que no se les había concedido. 

Pero la lectura de los expedientes acumulados en el Ministerio de Fo¬ 
mento llevó a descubrimientos aún más importantes. Fue dicho en el Con¬ 
greso y nunca oficialmente desmentido, que el propio ministro del ramo 
había comprobado en los títulos de la «Concesión López Rodríguez» la au¬ 
sencia de requisitos indispensables a su validez. No se había cumplido con 
formalidades irrenunciables, tales como el envío al Ministerio de Fomento, 
junto con la solicitud de la concesión, de un croquis de la región. Y ya otor¬ 
gada la concesión, aun cuando aparecía la firma del Ministro de Fomento en 
la resolución publicada en la Gaceta Oficial, no se encontraba estampada, 
original, en el libro de acuerdos del Ministerio. 

Esas circunstancias hacían prever que se planeaba la rescisión del 
contrato y el rescate por la nación de la rica zona petrolífera. Elementos se 


107 



acumulaban para alimentar esa creencia. El Ministerio de Fomento se nega¬ 
ba a liquidar impuesto a la Mene Grande Oil Company, no obstante los con¬ 
tinuos requerimientos déla compañía. Hasta la calle se filtraba la versión de que el 
gobierno prefería que los impuestos se acumularan, impagados, porque no que¬ 
ría darle a la explotadora de la «Concesión López Rodríguez» la posibilidad 
de alegar la percepción de la regalía y de los otros tributos fiscales, como táci¬ 
to reconocimiento de la validez de su contrato. Y esas firmes esperanzas de 
que por fin se iba a ir a un juicio reivindicatorío a fondo sobre una concesión 
ilícitamente usufructuada, halló un asidero más en la Memoria presentada al 
Congreso por el Ministerio de Fomento, el año 39. En ella se decía que la Con¬ 
sultora Jurídica de ese Despacho estudiaba «sin premura ni impaciencia» la si¬ 
tuación de hecho y de derecho de la «Concesión López Rodríguez», antes de 
intentar la nación un juicio de fondo acerca de su validez. 

Pero la liebre saltó del propio Congreso. La presión de la opinión públi¬ 
ca se hacía sentir sobre ese organismo. La minoría parlamentaria, liderizada por 
el PDN, era activa y con capacidad de maniobra. El sentimiento de defensa de 
lo nacional había permeado la conciencia de algunos diputados y senadores, 
que si en lo político no pugnaban con el Ejecutivo, en cambio ya rechazaban 
como intolerable la fabiana parsimonia oficial para enfrentar la cuestión petro¬ 
lera. Todos estos factores concurrieron para determinar que el Congreso, en 
gesto insólito de contenido nacionalista, adoptara en sus sesiones de 1939 una 
resolución que decía: 

Se excita al Poder Ejecutivo a instaurar ante los Tribunales de Justicia las accio¬ 
nes que puedan corresponder legalmente a la nación para rescatar los lotes 1 a 5 
de la Concesión López Rodríguez, otorgada en 1922, así como todos los demás 
bienes que resulten anexos al derecho de explotación de la referida concesión. 

El Congreso, al adoptar un acuerdo de tan singular importancia, me 
ofreció un asidero para seguir golpeando desde la clandestinidad forzosa en 
donde vivía sobre una tecla a la cual estaba y estoy aferrado: la de venezola- 
nizar a Venezuela, a través del rescate progresivo de sus fuentes vitales de ri¬ 
queza. Escribí dos columnas para el diario Ahora (30 y 31 de mayo de 
1939), comentando, favorable y fervorosamente, la actitud del Poder Legis¬ 
lativo. El segundo de esos artículos concluía con un llamado a somatén: 

Apoyado resueltamente por la opinión nacional, instado de manera perento¬ 
ria por el Congreso, el Ejecutivo Federal no puede vacilar. La Concesión Ló¬ 
pez Rodríguez, estimada en alrededor de 200 millones de dólares, debe 


108 



retornar al patrimonio venezolano. Y en ella podría intentar la nación su pri¬ 
mer vasto ensayo de explotación fiscal y para beneficio exclusivo de Venezue¬ 
la, de un sector de nuestro subsuelo bien probado por su riqueza petrolífera. 

Pero el Ejecutivo «vaciló». La Concesión López Rodríguez no fue rei¬ 
vindicada por la nación. En éste, como en otros casos similares, el chalaneo 
fue sucedáneo de lo que debió plantearse como un orden de relaciones total¬ 
mente nuevas entre Estado y empresa. Hubo una transacción extrajudicial 
entre el gobierno y la Mene Grande Oil. Ninguna explicación razonable se 
dio al país, y al Congreso de 1941 sólo llegó, como se verá luego, una muy su¬ 
maria información. Los venezolanos sólo supieron que mediante el pago de 
30 millones de bolívares al fisco, aplicados por la Administración López Con- 
treras a semiequilibrar su desbalanceado Presupuesto de 1940, compró la em¬ 
presa nacida del genio financiero y de los elásticos escrúpulos morales del 
señor Mellon, la absolución de sus pecados y el derecho a la tranquilidad. 

No sólo la Mene Grande Oil derivó ventajas de esa peculiar manera 
que tenía el Ejecutivo de «sanear» contratos de hidrocarburos, invalidados 
hasta los tuétanos. Unas veces se transaban por sumas ínfimas, demandas in¬ 
tentadas contra algunas compañías, como sucedió con la Lago Corporation, la 
cual fue llevada a estrados judiciales bajo la acusación de formular falsas decla¬ 
raciones sobre el precio de venta de sus petróleos. El monto de la acusación fue 
estimado por el Procurador General de la Nación en 27 millones de bolívares 
y transada en 4 millones. En el Congreso se formularon, sin réplica clarifica¬ 
dora de los parlamentarios del régimen, agresivas críticas a esa transacción. 

La Subcomisión de Hidrocarburos del Congreso dijo, al criticar esa in¬ 
defendible transacciónf «... La aceptación por parte de la nación de un quin¬ 
ce por ciento (13%) aproximado del monto de la reclamación es una base de 
transacción que debió evitarse, porque recibir 4 millones en vez de los 27 re¬ 
clamados en justicia, es un exceso de liberalismo...». Los firmantes de ese do¬ 
cumento eran los senadores y diputados Alejandro Rivas Vásquez, J.C. 
Leáñez Recao, José Rafael Pocaterra, Juan París, hijo, y Manuel Matos Rome¬ 
ro. Con excepción de este último, quien entonces militaba en la oposición el 
resto de los firmantes eran hombres vinculados al régimen gobernante. 

En otras ocasiones el saneamiento de contratos írritos se realizaba 
mediante el mecanismo de las llamadas «compensaciones», o «ventajas es¬ 
peciales». Concesiones en pleno rendimiento, que se conceptuaban como re¬ 
cuperables por la nación debido a sus taras de origen, pasaban por el Jordán 
de un «arreglo» con el Ejecutivo y continuaban en manos de sus privilegiados 
usufructuarios. 


109 



Y se pretendió, inclusive, que por ley se autorizara al Ejecutivo para vali¬ 
dar lo jurídicamente invalidado y enderezar lo que había nacido con torceduras 
congénitas. En la Ley de Hidrocarburos de 1938 se facultaba al gobierno para 
«purgar los defectos sustanciales» de los contratos petroleros. Y sólo la decidi¬ 
da objeción planteada por Rómulo Gallegos, entonces diputado, impidió que 
se elevara a la categoría de facultad legal lo que era un simple abuso de poder. 

El Congreso de 1938 había conocido de un proyecto de reformas a la 
Ley de Hidrocarburos y otros minerales combustibles. Objeto de intensa 
controversia parlamentaria fueron algunas disposiciones nuevas introducidas 
en su texto por el entonces Ministro de Fomento, doctor Néstor Luis Pérez. 
Inclusive llegó a aprobarse en una sesión de la Cámara del Senado una mo¬ 
ción que dejaba abierta la posibilidad legal de que el Estado asumiera el 
monopolio de la industria de refinación del petróleo. En la reunión senato¬ 
rial del día siguiente a aquel en que se aprobó dicho artículo, la mayoría ofi¬ 
cialista extirpó de la ley ese injerto incómodo a las empresas concesionarias. 
Presiones ejecutivas y aquellas sólidas «razones de peso» que siempre llenaban 
la escarcela de un personaje de la picaresca española, parece' que se conjuga¬ 
ron para realizar el milagro del rápido cuarto de conversión. Pero sí quedaron 
incluidos en el articulado de la nueva legislación sobre petróleos tres disposi¬ 
ciones desagradables para los inversionistas extranjeros. Ellas fueron: 1) la de 
que el Estado podía asociarse con particulares para la explotación de conce¬ 
siones petrolíferas, por el sistema de empresas mixtas; 2) la obligación para el 
Estado de instalar una planta refinadora, con recursos fiscales y administra¬ 
ción nacional; 3) la facultad optativa para el Estado de percibir los impuestos 
en oro, o en moneda nacional. Y fueron precisamente diputados de la oposi¬ 
ción —Rómulo Gallegos, los doctores Martín Pérez Guevara, Pablo García Pé¬ 
rez, Jesús Enrique Lossada, Miguel Zúñiga Cisneros— quienes con mayor 
calor convincente defendieron esas disposiciones de contenido nacionalista. 

Lo que sucedió después de aprobada la nueva Ley de Hidrocarburos en 
ambas Cámaras Legislativas daría terna para una novela de misterio. O para 
una de esas películas de fuegos cruzados entre espionaje y contraespionaje de 
grandes potencias, con Lisboa o Casablanca como escenario adecuado. Del 
texto de la nueva Ley de Hidrocarburos, al ser presentado al Ejecutivo, habían 
desaparecido los artículos incómodos para el cártel del petróleo. Fue lento y 
laborioso el proceso de reconstrucción de la ley recién aprobada, con el con¬ 
curso de las actas de las sesiones. Realizado el ímprobo trabajo, la ley no apa¬ 
recía publicada en la Gaceta Oficial. Es que le faltaba un requisito legal para 
su promulgación, el «ejecútese» presidencial. Hasta un año duró esa versión 
del juego casero de la sortija «que va» y «que viene». El Presidente López Con- 


110 



treras parece que encontraba siempre vacía de tinta la pluma-fuente, cuando 
desde la calle se reclamaba la firma y envío de la ley a la Gaceta. Por último, 
se promulgó, a mediados de 1939, año y meses después de su aprobación le¬ 
gislativa, y es de presumirse que previo compromiso gubernamental de no 
aplicar ninguna de las previsiones en ella contenidas que irritaron la muy sen¬ 
sible epidermis de las compañías extranjeras. No se volvió a hablar de la orga¬ 
nización de empresas mixtas, con el Estado participando en ellas como 
asociado; ni se mencionó jamás la refinería del Estado. Pesada lápida de olvi¬ 
do cayó sobre esas disposiciones legales. Y los venezolanos tuvieron, al ente¬ 
rarse a medias de las complicadas modalidades de esa intriga, razones nuevas 
para entender lo que sobre el petróleo dijeron Davenport y Cooke, en su obra 
The OH Trusts and Anglo-American Relations, publicada en 1923: 


Es una opinión muy difundida de que él despierta las peores pasiones, hace 
nacer en los hombres de negocios una avidez más devoradora que la pasión 
del oro e incita a los hombres de Estado a seguir designios maquiavélicos. 
Basta que alguien esté al servicio de una compañía petrolera para que se le 
considere enganchado en una banda de corsarios. 


El año 39, hito de zozobra 

PARA PETROLEROS Y PETROLIZADOS 

La opinión pública, cada vez mejor informada, manifestaba en todas las for¬ 
mas posibles su rechazo de esa conducta antidemocrática en lo político, y dé¬ 
bil en la defensa del pátrimonio nacional, que caracterizaba al gobierno de 
entonces. Ya una conspiración debelada silenciosamente había demostrado al 
Presidente que en los cuadros de la oficialidad joven del Ejército había des¬ 
contento. Y a comienzos del año 38 hizo una jugada en el tablero ministerial, 
llevando al Ministerio de Fomento a un antiguo exilado de Gómez, con jus¬ 
tificada fama de probidad personal, a quien ya se hizo referencia: el doctor 
Néstor Luis Pérez. 

El nuevo ministro anunció entre sus propósitos, el de poner cese a la 
política de otorgamiento de nuevas concesiones, sin un estimado previo y 
cuidadoso de sus posibilidades de rendimiento. 

Y es que después de instaurado el «nuevo régimen», la danza de concesio¬ 
nes había continuado. Los trusts sabían que el sistema contractual de unilatera¬ 
les beneficios para ellos que rigió durante las décadas del gomecismo, iba a ser 
alguna vez modificado, por presión de la opinión pública. Y se apresuraban a 
acaparar cuanta tierra podían. No obstante la acerba crítica que se le hizo desde 


111 



la calle, durante el año 36 el Ministerio de Fomento otorgó concesiones a la 
Socony Vacuum Oil Company, a la Standard Oil of Venezuela y otras com¬ 
pañías por cerca de un millón de hectáreas. El rechazo nacional a esa po¬ 
lítica de malbaratamiento de las reservas petrolíferas fue tan vigoroso que 
conmovió a un diario como El Universal, el cual no se ha caracterizado en 
su dilatada existencia por la voluntad de servir las buenas causas. Ese diario 
(edición del 10 de noviembre de 1936) comentó el otorgamiento inconsulto de 
esas nuevas concesiones con palabras tan aceradas como justas: 

Las vastas concesiones solicitadas por las empresas petroleras citadas no podrán 
ser perforadas en conjunto ni en los próximos 50 años. Así es que, como bue¬ 
nos comerciantes, sólo las mueve el afán de monopolio y de dominio absoluto. 
Compran hoy por cinco lo que mañana les reportará mil. 

Ese desatinado despilfarro de las reservas de petróleo fue interrumpido, 
transitoriamente, durante el breve paso por el Ministerio de Fomento de un ve¬ 
nezolano íntegro, el doctor Néstor Luis Pérez. Estuvimos en campos políticos 
contrapuestos. Pero no regateamos méritos al funcionario probo, aun cuando 
formara parte en un determinado momento del equipo de un régimen que nos 
hostilizaba y perseguía; y hoy, cuando ya no vive ese patriota venezolano, 
quiero dejar testimoniado aquí respeto por su manera honrada de conducir 
las relaciones entre las empresas concesionarias y el Estado, que confirmamos 
cuando, en ejercicio de funciones de gobierno, tuvimos acceso a los archivos 
del Ministerio de Fomento. Fue un hombre público que actuando dentro de 
un orden de cosas político caracterizado por las plegadizas sumisiones al ca¬ 
pital financiero internacional, supo mantener, en el desempeño del más impor¬ 
tante Ministerio del gabinete ejecutivo, una posición valerosa y honrada. Por 
eso mismo fue fugaz su actuación ministerial. El estilo suyo en defensa del 
patrimonio nacional pugnaba con el del régimen gobernante. 

Desde la clandestinidad, estimulamos la actitud que asumió el minis¬ 
tro Pérez durante el breve lapso de su gestión, de hacer una pausa en el otor¬ 
gamiento de nuevos contratos de explotación del subsuelo. Revelábamos así 
que la pasión de Venezuela, la conciencia de lo nacional, primaba en nosotros 
por sobre los resentimientos del perseguido, o el sectarismo del militante de 
una parcialidad política. El diputado que era entonces vocero del Partido en 
el Congreso Nacional ratificó en documento inserto en el Diario de Deba¬ 
tes ese decidido apoyo que ofrecíamos a la nueva política del Ministerio de 
Fomento. En esa exposición se calificaba como «medida atinada, inteligente 


112 



y previsiva» la «de paralizar el otorgamiento de nuevas concesiones» ( Diario 
de Debates de la Cámara de Diputados, núm. 27, 31 de mayo, 1937, p. 8). 

El Congreso del año 39 donde ya contábamos con algunos diputa¬ 
dos del PDN, también contribuyó, y de qué manera, a sembrar zozobra en 
los gerentes de las divisiones venezolanas de las compañías petroleras y en su 
clientela nacional. 

Reunidas en sesión conjunta las Cámaras de Diputados y del Senado 
conocieron un informe de la Comisión de Hidrocarburos, que había estudia¬ 
do el capítulo respectivo de la Memoria de Fomento, correspondiente al año 
38. Ese dictamen era una radiografía del trato de colonia que continuaba reci¬ 
biendo Venezuela. En uno de sus párrafos más definidores se leía lo siguiente: 

Ha fijado especialmente la atención de la Sub-Comisión que mientras lo ingre¬ 
sado al erario de la República por regalía e impuestos petrolíferos en el año de 
1938 alcanza a la suma de 110 millones de bolívares, el montante de exone¬ 
raciones concedidas a compañías explotadoras de nuestro petróleo, por con¬ 
cepto de importaciones que dichas entidades efectuaron durante el mismo 
período llegó a 95 millones de bolívares ( Diario de Debates de la Cámara de 
Diputados, núm. 27, 31 de mayo 1937, p. 4). 

Es decir, que el ingreso real del fisco venezolano, como participación 
en la fabulosa riqueza del subsuelo nacional y durante el año de 1938, alcan¬ 
zó apenas a 15 millones de bolívares, porque a la mínima cuantía de los im¬ 
puestos cobrados se agregó la alcahuetería «legal» de los tributos de aduana 
exonerados. Esa suma —dijo también el Congreso— resulta «tanto más escan¬ 
dalosa cuanto es mayor su contraste con las gigantescas ganancias y dividendos 
líquidos obtenidos por las compañías explotadoras». 

Ese mismo Congreso, al aprobar la Memoria del Ministerio de Fomen¬ 
to, tomó, por unanimidad, un acuerdo que resumía una aspiración nacional: 

Se excita al Poder Ejecutivo a plantear y obtener por todos los medios legales 
del Estado el desiderátum de la reducida participación que está recibiendo el 
pueblo venezolano en las explotaciones del petróleo de nuestro subsuelo, a que 
ha hecho referencia en la Memoria el ciudadano Ministro de Fomento. 

Ideas, conceptos y hasta palabras nuestras habían sido oficializados, al 
hacerlos suyos un órgano del Estado sobre el cual sólo ejercíamos, como par¬ 
tido, la débil influencia de una raleada minoría de representantes. Debilidad 
que compensábamos con ardides de astucia. Desde la catacumba, no sólo 


113 



combatíamos sino que también intrigábamos. Intriga de buena ley, porque no 
perseguía popularidad para una parcialidad política, ni para sus conductores, 
sino defensa de los intereses nacionales. Nos abríamos insospechados canales 
para hacer llegar nuestros criterios a la opinión pública, a través de voceros 
oficiales del gobierno transformados hábilmente en voceros oficiosos de un 
partido clandestino. Nunca supieron parlamentarios que eran contrarios 
nuestros quiénes redactaban algunas de las mociones por ellos presentadas a 
las Cámaras de Diputados o de Senadores. Ni cómo más de uno de los dictᬠ
menes de las distintas comisiones del Congreso no se habían elaborado en 
el Palacio Legislativo, sino en alguna proletaria casa de extramuros, en la mᬠ
quina silenciosa que utilizaba para escribir un prófugo de la policía política. 

Ésa era la raíz secreta de algunas empinadas actitudes parlamentarias. 
Pero lo importante y de indudable alcance nacional, fue el hecho de que un 
Congreso de casi unánime fisonomía oficialista refrendara con una declara¬ 
ción suya la tesis que le había costado a la oposición democrática la pérdida 
del derecho a actuar legalmente. 

La ocasión de demostrar cómo era de justa, políticamente hablando, esa 
excitativa del Congreso, se presentó de inmediato. En fecha que sincronizó con 
aquella en que el Poder Legislativo afirmara, con inequívocas palabras, la des¬ 
proporción existente entre ganancias de los consorcios y los ingresos fiscales, 
hizo el Ministro de Hacienda una solicitud el Congreso. 

Se trataba de pedir autorización legislativa para que el gobierno pudiera 
contratar un empréstito interno, hasta por 24 millones de bolívares, con el 
Banco de Venezuela. El sistema a utilizar era el de la apertura de un crédito en 
cuenta corriente hasta por esa suma, negociado con el Banco Auxiliar de la Teso¬ 
rería Nacional. Y se destinaría ese dinero a trabajos de ampliación de los muelles 
del principal puerto del país. La Guaira, y al tendido de una línea ferrocarrilera. 

Los diputados del PDN, a los cuales se unieron algunos políticamente 
independientes, presentaron su razonado voto negativo a la negociación. 

Aprobaban la justificada inversión, porque las obras en proyecto eran 
de evidente utilidad, pero en forma razonada se oponían al uso del crédito 
público estando casi virgen una fuente de ingresos fiscales: la industria petro¬ 
lera. Presentaron y suscribieron ese documento parlamentario los diputados: 
doctor J.P. Pérez Alfonzo, Pedro Bernardo Pérez Salinas, doctor César Mora¬ 
les Carrero y Jesús Ortega Bejarano, miembros entonces del PDN y después 
dirigentes del Partido Acción Democrática; el doctor Manuel Matos Rome¬ 
ro, de quien ya se dijo que fue excluido de nuestras filas en 1944; y los doc¬ 
tores Jesús Enrique Lossada, Belloso Chacín y Urdaneta, y señores Rojas 
Matos, Guglielmi y Bereciartu. 


114 



Y precisaron inclusive esos parlamentarios cuál era el impuesto que po¬ 
día y debía cobrárseles a las empresas, aun antes de que una reforma legislati¬ 
va de fondo hubiese creado un tipo de relaciones nuevas entre el Estado y la 
industria. Fue desempolvado por la minoría de oposición un olvidado artículo 
de la Ley de Arancel de Aduanas, que se insertó en ella en 1936. Esa reforma 
la promovió el entonces Ministro de Hacienda, Alberto Adriani, muerto en 
promisora juventud. Decía así el actualizado artículo: 

Artículo 21. Se establece sobre las mercancías que se exporten del país un im¬ 
puesto de hasta el 10% del valor del producto, el cual se hará efectivo por el 
Ejecutivo Federal cuando lo exijan el orden público o los intereses nacionales. 

En apoyo de esa fórmula de financiación de obras públicas sin apelar al 
empréstito, se despojó también de las telarañas que la cubrían a la exposición 
de motivos con la cual el ministro Adriani fundamentó la reforma. Era evi¬ 
dente la intención de que el impuesto allí previsto llegara a incidir sobre las 
utilidades de los consorcios explotadores del subsuelo. 

El Proyecto de Arancel -decía esa exposición de motivos- autoriza al Ejecuti¬ 
vo Federal para establecer los derechos de exportación, tanto para los produc¬ 
tos mineros como para los agrícolas y pecuarios. En lo que respecta a los 
primeros, hay que prever la posibilidad de que el interés nacional 
haga imperativo su establecimiento (subrayado R.B.). 

Con dialéctica a mazazos, irrebatible, la minoría de oposición demos¬ 
tró en el Congreso cómo el «interés nacional imponía el establecimiento de 
ese impuesto» que, de acuerdo con el estimado de la exportación petrolera pa¬ 
ra aquella fecha, podía producir al erario alrededor de 80 millones de bolíva¬ 
res anuales. El hecho mismo de que el Ejecutivo tuviera que apelar al arbitrio 
del endeudamiento con un banco, revelaba el desequilibrio presupuestario. 
Y se agregaba a eso que el Ejecutivo no suministraba sino mínimo aporte al re¬ 
cién creado Banco Industrial, alegando falta de dinero y que no hallaba forma 
de cancelarle 3 millones de bolívares de adeudo al Banco Agrícola y Pecuario, 
otro instituto bancario estatal. 

Nadie en la Cámara fue capaz de objetar ese planteamiento, tan direc¬ 
to como convincente, de los diputados de la oposición. La mayoría oficialis¬ 
ta guardó silencio ante las críticas que se formulaban a la absurda política 
hacendada del régimen. Aprobó, con un bosque de brazos alzados, a la pru¬ 
siana, la petición que formulara el Ministro de Hacienda, pero el artículo 21 se 


115 



convirtió a partir de entonces en catalizador y símbolo de una aspiración na¬ 
cional. Durante años, nuestro movimiento político enarboló el reclamo de 
que fuese aplicada a las empresas mineras la tributación que había previsto, 
con lúcida mente de estadista, el malogrado Alberto Adriani. 

Esa disposición previsiva no se aplicó entonces, ni se aplicó después. 
Un gobierno que no vacilaba en extraerle a la empobrecida población con¬ 
sumidora nacional 100 millones de bolívares anuales en sólo los impuestos 
aduaneros, se mostraba pávido, por fidelidad a un hábito del régimen de ti¬ 
mideces ante las potestades extranjeras y por saberse sin sólidos asideros de 
opinión, ante la idea de hacer tributar más a las compañías petroleras. Y ello 
a pesar de ser en extremo favorable el clima internacional para una política 
enérgicamente nacionalista. Los Estados Unidos, en la etapa de preparación 
de su activo concurso en la Segunda Guerra Mundial, experimentaba una 
premiosa hambre de petróleo. El subsecretario de Estado Sumner Welles rea¬ 
lizaba entonces desesperados esfuerzos para lograr que la industria nacio¬ 
nalizada mexicana fuese colocada bajo el comando supranacional de nueve 
miembros. De esa comisión tripartita, tres miembros representarían a la 
administración Cárdenas, tres a las compañías afectadas por el decreto del 
18 de marzo de 1938 y los restantes serían elementos neutrales, escogidos 
de común acuerdo por los gobiernos de los Estados Unidos y de México. 
Sincronizó esa gestión encaminada a garantizar el aporte de aceite mineral 
mexicano a los depósitos del estratégico combustible que se estaban forman¬ 
do dentro del territorio de los Estados Unidos, con las noticias de la alarma 
en ascenso de los funcionarios públicos de ese país, ante el escaso volumen 
de sus propias reservas. El 17 de agosto de 1939 trasmitía la United Press 
un extenso resumen de las pesimistas conclusiones a que habían llegado, a 
ese respecto, geólogos y economistas oficiales. Y poco tiempo después se co¬ 
noció el texto de la solicitud formulada por el Presidente Roosevelt al Con¬ 
greso, para que estudiase y promulgase medidas adecuadas a la salvaguarda 
de las reservas petrolíferas de la Unión. 

En los medios oficiales de los Estados Unidos no sólo había urgencia 
de adquirir petróleo, a cualquier precio. Se tenía, además, una idea clara de 
que Venezuela no era la sucursal del Paraíso bíblico pintada por cierta super¬ 
ficial literatura, sino una nación agobiada de serias dificultades económicas. 

De esa información que se tenía en los Estados Unidos acerca de las 
duras realidades afrontadas por el primer país exportador de petróleo del 
universo, hemos encontrado un testimonio interesante. Proviene del propio 
Presidente Roosevelt. 


116 



En un día del año 39 envió una nota manuscrita a Harry Hopkins, el 
más íntimo de sus colaboradores y el más cercano a él. Expresaba en ese bre¬ 
ve documento su sospecha de que no podía ser verdad lo que se le informaba 
acerca del altísimo costo de vida en Venezuela. La nota habla por sí sola: 

¿Quiere enviarme una información, respecto al costo de la vida en Caracas (Ve¬ 
nezuela), por comparación con el mismo costo en Washington, y, por supuesto, 
hablando en términos de dólares? El Departamento de Estado me dice que para 
vivir como se vive con una renta de dos mil dólares en Washington, se necesita¬ 
rían cinco mil en Caracas, siempre en moneda norteamericana. Yo no lo creo. 

Pero eran ciertas las estimaciones del Departamento de Estado. Robert E. 
Sherwood, quien ha recogido ese documento en un libro suyo que llegará a ser 
clásico, informa también de la respuesta al Presidente Roosevelt elaborada por 
Willard H. Thorp, uno de los economistas mejor reputados de los Estados Uni¬ 
dos. En un memorándum de cinco páginas demostró cómo Venezuela disfruta¬ 
ba de otro récord, coincidente con el de aportar al mundo más aceite negro que 
ninguna otra nación. El del costo de existencia más alto y más agobiador del 
planeta (Robert E. Sherwood: Roosevelt y Hopkins, ob. cit., p. 138). 

Abaratar el costo de la vida era posible, de realizarse una enérgica y pla¬ 
nificada política económico-administrativa. Estimular la producción, dismi¬ 
nuir los pechos aduaneros sobre artículos de consumo básico, crear una 
economía propia, paralela a la perecedera e injertada: ésas eran todas tareas 
inaplazables, vinculadas a una reforma fiscal y a una política de petróleos de 
nuevo signo, capaces de aportarle recursos cuantiosos al fisco. Pero las preo¬ 
cupaciones del régimen no iban por esos rumbos, sino por otros. 

En lo internacional, seguía con los ojos puestos, amorosamente, sobre 
la entonces arrolladora política expansiva del Eje. Oficialmente se recibía y 
festejaba a los mensajeros de la «hispanidad» falangista. Después de la aven¬ 
tura mussoliniana en Abisinia y de la crisis de Munich, en vísperas de la ane¬ 
xión de Austria al III Reich y cuando se agudizaba el conflicto por el Corredor 
Polaco, en Venezuela seguía actuando una misión militar fascista. A sus 
miembros los vio, regodeándose, un escritor del Herald Tribune (13 de 
agosto de 1938). 

En el alegre Hotel Jardín -escribió el articulista- y en los jardines y plazas 
principales de Maracay, vi a varios aviadores italianos, aún en uniforme de 
aviadores de Italia y la insignia del fascismo en el brazo, leyendo en los inter¬ 
medios de las clases de la escuela de aviación, donde sirven como instructores. 


117 



En política interna, aplicaba el régimen un elástico sistema de estira y 
afloja respecto al ejercicio de las libertades públicas. Había cierto margen de li¬ 
bertad de prensa, matizado de clausura de periódicos independientes y de en¬ 
juiciamientos de periodistas por el delito de «vilipendio». Eran hostilizados los 
sindicatos obreros, y cuantas veces trataron de vertebrarse nacionalmente en 
una Confederación, les fue prohibido por resolución ejecutiva, echándose 
mano de pueriles pretextos (en 1938, por haber proclamado su comisión or¬ 
ganizadora al I o de mayo como Día del Obrero; y en 1939, porque algunos 
sindicatos enviaron un mensaje de simpatía al Presidente Cárdenas, en el pri¬ 
mer aniversario del decreto de nacionalización del petróleo). Es tan severa como 
justa la apreciación que de la actitud del gobierno López Contreras frente al 
movimiento sindical hizo la Comisión de la Oficina Internacional del Traba¬ 
jo, presidida por el Subdirector de ese organismo de las Naciones Unidas, se¬ 
ñor Jef Rens, que visitó a Venezuela. Dice: 


... La concentración sindical, lejos de ser considerada por el general López Con¬ 
treras como el sostén indispensable a la Ley del Trabajo debida a su propia ini¬ 
ciativa, le pareció constituir, al desarrollarse, un verdadero peligro. Muy pronto 
los dirigentes sindicales entraron en las cárceles como habían entrado a su vez 
los dirigentes políticos (Oficina Internacional del Trabajo. Libertad de aso- 
ciaciény condiciones de trabajo en Venezuela, Ginebra, 1950, p. 43). 

Le fue negada autorización para actuar legalmente al Partido Demo¬ 
crático Venezolano, organizado por personas insospechables de radicalismos 
ideológicos; y la misma Alta Corte que frente a las tímidas medidas adminis¬ 
trativas del Ejecutivo en la cuestión petrolera validaba con sus sentencias el 
criterio de las compañías, esta vez sancionó gozosa la decisión oficial. 

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuyo estallido iba a produ¬ 
cir nuevos desequilibrios en la economía de la nación, el panorama de la pro¬ 
ducción y consumo internos era desolador. Cuarenta gramos per capitel era 
el consumo de carne, según datos oficiales del Ministerio de Agricultura. El 
consumo de leche oscilaba entre la cifra más alta en algunas regiones, que era 
de 0,250 de litro, por persona, hasta la ínfima cantidad de 0,005 de litro por 
persona, correspondiente a los habitantes del Estado Monagas, otrora asiento de 
una próspera industria pecuaria y transformada ya para entonces en centro del 
recién nacido emporio petrolero del oriente nacional (Datos aportados al Con¬ 
greso de la Leche -1939— por el médico pediatra Dr. Pastor Oropeza). Sobre el 
trigo importado cobraba el fisco un impuesto equivalente a 240% del valor ori¬ 
ginal de ese artículo de generalizado consumo. La subalimentación del pue- 


118 



blo la reflejaba esta conclusión a que arribó un médico pediatra, después de 
realizar encuestas en la población obrera de la capital de la República: «De cien 
niños proletarios de Caracas, menores de un año y mayores de tres meses, 85 
encuéntranse en camino de perecer por alimentación defectuosa» (Tesis para 
optar al título de Doctor en Ciencias Médicas del bachiller Hernán Hedderich 
Arismendi, Caracas, 1939). Los dos únicos productos agrícolas de exportación 
—café y cacao- sufrieron un descenso de precios, a partir de 1 938, y en ese año, 
aportaron, respectivamente, si apenas 5 y 2% en el volumen general de ventas 
nacionales a los mercados exteriores. La fisonomía monoproductora del país y su 
creciente dependencia del comercio internacional de un producto perecedero, se 
perfilaban con acusados rasgos. 

El desarrollo industrial del país avanzó a paso de tortuga durante ese 
quinquenio. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de las Na¬ 
ciones Unidas publicó en 1950 un documentado trabajo titulado Hechos y 
tendencias recientes en la economía venezolana. En esa monografía se 
afirma (p. 46) que fue «muy pequeño» el aumento en el número de trabaja¬ 
dores utilizados en la industria nacional entre los años 1936-1941. Esa afir¬ 
mación resulta fácil documentarla con cifras. En el año 36, 16,2% de la 
población activa del país trabajaba en empresas industriales; y cinco años des¬ 
pués, esa proporción había aumentado en apenas una fracción decimal, lle¬ 
gando a ser 16,7%. El porqué permanecía estacionario el desarrollo industrial 
se vincula a la miope y timorata política económica del régimen; o mejor, a la 
ausencia de una política en tal sentido. La banca privada, restringida en sus ac¬ 
tividades a la rápida operación comercial y al préstamo hipotecario con rédi¬ 
tos de usura, no demostraba ningún interés en la industrialización del país. 
Y el gobierno poco hacía para suplir esa falla del sistema crediticio nacional. 
Con las propias palabras oficiales resulta posible demostrarlo. En el número 
10 de la Revista de Fomento (1939) admitía el régimen que no había podi¬ 
do, o no había querido, impulsar «una fuerte y próspera industria nacional». 
Aportaba datos sobre su fracaso, con cierta delectación masoquista. El 2 de 
marzo de 1937 se había dictado un decreto ejecutivo, por el cual el Estado ga¬ 
rantizaba 50% de los préstamos que otorgaran los bancos particulares a indus¬ 
trias establecidas, o por establecerse, previo el dictamen favorable de una 
Comisión Consultiva, designada al efecto. Algún tiempo después, esa comi¬ 
sión recomendó doscientas siete peticiones de crédito; y a pesar de que to¬ 
das ellas recibieron un certificado de que el gobierno respaldaba 50% de sus 
montantes, sólo cuatro pudieron obtener préstamos en los bancos particula¬ 
res, por la irrisoria suma global de 75 mil bolívares. Pero hay más que decir. Ya 
para entonces funcionaba el Banco Industrial creado por Ley de la República, 


119 



con 70% de sus acciones suscritas por el Estado. Ese Instituto debió asumir el 
papel de financiador del desarrollo industrial. No sucedió así, porque los inte¬ 
reses minoritarios privados que se injertaron en ese banco del Estado le impri¬ 
mieron orientación y pautas. Aun cuando esto parezca insólito, así lo admitía 
el Ministerio de Fomento, en la ya citada publicación oficial, al decir: «Las 
condiciones que establece el Banco Industrial para las concesiones de présta¬ 
mos han dado por resultado el concepto, bastante generalizado por cierto, de 
que dicho Instituto no está cumpliendo la función para la cual fue creado». 
Y esa situación la explicaba el Ministerio de Fomento por la circunstancia de 
que junto con los 6 millones de bolívares en acciones del banco suscritos por 
el Estado, grupos inversionistas particulares habían aportado 4 millones de 
bolívares a la formación del capital del Instituto. «Y el capital privado —con¬ 
cluía el Ministerio de Fomento, como en gesto de melancólica resignación- 
gusta moverse en el estrecho sector de las seguridades reales, y son éstas las 
que prefiere, actualmente, el Banco Industrial». 

La estructura fiscal del Estado no experimentó cambios sustanciales 
durante el quinquenio 1936-41, en relación con la precedente etapa dictato¬ 
rial. No hubo forma ni manera de que el Ejecutivo y el Congreso asimilaran 
la necesidad de una reforma tributaria y de la creación del impuesto sobre la 
renta. Esa revisión de los sistemas impositivos había sido prometida expresa¬ 
mente, en su llamado Programa de Febrero, por el Presidente López Contre- 
ras. En ese documento se leía: «Reforma de nuestro sistema tributario, con el 
fin de distribuir equitativamente la presión fiscal y aliviar a las clases trabaja¬ 
doras con la reducción de los impuestos de consumo que pechan los artícu¬ 
los de primera necesidad». No obstante ser tan explícito ese compromiso 
adquirido con el país, los «pechos sobre artículos de primera necesidad» fue¬ 
ron la principal fuente de ingreso del Estado venezolano durante ese quin¬ 
quenio de gobierno. El único impuesto directo, que cobró en esos años fue el 
de 2% sobre las utilidades líquidas de los bancos, renglón que aportaba al fis¬ 
co la desestimable suma de 70 mil bolívares anuales. Nuestro movimiento 
político presionó desde la calle, sin resultado inmediato alguno, para que se 
modernizara y humanizara el régimen tributario nacional. 

La presión fiscal se descargó, implacable, sobre los precarios ingresos de 
los sectores más pobres de la población. Sobre ése y otros aspectos de la realidad 
fiscal y administrativa de Venezuela, durante aquella administración, resume in¬ 
teresantes datos, tomándolos de las memorias anuales del Ministerio de Hacien¬ 
da, la Comisión de Estudios Económicos de las Naciones Unidas, en una 
monografía suya (.Estudios de Hacienda Pública. Venezuela. Departamen¬ 
to de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas. Nueva York, enero de 1951). 


120 



Los ingresos fiscales de los años 36-37 y 39-40 fueron, en millones de 
bolívares, de 209,2 y de 278,9, respectivamente; y en esos mismos años, hu¬ 
bo una acusada desproporción entre los impuestos de importación —pechos 
coloniales a la generalizada pobreza— y las regalías cobradas a las multimillo- 
narias explotadoras del subsuelo. Las cifras son éstas: 


Millones 
de bolívares 


1936-1937: Impuestos de Importación.107,3 

Regalías petroleras . 64,0 

1939-1940: Impuestos de Importación.139,4 

Regalías petroleras . 90,2 


Durante ese quinquenio aumentaron los ingresos fiscales por concep¬ 
to de impuestos al petróleo, debido al crecimiento en el volumen de la pro¬ 
ducción, pero lo que percibió Venezuela sobre cada barril extraído del 
subsuelo fue menor de un año a otro, o estacionario (1938: 20,4 centavos de 
dólar por barril; 1939: 17,3 centavos; 1940: 17,1 centavos, y 1941: 17,3 cen¬ 
tavos). Durante el mismo lapso, fue en 1938 cuando la nación obtuvo una 
participación mayor en los beneficios de la industria, y apenas alcanzó a 18% 
sobre el precio de cada barril producido. 

En ese quinquenio, sólo en un año fiscal, el 37-38, cerró con superᬠ
vit el Presupuesto General de Gastos e Ingresos de la Nación. En los otros, 
hubo déficit (en el 36-37, de 31,6 millones de bolívares; en el 38-39, de 20,7 
millones de bolívares; y en el 39-40, de 28,9 millones de bolívares). 

En un país de infradesarrollo económico y con problemas críticos de 
educación y salud pública, las inversiones para fomento de la producción na¬ 
cional y para escuelas y salubridad, fueron increíblemente bajas. Durante los 
años 36-41, apenas se erogaron pequeñas partidas para los gastos de funcio¬ 
namiento de los Bancos Industrial y Agrícola; el Presupuesto de Educación no 
alcanzó nunca la cifra de 25 millones de bolívares anuales, y el de Sanidad y 
Asistencia Social osciló entre los 10 y los 13 millones de bolívares. 

A la muerte de Gómez era tan vehemente el reclamo colectivo de que 
se rescataran para la nación las riquezas amasadas a costa del erario, que la pre¬ 
sión de la opinión pública dejó sus huellas aun en la Constitución absolutista 
de 1936. En ella se estableció una presunción de culpabilidad por peculado 
sobre todos los altos funcionarios administrativos «durante los dos últimos 
períodos presidenciales». El Congreso Nacional y las Asambleas Legislativas 


121 







estadales fueron facultadas para confiscar los bienes de los funcionarios públi¬ 
cos, aun cuando estuviesen ya transferidos a sus descendientes, si esos organis¬ 
mos deliberantes dictaminaban que habían incurrido en delitos contra la cosa 
pública y contra la propiedad. 

En virtud de las cláusulas de esa Constitución, se confiscó en 1936 la 
herencia yacente de Juan Vicente Gómez, el de cujus, con los aditamentos 
de déspota y bandolero, como lo llamaba entonces la misma prensa servil que 
siempre le había agregado el calificativo de «Benemérito». Intocadas quedaron 
las fortunas de la mayor parte de los enriquecidos ilícitamente durante las dé¬ 
cadas del gomezalato, porque sus dueños eran personajes de rango dentro del 
nuevo orden de cosas. Y lo que es peor: persistió, revestido apenas de procedi¬ 
mientos menos escandalizadores, cierto desaprensivo concepto de la adminis¬ 
tración de fondos fiscales. El Presidente López, en su Programa de Febrero, 
había prometido el «manejo escrupuloso de los dineros públicos». Otra pro¬ 
mesa que se llevó el viento. Los negocios que a la sombra del poder realizaban 
algunos altos funcionarios eran de general conocimiento. 

El problema de la tierra, en gran parte acaparada por beneficiarios de 
gomecismo, fue objeto de continua controversia pública durante el quinque¬ 
nio 1936-1941. Ese sentimiento colectivo orientado hacia una redistribución 
justiciera del área laborable del país, fue admitido, teóricamente al menos, por 
el gobernante. En su Programa de Febrero prometió el «estudio de los proble¬ 
mas relacionados con el latifundio y su parcelación». Fue otra de las tantas 
promesas incumplidas. Nada hizo el Ejecutivo para modificar la fisonomía la¬ 
tifundista del campo venezolano. Y en el Congreso, la mayoría parlamentaria 
del régimen rechazó dos leyes agrarias, una de índole general y otra limitada 
a la parcelación de los fundos y hatos confiscados a los herederos de Gómez. 

Este último proyecto legislativo fue elaborado en 1939 por la dirección 
del PDN y lo presentaron sus diputados, doctores Andrés Eloy Blanco, César 
Morales Carrero, Juan P. Pérez Alfonzo, Jesús Enrique Lossada, señores Ri¬ 
cardo Montilla, Jesús Ortega Bejarano y otros. Tendía a devolver a sus legíti¬ 
mos dueños -los trabajadores del agro- la inmensa porción de suelo nacional 
acaparada por el déspota terrófago (12.242.403 hectáreas para ganadería y 
120.470 hectáreas de clase apropiada para cultivos). Fue redactado ese pro¬ 
yecto en términos tímidos, cautelosos, para que no chocara en demasía con el 
clima oficial de conservatismo y reacción. No se preveía en su articulado la 
transferencia de todas las propiedades confiscadas a campesinos sin tierra, sino 
que se excluía de esa medida las que eran unidades económicas semi-industria- 
les (caso del central azucarero «Tacarigua») y las ya enajenadas a particulares. 
Las fincas parceladas serían vendidas a agricultores pobres, de preferencia 


122 



a quienes ya eran ocupantes de ellas, a plazos de 20 años y en extensiones no 
menores de 10 hectáreas ni mayores de 50. 

La ley fue rechazada por la mayoría gubernamental. César Morales 
Carrero se creció en el debate, pronunciando en defensa del derecho del 
campesino a la tierra una magnífica exposición doctrinaria. Excelentes fueron 
también las intervenciones de Jesús Enrique Lossada, uno de los hombres ci¬ 
meros de la democracia venezolana, muerto años después en promisora ma¬ 
durez. Todas las argumentaciones se estrellaron contra la muy peregrina tesis 
enarbolada por los enemigos de la ley: la de que invadía la «facultad inmanen¬ 
te» —textual— del Ejecutivo para hacer con esas tierras cuanto le viniera en ganas. 
Lo que hizo fue dejarlas en manos de una dique de «amigos del Gobierno», 
para que las manejaran en forma irresponsable. De 1937 a 1944, en que esos 
bienes fueron refundidos con otros nacionales, las pérdidas acusadas por su 
administración excedieron de los 3 millones de bolívares. 

Mientras Venezuela era gobernada así, a espaldas de la historia y en 
contradicción con sus apetencias vitales, la segunda gran guerra devastaba Eu¬ 
ropa. Una guerra en la que el codiciado producto bituminoso jugaba su pa¬ 
pel de villano. L'Illustration, de París, en un artículo titulado «El problema 
del petróleo» y que publicó en su entrega del 27 de abril de 1940, decía: «Es- 
sad Bey escribió, hace algún tiempo: “Elpetróleo es un explosivo que ma¬ 
nejado imprudentemente puede ocasionar la destrucción del mundo”. 
Y esta frase ha hecho fortuna. En realidad, se puede afirmar que el actual con¬ 
flicto se halla, en gran parte, relacionado con el problema del petróleo». Y los 
hechos demostraban cómo el negro mineral vivía su hora estelar. Rumania, 
antes de caer en manos de Hitler, era objeto de intrigas y presiones diplomᬠ
ticas, de las grandes potencias, y no propiamente por el idilio de Carol con la 
Lupescu, sino por «poseer el triste privilegio de producir bastante petróleo pa¬ 
ra subvenir a las necesidades de un país en guerra», como escribió en marzo 
de 1940 el conde Sforza. En el Medio Oriente, los servicios de inteligencia 
británicos y alemanes secuestraban generales, compraban políticos, destro¬ 
naban reyes. De esa zona petrolífera recibió la Gran Bretaña la mitad, por lo 
menos, de los combustibles quemados en los primeros meses de la guerra. 
Pero al incorporarse Italia al conflicto, en 1940, el Mediterráneo dejó de ser ru¬ 
ta navegable para los tanqueros que, a través del Canal de Suez, transporta¬ 
ban gasolina de Abadán y de otras refinerías ubicadas en el Medio Oriente. 
Venezuela se perfiló entonces como el abastecedor potencial de combustible 
más importante para Inglaterra y sus aliados. La revista Eagle, de Nueva York 
(6 de mayo de 1940), resumió así ese proceso: 


123 



Francia e Inglaterra han estado recibiendo gran cantidad de petróleo del Irán y 
el Iraq. Con motivo de la gran merma de tanqueros, la ruta del Cabo de Bue¬ 
na Esperanza no resulta rápida ni cómoda para sus aprovisionamientos de di¬ 
cha fuente, y en cambio se hace cada vez más evidente que la mayor parte del 
petróleo lo obtendrán los aliados en Venezuela. 

Y así sucedió. La producción petrolera nacional realizó una parábola 
ascendente en esos primeros años de guerra. Igualando a 100 la producción 
de 1937, la de 1941 fue de 120. Ya para entonces la producción había rebasado 
los 200 millones de barriles por año. Y en sentido paralelo con la producción, 
crecieron las ganancias, pero para las compañías petroleras y no para el pueblo 
venezolano. Mientras el país sobrellevaba su carga de atraso cultural y econó¬ 
mico, los dividendos de los accionistas de esas empresas se hinchaban. The 
New York Times, en su edición del 19 de mayo de 1940 y bajo el título de 
«A pesar de la guerra, suben las ganancias de la Standard Ojl of New Jersey», 
informaba que las utilidades de esa empresa, en gran parte obtenidas de la 
explotación del subsuelo venezolano, pasaron de $ 76.033.172 en 1939 
a $ 89.128.736 en 1940 6 . 

Venezuela seguía siendo, para el cártel internacional del petróleo, tierra 
prometida, paraíso y filón. 


El heredero de Gómez elige sucesor 

Hacia el final del Gobierno de López Contreras había estallado la Segunda 
Guerra Mundial, con las repercusiones en el ritmo de la producción petrolera 
venezolana que acaban de señalarse. 

Nuestro movimiento político había sido enérgico y definido en el ata¬ 
que doctrinario al nazi-fascismo. En el eje totalitario veíamos y denunciábamos 
una forma peculiar de imperialismo, la peor que hasta entonces confrontó la 
humanidad. No disimulaba, sino que exhibía con arrogancia, su brutalidad pa¬ 
ra agredir naciones débiles; y su arbitraria división de las razas en superiores e 
inferiores le suministraba un argumento seudofilosófico para anexarse pueblos 
y para esclavizarlos. 


6 Estos datos y referencias sobre el rol del petróleo en la Segunda Guerra Mundial, resumen los 
aportados por el autor, en una Conferencia dicha en la Facultad de Economía de la Universi¬ 
dad de Chile, en agosto de 1940. La versión taquigráfica la publicó la Revista de Economía 
y Comercio, Santiago, agosto-septiembre de 1940, bajo el título de Las materias primas 
de América Latina y la guerra mundial. 


12 4 



AJ propio tiempo, señalábamos con previsiva lucidez cómo Venezuela 
estaba directamente amenazada en su seguridad por uno de los contendientes 
bélicos: el Eje Roma-Berlín. Suministrábamos una materia prima esencial a 
Inglaterra y las otras potencias con aquélla coaligadas. Entorpecer el aporte de 
petróleo venezolano a esas naciones enemigas sería un propósito estratégico 
obvio de las naves y submarinos italogermanos. 

Era previsible, de igual modo, que esperaban al país épocas muy difíci¬ 
les. Su abastecimiento de mercancías esenciales, de modo particular alimentos 
y materias primas para la incipiente industria, se realizaba desde el exterior. 
La guerra iba a conducir al control de las exportaciones por los beligerantes, 
a la desarticulación de los transportes marítimos, al encarecimiento y carestía 
de cuanto importábamos del extranjero. Planteamos en forma sistemática, a 
través del folleto y del periódico clandestinos, y utilizando los respiraderos 
hacia la legalidad de que disponíamos, la necesidad de un patriótico acuer¬ 
do entre gobierno y oposición en torno a un programa concreto de medidas 
económicas, políticas y administrativas. 

Patinábamos en el vacío. La gente gobernante ni siquiera interpretó co¬ 
mo un alerta el que apenas iniciada la guerra un barco de bandera italiana 
fuese hundido por su marinería, en aguas venezolanas, en forma deliberada y 
con el propósito de obstruir el paso de la Barra de Maracaibo, estrecha gar¬ 
ganta del golfo del mismo nombre por donde sale al mar buena parte del pe¬ 
tróleo. Ninguna tarea audaz y de aliento se emprendió desde el gobierno para 
ahorrarle al país parte siquiera de las dificultades que luego hubo de confrontar. 

En esos empeños constantes, y hasta angustiosos, para solicitar de 
los gobernantes la adopción de un plan defensivo nacional, en sus diversos 
aspectos, no contamos con la compañía de fuerzas organizadas. 

Las oligarquías latinoamericanas y los gobernantes imbuidos de con¬ 
cepciones autoritarias, simpatizaban con los dictadores de Roma y Berlín. 
Realizaban «gobiernos de orden», jerarquizados, que habían puesto un dique 
de contención al movimiento obrero y silenciado la contagiosa prédica de los 
teóricos de la libertad. 

Era difícil, por otra parte, para los pueblos de la América Latina, que 
con escasas excepciones llevan en su memoria el rencoroso recuerdo de atro¬ 
pellos y humillaciones recibidos de la Inglaterra imperial, adherirse con des¬ 
bordante entusiasmo a una causa que tenía a esa nación como abanderada. 

A todos esos factores de desconcierto, se agregó la actitud de los comu¬ 
nistas, que si forman núcleos de escasa proporción numérica no puede negár¬ 
seles habilidad y tenacidad para difundir sus tesis. Es bien conocido que 
fueron neutralistas a ultranza en los comienzos del conflicto, y que repitieron, 


125 



con su disciplina a machamartillo, la tesis inicial de la Unión Soviética, con¬ 
siderando el conflicto bélico como una simple escaramuza interimperialis¬ 
ta, sin diferencia alguna de matices en la posición de los dos frentes beligerantes. 
Tesis sobre la cual los rusos podían especular, pero los venezolanos no. De In¬ 
glaterra o los Estados Unidos, cuyo abastecimiento fundamental de petróleo se 
realizaba en nuestros pozos, no era esperable una agresión, sino de las potencias 
del Eje, interesadas en desarticular y aun en destruir la economía de una nación 
suministradora a sus enemigos de una materia prima con valor estratégico de 
primer orden. Sin embargo, tirando por la borda toda preocupación nacional, 
los comunistas de Venezuela señalaron como el riesgo más peligroso para el 
país a la política que en los Estados Unidos desarrollaba el Presidente Roose- 
velt, y acusaron de «guerreristas» a quienes nos empeñamos en alertar a go¬ 
bierno y a opinión pública sobre la peligrosidad de la quintacolumna fascista 
y de las posibles incursiones sobre nuestras costas de submarinos y bombar¬ 
deros del Eje. Así hablaba el Partido Comunista en aquellos días: 

y 

El peligro más inmediato para nuestros países, pese a todos los alarmismos 
que se gastan los cancilleres de La Habana, reside en el empeño del imperia¬ 
lismo yanqui de llevarnos a una completa subyugación {El Martillo, órgano 
oficial del Partido, núm. 11, agosto de 1940). 

*** 


En cuanto a Latinoamérica, el «buen vecino» ha venido a convertirse en el 
peligro más inmediato {El Martillo, 14 de diciembre de 1940). 


El líder pedenista (R.B.) trata de engañar a las masas para que acudan al 
matadero que prepara Mr. Roosevelt {ElMartillo, núm. 11). 


El desarrollo de la guerra fue definiendo y diferenciando los campos. 
En Venezuela, como en el resto del mundo, se operó un fenómeno de polari¬ 
zación de la opinión pública en frentes contrapuestos. Las capas sociales 
reaccionarias, y no pocos de los hombres del gobierno, se estremecían de sa¬ 
tisfacción, apenas disimulada, cuando Hitler lanzaba desde la tribuna del 
Palacio de los Sports sus bravatas histéricas, anticipo de nuevas ofensivas 
victoriosas de las Divisiones del III Reich. Y la mayoría de la población vi¬ 
braba de júbilo y esperanza al escuchar la voz admonitiva de Franklin Dela- 
no Roosevelt. Ninguna promesa concreta, presente o futura, se hacía en esos 
discursos a los pueblos de América Latina. Pero su prédica encendida con- 


126 



tra los regímenes que ahogaban la libre expresión de la voluntad colectiva y la 
enunciación de la doctrina de las Cuatro Libertades, llevaba esperanza a los pue¬ 
blos oprimidos y golpeaba ásperamente en los oídos de autócratas y oligarcas 
de Hispanoamérica. 

Dentro de ese clima internacional se realizó la transferencia del Go¬ 
bierno de Venezuela de manos del general Eleazar López Contreras a las de su 
propio ministro de Guerra, general Isaías Medina Angarita. Seguía cumplién¬ 
dose en Venezuela, bajo las normas de un sistema electoral sui generis, aquella 
fórmula peruana registrada por Ricardo Palma de que la Presidencia de la 
República era el último grado en la carrera militar 7 . 

Pocos meses antes de ese cambio de decorado en el régimen postgome- 
cista, había regresado yo de otro exilio, esta vez de un año, vivido en Chile 
hospitalario. A fines de 1939 me apresó la policía política, después de pasar 
34 meses evadiéndola y debí cumplir también mi lote de turismo forzoso 8 . 
Y al retornar al país, en febrero de 1941, asumí de nuevo la dirección, com¬ 
partida con otros compañeros de militancia política, del partido que había 
contribuido a crear y orientar. 


7 En una de sus Tradiciones, en «Un general de antaño», Palma pone a hablar a su militar así: 
«General de la República, con opción a la presidencia, que es como usted sabe, el 
ascenso inmediato y legítimo para los que lucimos entorchados y pala roja en las 
charreteras »(Ricardo Palma, 9bras Completas. Editorial Aguilar, Madrid, p. 965) - 

8 No estoy escribiendo autobiografía, sino historia del reciente acontecer venezolano, con aspi¬ 
ración de mensaje para las nuevas generaciones. Pero no parece sin utilidad registrar aquí algu¬ 
nos incidentes de esa persecución que se me hizo, por el gobierno que presidía el general López 
Contreras y del cual era ministro influyente quien le sucediera en la Presidencia de la Repúbli¬ 
ca, general Medina Artgarita. En el discurrir de los años 1937-1939, fue tarea rutinaria de la 
policía la de allanar a altas horas de la noche, semana tras semana, la casa donde habitaba mi 
esposa, con nuestra hija de tierna edad, a sabiendas de que no me encontraba allí. En 1938, el 
gobierno dio a la publicidad la historia de una supuesta pelea entre un policía y yo; y la ilustra¬ 
ron con la que dijeron era una de mis orejas, conservada gentilmente en alcohol, que se asegu¬ 
raba había cercenado la certera dentellada de mi contrincante, y tan de raíz como la del siervo 
de Caifas por el sablazo de Pedro, el Apóstol. 

En 1939, en una calle céntrica de Caracas, la del doctor Díaz, salvé la vida por casualidad, al 
repeler la agresión a balazos de varios agentes de la policía política, quienes tiraban a matar. 
El automóvil que utilicé en esa fuga espectacular fue seguido de camionetas policiales; y lo 
localizaron luego en un taller de reparaciones por la pista que suministraron a la Seguridad Na¬ 
cional las perforaciones dejadas en su carrocería por los disparos de los perseguidores. El due¬ 
ño y conductor del vehículo, Salvador Navarrete, fue apresado y enviado a una especie de 
campo de concentración llamado Jobito, en la desolada región llanera fronteriza con Colom¬ 
bia. A raíz de ese «incidente», el gobernador de Caracas, general Elbano Mibelli, solicitó de un 
amigo mío, el doctor Pastor Oropeza, que me hiciera llegar este mensaje: «Debía abandonar 
el país, porque el gobierno no estaba en capacidad de garantizarme la vida». La respuesta 
que di fue la de quedarme en el país, a todo riesgo, realizando en la clandestinidad el trabajo 
de organización del partido que había contribuido a crear. 


127 



El ambiente internacional, favorable a la insurgencia democrática, lo 
aprovechó el partido para aflorar de la catacumba y recobrar su derecho a la 
calle. Aun cuando convencidos sin lugar a dudas de que el Congreso elector 
iba a elegir al candidato escogido por el Presidente saliente, proclamamos en 
1941 la que se llamó en el lenguaje político de la época «candidatura simbóli¬ 
ca» de Rómulo Gallegos. Había sido profesor en el Liceo Caracas de la mayor 
parte de los dirigentes de nuestro movimiento; fue decorosa y aleccionadora su 
conducta frente a la dictadura gomecista, y de su fugaz paso por el Ministerio 
de Educación, en los inicios del gobierno López Contreras, y en el Congreso 
como diputado, dejó una estela de consecuente fidelidad al ideario democrᬠ
tico. No tenía vocación de político militante y no desechaba oportunidad pa¬ 
ra reiterar que era un escritor «prestado» a la contienda social. Pero había 
escrito Doña Bárbara —la gran novela nacional donde halló expresión poe¬ 
mática el conflicto entre civilización y atraso-, era querido por el pueblo y su 
nombre gozaba de prestigio internacional. A pesar de sus íntimas inhibiciones 
para el diario combate político, Gallegos concluyó por tornar parte activa en 
el debate de plaza pública. Recordando el caso de Paderewsky, en Polonia, al¬ 
guien ha observado cómo los pueblos, después de salir del túnel de largas 
opresiones, tienden a depositar su confianza y su fe como hombre de gobier¬ 
no en quien haya hecho trascender extrafronteras el nombre de la patria, en 
alas de obras famosas en los campos del arte, la ciencia o la literatura. 

La campaña de opinión realizada en torno a la personalidad ilustre de Ró¬ 
mulo Gallegos y a un programa de acción administrativa articulado de acuerdo 
con la plataforma de nuestro partido, reveló que los largos años de enclaustra- 
miento en la clandestinidad no habían entumecido al movimiento democrático. 
Se posesionó de la calle con singular vigor y renovados ímpetus. Las escasas con¬ 
centraciones públicas toleradas constituyeron un alarde multitudinario de res¬ 
paldo a la «candidatura simbólica». «Pero la campaña estaba ciertamente perdida 
aun antes de empezar», como escribe un tratadista extranjero, el ya citado profe¬ 
sor Austin F. MacDonald. La explicación de esa derrota por anticipado de la can¬ 
didatura de Gallegos la ofrece el mismo escritor, con palabras que voy a pedirle 
a préstamo, porque son muy expresivas e insospechables de parcialización: 

López Contreras había escogido al hombre que debía sucederle, y para todo el 
mundo esa escogencia equivalió a elección. La decisión final correspondía 
al Congreso, es cierto, pero este cuerpo había sido ya purgado de su antigua ma¬ 
yoría gomecista y reflejaba plenamente la voluntad del Presidente. El escogido 
fue el general Isaías Medina Angarita, quien tenía muchas cosas en común con 
el Presidente saliente. Ambos eran militares profesionales, antiguos ministros de 


128 



Guerra y habían nacido en el mismo Estado de la zona occidental andina (Aus- 
tin MacDonald, Latín American Politics and Government, ob. cit., p. 420). 

La «elección» la realizó el Congreso el 28 de abril de 1941. Ciento 
treinta congresantes otorgaron sus votos al candidato impuesto desde 
Miraflores; y trece los emitieron por Rómulo Gallegos. 

Dentro de un gélido ambiente colectivo se realizó la simbólica transfe¬ 
rencia de la banda tricolor de los Presidentes de Venezuela del pecho de uno 
a otro general. Y en el Panteón Nacional, cerca de la tumba del Libertador, el 
recién ungido juró lealtad a la «causa», que ya no era «La Rehabilitación» de 
los días de Gómez, sino que había sido rebautizada con irreverente nombre: 
era el «régimen bolivariano». 

Mientras se escenificaba, una vez más en la historia contemporánea de 
Venezuela, una nueva burla a la idea del gobierno representativo, en su des¬ 
pacho trabajaba afanosamente un hombre laborioso: Franco Quijano. Una 
semana después de la elección ya enviaba al nuevo Presidente el resultado de su 
tarea. Lo hizo en un memorándum de fecha 9 de mayo. En él revelaba que ca¬ 
da una de las boletas recibidas por los diputados y senadores electores tenía 
escrita, en tinta invisible, una cifra que la identificara. Así pudo saberse apos- 
teriori, sin lugar a dudas, quiénes fueron los pocos heterodoxos. El mecanis¬ 
mo del control de los votantes no se había detenido allí. Fue más complejo, 
más técnico. 

Fuera de la tinta secreta -escribió Quijano a su nuevo protector y mecenas- 
se empleó «na composición fotográfica, para estudiar la colocación verdadera 
de los electores y un plano exacto de su distribución en el salón. Estos elemen¬ 
tos y la lista de entregas se complementaron en la gran mayoría de los casos 9 . 

Así terminó, entre declamaciones «bolivarianas», incapacidad para 
afrontar los problemas vitales del país y arbitrios de química electoral, el 
quinquenio socarrón, albacea de la dictadura. 


9 El diario El País (Caracas, 2 noviembre, 1945) publicó íntegro el texto del memorándum en¬ 
viado por Franco Quijano al Presidente Medina Angarita el 9 de mayo de 1941. Fue encontrado 
en los archivos de Miraflores, después de la revolución del 18 de octubre de 1945. 


129 



Tercera parte 

El quinquenio de las frustraciones 


La reforma petrolera de 1943, escamoteo y deformación 
de una consigna de profonda raíz nacional, 
durante la Administración Medina Angarita: 1941-1943 



Capítulo III 

Medina Angarita: la autocracia 

CON ATUENDO LIBERAL 


El ascenso al poder del general Isaías Medina Angarita coincidió con momen¬ 
tos de intensa lucha, en los frentes de guerra, entre el Eje totalitario y la coa¬ 
lición de Inglaterra y sus aliados. Hitler se paseaba en dueño por más de 
media Europa y sus opositores le enfrentaban resueltamente, como elemento 
aún más decisivo que el material bélico producido en serie por las usinas nor¬ 
teamericanas, la doctrina y las prácticas de la democracia. Eran aquellos los 
días en que Roosevelt aseguraba, en discursos radiales, cómo «el totalitarismo 
iba a ser eliminado hasta en el último rincón de la tierra». 

Dentro de estas condiciones internacionales le resultaba difícil al nuevo 
gobernante comportarse de acuerdo con los cartabones troquelados por su an¬ 
tecesor. La necesidad accesoria de crearse una cierta base de opinión popular, 
con la cual oponerse a la tutoría imperiosa de quien lo había hecho Presiden¬ 
te, contribuyó al viraje impreso por Medina a los rumbos políticos del país. 

Ese viraje se caracterizó por un mayor respeto a las libertades públicas y 
por la actitud oficial menos Represiva frente a las fuerzas políticas de oposición. 


Nace un partido con doctrina, 

PROGRAMA Y VOCACIÓN DE GOBIERNO 

Acción Democrática fue el nombre con el cual legalizamos al clandestino 
Partido Democrático Nacional, de tan activa como eficaz labor durante el 
quinquenio lopecista. 

El proceso de legalización de ese Partido no fue fácil, ni exento de tra¬ 
bas reveladoras de que el régimen gobernante seguía viendo con aprensión 
no disimulada la existencia de fuerzas políticas organizadas, distintas del 
aparato burocrático que le servía para ganar elecciones fraudulentas. 

Nuestro partido debió solicitar legalización, de acuerdo con la Ley de 
Orden Público entonces vigente, en todas las entidades federales. En el Distri¬ 
to Federal, asiento de los poderes públicos nacionales, el funcionario a quien 
le correspondió dictaminar acerca de la legalización de AD era un personaje 
político ya conocido de los lectores de anteriores capítulos de este libro: el 


133 



doctor Luis Gerónimo Pietri. En su carácter de gobernador de la ciudad 
capital de la República, condicionó la legalización de ese partido a la previa 
respuesta por sus organizadores de un cuestionario inquisitorial. Debíamos 
demostrar, para merecer que se nos permitiera realizar actividades políticas lí¬ 
citas, que éramos defensores ardientes de la propiedad privada, concebida en 
términos de derecho quiritario; y celosos cancerberos del concepto medieval 
de la familia, y San Jorges de adarga al brazo para enfrentarnos a las moder¬ 
nas normas del derecho social, viejas con vejez de décadas en otros países, pe¬ 
ro estimadas por la Venezuela oficial de 1941 como repudiables factores de 
subversión y anarquía. 

Pasamos por esas horcas caudinas. Y el programa de Acción Democrᬠ
tica tuvo que ser un enunciado vagaroso de principios generales, y no el con¬ 
creto y sincero enfoque revolucionario de los problemas del país y de sus 
soluciones posibles. Esa timidez programática fue subsanada por la forma 
franca y sin esguinces con que enjuiciamos desde la tribunajaública, en la del 
parlamento y en nuestra literatura de Partido, las grandes cuestiones naciona¬ 
les. Pero hubo indudable disparidad entre la plataforma cautelosa, elusiva, de 
AD y el análisis de la problemática venezolana que popularizamos en la opo¬ 
sición y luego nos guió en el gobierno. Y no fue por deliberada intención 
nuestra sino a causa de las circunstancias que condicionaron el nacimiento de 
AD, a la vida legal, que el programa del partido no reflejó con suficiente claridad 
el pensamiento de avanzada de sus ideólogos y organizadores. 

Los años de gobierno de Medina Angarita se desenvolvieron dentro de 
un clima de tranquilidad pública. Había descontento popular, por la inepti¬ 
tud y corrupción administrativas; por la generalizada pobreza; por la insince¬ 
ridad institucional del régimen. Y si esos explosivos elementos no estallaron 
en forma de grandes huelgas o de motines sediciosos, se debió en gran parte 
a la actitud serena que asumió la oposición, cuya única expresión política¬ 
mente organizada era Acción Democrática. No ignorábamos los inminentes 
riesgos de agresión externa que acechaban al país, principal exportador de pe¬ 
tróleo para los beligerantes en el frente anti-Eje, y nos empeñamos en que las 
fisuras internas no se ahondaran. 

Esa posibilidad de que Venezuela fuese agredida militarmente era tan 
evidente que en sus aguas territoriales realizaban operaciones bélicas los sub¬ 
marinos nazis, o en las posesiones holandesas avecindadas a escasas millas del 
litoral noroccidental del país. El 15 de febrero de 1942, submarinos alemanes 
hundieron en aguas venezolanas al tanquero Monagas, con tripulación y 
bandera de nuestro país; y al día siguiente, los nazis bombardearon las ins¬ 
talaciones de la Standard Oil, en Aruba. El 19 de abril del mismo año, sub- 


134 



marinos del Eje cañonearon en la Bahía de Bullen, Curazao, las instalaciones 
de la Royal Dutch-Shell. 

La geografía y la economía, en forma aún más determinante que las con¬ 
sideraciones ideológicas, nos convirtieron en nación beligerante, ubicada en el 
frente hostil a Alemania, sus aliados y satélites. Frente a esta realidad, la actitud 
oficial fue vacilante y contradictoria. Amenazado como estaba el país por las 
flotillas de submarinos alemanes que infectaban las aguas del Caribe, ninguna 
medida política de compactación nacional ni militar de adecuada defensa del 
territorio nacional, fue adoptada. Ante la infiltración propagandística y las 
actividades de espionaje de la quintacolumna, había cierta inercia oficial. Y fue 
la Minoría Unificada —bloque parlamentario liderizado por AD, alineamiento 
de diputados y senadores independientes con los de nuestro partido— la que de¬ 
nunció, en pormenorizado documento dirigido al Congreso el 15 de julio de 
1942, los nombres y actividades de numerosos agentes del nazismo alemán, el 
fascismo italiano y el falangismo español, instalados en el país 1 . 

Además de esa preocupación patriótica, otro elemento influía para 
asordinar el tono oposicionista. Era el convencimiento lúcido de no haber di¬ 
fundido nuestro mensaje ideológico a todas las capas democráticas de la po¬ 
blación, ni a todas las zonas de la geografía humana nacional. Fue transitorio 
el período de actuación política legal, apenas el año 36 y comienzos del 37, y 
tanto la prédica doctrinaria como la organización de partido, tuvieron en los 
años posteriores limitación obvia por su carácter de labor clandestina. Resul¬ 
taba así tarea previa a toda acción política que planteara resueltamente la 
cuestión del poder, la de estructurar a AD en escala nacional y la de popula¬ 
rizar su doctrina, desde las columnas de un periódico diario. En una y otra 
dirección se trabajó, con espíritu de equipo y voluntariosa energía creadora. 

La dirección de AD se trazó la consigna de: «Ni un solo distrito, ni un 
solo municipio, sin su organismo de Partido». Era ambicioso y difícil de cum¬ 
plir ese propósito. Se trataba de vertebrar una red organizativa a lo largo y lo 
ancho de un país de tamaño desmesurado, de escasa densidad demográfica, 
con población desmigajada más que dispersa sobre un área territorial de un 
millón de kilómetros cuadrados. No disponíamos de dinero y la pomposa 


1 Formaban la Minoría Unificada los diputados de AD, doctor Andrés Eloy Blanco, doctor Luis 
Lander, Mario García Arocha, doctor Juan P. Pérez Alfonzo, Ricardo Montilla, Jesús Ortega 
Bejarano y P.B. Pérez Salinas; los diputados independientes doctor Ricardo Hernández Rovat- 
ti, Carlos E. Lemoine, doctores Martín Vegas y Germán Suárez Flamerich, entonces vincula¬ 
do a las corrientes democráticas; y los senadores independientes Luis Barrios Cruz y Alberto 
Ravell, Este último fue de los parlamentarios más enérgicos en la denuncia de las actividades 
de la quintacolumna. 


133 



Caja del partido se alimentaba en precario con las cuotas de sus afiliados, gen¬ 
tes de clase media, obreros, campesinos y artesanos de reducidos ingresos. Pe¬ 
ro el esfuerzo se realizó, con esa mística inderrotable de los movimientos 
sociales llamados a remodelar la fisonomía de una nación. 

Fue una etapa de cuatro años (1941-45) que en lo personal me dejó 
huella imborrable. En mi exilio de juventud siempre ambicioné conocer, pue¬ 
blo por pueblo, caserío por caserío, a la inmensa Venezuela; mirar de cerca y 
a lo vivo sus problemas; dialogar sobre su destino con hombres y mujeres de 
la Montaña y del Llano, de Oriente y la Guayana. Realicé ese soterrado y pre¬ 
mioso anhelo, en esos años que me enseñaron de mi país mucho más de cuan¬ 
to aprendiera en vigilias estudiosas, sobre las páginas de los libros. Navegué el 
Orinoco, en precaria lancha de fabricación doméstica; y en curiara por el La¬ 
go de Maracaibo y en bote de «palanqueo» por las aguas del río Tuy. Dormí 
en los ranchos en piernas de los llanos de Guárico, del Alto y el Bajo Apu¬ 
re, escuchando detalles sobre sus vidas y trabajos de labios de las peonadas, 
mientras pastoreaba el sueño en la criolla hamaca de moriche; y conviví con 
los andinos en sus tierras parameñas y con los obreros del petróleo en Cabi- 
mas, Quiriquire y El Tigre, y con los pescadores del golfo de Cariaco, y con 
los trabajadores del sisal en Lara, de la caña de azúcar en Aragua y Miranda, 
del cacao en Barlovento. Confirmé, por información obtenida de viva voz de 
personas de las más variadas profesiones y de los diversos estratos sociales en 
todo el país, lo que ya me habían dicho las estadísticas y las estimaciones 
anuales de la renta nacional. Que la Venezuela urbana, metropolitana, la de 
Caracas y sus aledaños, en pleno vértigo de un boom urbanístico estaba su¬ 
perpuesta a otra Venezuela, de producción estancada, atraso técnico y paupe¬ 
rismo popular. Y también resultó fácil captar un sentimiento de frustración 
y descontento muy difundido, producto de la coexistencia sobre una misma 
tierra, de dos países: el minoritario y de holgado bienestar y el otro infinita¬ 
mente más numeroso y marginado a las ventajas de la vida civilizada. Ese 
sentimiento lo expresaban hombres y mujeres de todas las regiones, con 
acento y tono que ya alcanzaba diapasones de cólera. Era el de que se impo¬ 
nía un vuelco revolucionario en la situación nacional, tapiado como estaba 
el camino pacífico del voto para cambiar hombres y sistemas de gobierno. Se 
estaba elaborando en el subconsciente colectivo uno de los prerrequisitos pa¬ 
ra que un régimen político pueda ser subvertido sin mayores obstáculos: la 
incompatibilidad de todas las clases sociales con el orden de cosas existente. 

Y también fundamos un diario. El historiador del futuro deberá acudir 
a las páginas de El País, que con ese título se publicó, para rastrear en ellas el 
itinerario más veraz de una etapa de vida pública venezolana. Era osada la 


136 



empresa de editarlo. Había libertad de prensa, pero sobre ella pesaba la efi¬ 
ciente coacción asfixiadora de un Estado fuerte, por sus recursos económicos 
y por la fisonomía semi-totalitaria del régimen gobernante. Se exponía a re¬ 
presalias indirectas, pero represalias al fin, el empresario o banco que, si¬ 
quiera por la vía rutinaria del crédito, se relacionara con un periódico de 
oposición. Fue necesario recordar el método clásico del capitalismo inglés pa¬ 
ra movilizar los ahorros individuales en beneficio de sus empresas: la acción 
barata, de a chelín. Entre miembros y amigos del partido, diseminados por 
todas partes, colocamos acciones a bajo costo, para financiar y organizar una 
flamante sociedad anónima, editora. El equipo de imprenta resultó prehistó¬ 
rico. En una Caracas de periódicos millonarios, con rotativas ultramodernas, 
imprimimos nuestras ocho páginas de combate en una Dúplex de mediados 
del siglo pasado, muy vinculada, por otra parte, a la historia contemporánea 
de Venezuela. En sus engranajes remendados y en sus abolladuras múltiples 
sobrellevaba el recuerdo de dos tumultuosas «sanciones» populares sufridas 
por ella: la del 14 de diciembre de 1908 y la del 19 de diciembre de 1935. 
¡Era la misma prensa donde se habían editado El Constitucional y El Nue¬ 
vo Diario, órganos del castrismo y del gomecismo, respectivamente! Nació 
y sembró ideas y agitó conciencias ese periódico gracias a un esfuerzo de con¬ 
junto y al empeño de muchos. Pero su existencia fue posible por los particu¬ 
lares desvelos de dos hombres del Partido: Valmore Rodríguez, su primer 
director, uno de los más recios y capaces forjadores de Acción Democrática, 
muerto en el exilio en 1955, y Luis Troconis Guerrero, compañero inolvida¬ 
ble, también muerto en el exilio en 1951 después de rendir años de heroicas 
jornadas, como uno de los dirigentes de la resistencia clandestina contra el 
despotismo de Pérez Jiménez. 

La historia dirá que AD realizó durante esos años críticos de la Segunda 
Guerra Mundial una acción política mesurada, responsable, implícita siempre 
en ella la preocupación venezolana ante los riesgos que acechaban a un país tan 
débil en número de hombres y en recursos bélicos, y de cuyo subsuelo brota¬ 
ba la mayor parte del petróleo quemado por los aviones de la RAF inglesa y por 
los tanques de Eisenhower. 

En los discursos ante las fervorosas asambleas populares, en la confe¬ 
rencia, doctrinaria, desde las páginas de El País y de otros periódicos de ins¬ 
piración partidista, hicimos una campaña oral y escrita de alcance nacional. 
Vale la pena recordar sus lineamientos fundamentales, sobre todo porque 
ellos fueron pivotes donde se insertó luego nuestra obra de gobierno. 

En materia de organización política del Estado, exigíamos la devolu¬ 
ción al pueblo de su soberanía usurpada. Ese traspaso de la residencia de la 


137 



soberanía de las manos de una camarilla autocrática a las de la nación, no po¬ 
día realizarse sino mediante una reforma radical en el régimen electoral y en 
las prácticas comiciales. Exigíamos la provisión del cargo de Presidente de la 
República y de los cargos parlamentarios, en todos sus escalones, por el siste¬ 
ma de sufragio directo, universal y secreto. Combatíamos acerbamente las 
prácticas del fraude y del cohecho electorales, realizadas por el gobierno aun 
en las elecciones para concejos municipales y asambleas legislativas estadales, 
únicas para las cuales se solicitaba el voto popular, según los términos de la 
Constitución vigente. Esos fraudes eran posibles porque la totalidad del apara¬ 
to electoral estaba en manos del grupo gobernante. Y como resultado de esa 
compleja red de cortapisas para cerrarle a la oposición el acceso al Congreso, los 
senadores y diputados al margen de la disciplina oficial fueron en toda época 
una raquítica minoría. Dentro de esas condiciones, ninguna diferencia sustan¬ 
cial existía entre el Congreso Nacional de Venezuela y los parlamentos «corpo¬ 
rativos» de la España de Franco y de la Italia de Mussolini, o el Reichstag nazi. 
La subordinación del Congreso así integrado, tan totalitariamente, al Jefe del 
Ejecutivo, concedía a éste, de hecho, la facultad discrecional de escoger su suce¬ 
sor. La república devino, en la práctica, una especie de monarquía electiva, con 
facultad implícita en el Presidente saliente de designar al Presidente entrante. 

En materia administrativa, pugnábamos contra la ausencia de articula¬ 
ción modernizadora en los órganos del Poder Público y contra la persistencia 
de una de las plagas peores que siempre habían minado al Estado venezolano, 
restándole respetabilidad a sus gestores: el peculado. Este vicio tradicional 
se avivó en el país al amparo del auge petrolero y sólo con variantes formales 
fue heredado de Gómez por sus causahabientes testamentarios que gobernaron 
a la nación en la década 1935-1945. 

Y, por último, reclamábamos una mayor participación nacional en el 
disfrute de la riqueza del subsuelo, explotada por el capital extranjero; y 
la reinversión de ese mayor provento que así se obtuviese en la creación de una 
economía diversificada, venezolana, y en la defensa y valorización del capital 
humano del país. 

Esta última consigna fue de las más agitadas por nuestro movimiento po¬ 
lítico en los años de la Segunda Guerra Mundial. Éramos abanderados de la idea 
de que fluyera sin interrupción el petróleo nacional hacia los depósitos de las na¬ 
ciones combatientes contra el Eje nazi-fascista. Pero con redoblado ímpetu exi¬ 
gíamos que se utilizara esa coyuntura propicia, cuando el petróleo era materia 
prima de fundamental interés y cuando las empresas productoras alcanzaban 
beneficios excepcionales, para rectificar a fondo la desacertada política de hidro¬ 
carburos realizada por gobiernos sordos al interés nacional. 


138 



Y no era empresa de romanos, sino fácil tarea de lector de perió¬ 
dicos, la de averiguar los crecidos beneficios que estaban obteniendo las 
compañías petroleras. 


La tolerancia gubernamental a las ganancias 

EXAGERADAS DEL CÁRTEL PETROLERO 
BAJO EL FUEGO CRÍTICO DE AD 

El diario El Heraldo de Caracas (25 de febrero de 1942) publicó y comen¬ 
tó editorialmente el informe suministrado a los accionistas de la Royal- 
Dutch Shell por su presidente, R.G.A. van der Wonde. En él declaró que la 
compañía -que extrae de Venezuela 40% de su producción- había obtenido 
en 1941 una utilidad neta de 17,3 millones de dólares, previa deducción de 
4 millones de dólares destinados a fondo de reserva. La ganancia neta alcan¬ 
zada por esa misma empresa en 1940 fue de 15,6 millones de dólares, lo cual 
significaba que la ganancia neta por acción en 1941 fue de $ 1,32 contra 
$ 1,05 en el año anterior. El mismo ejecutivo de la Shell informaba que en el 
año 41 su empresa había pagado al fisco de los Estados Unidos la cantidad 
de 9 millones de dólares, en calidad de impuestos sobre ingresos, contra 3,2 
millones de dólares en el año precedente. 

En artículo publicado por Henry E. Rose en World Petroleum (julio 
de 1942) se aportaban nuevos datos reveladores de que las compañías petro¬ 
leras estaban descremando, en beneficio de sus accionistas, la coyuntura 
creada por la guerra. Durante el año 41, las compañías petroleras tomadas 
en conjunto aumentaron en 16% sus beneficios netos, en comparación con el 
año precedente. Los píecios del «crudo» aumentaban: en abril del 41, la coti¬ 
zación por barril subió en 16 centavos, seguido de otro aumento de 10 cen¬ 
tavos dos meses después. W.S. Farish, presidente de la Standard Oil of New 
Jersey, estimaba, a comienzos del 4, que las ganancias de su compañía en el 
primer semestre de ese año podrían calcularse entre 75 y 80 millones de dó¬ 
lares. La Creóle Petroleum Corporation, rama «venezolana» de la Standard, le 
aporta anualmente a esa compañía la mitad de sus ganancias. 

Esas ganancias en ascenso se vinculaban a las alzas en las cotizaciones del 
petróleo.'El Estudio Económico de América Latina de la CEPAL (1948), 
en su página 76, resume así ese proceso de alzas en la cotización de barril de 
petróleo en la costa del Golfo, en que se basan los precios del de Venezuela: 


139 



Año 

Precio 

de barril de petróleo 

1937: 

100 

1938 

104 

1939; 

95 

1940: 

95 

1941: 

106 

1942: 

112 


Mientras las compañías aceiteras capitalizaban la guerra en forma de 
cosecha de dólares y de libras esterlinas para los privilegiados tenedores cíe sus 
acciones, Venezuela seguía produciendo petróleos baratos y confrontando 
desequilibrio fiscal y desajuste de su economía. 

Durante el año 1941, la producción petrolera alcanzó la cifra de 
33.353.766 toneladas métricas. El producido en bolívares de esa'voluminosa 
cantidad de aceite extraído de los pozos, así como las participaciones de la na¬ 
ción y de la compañía, los estimó el Ministerio de Fomento, en su Memoria 
anual al Congreso. Esas cifras eran por sí solas toda una requisitoria contra la 
falta de celo de los gobernantes para salvaguardar el interés nacional: 

Valor del petróleo producido Bs. 691.093.935,15 

Total de los impuestos sobre hidrocarburos 85. 279.158,15 


Diferencia para las Compañías Bs. 605.814.777,00 

Deducidos los costos de producción y otros, lo obtenido del petróleo 
nacional por los concesionarios que lo explotaban era por lo menos tres veces 
más de lo percibido por el país. 

Esta situación no parecía producir patriótico rubor a los gobernantes. 
Exhibían ese trato colonial que se le daba a Venezuela cual si fuera una cre¬ 
dencial honrosa. Así pudo oírsele decir a una Misión Económica oficial que 
visitó los Estados Unidos a fines de 1941, encabezada por el presidente del 
Banco Central, que el petróleo nacional lo obtenían los concesionarios «a más 
bajo precio que el pagado por empresas similares trabajando en otros países». 

Eran aquéllos los días tensos de la guerra submarina en el Caribe. Los 
puertos del país estaban prácticamente bloqueados y sólo en forma esporádi¬ 
ca arribaba a ellos un buque mercante. Experimentaba la población escasez 
pronunciada de artículos de consumo y la agobiaban los altos precios a que se 


140 




expendían los pocos que era posible obtener en tiendas y almacenes. Era 
oportuno el momento para estimular el desarrollo manufacturero nacio¬ 
nal, porque había demanda apremiadora y ausencia en el mercado de la 
mercancía extranjera. 

La respuesta oficial a esa necesidad y oportunidad de impulsar las in¬ 
dustrias criollas, no pudo ser más desoladora. Durante el año 41 los créditos 
industriales aportados por el Estado ascendieron a una cifra escandalosamen¬ 
te baja: 325 mil bolívares. Esa cantidad no había podido ser mayor «debido a 
restricciones presupuestarias, que correspondieron a una disminución de los 
ingresos públicos», según confesión del Ministerio de Fomento, en su Memo¬ 
ria anual. En el presupuesto 42-43, aparecían reducidos a la cuarta parte los 4 
millones de bolívares que el mismo Despacho había anunciado que se aplicarían 
durante ese año fiscal al estímulo crediticio del desarrollo industrial. 

La contracción de ingresos y el desequilibrio del presupuesto eran 
problemas fácilmente solucionables con un aumento de impuestos sobre hi¬ 
drocarburos. Se prefirieron medidas que no afectaran a los poderosos intere¬ 
ses extranjeros, sino al consumidor nacional y a la producción venezolana. 
Fueron reajustados los sueldos de la administración pública; se gravaron con 
nuevos impuestos la gasolina y los fósforos; se cercenaron drásticamente las 
partidas destinadas a estimular la producción industrial y agrícola, y se apeló 
al expediente del empréstito. 

El Presidente de la República, en su Mensaje anual al Congreso, 
anunció que se utilizaría el crédito público, en vez de una tributación mayor 
a los concesionarios del subsuelo para aumentar los ingresos del Fisco. «En 
el curso de las presentes sesiones -dijo- os será presentado por el Ministerio 
de Hacienda el proyecto de empréstito que se propone hacer para la realiza¬ 
ción de algunas obras públicas.» Y en junio del 42, ya estaba en el Congreso 
la petición de autorización al Ejecutivo para contratar un empréstito por 68 
millones de bolívares. 

Nuestro partido libró entonces una de las más recias batallas naciona¬ 
listas de su existencia, tan fecunda en servicios a Venezuela. El historiador del 
futuro deberá reconocer que en el año de 1942, Acción Democrática fue 
intérprete colectivo de los más soterrados y vitales anhelos de la nación. 

En el Congreso, la voz del partido era expresada por un grupo de dipu¬ 
tados de combativa conducta. Eran Andrés Eloy Blanco, gran poeta y ciudada¬ 
no ejemplar, trágicamente fallecido en el exilio en 1955; y J.P. Pérez Alfonzo, 
Luis Lander, Jesús Ortega Bejarano, Ricardo Montilla y P.B. Pérez Salinas. En 
asocio con algunos diputados sin afiliación de partido, integraban la Minoría 
Unificada, a la cual ya se hizo referencia. Y fue esa coalición de parlamentarios 


141 



desvinculada de la abrumadora mayoría oficialista la que demostró cómo du¬ 
rante el primer año de la administración Medina Angarita continuó recibien¬ 
do Venezuela trato de factoría, en cuanto a la explotación de su riqueza 
minera. El documento presentado a la consideración del Congreso tenía una 
fuerza convincente irrebatible. 

En 1941, apuntaban, con una producción petrolera por valor de 690 
millones de bolívares, le correspondió a la nación apenas 85 millones de-bo¬ 
lívares, es decir, 12,3%. La participación por toneladas descendió, con res¬ 
pecto al año anterior, de Bs. 3,07 en 1940 a Bs. 2,25, en 1941. El aporte 
total de la industria petrolera al país fue durante el año de 1941 menor en 
21 millones de bolívares al del año precedente. En síntesis -concluía diciendo 
el documento de los parlamentarios de la Minoría Unificada-, «con una explo¬ 
tación mayor, con un costo de explotación inferior, la nación ha obtenido una 
participación notablemente menor a la obtenida en el año cuarenta». 

En el Congreso (mayo de 1942) plantearon también Jos diputados de 
Acción Democrática debate en torno del «arreglo» con la Mene Grande Oil 
Company. Mediante esa transacción, como ya quedó dicho, se redujo a un 
ingreso extraordinario al fisco, de 30 millones de bolívares, lo que inicialmen¬ 
te se anunció como rescate para la nación de una vasta zona en plena, inten¬ 
sa explotación. Pérez Alfonzo afirmó que no se le había suministrado al 
Congreso información esclarecedora sobre esa negociación; y Luis Lander, 
otro parlamentario de AD, hizo énfasis en que aun los datos incompletos eran 
reveladores de que se había tratado de una gestión administrativa contraria a 
los intereses del país. 


El «Artículo 21», consigna nacional 

Esta acción parlamentaria sincronizó con la que en la calle, en la prensa, en la 
tribuna de la conferencia y de la asamblea popular, realizaba nuestro partido. 

En su Primera Convención Nacional, realizada en Caracas (6 de junio 
de 1942) se acordó «continuar planteando tercamente la necesidad de un rea¬ 
juste de las relaciones entre el Estado y las empresas petroleras, que permita 
una participación mayor de la nación en su principal riqueza minera». El 
Concejo Municipal de Caracas (15 de junio de 1942), por hábil gestión de 
nuestros ediles acordó oficiar al Ejecutivo Federal, instándolo a que aplicara a 
las compañías petroleras el artículo 21 de la Ley de Arancel de Aduanas, el 
que preveía el establecimiento de un impuesto ad valorem hasta de 10% so¬ 
bre el producido de las exportaciones minerales. Y el 4 de julio siguiente, la 
fracción de AD, en la Cámara de Diputados suscitó un debate parlamentario 


142 



sobre la necesidad y conveniencia de que esa medida fiscal fuese aplicada a los 
consorcios petroleros. 

En esa oportunidad, se realizó un debate que resultó esclarecedor. Desde 
reductos oficiales se susurraba que la disposición contenida en el artículo 21 
de la Ley de Arancel de Aduanas era inconstitucional. Frente a esa tesis, el dipu¬ 
tado doctor Alfonso Espinoza, quien era el vocero siempre escogido por la ma¬ 
yoría gubernamental para expresar su criterio en materias fiscales, fue categórico 
al decir que ese artículo «era perfectamente legal, como impuesto general sobre 
todas las exportaciones». El diputado Navarro Méndez, conocido industrial, al 
apoyar la tesis de los parlamentarios de AD, expresó que «sólo en Venezuela el ca¬ 
pital petrolero puede obtener beneficios tan elevados». El diputado doctor Luis 
Felipe Hernández, consejero legal de asociaciones de hombres de empresas, res¬ 
paldó también nuestra posición. Contestó con cifras al argumento vergonzante, 
esgrimido a la sordina por los defensores de las fabulosas ganancias de los trusts, 
de que un aumento de impuestos colocaría al petróleo venezolano en desventa¬ 
ja con sus competidores en los mercados de consumo, insistió en la reducida tri¬ 
butación de las compañías en Venezuela, comparándola con la de México antes 
de la nacionalización. En ese país, para 1938, las empresas aportaban al fisco 34 
centavos de dólar por barril de «crudo», mientras que en Venezuela pagaron, en 
1941, apenas 10 centavos por barril. 

No hubo ningún síntoma de reacción favorable del Ejecutivo ante ese de¬ 
bate parlamentario, en cuyo desarrollo se evidenció respaldo mayoritario a nues¬ 
tra tesis. Y tanto, que aun periódicos de vinculaciones con el oficialismo nos 
apoyaron en esa coyuntura, al apreciar cómo estábamos interpretando un pode¬ 
roso sentimiento colectivo. Tal fue el caso del diario El Heraldo, de Caracas, el 
cual escribió editorialmente (9 de julio de 1942): 

En la actualidad, sectores responsables reclaman del Ejecutivo la puesta en 
práctica del artículo número 21 de la Ley de Arancel de Aduanas. Nuestra 
opinión al respecto, y que tenemos interés en consignar, es la de que su apli¬ 
cación es perfectamente legal y ajustada en todas sus partes al pensamiento 
patriótico que lo estampara en su texto. 

. Meses después de esa discusión en la Cámara de Diputados, el V Con¬ 
greso Nacional de Abogados, reunido en la ciudad de Valencia, se pronunció 
en favor de una tesis que ya Acción Democrática había transformado en con¬ 
signa nacional. Luis Augusto Dubuc, abogado él también y uno de los líderes 
jóvenes del partido, comentó en un artículo publicado en nuestro órgano ofi¬ 
cial de prensa ese triunfo de opinión obtenido. «Una representación autorizada 


143 



de la opinión jurídica del país -escribió- ha encontrado “razones de orden 
económico y financiero” para respaldar la tesis de nacionalismo económico 
que desde hace años ha venido sustentando Acción Democrática.» Y refirién¬ 
dose concretamente al planteamiento del Congreso de Abogados acerca del 
ya tan trajinado artículo 21, añadió Dubuc: «De invalorable previsión, justa y 
legal, que debe aplicarse sin demora en la emergencia actual que confronta la 
patria, ha calificado el Informe que comentamos el impuesto establecido en 
la Ley de Arancel de Aduanas». Y concluía con una referencia numérica im¬ 
presionante: si el arbitrio rentístico previsto en esa disposición se hubiese 
aplicado a partir de 1937, fecha en que entró en vigencia la ley respectiva, el 
fisco habría recaudado un ingreso suplementario, en los 5 años corridos desde 
entonces, de 330 millones de bolívares. 

Mientras nuestro partido realizaba esa fervorosa cruzada en defensa del 
interés nacional, el Partido Comunista estaba dedicado a organizar unas pin¬ 
torescas «Ferias de la Victoria». Ya Rusia había sido invadida por Hitler y los 
pacifistas a ultranza de pocos meses antes devinieron apasionados adeptos del 
dios Marte. En esas reuniones recaudaban dinero de los trabajadores del petró¬ 
leo, con el anuncio de que iba a ser enviado a Moscú, Londres y Washington, 
para nutrir las cajas de guerra de las naciones beligerantes contra el Eje. Y por¬ 
que en una jira realizada a través de los campamentos de trabajadores petro¬ 
leros del Occidente nacional combatimos el doctor Luis B. Prieto y yo esas 
verbenas de dudosa finalidad, nos lanzaron una vez más las gruesas andanadas de 
sus denuestos. En un artículo titulado «La ayuda del Zulia a los aliados», pu¬ 
blicado en su órgano oficial Aquí Está (16 de abril de 1942), nos compara¬ 
ron a Prieto y a mí con Lindbergh y Vooheleer, cruzados del aislacionismo 
norteamericano. Y como grave crimen se nos imputó haber sostenido ante 
multitudes obreras que el aceite mineral nuestro debía ir sin interrupción a los 
frentes de guerra antinazis; que debía vigilarse al quintacolumnismo fascista 
de manera rigurosa, pero que Venezuela como nación, y los trabajadores en su 
calidad de elementos fundamentales en la extracción del mineral, debían 
compartir sustancialmente los beneficios que estaban obteniendo las empre¬ 
sas productoras. Además, habíamos dicho, para escándalo del zigzagueante 
grupo stalinista, que para nosotros la preocupación de lo venezolano primaba 
por encima de cualquiera otra. Y cuando desde el semanario comunista se nos 
increpó por esa línea de conducta celosamente nacionalista, aceptamos la im¬ 
putación y devolvimos el dardo, untándolo con curare. «Afirmamos que Ve¬ 
nezuela primero, porque antes que todo y primero que todo, nos afectan y 
preocupan los problemas de nuestro país. Y nadie puede extrañarse de eso, por¬ 
que somos venezolanos, y no ingleses, estadounidenses o rusos.» («Sí, Venezuela 


144 



primero», en Acción Democrática, núm. 14, 19 de abril de 1942). También 
fueron motivo de otra escaramuza polémica entre AD y los comunistas venezola¬ 
nos las declaraciones que formulé, a nombre del Partido, para la United Press, 
cuando ruidosamente se anunció desde Moscú la disolución de la III Inter¬ 
nacional. Esta fue la escueta apreciación que se hizo de ese acontecimiento: 

No hay suficientes elementos de juicio para opinar sobre este nuevo viraje de 
una organización de tan contradictorio proceder. Lo que en definitiva suceda 
en nada afectará la línea política de Acción Democrática, partido de izquier¬ 
da de inspiración americanista y desvinculado de las Internacionales europeas. 
Seguiremos pugnando por hacer efectiva y fecunda la democracia americana, 
torada de fallas e inconsecuencias; por la definitiva derrota del Eje, enemigo 
el más artero del progreso humano; y por una auténtica paz de los pueblos, 
sin nuevos Versalles. 

Los comunistas ripostaron indignados. A voz en cuello proclamaron que 
ya Moscú no sería tutor de los partidos uncidos a su carro, porque con la elimi¬ 
nación del Komintern recuperaría cada antigua seccional su autonomía or¬ 
ganizativa y táctica. La discreta, aun cuando intencionada, declaración mía la 
calificaron de «una nueva maniobra, hecha de mala fe, para obtener determi¬ 
nados efectos inmediatos» (Semanario Aquí Está, 2 de junio de 1943). Los he¬ 
chos posteriores confirmaron, una vez más, que la razón la teníamos nosotros, 
y no los comunistas. Años después, el Komintern era substituido por el Ko- 
minform, y el Partido Comunista venezolano recuperó, con nuevos bríos y 
docilidad aún más acentuada, su viejo rol de agencia de propaganda de la 
política exterior rusa. 

En los mismos días en que el pueblo venezolano, en la voz de su Par¬ 
tido y de sus gentes más alertas, estaba reclamando revisión a fondo del ré¬ 
gimen tributario aplicado a la industria del aceite mineral, México ganaba 
una batalla al cártel internacional del petróleo. 

El 19 de abril de 1942 se hizo público el dictamen de la Comisión 
mixta mexicano-norteamericana que estudió, en lo relativo a las inversiones 
procedentes de los Estados Unidos, los problemas surgidos del Decreto de 
Cárdenas nacionalizando la industria. Esa Comisión estuvo integrada por re¬ 
presentantes de los gobiernos de los Estados Unidos y de México, y sus con¬ 
clusiones fueron favorables, en lo sustancial, a la tesis mexicana. En el orden 
material, porque el dictamen fijó en 25 millones de dólares la cantidad que 
debía pagar México como indemnización por los valores expropiados, en 
contra de los 250 millones de dólares en que las compañías estimaban sus 


145 



haberes. En el orden jurídico y moral, porque el mismo dictamen reconocía en 
forma explícita que la Administración Cárdenas ejercitó una facultad constitu¬ 
cional, al incautarse por decreto de todas las pertenencias de los concesionarios 
extranjeros. Y junto con el texto del dictamen, se conocieron cuáles ventajas adi¬ 
cionales obtuvo la Administración mexicana del Gobierno de los Estados 
Unidos. El gobierno del Presidente Roosevelt le abrió un crédito al del Presiden¬ 
te Ávila Camacho por 40 millones de dólares, destinados a la estabilización de 
la moneda; se comprometieron los Estados Unidos a adquirir anualmente una 
cuota de 6 millones de onzas de plata mexicana; y el Banco de Exportaciones 
e Importaciones le otorgó al gobierno de México un préstamo de 30 millones de 
dólares, destinables a obras públicas. Comentando esos hechos, insistió el 
semanario oficial de nuestro Partido una vez más en sus tesis venezolanistas: 

Eso ha logrado México. Y Bolivia, menos fuerte y menos importante geogrᬠ
fica y políticamente, ha hecho otro tanto (...) En cambio, en Venezuela si¬ 
guen rigiendo los contratos celebrados en los días del general Gómez, 
conforme a leyes redactadas por los abogados y gerentes de las empresas (...) 
No planteamos la nacionalización inmediata por decreto de la industria pe¬ 
trolera, sino viables medidas de defensa económica y fiscal de la nación. 
Pedimos, simple y llanamente, el aumento hasta límites de justicia y equidad 
de la participación nacional en la riqueza petrolera {Acción Democrática, 
núm. 15, 25 abril, 1942). 


El régimen acogió, para escamotearla, 

LA TESIS DE LA REFORMA PETROLERA 

El clamor nacional en favor de la revisión del status petrolero subía de tono. 
Los colonialistas se hallaban a la defensiva, sin argumentos que esgrimir en 
apoyo de un orden de cosas repudiado por el país, en todos sus estratos socia¬ 
les. El erario estaba exhausto, paralizadas las obras públicas y el malestar eco¬ 
nómico se hacía sentir en el pueblo. El Gobierno apelaba a toda clase de 
malabarismos, desde la emisión de bonos redimibles a corto plazo, festinados 
arreglos extra-judiciales de demandas a compañías petroleras y la venta de bu¬ 
ques confiscados al Eje, para pagar con dificultad al Ejército y a la burocracia. 

Esta suma de factores presionaba al Gobierno para arbitrar aumentos 
en sus ingresos fiscales, y la única fuente impositiva a mano era la industria del 
petróleo. La idea de una reforma en las relaciones con el Estado no estaba fue¬ 
ra de la mente de los avisados y avezados consejeros de las compañías. Sabían 
que la opinión pública era hostil a la vigencia de unos contratos heredados de 


146 



Gómez y que estaban viciados de taras jurídicas y morales. Aspiraban a au¬ 
mentar sus concesiones, y no querían hacerlo bajo algunas modalidades de la 
ley del 38. Podían conciliarse las urgencias fiscales del Gobierno con los recón¬ 
ditos propósitos de las empresas, mediante la admisión por éstas de un tímido 
reajuste de impuestos como precio pagado para alcanzar sus propios objetivos. 

Estas son reflexiones serenas, desprovistas de pasión polémica retros¬ 
pectiva, que resultan del análisis de todo el proceso de la reforma petrolera de 
1943. Cuando fue anunciada, como venezolanos y como militantes de una 
organización política tan empeñada en esa reforma, saludamos ese anuncio 
con exaltado júbilo. Y no era para menos. El mismo régimen que había per¬ 
manecido sordo durante años ante el vehemente reclamo de una reforma en 
las relaciones entre el Estado y la industria del petróleo, emergió de pronto 
como abanderado de esa idea. En un discurso ante la Comisión del Congreso 
que le anunciaba la clausura de sus sesiones ordinarias, el Presidente de la Re¬ 
pública dijo en Miraflores (17 de julio de 1942) que el Gobierno pretendía 
«revisar, al amparo de nuestras leyes y en busca de la equidad, una situación 
que necesariamente tiene que revisarse, en favor de la nación venezolana». 
Y el galimatías quedó aclarado en otro párrafo más concreto del mismo dis¬ 
curso, al pronunciarse el Jefe del Estado porque «Venezuela obtenga en la 
explotación de sus riquezas naturales la parte que en justicia le corresponde 
y que las industrias que son consecuencia lógica de la extracción de esos 
productos tengan su asiento, movimiento y expansión en Venezuela». 

Era tan evidente la justicia que asistía a Venezuela para reclamar una re¬ 
visión radical de la forma como se distribuían las ganancias producidas por su 
petróleo, que espontáneamente lo proclamaban así órganos de prensa extran¬ 
jera de fisonomía conservadora. Tal fue la actitud asumida por el South 
American Journal, periódico editado en Londres, que no se caracteriza pre¬ 
cisamente por su adhesión al ideario liberal. En su edición del 5 de septiem¬ 
bre de 1942 cantó un hosanna al aporte que estaba dando el subsuelo 
venezolano a la lucha contra el Eje, y al cual le asignaba, con sobra de razón, 
especialísimo rango. Estas fueron las palabras del periódico londinense: 

Aun cuando Venezuela no es formalmente aliada de las Naciones Unidas, en 
el sentido de que no se encuentra en guerra con el Eje, la cooperación que es¬ 
tá ofreciendo a las fuerzas combatientes libres es la más grande de todas. Por lo 
menos un 80% -quizá sea el 100%- del petróleo que se importa en la Gran 
Bretaña, es de origen venezolano. Sin él, las Reales Fuerzas Aéreas no podrían 
remontar los aires, se inmovilizaría el Ejército y la escuadra permanecería inac¬ 
tiva en sus bases... Si por una lamentable ignorancia no es suficientemente 


147 



conocida en la Gran Bretaña la preciosa contribución de Venezuela, es lo cier¬ 
to que no la desconoce el alto mando alemán. La enorme actividad de los sub¬ 
marinos enemigos en el Caribe trata de impedir, principalmente, la provisión 
de petróleo a las Naciones Unidas. 

Y a renglón seguido colocaba el periódico inglés el dedo sobre el tema de 
lo poco que recibía Venezuela a cambio de lo mucho que estaba dando. Su cp- 
mentario parecía formulado por un nacionalista venezolano de encendida fe: 

.. .podría sugerir alguien que al embarcar Venezuela a la Gran Bretaña tan vas¬ 
ta cifra de petróleo apenas se está ayudando a sí misma. Pero ésa no es la posi¬ 
ción exacta. Prácticamente la industria petrolera trabaja con capital extranjero, 
y son las compañías extranjeras, por lo tanto, las que obtienen los mayores be¬ 
neficios. Es verdad que los impuestos petroleros constituyen una fuente apre¬ 
ciable de ingresos fiscales, pero Venezuela juzga que tales impuestos no le 
ofrecen una honrada retribución por la explotación de su suelo. Justo es decir 
que al estimular el Gobierno de Venezuela un esfuerzo mayor que nunca para 
hacer rendir sus campos y suplir con ellos las necesidades de las Naciones Uni¬ 
das, procede más por devoción a la libertad que por simples intereses pecunia¬ 
rios (Citado por el Dr. Carlos A. D’Ascoli, en Acción Democrática, núm. 
43, 7 nov., 1943). 

Todos los factores concurrían a favorecer la adopción de una enérgica 
actitud ante la cuestión petrolera. Pero pecaba de ingenuo ese entusiasmo con 
que nuestro sector había acogido la promesa oficial de asumirla. Un régimen que 
se empecinaba en conservar sus perfiles autocráticos estaba históricamente in¬ 
capacitado para encarar de frente ese problema. Le faltaba la audacia y la auto¬ 
ridad moral que sólo nacen de un respaldo mayoritario de opinión pública. Los 
gobernantes sabían que los consorcios del petróleo apreciaban la debilidad in¬ 
trínseca de un régimen que no realizaba consultas electorales sinceras, ni mane¬ 
jaba con probidad el erario, ni atendía cabalmente las necesidades colectivas. 
Y por eso no podía atreverse a realizar una reforma a fondo, sustantiva, en las 
relaciones entre Estado e industria petrolera. Se desperdiciaría así la espléndi¬ 
da oportunidad de un mundo en guerra y ávido de combustibles; y de que en 
la Casa Blanca estuviera un gobernante como Roosevelt, quien, frente a las ra¬ 
dicales medidas adoptadas por México ante situación similar a la de Venezuela, 
había asumido discreta posición. 

No pasaron muchos meses para que pudiera preverse cómo la anuncia¬ 
da reforma petrolera iba a ser, en más vastas proporciones, un «arreglo» seme- 


148 



jante al realizado con la Mene Grande Oil, a propósito de la «Concesión Ló¬ 
pez Rodríguez». Y para que toda duda sobre el particular se desvaneciera, se 
perfiló como timonel de la reforma el mismo doctor Gustavo Manrique Paca- 
nins que había tramitado el sonado «arreglo» de la Mene Grande Oil. Hacia 
agosto del 42, viajó a los Estados Unidos. «Jira de vacaciones», dijeron los dia¬ 
rios. Pero algunos días después las agencias noticiosas informaron de una 
visita suya a la Casa Blanca, en compañía del Embajador de Venezuela en 
Washington. Departió por espacio de una hora con el Presidente Roosevelt. 
Y así comenzó a confi rmarse lo que ya se temía: que la gran cuestión nacional 
no iba a ser encarada resueltamente, sino que estaba escribiéndose un capítu¬ 
lo más en esa historia de frustraciones vivida por Venezuela, durante la década 
posgomecista, en lo referente a su petróleo. 

Y pruebas no faltaron de que las compañías continuaban pisando sobre 
tierra conquistada, exhibiendo una arrogancia retadora. Tal fue la que sumi¬ 
nistró, en septiembre de 1942, la Standard Oil. Formalizó en esa fecha, ante 
el Juzgado de I a Instancia en lo Civil del Distrito Federal, una demanda con¬ 
tra la nación, por cobro de bolívares. Dos filiales suyas -la Compañía de Petró¬ 
leo Lago y la Lago Petroleum Corporation— demandaron al Estado por el 
reintegro de un millón y medio de bolívares. Se trataba de una incidencia en 
torno del viejo lío sobre el artículo 49 de la Ley de Hidrocarburos del año 36. 
Editorialmente, en áspero tono crítico, comentó el semanario oficial de nues¬ 
tro Partido, el litigio que se iniciaba contra un fisco quebrantado, en hora tan 
inoportuna. Así opinó ese periódico, en ardido comentario de fondo: 

En momentos en que el fisco nacional está en crisis. En momentos en que se 
espera una posible rebaja de sueldos administrativos. En momentos en que el 
propio gerente de la división venezolana de la Standard Oil, señor Henry H. 
Linam, declara a El Universal que la exportación petrolera ha descendido 
violentamente, con la coetánea merma de los ingresos fiscales. En momentos 
en que las finanzas gubernamentales están amenazadas de colapso, la compa¬ 
ñía de Rockefeller presenta una perentoria factura de cobro. Difícil sería no 
hallar paralelo entre esa actitud y la de la Italia fascista, declarándole la gue- 
, rra a Francia y atacándola por la espalda cuando las tropas pardas estaban ya 
a las puertas de París («La Standard reclama a la Nación, o los venados detrás 
de los perros», en Acción Democrática, n° 38, 3 octubre 1942). 

Arrogancia de las compañías, hermetismo oficial en torno a la reforma pe¬ 
trolera y evidencia de que la estaba negociando en los Estados Unidos quien no 
tenía la confianza del país, eran factores justificadores de todos los pesimismos. 


149 



Pero nuestra organización no asumió negativa posición derrotista. Siguió pug¬ 
nando desde la calle porque se obtuviera para Venezuela lo que en justicia y en 
derecho le correspondía. 


El «matrimonio de conveniencia» 
de Gobierno y comunismo 

En esa tarea nos topamos con un obstáculo más: el nuevo viraje del Partido 
Comunista, que lo llevó a abdicar de su tan pregonado antiimperialismo, pa¬ 
ra sumarse sin condiciones a la clientela del régimen y convertirse en portavoz 
entusiasta de todas sus tesis. En Moscú le habían dado una vuelta al suiche de 
la dialéctica y las seccionales latinoamericanas de la III Internacional estaban 
ofreciendo adhesión a todos los gobiernos constituidos, sin detenerse a pensar 
en su origen, conducta u orientación social. Sincronizó con la «nueva línea» el 
recorrido continental realizado por Lombardo Toledano. Anastasio Somoza y 
el contradictorio líder azteca se exhibieron sobre una misma plataforma, ante 
muchedumbres nicaragüenses. Los comunistas peruanos pactaron con Prado 
Ugarteche. El «Caballero de la Esperanza» brasileño salió de la cárcel a recon¬ 
ciliarse espectacularmente con Getulio Vargas, cuyo Gobierno lo había man¬ 
tenido entre rejas durante años. En Cuba los comunistas se aliaron a Batista, 
Lázaro Peña enganchó la Confederación de Trabajadores al tren del batistato 
y Juan Marinello surgió de ministro sin cartera en el Gobierno del ex sargen¬ 
to del 4 de septiembre. En Costa Rica también se realizó, con el Gobierno de 
Calderón Guardia la bizarra alianza. Y en Venezuela, al grito de «Con Medi¬ 
na contra la reacción», los comunistas se lanzaron por la pista de todos los in¬ 
condicionalismos, cumpliendo, entre otros, el lamentable papel de enconados 
agresores de cuantos tuviesen la osadía de disentir de la opinión oficial. Reac¬ 
cionarios, quintacolumnistas y agentes nazis fueron los calificativos más bené¬ 
volos que endosaron a quienes en alguna forma hicieran oposición a los 
modos entonces vigentes de gobernar y administrar al país. Gonzalo Barrios, 
del comando político de AD, analizó con perspicacia la serie de virajes que 
condujo a los comunistas venezolanos, y de Latinoamérica en general, a su 
alianza con dictadores y oligarquías gobernantes. Escribió: 

Cuando Hitler no había atacado aún a Rusia y estaba vigente el famoso pac¬ 
to germano-soviético, la gente de Unión Popular [comunista] sostenía ideas 
muy peculiares acerca de la conflagración actual. La guerra que libraban Fran¬ 
cia e Inglaterra era una guerra imperialista. El deber de América era la neutra¬ 
lidad y la persecución de la paz, así fuese una paz alemana. Hitler mismo 


150 



recibía loas de ese sector. Y algunos lo exaltaban y bendecían, tal como aque¬ 
llos herejes medievales que veneraban en el demonio un involuntario vehículo 
del bien. Hoy, ya sabemos cómo desarrolló Hitler sus planes de dominación. 
Todos los gobiernos latinoamericanos han roto relaciones con Alemania y es¬ 
tán asociados en la lucha contra el nazismo y, por lo tanto, a la defensa de la 
Unión Soviética. De ahí se deduce que no existe en América gobierno algu¬ 
no reaccionario y que los reaccionarios son los opositores a cualquier gobier¬ 
no (Acción Democrática, núm. 130, 20 de octubre de 1944, artículo 
titulado: «¿Somos anticomunistas?»). 

Y estaban ya aliados los jerarcas del régimen con los cuadros comunis¬ 
tas cuando surgió de esa extraña amalgama política la idea de rendirle un ho¬ 
menaje público al Presidente Medina, testimonio por adelantado de gratitud 
nacional. Se trataba de elaborar una adecuada mise en scéne, de la cual 
emergiera el Jefe del Estado con perfiles de realizador de la liberación econó¬ 
mica del país, como resultado de una reforma petrolera cuyos términos se 
desconocían para esa fecha. 

Acción Democrática fue invitada a la concentración y no rehusó su 
presencia. En un país donde estaba vedada a la oposición el uso de la radio, 
era ésa una oportunidad no desdeñable para hacer llegar sus puntos de vista 
sobre la reforma petrolera a todos los venezolanos, a través de la cadena de 
emisoras nacionales. Y allí concurrió la militancia de AD, disciplinada y segu¬ 
ra de sí misma, individualizándose con sus lemas propios y con su línea polí¬ 
tica autónoma. Mientras la coalición comunista oficialista exhibía gigantescos 
carteles, escrita en ellos la consigna ya estereotipada: «Con Medina contra la 
reacción», las nuestras interpretaban los anhelos nacionales: participación jus¬ 
ta de Venezuela en su riqueza petrolera; refinación en el país de la mayor can¬ 
tidad posible del mineral que en él se producía; no más concesiones sobre 
reservas de petróleo; libre sindicación, contrato colectivo y mejoras de vida 
para los trabajadores del mineral; precios bajos de los combustibles de consu¬ 
mo generalizado, inversión reproductiva de los ingresos suplementarios que 
obtuviera el Estado de la revisión proyectada. 

El 17 de enero de 1943 se realizó la llamada «Concentración de Los 
Caobos», que derivó su nombre del de la plaza caraqueña en la cual tuvo lu¬ 
gar. Me correspondió llevar la voz de Acción Democrática, y en ese discurso, 
desprovisto a la vez de agresivos desplantes antigubernamentales y de asomos 
siquiera de cortesanía, se fijó la neta posición de nuestro Partido. En uno de 
sus párrafos se resumió así la tesis de AD acerca de la proyectada reforma: 


131 



El aumento hasta límites de estricta justicia de la participación nacional en 
la riqueza petrolera, el traslado a Venezuela de las refinerías en las que se «tra¬ 
ta» el mineral extraído de nuestro subsuelo, la reducción del plazo de vigen¬ 
cia de los contratos, la abolición de las absurdas exoneraciones de impuestos 
aduaneros a las empresas concesionarias y seguridades de mejoramiento eco¬ 
nómico y social de los técnicos, empleados y obreros al servicio de las com¬ 
pañías; éstos son los pivotes donde debe insertarse una nueva política minera 
de gran envergadura. 

Luego dejé constancia de que no respaldábamos a priori la reforma, 
ni otorgábamos un irreflexivo crédito de confianza al Gobierno, sino que fi¬ 
jaríamos norma de conducta al conocer cuáles eran sus lincamientos. Estas 
palabras resumieron tales ideas, en forma inequívoca: 

Esperemos, como lo espera con preocupado interés rodo el pueblo venezola¬ 
no, el nuevo estatuto petrolero que se está elaborando. Desde un ángulo de 
responsabilidad y de recto espíritu de cooperación analizaremos ese proyec¬ 
to legislativo, y a su hora y momento formularemos rodas las observaciones 
y sanas críticas que contribuyan a hacer de la ley que se sancione un hito 
plantado en el camino hacia la conquista de nuestra cabal independencia 
económica {Acción Democrática, núm. 54, 30 enero 1943). 

Y con la intención manifiesta de rubricar una sostenida línea de oposi¬ 
ción a la política del régimen, en el mismo número del órgano oficial del Par¬ 
tido en donde se reseñó ese acto, se condenaba una vez más el peculiar y 
antidemocrático sistema en vigencia para elegir los miembros de las Cámaras 
Legislativas. En esos días, cuerpos electores controlados virtualmente por la 
maquinaria oficial iban a escoger en elecciones de segundo grado, la mitad de 
los miembros del Congreso, y nuestro vocero de prensa anticipaba así el se¬ 
guro resultado de ese nuevo escarnio al sistema representativo de Gobierno: 

Teórica y legalmenre, en este año deberá renovarse la mirad del Congreso. Pero 
de esa renovación puede decirse lo mismo que del paso de Castro a Gómez afir¬ 
maban los teóricos primigenios de «La Rehabilitación»; que será «una evolu¬ 
ción dentro de la situación». Este nebuloso aforismo político vuelve a tener 
vigencia, ahora que la determinante mayoría de un Congreso formado por fun¬ 
cionarios del Ejecutivo será sustituida por otra también determinante mayoría 
de funcionarios del Ejecutivo. Presidentes de Estado y Secretarios Generales, y 
hasta Ministros del Despacho, ejercitarán la dúplice función de gobernar y de 


152 



autocalificar, desde los escaños del Parlamento, la forma como ellos mismos 
han gobernado ( Acción Democrática, núm. 54, 30 enero 1943). 

Las «elecciones» de diputados y senadores equivalían a nombramientos 
hechos por el Presidente de la República, como en la época de Gómez. Sólo 
había una diferencia de método entre el procedimiento patriarcal del déspo¬ 
ta, que ya sabemos consistía en designar él personalmente, sin intermediarios, 
a los integrantes de ambas Cámaras, y el practicado después de su muerte. En 
la década posgomecista, el Presidente y su Ministro de Relaciones Interiores 
enviaban a las asambleas de concejos municipales y a las asambleas legislati¬ 
vas estadales la lista de las personas que debían ser electas como diputados y 
senadores. No había riesgo alguno de que esas listas se variasen, porque eran 
funcionarios del Ejecutivo, sometidos a la rígida disciplina burocrática, o clien¬ 
tes políticos suyos, los integrantes de los organismos electores. Y es que con ex¬ 
cepción del Distrito Federal, donde actuaba una minoría de ediles de oposición 
y de situación similar existente en algún otro cuerpo legislativo-elector de la 
República, la totalidad de esos organismos estaba bajo el puño de hierro guber¬ 
namental. En 1942 -no varió esa situación para los tres años subsiguientes-, 
de los 302 miembros de las asambleas legislativas estadales que elegían a los se¬ 
nadores, 286, o sea 95%, eran otros tantos votos regimentados; y 981 de los 
1.405 concejales que elegían diputados, o sea 94%, estaban también sujetos a 
la disciplina gubernamental. «Estas cifras, con su expresiva elocuencia, nos di¬ 
cen categóricamente que Venezuela es una República semitotalitaria», exclama¬ 
ba con razón Raúl Leoni, miembro del comando político de AD, en un artículo 
de prensa ásperamente crítico frente a la insinceridad institucional que carac¬ 
terizaba la vida política del país («Venezuela no quiere estancarse ni retroceder», 
en Acción Democrática, 24 enero 1942). 

Un problema nacional tramitado a espaldas de la nación 

Tan «en familia» como el régimen le nombraba a la nación sus senadores y di¬ 
putados, se conducían también las negociaciones con las compañías petrole¬ 
ras. Ni oficial, ni oficiosamente, se informaba a la opinión pública de cuanto 
se tramitaba en herméticos cenáculos. El generalizado descontento por la ma¬ 
nera como se conducía un asunto de interés vital para la nación, fue recogido 
y expresado por nuestro órgano de prensa. «La nación debe tener voto en la 
cuestión petrolera», fue el título de un editorial de Acción Democrática. 


153 



Se sabe -decía nuestro semanario- que febrilmente se adelantan conversa¬ 
ciones entre los representantes del Ejecutivo venezolano y los de las compa¬ 
ñías petroleras. Personajes de gran significación en el mundo de la política y 
de las finanzas angloyanquis están en Venezuela, actuando como delegados de 
sus respectivos gobiernos, o como personeros de las compañías. Entre esos 
personajes se encuentran dos Consejeros del Departamento de Estado nor¬ 
teamericano: Herbert Hoover Jr., hijo del ex Presidente republicano de los 
Estados Unidos; y Max Thomburg. Por su parte, las compañías han despla¬ 
zado hacia Caracas a portavoces suyos tan calificados como Wallace Pratt, 
Vicepresidente de la Standard Oil of New Jersey, y como Harry Sinclair, el 
conocido magnate de Wall Street que preside la Consolidated Petroleum 
Corporation y cuyo apellido está íntimamente mezclado a los más ruidosos 
escándalos del petróleo en México. Las entrevistas oficiales con esos diri¬ 
gentes, de las finanzas y de la política británica y estadounidense se realizan 
a puerta cerrada. Espeso velo de misterio envuelve las negociaciones en marcha 
(Acciin Democrática, núm. 50, 23 diciembre 1942). 

Pero la expectativa nacional tocó a su final. El 18 de febrero de 1943 fue 
convocado el Congreso a sesiones extraordinarias, que debían iniciarse 5 días 
después, para conocer del nuevo proyecto de Ley de Hidrocarburos. Por temor 
quizá a que fuese violado el secreto de ese tabernáculo legislativo por los esca¬ 
sos diputados de oposición, el proyecto se entregó a los miembros del Congreso 
el mismo día de apertura de las sesiones. En contraste con esa ignorancia en 
que se mantuvo a la opinión pública nacional, los círculos interesados de los 
Estados Unidos y de Inglaterra dispusieron de tiempo suficiente para examinar 
hasta con lupa los íntimos mecanismos de la reforma en proyecto. 

Una vez más, nuestro órgano oficial de prensa reflejó la voz sin palabras 
de todo el pueblo venezolano. 

Contestando a esas críticas -dijo editorialmente Acción Democrática- ha 
afirmado el ciudadano Ministro del Interior que sólo hace escasos días fue 
concluida la redacción definitiva de la ley. Pero lo cierto es que sus bases fun¬ 
damentales eran ya del conocimiento de círculos financieros extranjeros, 
mientras que en el país se le ignoraban, fuera del núcleo de los altos funciona¬ 
rios del Ejecutivo y de los miembros de la comisión redactora. Tan es ello cier¬ 
to, que sucesivos cables de agencias noticiosas, llegados de New York y de 
Londres, han venido informando de la impresión existente con respecto a la 
nueva Ley de Hidrocarburos en la City y en Wall Street. 


154 



Pero no obstante tan justificadas críticas a la forma como se había en¬ 
gendrado ese estatuto legal, hicimos un esfuerzo último, desesperado casi, 
para lograr que nuestros puntos de vista nacionalistas encontraran eco en 
quienes dentro del Congreso formaban sólido bloque subordinado al Poder 
Ejecutivo. Y testimonio de ese patriótico intento son las palabras finales de 
ese mismo comentario editorial: 

Pero, en todo caso, enfocada la cuestión tal y como está planteada, sólo cabe 
exigir y esperar que la mayoría oficialista en el Congreso adopte una actitud 
comprensiva y realmente patriótica. No creemos que sería lógico festinar 
la discusión de la Lev de Hidrocarburos, sino que debe realizarse ese históri¬ 
co debate con la lentitud que fuese necesaria para el logro de una redacción 
definitiva que le permita al país alcanzar la meta señalada en uno de sus dis¬ 
cursos por el Presidente Medina: «cuanto legítimamente le corresponda co¬ 
mo participación en su riqueza minera» ( Acción Democrática, núm. 57, 
20 febrero 1943). 


La «Ley-convenio», frustración de esperanzas colectivas 

Desde el inicio mismo de las sesiones parlamentarias ya se vio que el pro¬ 
yecto legislativo, cuyo articulado defraudó las esperanzas postreras de los 
partidarios de un «nuevo trato» en materia de petróleo, no sufriría enmien¬ 
das. Los voceros oficiales en las Cámaras estrenaron una novísima teoría: la de 
que esa legislación tenía la modalidad sui generis de una «Ley-conve¬ 
nio». Modificarle una coma significaría destruir ese arquetipo de ciencia 
jurídica y de justicia económica. Más que una ley, era un meccano: edifi¬ 
cio de acrobático equilibrio, imposible de rectificar en ninguna de sus par¬ 
tes sin que se afectara el todo. O dicho en otras palabras: que al Congreso 
iba, para recibir una rutinaria confirmación casi protocolar, lo que a puertas 
cerradas, de espaldas a la nación, se había pactado entre los miembros del 
Ejecutivo y los representantes de las compañías, asesorados por los consejeros 
del Departamento de Estado. 

Dentro del Congreso, sin embargo, no le fue fácil la tarea a la mayoría 
oficialista. Los diputados de Acción Democrática fracasaron en su empeño de 
modificar el texto de la nueva Ley de Hidrocarburos, pero sus curules fueron 
tribuna utilizada para demostrarle al país que la reforma petrolera, tan propa- 
gandizada por el régimen, defraudaba a la nación. 

El diputado J.P. Pérez Alfonzo, miembro de la Comisión de Fomento 
del Congreso, sintetizó los puntos de vista de nuestro partido en un voto de 


155 



minoría, que es uno de los más sólidos documentos de la historia parlamentaria 
de Venezuela. 

Señalaba el diputado Pérez Alfonzo dos grandes grupos de ventajas en 
el Proyecto: ventajas de orden técnico y ventajas de orden económico. Entre 
las primeras destacó la unificación de las relaciones de los concesionarios con 
el Estado; y el reconocimiento de una más definida y clara intervención estatal 
en el funcionamiento de la industria. 

Entre las de orden económico, hacía énfasis en el aumento de los im¬ 
puestos, tomados en conjunto, y no obstante la desaparición de tributos que 
antes pagaban los concesionarios (como es el caso del impuesto de boyas y fa¬ 
ros); la aclaratoria de que las exoneraciones aduaneras eran otorgadas o no 
por el Estado, a criterio suyo; la obligación para las empresas de llevar en Ve¬ 
nezuela su contabilidad industrial; la supresión de diferencias injustificadas 
de los impuestos cobrados a los concesionarios por razón de estar ubicadas las 
parcelas en tierra, o cubiertas por agua; y los convenios respecto a refinerías 
celebrados en relación con el Proyecto. 

Sobre dos aspectos fundamentales del proyecto exteriorizaba el diputa¬ 
do Pérez Alfonzo los desacuerdos con su contenido. 

El primero de ellos, relativo al total «saneamiento» de la industria. 
Transformando en Ley el Proyecto, y de no modificarse en su articulado lo re¬ 
lativo a esta cuestión, la nación habría renunciado a los innumerables recla¬ 
mos a que tenía derecho, por vicios en el otorgamiento de los títulos, fraudes 
al fisco y utilidades no justificables, obtenidas por las empresas en los 20 o 
más años que llevaban de explotar el subsuelo del país. 

Textualmente decía el diputado de Acción Democrática: 

Todo este conjunto positivo [el de las ventajas pautadas para el país en la ley 
en proyecto] constituiría, indudablemente, un adelanto en la solución del 
problema del petróleo. Mas, cuando se pretende que las ventajas señaladas 
signifiquen la cancelación del pasado, “la sanatoria absoluta de todo vi¬ 
cio anterior y terminación completa de toda acción o reclamo que 
pudierm originarse’’ 

de la situación anterior, se sostiene una pretensión de imposible realización. 
Porque si algo hay cierto, indiscutible, como hecho de la vida real, es la situa¬ 
ción creada y mantenida en Venezuela por la industria del petróleo. Cómo 
han expoliado esa riqueza del pueblo venezolano no obstante conocer las ne¬ 
cesidades de ese mismo pueblo, es un hecho público y notorio. Validas las 
compañías de las debilidades de quienes, con o sin derecho, han representado 


156 



la nación, actuando al margen del derecho y la justicia han realizado utilida¬ 
des ilegítimas, ocasionando daños cuya reparación no puede ser borrada por 
la simple disposición de una ley: no hay, ni puede haber, figura jurídica alguna 
que haga de la injusticia, derecho. 

A grandes números puede decirse que el petróleo explotado en Venezuela por 
la industria alcanza, hasta hoy, a 2.500 millones de barriles que a un precio 
medio de un dólar barril, hacen esa misma cantidad en dólares para el valor 
del producto explotado. Y si reconocemos como costo medio el de $0,50 ba¬ 
rril (cincuenta centavos de dólar) -señalado por el Ministro de Fomento, doc¬ 
tor Manuel Egaña, en su informe al Congreso del pasado año, que incluyen 
los impuestos pagados en Venezuela, amortizaciones e intereses, y el cual 
se tomó de la Comisión de Tarifas de los Estados Unidos- vemos cómo pue¬ 
de seriamente pensarse que las ganancias injustificadas de las empresas llegan 
a las cantidades exorbitantes de que tanto se habla. Ganancias que oscilan al¬ 
rededor de 1.250 millones de dólares, y que representan más de 3.800 millo¬ 
nes de bolívares, cifra ésta que supera el valor estimado de todos los capitales 
empleados en todas las industrias del país (agrícola, pecuaria, industrial y mi¬ 
nera, incluida la propia industria del petróleo). No es, pues, razonable supo¬ 
ner que la voluntad colectiva nacional acepte ni ahora ni después, condonar a 
las compañías una pretensión que representa semejante relación con la rique¬ 
za nacional, debilitando las bases de su existencia y yendo contra sus propios 
fines: la justicia y el bienestar colectivo. 

Luego hacía el diputado Pérez Alfonzo la observación de que para sub¬ 
sanar vicios en sus concesiones, o satisfacer impuestos legalmente dejados 
de pagar, algunas compañías aportaron al Fisco sumas importantes, a partir de 
1935. Y concluía diciendo: 

Es, pues, razonable pensar que el total saneamiento de la industria del petró¬ 
leo, que tiene concesiones muchas veces más importantes que el Lote núm. 5 
de la Concesión López Rodríguez, bien podría alcanzar una apreciable suma, 
■ que eficazmente inyectada a la economía nacional sí sería realmente aprecia¬ 
da por toda la colectividad venezolana como una verdadera y justa reparación. 

En su densa exposición, el diputado de Acción Democrática hizo 
un análisis objetivo de la nueva tributación sobre hidrocarburos contempla¬ 
da en el proyecto de ley. Reconoció explícitamente la ventaja que significaba 
para la nación el aumento del impuesto superficial, con su secuela —favorable 


157 



al país- de que retornaran a la libre disposición de éste una apreciable canti¬ 
dad de las hectáreas de suelo nacional sobre las cuales las empresas ejercían 
para entonces derechos de exploración. Afirmaba que era importante el au¬ 
mento obtenido en el impuesto de explotación, que se acrecía hasta un sexto 
de la producción, es decir, 16% sobre el producido bruto de los pozos. 

Puntualizadas estas cuestiones, analizaba ese documento si había ra¬ 
zón o no para afirmar, como enfáticamente fue hecho, que aquella partici¬ 
pación era la justa; que ella garantizaba al país el disfrute de más de 50% de 
los ingresos del negocio petrolero; y que, en consecuencia, ésa no era Una 
Ley de Hidrocarburos más, sino «la Ley que consagra el definitivo funciona¬ 
miento de la industria», como se proclamaba en la Exposición de Motivos 
con cierto atolondrado optimismo. 

El diputado Pérez Alfonzo opinó, con innegable base técnica al hacer 
este aserto, que la participación justa del país en su industria petrolera no po¬ 
día ser determinada sin fijarse y esclarecerse de previo dos cuestiones funda¬ 
mentales: la cuantía de la inversión de capitales de las compañías, y el costo 
unitario, por barril, de mineral extraído del subsuelo. * 

A este respecto, señalaba que no se había hecho una investigación seria 
por el Ministerio de Fomento, y que en los datos de sus técnicos se apreciaban 
lagunas e inexactitudes. 

Con respecto al precio de producción, por ejemplo, se aceptó como 
buena la estimación de 40 centavos de dólar por barril. Y en ese precio esta¬ 
ban incluidas partidas tan inaceptables como la de $ 6.000.000 (6 millones 
de dólares) anuales, obtenidos por las empresas de la venta en el interior del 
país de la gasolina, el gas-oil y otros derivados del petróleo. ¿Cómo podía ad¬ 
mitirse que un ingreso obtenido por las empresas, de negocios hechos en Vene¬ 
zuela, se computara como inversión, o gasto, por ellas realizado para producir 
petróleo? La sola eliminación de esa partida equivalía a disminuir en 3 centa¬ 
vos de dólar por barril, el costo de producción. Y en varios otros centavos hu¬ 
biera disminuido ese costo teórico de rechazarse, por exageradas, otras dos 
partidas: la que asignaba 10 millones de dólares, no controlados, para pagar 
sueldos de empleados extranjeros; y la de 20 millones de dólares anuales, por 
concepto de intereses, desgaste, etc., del presunto capital de 400 millones de 
dólares invertidos por las empresas. 

Partía de una base deleznable el Proyecto para fijar la participación del 
Estado y de las compañías en los beneficios de la industria, cuando el punto 
de arranque era el supuesto precio de producción de 40 centavos por barril. 

Pero, aun admitiendo ese precio, cabía hacer otra observación más grave 
aún, como bien la calificaba el diputado de la oposición. 


158 



Era el hecho de que para fijar la participación del Estado y de la indus¬ 
tria, estimándose aquélla mayor que ésta, se partió de una arbitraria fijación 
del precio de venta del barril de petróleo en 81 centavos de dólar. 

Para calcular ese precio fue sacado el promedio de tres años, escogidos 
al azar y arbitrariamente por los técnicos del Ministerio de Fomento: los años 
1937, 1938 y 1939. Esos 81 centavos se distribuían así, según cifras aporta¬ 
das por el doctor Luongo Cabello, en una conferencia en el Bloque parla¬ 
mentario oficialista: 

40 centavos: costo de producción. 

24,3 centavos: participación total del Gobierno. 

16,5 centavos: ganancia neta de la industria. 

Estos datos, caprichosamente elaborados, conducían a la conclusión a 
que arribaba la exposición de motivos del proyecto de ley: la de que los be¬ 
neficios netos sobre la explotación reportarían a Venezuela más de 50% del 
ingreso total de la industria. 

Pero de procederse con estimaciones más serias, se llegaba a otros resul¬ 
tados. El precio del petróleo fue el año 41 de $ 0,92, y en 1942 y 1943 prome¬ 
dió alrededor de un dólar por barril. Y al aumentar así el precio de venta del 
mineral -como sucedía entonces y presumiblemente sucedería en la posgue¬ 
rra- iba a desaparecer como por arte de encantamiento, esa justa distribución 
de ganancias, teóricamente ideada, en que el porcentaje mayor pertenecía a 
quien aportaba más: la nación, y el porcentaje menor a quien aportaba menos: 
las compañías. 

El ejemplo éstaba a la mano: si se tomaba el año de 1942 y se aplicaban 
los cálculos sobre impuestos que traía el Proyecto a la producción de ese año, 
se llegaba a esta conclusión, poco optimista desde el punto de vista del inte¬ 
rés general: las ganancias del Estado sólo hubieran sido de Bs. 113.328.527, 
mientras que las de las compañías hubieran alcanzado a Bs. 163.665,597, 

.. .ganancia ésta -observa Pérez Alfonzo- que no sólo excede con mucho a la 
participación del Gobierno, sino que es diametralmente opuesta a la relación 
24,14 [para el Estado] y 16,12 centavos [para las compañías], considerada por 
el Proyecto como el eje económico de las relaciones de la industria y la nación, 
relación que también está de acuerdo con los principios más generalmente 
aceptados con respecto a las industrias donde esté implicado el interés público. 


159 



Y era de observarse que esa utilidad exagerada de las compañías se esti¬ 
mó aun aceptando como artículo de fe lo que sólo sobre base de vagas, y a ve¬ 
ces inaceptables suposiciones, reposaba: la inversión de 400 millones de dólares 
en la industria y el costo unitario de producción de 40 centavos de dólar por 
barril ( Diario de Debates del Congreso de los Estados Unidos de Vene¬ 
zuela. Sesiones extraordinarias de 1943. También puede consultarse a Ac¬ 
ción Democrática, núm. 39, 6 marzo 1943). Estas reflexiones cayeron en 
el vacío. Como también las mociones formuladas por la fracción de AD, y por 
parlamentarios independientes, en el curso de los debates. La ley, con sólo 
modificaciones de estilo, salió del Congreso tal y como fue aderezada en la 
incubadora del Ejecutivo, con las asesorías que ya sabemos. 

En un extenso voto salvado, los diputados de Acción Democrática de¬ 
jaron constancia de las causas razonadas por las cuales impugnaron esa legis¬ 
lación, considerando que no era garantía de justicia para Venezuela la forma 
como en ella se regimentaba la industria del petróleo. 

El primer disentimiento básico de los diputados de la'oposición con la 
ley aprobada se refería a «la sanatoria absoluta de todo vicio anterior» de las 
concesiones que se adaptasen a la nueva regulación, así como a la renuncia ex¬ 
presa que se consignaba a todo reclamo o acción que pudiera tener el Estado 
contra los concesionarios. 

No creemos, seguía diciendo ese documento, 

...que la figura jurídica de «la conversión» sea capaz de sanear los vicios de 
que adolecen la mayor parte de las concesiones en explotación; de compensar 
al fisco de los tributos cuyo pago han evadido las empresas; ni de darle visos 
de utilidad lícita a las exageradas ganancias de los inversionistas extranjeros, a 
costa de un país cuyas fuentes primordiales de existencia no se han vitalizado 
con el auge del petróleo. 

La existencia de esos «vicios» era de general conocimiento en el país. 
Pero el Gobierno tenía en sus manos elementos de juicio aún más precisos 
que los de pública información. Sobre ello escribe Lieuwen ( Petroleum in 
Venezuela, ob. cit., p. 94): 

El Presidente [Medina] había ordenado a una Comisión del Congreso que 
estudiara la legalidad de todas las antiguas concesiones y recomendara la 
anulación de aquellas cuya validez fuera discutible. Sin hurgar mucho, la Co¬ 
misión encontró elementos suficientes para conturbar a las compañías. La 
Comisión descubrió que la Concesión Valladares debía expirar el 2 de enero 


160 



de 1944, no pudiendo la Shell invocar la extensión de 30 años obtenida en 
1923 mediante el pago de Bs. 10.000.000 porque había sido solicitada «ex¬ 
temporáneamente». La misma Comisión encontró que el acuerdo de 1923 
entre la Standard of Indiana y Gómez para sustituir por nuevos títulos los an¬ 
tiguos que poseía sobre concesiones, no había sido perfeccionado; y que, por 
lo tanto, eran discutibles los títulos de la Standard Oil of New Jersey sobre con¬ 
cesiones en el lecho del Lago de Maracaibo. También encontró la Comisión 
que estaba abierta la cuestión de la legalidad de algunos títulos de concesiones 
de la Mene Grande Oil sobre parcelas en la costa del Lago de Maracaibo. 

En otro párrafo de su voto salvado los parlamentarios de la oposición 
intentaban una historia comprimida de los métodos con que había trabajado la 
industria, muy de nietos de pioneros, realizando en un pueblo que no lo for¬ 
maban indiadas salvajes en una nueva marcha hacia el Oeste; o de descen¬ 
dientes de aquel Walter Raleigh de los días isabelinos, quien escribió páginas 
imborrables de piratería y violencia en el área del Caribe. 

Fácil sería demostrar, con hechos y referencias concretas, que importantísimas 
concesiones se apoyan sobre deleznable base jurídica; que sistemáticos han si¬ 
do el irrespeto y violación de las leyes de la República por los trusts concesio¬ 
narios; y que las empresas, en su conjunto, han venido defraudando al fisco 
en cuantiosas cantidades de impuestos dejados de satisfacer, por dolo o mala 
fe, como ha sucedido con el tributo de faros y boyas, y con otros varios. Pero 
aun dejando de lado esas que señalamos, quedaría una reparación por ha¬ 
cerle al país, antes de que se renovaran los contratos vigentes y los cuáles se 
van a revalidar por 40 años; la de devolverle a la nación una parte, y apre¬ 
ciable, dé las crecidas e injustificables ganancias obtenidas por las empresas 
al amparo de un sistema contractual signado de iniquidades para Venezuela. 

Hacían referencia luego a la estimación formulada por Pérez Alfonzo, 
y nunca rebatida dentro o fuera del recinto parlamentario, de que en los años 
que llevaba (1918-1943) el cártel de los petróleos succionándole riqueza al 
subsuelo nacional, había obtenido una utilidad de tres mil ochocientos mi¬ 
llones de bolívares (Bs. 3.800.000.000,00), con la cual recuperó varias veces 
la totalidad de sus inversiones. 

No sólo en tan sólida base apoyaban su argumentación los diputados 
de la minoría disidente y heterodoxa. Aportaban referencias a hechos bien co¬ 
nocidos, para demostrar que sí era posible obtener una compensación cuan¬ 
tiosa por el «saneamiento» de la industria petrolera. Recordaban que en dos 


161 



ocasiones sucesivas, en 1937 y en 1941, la Mene Grande Oil Company había 
pagado 15 y 30 millones de bolívares, respectivamente, la primera vez al ser 
sancionada judicialmente por evasión de impuestos y la segunda para «sa¬ 
near» sus títulos sobre el Lote núm. 5 de la «Concesión López Rodríguez». 
Y si nos remontamos a época más lejana —decían los parlamentarios— cabría 
recordar que The Caribbean Petroleum Company, 

para obtener en 1922 la írrita prórroga de la Concesión Valladares, pagó al 
Fisco 10 millones de bolívares, a más de las cuantiosas erogaciones que, según 
es de dominio público, fueron generosamente distribuidas entre abogados 
que intervinieron en la negociación y entre personajes entonces influyentes en 
la política del país. 

Y concluía ese capítulo polémico del voto salvado con una previsora es¬ 
timación de lo menguados que iban a ser los ingresos del fisco a causa de la 
reforma petrolera: ' 

Todas estas reflexiones nos llevan de la mano a la convicción de que el Estado 
venezolano estaba en condiciones de reclamar, como justa indemnización por 
el saneamiento de la industria, una compensación en volumen e importancia 
tal que le permitiera al Ejecutivo Federal emprender de una vez la obra de re¬ 
dención económica del país, mediante la realización de un programa audaz 
y de vastas proporciones de incremento de nuestras fuentes raizales de rique¬ 
za, de saneamiento y repoblación de nuestro territorio, de culturización del 
país mediante la multiplicada labor de la escuela. 

Al estimar los ingresos reales que iba a percibir el Estado de la reforma 
petrolera, no tenían que hacer prolijas investigaciones los diputados disidentes. 
Según los cálculos oficiales, el fisco obtendría un ingreso adicional de apenas 
3,3 millones de bolívares mensuales. Y ellos iban a servir, como también se 
puntualizaba en el documento que se glosa, para que el Estado cubriera su dé¬ 
ficit periódico, repetido un mes y otro, y no para financiar una audaz empresa 
de recuperación económica nacional. 

Luego se referían al fracaso de sus esfuerzos para introducir reformas en 
el proyecto recién transformado en ley. Y ponían una vez más de relieve el ab¬ 
surdo de que en un país productor de petróleo con rango universal de prime¬ 
ra magnitud, la gasolina y los otros derivados del mineral se vendiesen a 
precios tan altos. 


162 



Entre esas mociones rechazadas, sin mayor análisis por parte de la mayoría 
-afirmaban- está la que pretendió facultar legalmente al Ejecutivo para fijar 
por decreto el precio de venta de la gasolina y demás derivados del petróleo, 
por considerarlos artículos de comercio vinculados al interés público y para 
contribuir a que terminara el intolerable abuso de que en Venezuela, el primer 
exportador de petróleo del mundo y el tercero como productor, la gasolina se 
venda a un precio tres veces mayor del que rige en Persia, para tomar a esa na¬ 
ción por vía de ejemplo. Éstas, como las otras mociones, fueron rechazadas, 
argumentándose por algunos diputados que la ley en discusión tenía una mo¬ 
dalidad específica, intrínseca e intransferiblemente suya, que la hacía poco 
menos que intocable: la de ser una Ley-contrato. Tesis ésta desde todo punto de 
vista, rechazable, porque la función del Congreso perdería en dignidad 
republicana y en virtualidad constitucional si se le constriñese a legislar 
a posteriori sobre materias que tuvieran el carácter de cosa juzgada. 

También fue planteado por nosotros el caso especial de la famosa Con¬ 
cesión Valladares. Sin dejar de recordar que la opinión jurídica más calificada 
del país siempre le había negado validez, pusimos el acento sobre una realidad 
menos controvertible. Y era la que de acuerdo con sus propias cláusulas, la 
concesión, con todas sus instalaciones, debía revertir a la nación, pura y sim¬ 
plemente, en enero de 1944. La Comisión de Fomento del Congreso admi¬ 
tió, sin mayor análisis, un informe de autor desconocido, que le asignaba a 
esa concesión y sus accesorios un precario valor de chatarra vieja. ¡Y se trata¬ 
ba de una serie de yacimientos con una producción anual de 12 millones de 
barriles de crudo y con el anexo de la refinería de San Lorenzo, que destilaba 
100 millones de litros de gasolina anualmente! Era obvio que Venezuela hu¬ 
biera podido haber con la Concesión Valladares lo que Colombia cuando re¬ 
vertió a la nación la Concesión Mares: iniciar en una zona productora en 
pleno rendimiento y con planta refinadora ya instalada, el primer ensayo es¬ 
tatal de extracción y tratamiento de una parte del mineral producido en el 
país. Estos argumentos eran simples, claros y convincentes. El gobierno y 
sus portavoces los ignoraron, con olímpica displicencia, que a cualesquiera 
razones puede vincularse, menos a la del patriotismo. 

Y como culminación de ese debate, uno de los parlamentarios de AD, 
Pérez Alfonzo, dejó constancia de un razonado criterio de su organización, 
que inmediatos acontecimientos iban a actualizar dramáticamente. 

Pérez Alfonzo desarrolló una tesis jurídica que tendríamos pronto opor¬ 
tunidad de transformar en norma de Gobierno, cuando arribamos al poder en 
1945 y utilizamos esa misma legislación tan objetable como instrumento de 


163 



reivindicación nacional. Esa tesis fue la de que la ley no es, para el moderno 
criterio administrativo y en cuestiones que afectan al interés público, un dog¬ 
ma congelado, sino un conjunto de normas aplicables según las convenien¬ 
cias nacionales. Y así quedó consignado para el futuro en estas palabras que 
no se prestaban a equívoco alguno: 

En verdad, la ley es un instrumento que puede ser manejado eficientemente, 
para resguardar los legítimos intereses de la nación, siempre que se trate de un 
gobierno respaldado por la opinión general del pueblo y apoyado en la fuer¬ 
za moral de su propia actuación, dirigida a promover el bienestar general, 
elevando las condiciones de vida del pueblo. 

Voces individuales -no muchas, para ser fieles a la verdad histórica- 
coincidieron con esa crítica que formuló nuestro Partido, dentro del parla¬ 
mento y en la calle, a la reforma petrolera. Entre ellas, la del ex^ Ministro de 
Fomento, doctor Néstor Luis Pérez. Hizo la observación de que de la nueva 
Ley de Hidrocarburos habían desaparecido las tres disposiciones más resisti¬ 
das por las compañías en la ley del 38, las mismas que fueron eliminadas 
misteriosamente del texto enviado por la secretaría del Congreso al Ejecuti¬ 
vo para que le pusiese el «ejecútese» constitucional. Esos artículos suprimi¬ 
dos eran el referente a la participación nacional en la industria del petróleo, 
mediante el sistema de asociación del Estado y de concesionarios particula¬ 
res; el que posibilitaba el establecimiento de una refinería totalmente vene¬ 
zolana y capaz de asegurar el futuro monopolio para la nación de la venta de 
carburantes y lubricantes derivados del petróleo; y el relativo a la obligación 
para las compañías de pagar en oro los impuestos, cuando así lo considerase 
conveniente el Estado. 

El Partido Comunista empleó todos sus recursos dialécticos para justi¬ 
ficar y defender esa nueva versión del parto de los montes. Con su ácida iro¬ 
nía, un columnista de dilatado público lector, Enrique Bernardo Núñez, 
comentó en El Universal la beata conducta de los discípulos de Stalin: 

La Ley-convenio tiene semejanza con la teoría de la relatividad. Todo el mundo 
se creyó en el caso de comentarla sin entenderla. Se la convirtió en tema de los 
salones, en tema obligado de charlas y conferencias y explicaciones que nada ex¬ 
plican. Es indudable que la Ley de Hidrocarburos ha tenido efectos semejantes 
y se ha convertido en asunto político. «Nosotros somos fundamentalmente po¬ 
líticos, escribe Juan B. Fuenmayor, y por eso tenemos que ver el problema polí¬ 
ticamente.» Para los de Aquí Está la Ley-convenio entraña una cuestión que 


164 



dividen, como todo asunto, en dos partes y dos aspectos. La «reacción», asegu¬ 
ran, pretende ejercer una especie de secuestro de dicha ley. Existe detrás de to¬ 
do esto una verdadera conspiración contra Venezuela y el Presidente Medina... 
No se trata en primer término de saber si la ley es ventajosa o no para los inte¬ 
reses venezolanos, sino que de la intangibilidad de la Ley-convenio saldrán la re¬ 
forma de la Constitución, el voto directo, el sufragio universal, la eliminación 
del Inciso VI y la reforma agraria y «el desarrollo económico-capitalista de Ve¬ 
nezuela» (E.B.N., Una ojeada al mapa de Venezuela, 2 a edición, Caracas, 
p. 91) ( Aquí Está era un semanario del Partido Comunista. Juan B. Fuen- 
mayor era para esa época el Secretario General de la directiva de ese Partido). 

Sin pena ni gloria pasó la Ley de Hidrocarburos en ambas Cámaras. 
Y no se necesitó mucho tiempo para que pudiera presumirse una de las cau¬ 
sas por las cuales su articulado no reflejó lealmente el querer de la nación. La 
oportunidad de ese descubrimiento vino al estallar un gran escándalo petro¬ 
lero en los Estados Unidos, promediando el año 43. El Departamento de Ma¬ 
rina había otorgado a la Standard Oil la concesión petrolífera de Elk Hill, en 
condiciones que fueron consideradas lesivas por la Administración Roosevelt. 
Fue ordenada por el Presidente la apertura de una investigación. El Procura¬ 
dor General hizo público su dictamen, calificando la negociación realizada 
entre la Standard Oil y el Departamento de Marina como «arquetipo de con¬ 
trato leonino»; y con este añadido: «justamente, la clase de contratos que se 
complace en firmar la famosa compañía». El escándalo dio oportunidad al 
periodista Drew Pearson para señalar con el dedo a los empleados de confian¬ 
za de la Standard Oil que ocupaban destacadas posiciones dentro del Gobier¬ 
no de los Estados Unidos. Entre esos petroleros por los cuatro costados 
metidos de contrabando en la Administración, se destacó de manera especial 
al señor Max Thornburg, asesor de petróleos del Departamento de Estado y 
consejero de singular rango del Gobierno de Venezuela, cuando «reformó» su 
política petrolera. El mismo diablo había contribuido a elaborar las fórmulas 
con las cuales se le iba a exorcizar. No hubo, por el momento, reacción oficial 
ante las noticias de prensa sobre los nexos con empresas petroleras del Con¬ 
sejero de Petróleos del Departamento de Estado, señor Max Thornburg. Pe¬ 
ro en las Memorias de Cordell Hull, el Canciller de Roosevelt durante varios 
años, ha sido admitido claramente el hecho. Escribe Hull: 

A lo largo de 1943, se estudió intensivamente dentro del Departamento de 
Estado el problema de las reservas de petróleo fuera de los Estados Unidos. 
Los informes de numerosos expertos revelaban que las reservas dentro de los 


163 



Estados Unidos estaban agotándose, y que las demandas de petróleo durante 
la guerra y la posguerra aumentarían considerablemente. Establecí un Comi¬ 
té sobre Política Internacional de Petróleo dentro del Departamento de Esta¬ 
do, con el consejero económico Herbert Feis como su Director, y se creó el 
cargo de Consejero del Petróleo. Por recomendación del doctor Feis designé a 
Max Thornburg. Cuando nos enteramos de que Thomburg estaba co¬ 
nectado con una compañía petrolera americana, se le pidió la inme¬ 
diata renuncia... [The Memoirs of Cordell Hull, MacMillan, Nueva 
York, 1948, t. II, p. 1.511). 

El proceso de discusión de la ley-contrato de 1943, a grandes rasgos re¬ 
sumido, es ya materia de historia. Juicios de personas extrañas a la controver¬ 
sia política venezolana, resultado de estudios objetivos suyos sobre la industria 
del petróleo, están ya confirmando cuanto ha dicho la gente de AD. Es el caso, 
entre otros que podrían citarse, del profesor norteamericano Edwin Lieuwen, 
quien emite una opinión coincidente con la nuestra en su ya citada obra Pe¬ 
troleum in Venezuela. A History. University of California Press, 1954. 

En la página 96 de ese trabajo de investigación, el autor examina las 
razones que indujeron a las compañías para la rápida conversión de sus con¬ 
cesiones bajo los términos de la ley de 1943, a pesar de que iban a pagar mayores 
impuestos. Escribe: 

Primero, porque el Gobierno aceptó paralizar las investigaciones sobre títu¬ 
los cuestionables. Segundo, por la también promesa del Gobierno de po¬ 
nerle cese a las disputas sobre importaciones. Finalmente, y ésta fue la 
razón que en realidad se tuvo en cuenta, porque la conversión sig¬ 
nificaba extender el plazo de vida de las concesiones, muchas de las 
cuales debían terminar en 1960 (subrayado R. B.). 

También recuerda ese investigador, en términos que ratifican cuanto 
hemos afirmado nosotros, la peculiar tramitación de la «Ley-contrato», en la 
cual el Gobierno adquirió compromisos definitivos con el cártel petrolero an¬ 
tes de que el país y el Congreso supieran una sola palabra de la negociación. 
Esto es lo que dice Lieuwen: 

La ley proyectada, convenida hasta en sus últimos detalles entre Medina y los 
petroleros, fue presentada al Congreso para que le pusiera el sello de goma. 
Medina hizo aprobar la ley por ambas Cámaras, permitiendo sólo modifica¬ 
ciones insignificantes y tolerando apenas un breve debate. En la Cámara de 


166 



Diputados la minoría de oposición del Partido Acción Democrática protestó 
inútilmente de que la ley no defendiera en forma adecuada los intereses de la 
nación; pero en la Cámara del Senado no hubo discusión de ninguna clase. 
El 12 de marzo de 1943, el proyecto ya era ley. 


Por circular administrativa se organiza 
un Partido «del Gobierno...» 

Cerrado oficialmente el capítulo de la reforma petrolera, tomó otros caminos el 
interés del Gobierno. El 15 de abril de 1943, el Presidente Medina envió un te¬ 
legrama-circular a los Presidentes de Estados, al cual se le dio intencionada 
y profusa publicidad. 

En él les señalaba la necesidad de que promovieran la organización de 
grupos afectos al régimen. Adelantaba inclusive el nombre con el cual debía 
bautizarse la criatura, nacida por acto administrativo como cuando se decre¬ 
ta la construcción de un dispensario o la apertura de una carretera. Se llama¬ 
rían «Partidarios de la política del Gobierno» los abnegados ciudadanos que 
acudieran al convite en la mesa servida del Presupuesto. Se fundó el PPG, 
que luego fue rebautizado con un nombre de fonética menos áspera: PDV 
(Partido Democrático Venezolano). En esa organización militaron algunos 
hombres de buena fe. Profesionales e intelectuales, los más, sin mayor expe¬ 
riencia política y ganados por la tesis de realizar la reforma social «por arriba». 
Fue lo que se llamó -bautizada así por Andrés Eloy Blanco con un nombre que 
hizo fortuna- «el ala luminosa del PDV». Coexistió con ella, apabullándola, la 
mayoritaria porción de carteristas y aventureros de la política, y bastantes de 
inconfundible filiación gomecista. 

Las razones visibles de esa apresurada organización de ese Partido gu¬ 
bernamental, y por tan peculiares métodos, eran fáciles de señalar. En ese 
año habría elecciones municipales y para asambleas legislativas en 11 Esta¬ 
dos de la República, y esos organismos escogerían posteriormente a buena 
parte de los congresantes que iban a elegir, en 1946, al sucesor del Presiden¬ 
te Medina Angarita. Su pugna con el ex Presidente López Contreras era ya 
para entonces secreto a voces. Y para obstaculizar el retorno al poder del 
contumaz aspirante a gobernar, que era el general de Queniquea, y asegurar¬ 
se de paso en su propósito de escoger e imponer su propio sucesor, el Presi¬ 
dente Medina Angarita necesitaba de una mayoría sólidamente cohesionada 
en las próximas Cámaras Legislativas. 

Pero otras motivaciones ocultas de esa maniobra política no se cono¬ 
cieron sino cuando se tuvo acceso, después de la Revolución de 1945, a los 


167 



archivos secretos del Gobierno derrocado. Allí se encontró un memorándum 
dirigido por Franco Quijano, el teórico y estratega electoral del régimen, al 
Ministro de Relaciones Interiores. Ese documento tiene fecha del I o de 
marzo de 1943. El ministro que lo recibió fue el doctor César González, 
quien luego fue, durante el despotismo de Pérez Jiménez, Embajador ante 
la Casa Blanca. 

En su memorándum, Franco Quijano señalaba la necesidad de que el 
Gobierno fundara un nuevo Partido. La razón de esa maniobra la aducía con 
cierta desenfadada y cínica franqueza. «El enemigo [Acción Democrática, pa¬ 
ra nombrarlo de una vez, R.B.] está esgrimiendo armas superiores a las nues¬ 
tras. Los viejos cuadros electorales están faltos de fe, anarquizados, desligados 
de la acción oficial.» Como finalidad estratégica, señalaba la de «controlar» 
66% cuando menos de los 109 mil inscritos, cantidad en que estimaba a los 
ciudadanos incorporados al censo electoral, comprendidos los 30 mil electo¬ 
res que utilizaron para sus triunfos insolventes, durante el quinquenio lope- 
cista, las «cívicas bolivarianas». Comentaba que no debía dirigirse ya más el 
proceso electoral por medio de circulares confidenciales del Ministerio de Re¬ 
laciones Interiores, «porque he podido observar que algunas copias son deja¬ 
das expuestas a las miradas de los curiosos, en las Jefaturas Civiles». Ponía 
especial énfasis en la necesidad del envío masivo de cámaras fotográficas al in¬ 
terior de la República, destinadas a los grupos políticos oficiales y en cone¬ 
xión con las próximas elecciones, y sucesivas cartas cruzadas entre el ministro 
González y el secretario de la Presidencia, doctor Arturo Uslar Pietri, revelan 
cómo a partir de entonces las remesas de Kodaks tuvieron afluencia de río. 
Afirmaba que la reforma electoral de 1941 -la cual tendió a dispersar las ur¬ 
nas receptoras de votos hasta en las 10 o más casas de cada hacienda, para im¬ 
pedir la concurrencia del campesinado a los centros urbanos de mayor 
población- no se había explotado aún en adecuada forma, y que la «oposi¬ 
ción estaba incapacitada para la conquista de los caseríos como unidades tác¬ 
ticas de lucha». Exteriorizaba alarma por el avance de Acción Democrática. 
Opinaba que no era aventurado suponerle a ese Partido no menos de 10 mil 
inscritos en los registros electorales de los Estados donde se celebrarían elec¬ 
ciones en septiembre de 1943, sin contar, agregaba, con «las gentes escrupu¬ 
losas» no incorporadas públicamente a la militancia de AD, pero «que a la 
hora de votar darían su voto por ese Partido». El memorándum traía apre¬ 
ciaciones concretas sobre un Estado: Lara. Allí la oposición había cobrado 
mucha fuerza y era urgente que se arbitraran medidas especiales para contra¬ 
rrestarla. El Presidente de la República escribió entonces al Presidente de Es¬ 
tado, el general gomecista León Jurado, «para insinuarle la conveniencia de 


168 



que use los recursos económicos del Estado Lara, así como los que se envían 
por conducto del Ministerio de Relaciones Interiores, en forma que asegu¬ 
re el más rotundo éxito de la política que sustenta el Gobierno, en las pró¬ 
ximas elecciones de esa Entidad Federal». El mandatario regional cumplió 
con eficacia las instrucciones presidenciales y telegrafió al Ministro de Re¬ 
laciones Interiores dándole cuenta de sucesivas inversiones de dineros públicos 
en ajetreos electorales. 

La «reforma petrolera» expresada en números 

Mientras se escribían páginas imborrables en la historia política del país, ado¬ 
badas con los turbios consejos de Franco Quijano y la utilización de fondos 
públicos para el mercadeo de votos, llegó al Congreso ordinario el Proyecto 
de Presupuesto para el año fiscal 1943-1944. 

Ese documento hacendario vino a revelar, con la inexorable elocuen¬ 
cia de las cifras, todo cuanto habíamos dicho sobre los menguados beneficios 
derivados por la nación de la reforma petrolera. 

La renta de hidrocarburos fue prevista en ese año, el primero de vigen¬ 
cia de la nueva situación fiscal creada por la reforma, en 106 millones de 
bolívares. Es decir, apenas cerca de 40 millones de bolívares más de los 
obtenidos por igual concepto en el anterior ejercicio fiscal. Y con la circuns¬ 
tancia de que dentro de ese aumento previsto estaba incluida una partida por 
19 millones de bolívares, en calidad de impuesto inicial de explotación del 
combustible, tributo pagadero por una sola vez. 

Con fáciles números pusimos en evidencia, en el órgano central del 
Partido, que aún era menor que esa cifra de aumento «a primera vista» el pro¬ 
ducido real de la cacareada revisión petrolera. Acción Democrática (núm. 
70, 7 mayo 1943) insertó a toda página este análisis convincente, al descom¬ 
poner en todos sus elementos integrantes los nuevos ingresos que percibiría el 
Estado de la industria del petróleo: 

Renta de hidrocarburos (estimación 

del proyecto de Presupuesto). Bs. 106.480.128,00 

Menos estimación del impuesto 

inicial de explotación, que no es una 

entrada de carácter permanente . 19.133.256,00 

Estimación oficial de los ingresos 

petroleros permanentes . 87.346.872,00 


169 






Producto de esos mismos ingresos en 
el año civil 1942 (según la exposición 
de motivos de la nueva Ley de 

Hidrocarburos) . 63.540.735,35 

Aumento de la tributación 

estrictamente petrolera. 23.806.136,65 

Menos disminución del impuesto de 
faros y boyas (que desapareció con la 

reforma). 6.300.181,60 

Aumento real de la renta petrolera 

durante su primer año de vigencia . Bs. 17.505.955,05 


Con tales ingresos menguados, el Presupuesto presentado al Congreso, 
para regir durante el año fiscal 1943-1944, no traía variantes sustanciales con 
respecto al que precedió a la reforma petrolera. 

El capítulo de Educación Nacional no fue aumentado ni se previo la 
dotación y apertura de nuevas escuelas. Los presupuestos de Educación Pú¬ 
blica equivalían apenas a 7% de los gastos generales del Estado, con un mon¬ 
tante de 38 millones de bolívares para 1944-1945, último año fiscal de ese 
quinquenio de Gobierno. En ese mismo año, la totalidad del alumnado ins¬ 
crito en escuelas primarias, públicas y privadas, era de sólo 281 mil niños, o 
sea 28% del total de la población escolar del país, que era de 800 mil; y de 
acuerdo con los datos arrojados por el censo de 1941, 44,9% de la inasisten¬ 
cia escolar era debida a la carencia de planteles educacionales. Según los pro¬ 
pios datos de la Memoria del MEN (1945, pp. 51, 77 y 78), apenas se 
invertía un millón de bolívares, un poco más de 3% del presupuesto gene¬ 
ral del Despacho, en educación rural, para un país donde 78,6% de su po¬ 
blación vivía en el campo. A ese ritmo, muy poco se hacía para impedir que 
aumentara el porcentaje de adultos analfabetos, 56 de cada 100 venezolanos 
-con incidencias aún mayores en algunas regiones, como la de 77% en el 
Estado Portuguesa-, arrojado por el censo de 1941. 

La educación secundaria no andaba mejor. Apenas 2,5 por mil de la 
población venezolana cursaba estudios en institutos de segunda enseñanza, 
mientras que en Colombia, Chile y los Estados Unidos las proporciones, eran 
de 10, de 19,2 y del 94,2 por mil, respectivamente. En 1945, el número de 
colegios y liceos de educación secundaria era de 101, 50% más que en 1936- 
37, pero el aumento se debía a la apertura de nuevos institutos privados, que 
habían pasado de 22 a 63. En el Distrito Federal, zona privilegiada del país 
por ser asiento de los poderes públicos nacionales, para el año 1944-1945 


170 







sólo cursaba estudios secundarios (datos de la Memoria del MEN, 1945) 
10,3% de los adolescentes (edad 15-19 años) avecindados en la región, o sea 
4.496 sobre una población de 43.431 (censo de 1941). La situación era aún 
peor en el interior de la República. En las tres escuelas secundarias del Estado 
Anzoátegui, zona productora en grande de petróleo, sólo estaba inscrito 1,1% 
de los 16.247 cursantes potenciales. En los Estados Barinas y Cojedes no ha¬ 
bía escuelas de ese tipo, públicas o privadas, y los padres de más de 11 mil 
muchachos tenían planteado un dilema: o dejarlos semi-ignaros, o enviarlos 
a estudiar fuera de la localidad donde estaba radicado el hogar. 

Sólo un ínfimo porcentaje de los jóvenes que tenían el privilegio de 
cursar estudios secundarios, llegaba a la meta del bachillerato y podía aspirar 
luego a adquirir en la Universidad conocimientos profesionales. Según la mis¬ 
ma Memoria del MEN que se viene citando (1945), de los 11.598 estudian¬ 
tes inscritos en el año lectivo 44-45 en las escuelas secundarias, sólo 929 
cursaban 5 o año y 1.337 el 4 o . El país necesitaba por centenares los médicos, 
los ingenieros, los laboratoristas, los odontólogos, para enfrentar con criterio 
técnico los problemas complejos planteados como un desafío a los venezola¬ 
nos. Pero ¿cómo iba a producir profesionales la Universidad, en cantidades 
suficientes, si no era atendida cabalmente por el Estado la necesidad de darle 
desarrollo vigoroso a la educación popular, primaria y secundaria? 

70% de los maestros en ejercicio, y un porcentaje apreciable de profe¬ 
sores de segunda enseñanza, carecían de títulos profesionales. Pero escasos 
eran los estímulos para la profesionalización del magisterio. En todo el país 
funcionaban apenas 5 Escuelas Normales del Estado, y los salarios de los edu¬ 
cadores eran muy bajos: sueldo-base de Bs. 340 (igual a 100 dólares) para los 
maestros graduados y Bs. 230 para los no titulados. El maestro fue sometido 
oficialmente a una^deprimente capitis diminutio : se le prohibió toda acti¬ 
vidad pública y devino, según la gráfica expresión de Luis B. Prieto, «eunuco 
político». La única Escuela Normal Rural existente -la de «El Mácaro»- ape¬ 
nas había graduado 132 maestros especializados para educar en el campo 
durante el lapso 1938-1945. Muy pocos eran los cursantes del Instituto Peda¬ 
gógico Nacional, centro formativo de profesores, que llegaban a coronar sus 
estudios, como lo revela el hecho de que de los 226 estudiantes inscritos en el 
curso 1944, sólo 37 cursaban el último año. La educación especializada no an¬ 
daba mejor, sino peor. La Escuela Práctica de Agricultura, abierta en 1942, en 
Maracay, era la única de su tipo en el país, con un alumnado de apenas 118 
inscritos para 1944. El solitario testimonio de Educación Vocacional digno de 
ese nombre, era la Escuela Técnica Industrial de Caracas, con 300 alumnos, 
sin talleres adecuados ni profesorado apto, mantenido acaso por rubor ante el 


171 



hecho de que la Cámara de Industriales hubiera creado y dotado una escuela 
privada de ese tipo. Funcionaban sólo dos Universidades —la de Caracas y la de 
Mérida- con presupuestos cicateros, de sólo 2 millones de bolívares para el 
primer instituto de Educación Superior de la República. 

Educación sin contenido, pero en trance de lucir ostentoso continen¬ 
te. Fueron decretadas, al promediar la Administración Medina Angarita, dos 
monumentales edificaciones: la Ciudad Universitaria, con valor estimado 
de 60 millones de bolívares, y la Escuela de Agricultura de Maracay, presu¬ 
puestada en 20 millones de bolívares 2 . 

La partida destinada a fomento industrial, mediante créditos y otros es¬ 
tímulos estatales, apenas alcanzó a 450 mil bolívares en el Presupuesto 43-44. 
Y 4 millones de bolívares fue lo asignado al Banco Agrícola y Pecuario, para 
préstamos a agricultores y ganaderos. Por supuesto, el capítulo Vil del Minis¬ 
terio de Relaciones Interiores, del cual salían los dineros para financiar elec¬ 
ciones, y para «pensionar» generales de Semana Santa, coroneles sin gente y 
letrados obedientes, sí venía próvidamente nutrido: 3,5 millones de bolívares. 

Ya en pleno imperio de una industria petrolera «reformada», el precio 
de la gasolina siguió siendo más alto en Venezuela que en países no produc¬ 
tores de combustible. En octubre del año 42, el Ejecutivo pechó su consumo 
con un nuevo impuesto. En 1943, el fisco vio aumentar sus ingresos, por tal 
concepto, en 4 millones de bolívares, pero el consumidor pagó 14 millones 
de bolívares más (10 céntimos de recargos sobre los 143 millones de litros 
consumidos ese año). Y en un país de un millón de kilómetros cuadrados, sin 
ferrocarriles, en el que gente y mercancías se desplazan en vehículos automo¬ 
tores, el precio de los carburantes líquidos es factor primordial en la determi¬ 
nación del costo de la vida. El 12 de marzo de 1943, la Asociación Nacional 
de Comerciantes e Industriales, en mensaje telegráfico al Presidente de la Re¬ 
pública, solicitó en vano una rebaja en el precio de la gasolina. El mensaje 
contenía este amargo párrafo: «Venezuela ha sido citada en muchos casos co¬ 
mo país de paradojas y no deja de ser una de ellas que habiendo conquistado 
el segundo puesto en la producción universal de petróleo, la gasolina sea ven¬ 
dida aquí a precios más altos que en otros países donde el petróleo no existe». 


2 AD objetó que se construyera una Ciudad Universitaria de ambiciosas proporciones en un país 
donde la educación popular era desatendida en forma tan notoria. Dijimos que era como colo¬ 
car un sombrero de siete reflejos en la cabeza de un hombre con los pies descalzos. Pero ya se ve¬ 
rá cómo, desde el Gobierno, dimos vigoroso impulso a las obras de construcción de esa misma 
Ciudad Universitaria. Y no se trató de una conducta contradictoria. Habíamos arbitrado recur¬ 
sos fiscales cuantiosos y parte apreciable de ellos se invirtió en Educación en forma tal que sien¬ 
do asistida a cabalidad la enseñanza primaria y secundaria, siempre quedó un ancho margen de 
disponibilidades presupuestarias para invertirlas en la enseñanza superior. 


172 



Y a esos «precios» siguió vendiéndose, hasta nuestro ascenso al poder. En abril 
del 44, una resolución del Ministerio de Hacienda eliminó el gravamen suple¬ 
mentario de 5 céntimos por litro, establecido dos años antes, pero fue conser¬ 
vada la compleja madeja de los otros impuestos y la libertad de las compañías 
distribuidoras para fijar precios de monopolio. 

MAS RIQUEZA PARA LOS RICOS Y MÁS POBREZA PARA LOS POBRES 
Los trabajadores del petróleo, aprovechándose del clima creado para enton¬ 
ces, celebraron en Caracas, el 9 de junio de 1943, su primer congreso nacio¬ 
nal. Resumiendo sus debates, dijo Luis Tovar, dirigente obrero de AD, quien 
ya se perfilaba como uno de los líderes más prestigiosos y capaces de los tra¬ 
bajadores organizados de esa industria: «De las ponencias presentadas y apro¬ 
badas, de las deliberaciones realizadas, resulta evidente que es largo el trecho 
aún por recorrer para que el proletariado del petróleo alcance lo que en justi¬ 
cia le corresponde». Y no era propiamente de los poderes públicos de donde 
recibían estímulo para alcanzar esas reivindicaciones legítimas. Constituida 
en aquel Congreso la Unión Sindical Petrolera, cuatro meses después no es¬ 
taba aún legalizada. Las compañías trasladaban de campos, rebajaban de ca¬ 
tegoría en el trabajo o cesanteaban sin más explicaciones, a los líderes de las 
incipientes uniones obreras. La tesis oficial era la de congelación de salarios, 
que habían descendido en los años de preguerra en su cuantía nominal y 
en su contenido real, por alzas violentas en precios de servicios y bienes de 
consumo. La Comisión del Senado a la que le correspondía estudiar los pro¬ 
blemas del trabajo, formalizó esa tesis del Ejecutivo sobre congelación de 
emolumentos obreros, al pronunciarse (1943) por «la forzosa inmutabilidad» 
de los salarios, mientras el costo de vida crecía en espiral ascendente. Mientras 
los salarios de los trabajadores del petróleo no habían experimentado variación 
alguna (en 1941 el promedio diario fue de Bs. 11,0; en 1942 y 1943, de 
Bs. 11,1), la carne de cerdo había aumentado de precio en 53 por ciento, el 
arroz en 123%, las papas en 133%, las pastas alimenticias en 186% (Rómulo 
Betancourt, «Alzas de salarios o rebaja en el costo de la vida». Diario El País, 
Caracas, I o marzo, 1944). 

La situación de los trabajadores de otras industrias, en las cuales el ni¬ 
vel de prestaciones era siempre más bajo que en la del petróleo, era aún peor. 
En Venezuela, «el pequeño país millonario de las Américas», como lo rotula¬ 
ba la prensa internacional, el pueblo sentía agudizadas sus hambres seculares 
con motivo de las dificultades de abastecimiento y la escasez y precios prohi¬ 
bitivos, derivados de la guerra y de la especulación impune. El diputado y 
líder obrero, Pérez Salinas aportaba cifras en un artículo de prensa, para 


173 



poner de relieve las causas de ese generalizado malestar económico de los sec¬ 
tores laborantes. El salario medio de las industrias no extractivas fue, en 
1937, de Bs. 6,99 en el Distrito Federal, de Bs. 5,85 en el estado Zuliay de 
Bs. 3,30 en el Estado Táchira. Hubo un ascenso en esos salarios al promediar 
el mismo año 37, pero cuando el régimen desató su represión contra el mo¬ 
vimiento obrero organizado y vino el reflujo sindical, el nivel de ingresos de 
los trabajadores descendió en un promedio de 10%. En ese nivel estacionario 
se mantuvieron desde entonces y durante el transcurso de los años de guerra 
los salarios nominales, pero con ellos no podía comprarse sino cantidades ca¬ 
da vez menores de mercancías y de servicios (Acción Democrática, núm. 
78,24 julio, 1944). 

Era increíblemente bajo el volumen de ingresos obtenidos por los tra¬ 
bajadores durante aquellos años en que el petróleo de Venezuela decidía en 
otros continentes la suerte de una guerra 3 . índice de esa situación fue lo per¬ 
cibido por obreros y empleados, como participación legaí en las utilidades 
anuales de sus patronos. Otro destacado líder obrero de AD, Augusto Malavé 
Villalba, aportó números concluyentes a ese respecto. Durante el año 40-41 
fueron distribuidas utilidades por la cantidad (cifras redondas) de 15 millo¬ 
nes de bolívares, y el número de trabajadores beneficiados fue de 47 mil. En 
el año 41-42, las utilidades repartidas descendieron a 13 millones de bolíva¬ 
res y el número de trabajadores beneficiados sólo fue de 36 mil. Se estimaba 
que de la suma global de utilidades repartidas en ese año, las compañías pe¬ 
troleras aportaron 10 millones de bolívares, distribuidos entre sus 20 mil tra¬ 
bajadores. Lo cual, reducido a estimación proporcional, significaba que sólo 
3% de trabajadores en servicio activo habían percibido utilidades (Acción 
Democrática, núm. 97, 24 dic. 1943). 

Funcionaba un organismo similar a la OPA rooseveltiana: la Junta Regu¬ 
ladora de Precios. Frente a la especulación y al mercado negro hizo lo que 
Pilatos: lavarse las manos. Y cuando tímidamente pretendía actuar en favor 


3 Este era un hecho evidente en el momento en que se producía, pero hasta donde alcanza mi in¬ 
formación no vino a ser reconocido públicamente por un funcionario del Gobierno de los Es¬ 
tados Unidos sino diez años después. En un discurso pronunciado en Caracas (septiembre de 
1931), por el señor Oscar L. Chapman, Secretario del Interior de la Administración Truman, 
dijo: «Durante la Segunda Guerra Mundial, más de la mitad del peso de todos los embarques 
destinados a las regiones de combate estuvieron constituidos por tonelajes de productos pe¬ 
troleros. Hubo, incluso, algunas invasiones en las que al petróleo correspondió más de 63% 
del tonelaje total embarcado. En mi opinión, a este respecto, la contribución de Venezue¬ 
la en este campo del esfuerzo bélico nunca recibió el reconocimiento merecido. La pro¬ 
ducción petrolera local aumentó en 50% durante la guerra y este aumento bien pudo 
representar aquel margen de diferencia que hizo inclinar la balanza de la victoria 
a nuestro favor». (Revista Petróleo-Industria, núm. 44, Caracas, septiembre de 1951.) 


174 



del consumidor, los poderosos intereses privados presionaban al Gobierno y 
éste fallaba, las más de las veces, en favor suyo. Tal sucedió, para escándalo pú¬ 
blico e irritación de los consumidores, en el caso de las tarifas eléctricas. Eran 
tan altas en Venezuela que la Misión Fox (1941), integrada por funcionarios 
del Gobierno de los Estados Unidos y por técnicos de la misma nacionalidad, 
las encontró 3 veces más elevadas que las de Washington. En aquel año 41, 
en Barranquilla, Colombia, 422 unidades de energía eléctrica costaban Bs. 26, 
y en Caracas esa misma cantidad de unidades consumidas costaban 115,40 
bolívares, 4 veces más. En noviembre de 1941, la Junta Reguladora de Precios 
acordó una disminución casi simbólica de 5% sobre las tarifas de servicios 
eléctricos. Las compañías de electricidad -entre ellas la filial venezolana de la 
tentacular Electric Bond and Share y la Electricidad de Caracas- sabían el te¬ 
rreno donde pisaban, y en los recibos pasados a sus clientes a partir de enton¬ 
ces hicieron constar que se trataba de una rebaja «provisional». El porqué 
lo decían se supo pronto: el 17 de marzo de 1942 publicó la Gaceta Oficial 
una Resolución del Ministerio de Fomento declarando insubsistente la tímida 
rebaja. Las tarifas vigentes, según afirmó ese Despacho, «representaban en ese 
momento un precio razonable, dentro de la situación de emergencia». Pero 
lo curioso y absurdo al propio tiempo es que en la Memoria presentada en 
ese mismo año al Congreso, el Ministerio de Fomento desmintió al... Minis¬ 
terio de Fomento. En las páginas de ese informe oficial pudieron leerse estas 
palabras, escritas por la Dirección de Industrias y Comercio: «Los precios de 
la energía eléctrica son sumamente altos e impiden a muchas industrias ob¬ 
tener precios de costo normales» (Memoria del Ministerio de Fomento, 
1942. Informe de la Dirección de Industrias y Comercio, p. 104). 

Salarios y sueldos bajos, servicios públicos a precios onerosos, libre 
cancha para la especulación fueron factores concurrentes para que la pobla¬ 
ción venezolana, durante los años de la Segunda Guerra Mundial, viviera an¬ 
gustias económicas comparables a las de las naciones por donde se había 
paseado la bota esterilizadora del soldado nipón o nazi. 

En cifras no resultaba difícil resumir ese proceso de empobrecimiento 
progresivo de la mayor parte de la gente venezolana. En noviembre de 1942, 
58% del total de los depósitos a la vista en los institutos bancarios, equivalen¬ 
te a 112 millones de bolívares, pertenecían a 486 personas. En noviembre del 
43, 62% de esa misma clase de depósitos, por un total de 166 millones de bo¬ 
lívares, pertenecía a 616 personas. Lo cual significaba, analizando esas cifras en 
función de la población del país, que 62,04% de los depósitos bancarios mo- 
vilizables por cheques era poseído por 0,16 por mil de los habitantes de Vene¬ 
zuela. Y como era lógico, ese fenómeno de concentración de fuertes capitales 


175 



en pocas manos tenía una contrapartida: la de acumulación de creciente po¬ 
breza en manos de los más. El Banco Central calculó, a ese respecto, que es¬ 
timándose para entonces el total de circulante en manos del público en 264 
millones de bolívares, resultaba un promedio por persona de Bs. 66,39. 
«Realmente -comentaba ese Instituto- esta acumulación individual resulta 
desproporcionada con la que manifiestan los depósitos bancarios y carece de 
la fuerza expansiva que se precisa para influir el mercado de divisas y las 
cotizaciones de los precios». 

Podría pensarse que el Estado, mediante una enérgica política de se¬ 
guridad social y de asistencia pública, compensaba a las mayorías trabajado¬ 
ras del escuálido volumen de sus ingresos. Escueta enumeración de hechos, 
respaldados con cifras, demostrará lo contrario. 

Fue creado en 1943 el servicio de Seguro Social, de acuerdo con una ley 
inaplicada desde 3 años antes y con radio de acción circunscrito al Distrito 
Federal. Pero nació ese organismo con «la flecha en el flanco», como la corza 
herida del símil bolivariano. La clásica cotización tripartita para el sostenimien¬ 
to de tales instituciones -Estado, patronos y trabajadores- se presentó en Ve¬ 
nezuela con una modalidad especial. El Estado se autofijó una cotización de un 
porcentaje mínimo: 0,09 por ciento, y exigió 3% a los patronos y 2% a los tra¬ 
bajadores. Y no se requería ser experto actuarial para antever lo que luego suce¬ 
dió: rápido descrédito de la institución, requerida como pocas del apoyo de sus 
beneficiarios por la deficiente atención que prestaba a los asegurados; y desba¬ 
lance crónico en su contabilidad, porque era mínimo el aporte gubernamental. 

El cuadro sanitario-asistencial del país era dramático. El panorama de 
las endemias que minaban la salud de una apreciable porción de los habitan¬ 
tes, de manera especial los menos favorecidos en la distribución de la riqueza, 
puede resumirse en unas cuantas referencias patéticas. 

Había un promedio de un millón de infectados de paludismo por año, 
con un balance de 5 mil muertos anuales. El doctor Amoldo Gabaldón, mé¬ 
dico sanitario eminente, Jefe de la División de Malariología, estimaba que el 
país perdía anualmente un mínimo de 200 millones de bolívares en horas- 
trabajo de los enfermos de paludismo, y clamaba porque esa enfermedad fue¬ 
se declarada «calamidad pública» y enfrentada como tal. Los estragos de la 
tuberculosis eran devastadores. El Boletín de la Oficina Sanitaria Panameri¬ 
cana (septiembre de 1941) registraba lo siguiente: «En Venezuela, 75.993 
exámenes hechos en 16 diferentes localidades —14 de ellas con más de 10 mil 
habitantes cada una-, arrojó el siguiente resultado: 0 a 4 años de edad, 20% 
de infectados con tuberculosis; 5 a 14 años, 51%; sobre los 14 años, 83,2 %...» 
Para 1944, existía un déficit de 8 mil camas para tuberculosos indigentes, y 


176 



el coeficiente de mortalidad por tuberculosis, según un tisiólogo de nota -el 
doctor José Ignacio Baldó- era de 243 por cada 100 mil habitantes, mientras 
que en los Estados Unidos era de apenas 44 defunciones por el mismo núme¬ 
ro de habitantes. Un estudio publicado en 1940 (doctores Benarroch y Hill, 
Anquilostomiasis y paludismo en Venezuela, Ed. Élite) resumió una in¬ 
vestigación médica realizada, conjuntamente, por la Fundación Rockefeller y 
el Departamento Sanitario Nacional. Sus conclusiones eran aterradoras: 
90% de los habitantes del país padecía de parasitosis intestinal, y 69% era víc¬ 
tima de uno de los flagelos tropicales: el anquilostomo. Y si se recuerda que la 
Oficina Internacional del Trabajo tiene establecido, a través de investigacio¬ 
nes técnicas, que los parásitos intestinales disminuyen en 50% la capacidad 
de trabajo del individuo afectado, se tendrá la clave de esa abulia y falta de 
iniciativa de que en general adolecía la gente campesina, y que se calificaba 
con intención peyorativa d e. flojera, o gusto del manguareo. 

La capacidad de hospitalización del país para las víctimas de esas 7 pla¬ 
gas de Egipto, era de todo punto insatisfactoria. En 1942 había en Venezuela 
10 mil camas-hospital, equivalentes a 2,8 camas por cada 1.000 habitantes. 
Chile tenía para la misma fecha 20.000 camas-hospital (4,4 por cada 1.000 
habitantes); Cuba, 15.000 (4,4 por cada 1.000 habitantes), y el Uruguay, 
15.000 (7,1 por cada 1.000 habitantes). El país contaba sólo con 1.049 médi¬ 
cos, y «Venezuela, con sus 4 millones de habitantes, necesita 4.000 médicos», 
escribía en 1945 el doctor Rafael Rísquez Iribarren, Jefe del Departamento 
de Salubridad Rural, y agregaba que con el ritmo de hornadas de profesiona¬ 
les de la medicina que salían normalmente de la Universidad, se necesitarían 
40 años para cubrir el déficit. 

Los problemas de morbilidad y mortalidad popular asumían propor- 
ciones de pesadilla en las áreas rurales. Allí, en las vastas y desoladas regio¬ 
nes campesinas del país, morían anualmente 40.000 venezolanos (59% de 
las defunciones totales) víctimas de dolencias no diagnosticadas. «Enfer¬ 
medad X» y «Causa núm. 200» eran las denominaciones genéricas que se les 
daban, en las estadísticas vitales, a los ignorados morbos responsables de esa 
trágica siega de vidas. Ni siquiera en cementerios públicos se enterraban los 
cadáveres de quienes en gran parte eran víctimas de la incuria oficial. Era en 
«cementerios privados, utilizando este pomposo nombre para el pedazo de 
tierra cercano al conuco donde quedaban los restos de quienes se aventura¬ 
ban a la conquista del territorio», como en 1945 escribía el funcionario sa- 
nitaristaya citado, doctor Rísquez Iribarren. Los campesinos enterraban sus 
muertos, que en el trance final habían sido «ensalmados» por los brujos o 
ingerido las pócimas de los curanderos, como a Ufemia y sus hijos Juan el 


177 



Veguero, el más atormentado símbolo de humanidad en la novelística de 
Rómulo Gallegos. 

El pueblo sufría y se rebelaba íntimamente. Pero no se lamentaba. El ve¬ 
nezolano es duro, aguantador y, para recordar a Pajaróte, otro de los persona¬ 
jes mejor logrados de Gallegos, sabe apelar al «sufridor». Y lo hace con sorna, 
a través del dicho ágil o de la cuarteta que rezuma amarga ironía. Como aque¬ 
lla que recorría los campos de Venezuela, desde tiempo atrás, y que era la 
mejor interpretación popular de los tests , porcentajes y evaluaciones médicas 
sobre la epidemiología nacional: 

Sarampión, tocan la puerta; 
lee bina, vé a ver quién es, 
si es la comadre viruela 
dile que vuelva después. 

Ésta era la reacción fatalista del pueblo ante una verdadera calamidad colectiva: 
la insalubridad del país, en tan alta proporción. Pero, ¿y la del Gobierno? 
Destinaba apenas 28 millones de bolívares, 6% del Presupuesto Nacional de 
Gastos, al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Departamento con buenos 
y algunos excelentes servicios técnicos, impotentes al comprobar su incapacidad, 
por carencia de recursos económicos y de personal especializado, para curar y 
prevenir las enfermedades colectivas que azotaban y diezmaban la población, 
rastreadas y estudiadas por ellos mismos, con encomiable preocupación. 

La alimentación popular era muy deficiente, y por eso el venezolano 
medio era presa fácil de las enfermedades. En 1943, la sección de nutrición del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, publicó unas cifras impresionantes 
sobre el subconsumo nacional de carne y leche. El promedio aritmético bruto 
de consumo de carne era de 33 gramos per capita, unas cuantas hilachas; y el 
consumo de leche, tomándose el promedio de nueve ciudades importantes, 
era de 83 cc. per capita. En septiembre de 1945, un mes antes de ser derro¬ 
cado el Gobierno de Medina Angarita, el Servicio de Higiene Escolar, oficina 
estatal, publicaba que 63% de 13 mil niños examinados en la capital de la Re¬ 
pública estaban amenazados de tuberculosis, porque debido a alimentación 
deficiente o insuficiente tenían un desarrollo orgánico retardado. 

Esta suma de factores negativos -salarios bajos, presupuestos mezqui¬ 
nos para educación y salubridad, ausencia de una política social de enverga¬ 
dura- le enajenaron al régimen todo respaldo popular. 

La manera como se administraba al país no sólo irritaba a los obreros, a 
los campesinos, a las capas medias de la población, sino también a los sectores 


178 



de la industria y el comercio, tomados en su conjunto. Sólo círculos financie- 
ros vinculados muy directamente al régimen se sentían satisfechos, porque 
derivaban beneficios de la ausencia de coordinación y de sentido nacional en 
la forma como se encaraban los problemas económicos y fiscales. La Federa¬ 
ción de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción había solicitado 
en vano que se pusiera a funcionar el Consejo de Economía Nacional, con 
atribuciones para opinar sobre determinadas medidas administrativas, y cuyo 
establecimiento era previsto en la Constitución. Ya superado el límite de la pa¬ 
ciencia de sus directivos por el desdeñoso silencio con que se les contestaba, 
decían en una comunicación más, dirigida al Ministro de Fomento: «Cuando 
la Constitución ordena, no hay forma de negarle acatamiento» («Comunica¬ 
ción de la Federación de Cámaras de Comercio y Producción al Ministerio de 
Fomento», diario El País, Caracas, 2 nov. de 1943). 

Prevalecía en el Gobierno una engreída autosuficiencia burocrática. En 
un momento histórico conflictivo, a causa de la guerra, y caracterizado por la 
tendencia universal de los gobiernos a ensanchar sus bases y a propiciar en¬ 
tendimientos nacionales, el de Venezuela procedía con sectaria y miope arro¬ 
gancia aislacionista. Ante la presión de la opinión pública, creó en 1943, por 
decreto ejecutivo, una Comisión de Estudios de problemas de posguerra. Re¬ 
sultó una especie de sucursal inoperante-que nada indagó, ni nada hizo- del 
Gabinete ejecutivo, integrada como fue por 7 ministros y 4 empleados públi¬ 
cos de alta jerarquía burocrática. La revista Producción (núm. 3, noviembre 
de 1943), órgano de varias entidades de la industria y el comercio, adelantó 
una crítica cautelosa a ese decreto. 

Parece -escribió editorialmente- no haber existido suficiente amplitud en la es- 
cogencia de sus componentes. Las cuestiones que ha de resolver ese organismo 
interesan por igual a todos los venezolanos. Por lo tanto, elementos de las dife¬ 
rentes tendencias y de los distintos sectores económicos han debido entrar en 
su composición. 

Y la «cautela» en la crítica era explicable, si no justificable. Desde los Despa¬ 
chos ministeriales se desencadenaban iras jupiterinas contra quienes dudaran 
de la infalibilidad oficial. En aquellos mismos días, el Ministro de Fomento ha¬ 
bía respondido con estas palabras destempladas a una exposición de la Cáma¬ 
ra Agrícola: «El Ejecutivo Federal resuelve las materias de sus atribuciones 
según su propio criterio, por órgano del Despacho competente, y no de acuer¬ 
do con las indicaciones de esa Cámara ni de ningún organismo extraño a sus 
funciones ejecutivas». 


179 



Se había implantado el impuesto sobre la renta desde 1942. Pero signi¬ 
ficó esa medida sólo un arbitrio rentístico más, y no la reforma fiscal reclama¬ 
da por la opinión pública. Coexistieron a partir de entonces el impuesto nuevo 
con los onerosos gravámenes arancelarios sobre artículos de primera necesi¬ 
dad. El caso de la harina de trigo llegó a ser neurálgico. En octubre de 1943, 
calculó el Boletín de la Cámara de Comercio de La Guaira que en ese 
año la importación total de harina de trigo sería de 37 mil toneladas y que so¬ 
bre ellas recaudaría el fisco 9 millones de bolívares de tributo aduanero. 
Y comentaba editorialmente ese periódico: «Millones pagados por el consu¬ 
midor, en momentos en que los ingresos públicos permiten perfectamente 
prescindir de un gravamen que encarece la vida de la población». 

El sucedáneo circunstancial y empírico de la entidad permanente, pro¬ 
vista de recursos cuantiosos y dotada de dirección eficaz, que el país reclama¬ 
ba y necesitaba para que se le diera impulso planificado a la economía raigal 
venezolana, fue una Junta para el Fomento de la Producción Nacional, creada 
apresuradamente a fines de 1944. Nada que se asemejara a una planificación 
racional y coherente del desarrollo económico propio de Venezuela podía 
surgir de un organismo ad hoc, sin asesoría técnica ni obligación de cum¬ 
plir pautas trazadas por el Estado, con vista al interés general y no al simple 
afán de lucro individual. Precaria y limitada tuvo que ser, como lo fue, la labor 
rendida por esa Junta. 

El Presidente Medina Angarita escuchó una sostenida ovación de las 
barras del Congreso al decir, en el discurso inaugural de su mandato, el 5 de 
mayo de 1941: «El peculado no existirá en Venezuela, porque estoy dispues¬ 
to a aplicar la dureza inflexible de la ley a los reos de tan oprobioso delito». 

Esa promesa no fue nunca cumplida, ni en la legislación positiva ni 
en las prácticas administrativas. La mayoría parlamentaria negó su aproba¬ 
ción, con avalancha de brazos alzados y sin argumentaciones convincentes, 
a un proyecto de «Ley de responsabilidades administrativas». La había inicia¬ 
do en el Senado el doctor Jóvito Villalba y tuvo el caluroso respaldo de Acción 
Democrática. Y al hacer una defensa pública del proyecto, en una concentra¬ 
ción popular realizada en el Nuevo Circo de Caracas (junio de 1944) puntua¬ 
lizó Andrés Eloy Blanco las adiciones que pretendía incorporarle nuestra 
fracción de Diputados: 

Algunas disposiciones de este proyecto -dijo— pueden explicarse por sí mis¬ 
mas, como, por ejemplo, la de que el Presidente de la República y todos los 
funcionarios que ejerzan manejo o administración de bienes o dinero de la Re¬ 
pública, hagan un inventario de sus bienes en el momento de comenzar en el 


180 



cargo, inventario que deberá ser repetido en el momento de separarse de éste 
C aplausos prolongados) . Y que al mismo tiempo se destine en las Oficinas 
del Registro Público un protocolo especial para inscribir en él las negociacio¬ 
nes hechas por los funcionarios de la Administración. Se dirá que con esto no se 
logra nada, pues los funcionarios que quieran seguir entregados al peculado no 
comprarán casas, no harán negociaciones sobre bienes inmuebles. No impor¬ 
ta. Por lo menos, la propiedad inmobiliaria no será acumulada en pocas ma¬ 
nos. Por lo menos, el dinero circulará un poco. Yo pido, a nombre del Partido, 
la creación de ese protocolo de Registro Público. El protocolo de matrimonios 
in articulo mortisse encuaderna en una pasta negra; yo pido que este proto¬ 
colo se encuaderne en una pasta blanca con vetas negras, que quede puesto 
sobre la mesa del Registro como una losa, como una losa de mármol con la 
siguiente inscripción: «Aquí yace el peculado inmobiliario de Venezuela. Re¬ 
cuerdo de sus desconsolados deudos» (ovación y risas) ( Acción Democrática, 
núm. 75, 1943). 

La misma mayoría parlamentaria oficialista que rechazó la Ley de res¬ 
ponsabilidad de los funcionarios públicos, estuvo pronta a erradicar de la 
Constitución, en enero de 1944, la cláusula confiscatoria de los bienes de quie¬ 
nes utilizaran el Poder para el enriquecimiento ilícito. Adujeron los proyectis¬ 
tas de esa reforma constitucional que la eliminación del ordinal 2 o del artículo 
32 hermoseaba la Carta Política, al excluir de ella la «idea de represalia». Esa fea 
verruga, ese apósito intolerable, había sido superpuesto a la linda faz de la Cons¬ 
titución en virtud de «circunstancias del momento», que para entonces «no tenían 
razón de ser». , 

Nuestro partido, intérprete una vez más de profundos anhelos colecti¬ 
vos, enfrentó a esas alegres concepciones la tesis de la moralización adminis¬ 
trativa. En un documento a la nación, emitido en agosto de 1944, resumía 
con estas palabras su firme y sostenida línea de conducta en esa materia: 

... nuestra prédica terca ha sido y es la de que se cumplan las prome¬ 
sas oficiales de persecución legal del peculado; de que el Capítulo vjii 
deje de ser un desaguadero anual de millones de bolívares, y de que 
muchos funcionarios de la Administración Pública expliquen cómo 
han podido acumular lícitamente las fortunas de que hacen alarde 
(Acción Democrática, núm. 126, 12 agosto de 1944). 

El problema de la tierra quedó intocado en el discurrir de ese quin¬ 
quenio. En un Mensaje al Congreso, en abril de 1943, el Presidente de la 


181 



República anunció planes gubernamentales de reforma agraria. Sólo en ene¬ 
ro del año siguiente, se designó la comisión oficial para el estudio de esa re¬ 
forma. La ley fue discutida en las sesiones del Congreso de 1945, y apenas 
un mes antes del derrocamiento del Gobierno recibió el «ejecútese» presi¬ 
dencial. El balance de esa Administración en materia tan esencial fue una ley 
cuasi-póstuma, emitida en las postrimerías de la misma. 

En los años de la Segunda Guerra Mundial, comprendidos dentro de 
las Administraciones López Contreras-Medina Angarita, el área cultivada del 
país disminuyó en 9,1%, mientras que la población aumentó, por crecimien¬ 
to vegetativo, en 21,6%. La Comisión Económica para América Latina de las 
Naciones Unidas, en su monografía Hechos y tendencias de la economía 
venezolana, 1951 (p. 18) inserta un cuadro al cual corresponde esa con¬ 
clusión. El área productora de frutos agrícolas, para exportación y consumo 
interno, descendió en esos años de 1.048.373 hectáreas a 954.300 hectáreas. La 
más importante disminución -registra la CEPAL- ocurrió enja superficie des¬ 
tinada al cultivo del maíz, producto esencial en la dieta alimenticia del pueblo 
venezolano, que pasó de 262.852 hectáreas a 200.000 hectáreas. «Durante el 
período de la guerra, la producción agrícola venezolana sufre un descenso», con¬ 
cluye diciendo ese informe; y de paso observa que tal circunstancia, unida a la 
disminución de las importaciones por dificultades de transporte, crearon en el 
país un desajuste entre oferta y consumo en esos años críticos. 

Este análisis factual parece demostrar que el ímpetu creador y la efica¬ 
cia para enfrentar los problemas básicos del país, no fueron características de 
quienes gobernaron durante el quinquenio de las frustraciones. 


La nueva danza de concesiones 

En lo que sí reveló dinamismo el Gobierno de entonces, fue para entregar 
apresuradamente, sin esperar los resultados de la nueva regimentación petro¬ 
lera creada por la ley del 43, nuevas concesiones. Durante los años 1944 y 
1945 diversas compañías extranjeras obtuvieron en Venezuela una cantidad de 
hectáreas en exploración y explotación mayor que la que ya detentaban los 
concesionarios ingleses y norteamericanos. Fue ése un vértigo en la subasta del 
subsuelo, en proporciones tales que en 24 meses capturó el cártel internacio¬ 
nal del petróleo tanta o más tierra explorable y explotable en Venezuela, que 
en el transcurso de los 32 años que cubren los gobiernos Gómez-López Con- 
treras. Y si en los inicios de la industria pudo argumentarse que se trataba 
de una riqueza potencial y cuyo valor real se desconocía, para la conducta de 
quienes gobernaban en el bienio 44-45 no hay excusa posible. Se entregaron 


182 



millones y millones de hectáreas a compañías internacionales, sin cautela algu¬ 
na, con irresponsable impulso botarate, cuando ya Venezuela entera tenía con¬ 
ciencia plena del preciado valor de su riqueza petrolífera y de cómo habían 
expoliado al país los mismos a quienes se otorgaban las nuevas concesiones. 

Hubo, además, el agravante de que se tendió una capa de espeso miste¬ 
rio en torno de cuestión de tanta magnitud para el país. De la que fue segu¬ 
ramente cláusula no escrita en las negociaciones entre Gobierno y compañías, 
previas a la reforma, nada se habló en los debates parlamentarios y fuera 
de ellos. Y los venezolanos se vinieron a dar cuenta de que en raudo lapso de 
meses se estaba realizando un proceso de ocupación económica del país tan 
extenso como el cumplido a lo largo de lustros en las épocas de Gómez-López 
Contreras, cuando voluminosas ediciones extraordinarias de la Gaceta Ofi¬ 
cial publicaron los contratos en serie firmados entre el Ministerio de Fomento 
y los gerentes de los trusts. 

El cuadro que de seguidas se inserta constituye un alegato en cifras 
contra una indefendible conducta de Gobierno, por haber lesionado de 
manera evidente los intereses de la nación. 


Nuevas concesiones 

Otorgadas en 1944 

Otorgadas en 1945 

Totales 

Exploración 




y explotación 

Ha 3.755.025 

Ha 1.367.449 

Ha 5.122.474 

Explotación 

652.045 

87.250 

1.439.295 

Totales 

4.407.070 

2.154.699 

6.561.769 


Fuente: Memoria del Ministerio de Fomento, 1945, p. 10. 


Los millones de hectáreas otorgados en concesión en las postrimerías 
del quinquenio de Gobierno 1941-1945, unidos a los que habían recibido los 
inversionistas de Londres y de Nueva York en los años precedentes, determi¬ 
naron que para el 31 de diciembre de 1945 una gran porción del área poten¬ 
cialmente petrolífera del país, equivalente a 11.746.768 hectáreas, estuviera 
en manos extranjeras. 

Y esa política de hidrocarburos alegremente irresponsable se realizaba 
en momentos en que el dios-petróleo era cortejado por las grandes poten¬ 
cias, por los estadistas de la hora y por las oligarquías financieras internacio¬ 
nales. Hacia fines del 43, un editorial del Oil & Gas Journal comentaba esa 
actualidad extraordinaria del hediondo combustible: 


183 



No es un secreto para nadie que en las Conferencias de Moscú, El Cairo y de 
Teherán, que han tenido por objeto la organización del mundo de posguerra, 
el desarrollo futuro de la producción de petróleo y los problemas de su distri¬ 
bución han sido temas centrales de las discusiones. Los hombres de Estado 
que están al frente de las Naciones Unidas se convencen cada vez más de que 
el petróleo, materia prima de interés mundial, indispensable en la guerra, 
debe ser el elemento básico de una paz justa y duradera. 

Y meses después, en los comienzos del 44, afirmó Harold L. Ickes, Secre¬ 
tario del Interior de Roosevelt y supremo contralor oficial del petróleo en los 
Estados Unidos, el «U.S. Oil Boss» como lo llamaba la prensa norteamericana: 
«Dígase la clase de acuerdo a que llegarán las Naciones Unidas con respecto a 
los recursos petroleros del mundo cuando haya terminado la guerra, y yo trataré 
de analizar la paz que ha de venir». 

Y no sólo era favorable la coyuntura internacional para todas las auda¬ 
cias nacionalistas de los pequeños países productores de petróleo, debido a la 
importancia extraordinaria que había adquirido el combustible en el curso de 
la guerra, sino también por la abierta pugna existente para esos días entre la 
Administración Roosevelt y el cártel de los petróleos. 

Afloró a la superficie de la publicidad esa soterrada disputa hacia fines 
del 43. El semanario Time-magazine (27 de diciembre de 1943) publicó 
una información con título de película de Hollywood: «Terminó la luna de 
miel». Pero no se trataba de la crítica fílmica de una comedia «liviana» con 
su inevitable rubia platinada, sino de la historia resumida del pugilato entre 
Harold L. Ickes, el combativo Secretario del Interior de Roosevelt, y los 
grandes consorcios petroleros. 

La historia en cuestión era rica en incidentes aleccionadores, especial¬ 
mente para los pequeños países productores del codiciado combustible. 

Resultaba que Ickes había designado meses atrás a una comisión de es¬ 
tudios sobre los problemas petroleros de posguerra. La presidió Orvine Har- 
den, Vicepresidente de la Standard Oil of New Jersey. 

El informe de esa Comisión se mantuvo en secreto, hasta que The 
New York Times publicó unos fragmentos. Ickes -a quien en los mentideros 
de Washington apodaban «Tío Cascarrabias»- reaccionó de inmediato, con 
áspera agresividad. Publicó íntegro el informe y dijo cuál era el origen del de¬ 
sacuerdo surgido entre la Comisión de estudios de los problemas petroleros y 
el Gobierno. Los trusts habían hecho prevalecer su criterio en la Comisión, 
y ésta se había pronunciado contra toda injerencia estatal en la industria y sólo 
pedían del Gobierno de los Estados Unidos «amplio respaldo diplomático en el 


184 



exterior». El Secretario del Interior se manifestaba, por lo contrario, partidario 
del directo control por el Gobierno de una parte de los stocks de acciones de las 
grandes compañías, y, en determinados casos, de la totalidad de ellos. 

Esas divergencias no eran inconvenientes para que los defensores de 
ambas tesis coincidieran públicamente en tres puntos: 1) Que los Estados 
Unidos estaban consumiendo rápidamente sus reservas de aceite mineral y 
en riesgo de depender en el futuro, para el abastecimiento interno, de pe¬ 
tróleo importado; 2) Que la capital del imperio petrolero mundial estaba 
desplazándose hacia el Medio Oriente, como textualmente lo había afir¬ 
mado Ickes en un artículo para el American Magazine; y 3) Que los Es¬ 
tados Unidos debían realizar una política comercialmente agresiva en el 
Medio Oriente y tener elaborada desde ese mismo momento una política 
de petróleos de posguerra. 

Con angustia de impotencia, al ver cómo la gente gobernante en Vene¬ 
zuela nada hacía mientras el petróleo era eje de la preocupación de las gran¬ 
des potencias, comenté así esa situación en la diaria columna que escribía 
para El País: 

De todo esto, lo más interesante para nosotros es destacar que en la polémica 
Ickes-empresas no se ha considerado para nada la suerte de los pequeños paí¬ 
ses productores de aceite mineral. Ambos criterios parten de un punto de vis¬ 
ta estrictamente nacional. Esto, claro está, no se compadece mucho con 
algunas de las hermosas promesas estampadas en la Carta del Atlántico, pero 
responde a una realidad inexorable (...) Estos debates nos afectan de cerca. Es 
nuestro destino, el mañana de Venezuela, lo que está en juego en esas discu¬ 
siones. Y por eso angustia, desespera a ratos, pensar que aquí continuemos 
instalados en Babia, entregados al juego de la política menuda, mientras en 
otras latitudes se está resolviendo el porvenir de Venezuela, quién sabe para 
cuántas generaciones. 

Y no se limitaba ese enfoque a comprobar, con melancólica resigna¬ 
ción, los peligros que se cernían sobre el destino económico del país, sino 
que se señalaban los caminos posibles para afrontarlos, en escala continen¬ 
tal: «... Sólo una entente defensiva de los pueblos de América Latina, desde 
México hasta el Sur, impediría que en la hora de la paz fuesen los grandes in¬ 
tereses financieros los que inclinaran, para exclusivo beneficio suyo, el fiel de 
la balanza» («Terminó la luna de miel», en El País, 29 de enero de 1944). 

Las versiones de prensa sobre el activo interés del Gobierno de los Es¬ 
tados Unidos en los petróleos del Medio Este tuvo ratificación oficial en los 


185 



comienzos del año 44. El 11 de febrero dio declaraciones a los periodistas el 
Secretario de Estado interino Edward Stettinius quien estaba sustituyendo 
transitoriamente a Cordell Hull en el timón de comando de las relaciones ex¬ 
teriores de los Estados Unidos. Informó que se iba a realizar una conferencia 
anglo-norteamericana para arreglos específicos en materia de petróleos. 
Anunció, además, un vasto programa de expansión petrolera en el Medio Es¬ 
te, directamente orientado por la Corporación de Reconstrucción Financie¬ 
ra, organismo oficial estadounidense, y la cual planeaba invertir en los 
próximos meses 400 millones de dólares. Y como corolario de esas declaracio¬ 
nes tan explícitas, la United Press trasmitió (12 de marzo de 1944) esta noti¬ 
cia, recogida en los medios oficiales de la capital estadounidense: «Una de las 
referidas autoridades en petróleo dijo que los Estados Unidos y la Gran Bretaña 
proyectan dominar el petróleo mundial, y, por ende, la paz futura». 

Se realizó la Conferencia anglo-norteamericana del petróleo. Expertos 
en aceite y en finanzas, ministros y almirantes se sentaron en uoa mesa redon¬ 
da, en la capital estadounidense; y era de presumirse que a darle contenido a 
la fórmula de que se hizo eco la United Press. Pareció que se iba a decidir allí, 
en forma inapelable, la estructuración mundial de la industria del petróleo, 
bajo el comando rector del eje Washington-Londres. De ahí que clamáramos 
nosotros en Venezuela, con honda preocupación, por la falta de interés oficial 
frente a un evento donde era presumible que se fijara para quién sabe cuánto 
tiempo, el destino del petróleo como industria internacional, y por ende, el 
destino de la economía y de la vida misma de Venezuela. Inclusive plantea¬ 
mos la conveniencia, y hasta la necesidad, de que el primer país exportador de 
aceite mineral, abastecedor número uno de las Naciones Unidas en la guerra 
entonces en sus etapas finales, debía reclamar asiento, voz y voto en la Confe¬ 
rencia de Petróleo. Un poco por indolencia y otro por su evidente complejo 
de timidez ante los vencedores del Eje, lo cierto es que nunca hubo respuesta del 
régimen a esos razonados planteamientos. Menos mal que la Conferencia del Pe¬ 
tróleo no fue más allá de un pronunciamiento bilateral, firmado el 8 de agosto 
de 1944. Sirvió de base al acuerdo anglo-norteamericano de petróleo del 24 de 
septiembre de 1945, vagaroso y elástico documento, el cual hasta ahora no ha 
tenido mejor definición que la muy risueña de alguien: «es un kimono japonés, 
que lo cubre todo sin tocar nada». 

Esa actitud de timidez ante los vencedores de la Segunda Guerra Mun¬ 
dial nacía acaso de la circunstancia de que Venezuela no había declarado aún 
la guerra al Eje nazi-fascista. Esa situación condujo a una encrucijada crítica, 
en los comienzos de 1945. En los Estados Unidos se dijo, oficialmente, que 
no podrían concurrir a las Conferencias de Paz los países que hubiesen limi- 


186 



tado su actitud a la ruptura de relaciones diplomáticas con el Eje. El doctor 
Diógenes Escalante, Embajador de Venezuela en Washington, viajó para esos 
días a Caracas. Procuró una conversación conmigo, y habló con directa fran¬ 
queza. Era la Unión Soviética, según su información, la responsable de ese 
planteamiento. No quedaba abierta sino una posibilidad: la de que los países 
cuestionados se apresuraran a declarar la guerra a los ya vencidos gobiernos de 
Berlín y Tokio. El Presidente Medina vacilaba para tomar esa medida, y en 
concepto del doctor Escalante esa vacilación nacía en gran parte de la idea de 
que AD iba a aprovechar la coyuntura para decir cómo se había llegado a tal 
situación por ausencia de una política internacional más enérgica, y que era 
un gesto desairado declarar la guerra a Hitler, cuando los ejércitos ruso y 
norteamericano estaban ya en las calles de Berlín. Dije al emisario oficioso del 
Gobierno que por conocer el pensamiento de la dirección de Acción Democrᬠ
tica, podía asegurarle que ésa no sería su actitud sino otra muy diferente. Agre¬ 
gué que éramos antes que todo venezolanos y como tales reaccionábamos ante 
los problemas de política internacional. La dirección del Partido hizo buenas 
esas palabras. Reunido el Comité Ejecutivo Nacional, acordó tomar la iniciati¬ 
va de pedir al Gobierno que declarase la guerra al Eje. Además, en una serie de 
comentarios editoriales en El País y en el semanario oficial de la organización, 
de artículos míos y de otros dirigentes, criticamos con aspereza la intención ya 
conocida de excluir de las Conferencias de Paz al país que, con el suministro re¬ 
gular, ininterrumpido, de su petróleo, contribuyó en forma tan apreciable a la 
derrota del nazifascismo. Por anticipado, dimos respaldo público y decidido 
al Gobierno para cualquier actitud suya de protesta por esa discriminación 
con que se le amenazaba, y con él, al país. El 15 de febrero de 1945, el Gobier¬ 
no declaró a Venezuela en estado de «beligerancia» —elegante eufemismo para 
no usar la palabra «guerra», cuando ésta ya estaba terminando con Alemania 
y Japón. Expedito quedó el camino para la concurrencia de Venezuela a unas 
Conferencias a las cuales se les asignaba entonces, en los ingenuos países de 
nuestra América ingenua, una desmedida importancia. En aquella oportuni¬ 
dad, como en tantas otras, el comando de AD demostró que era capaz de ac¬ 
tuar por encima de la discordia política doméstica, cuando así lo reclamara el 
supremo interés nacional (En El País, ediciones de la primera semana de fe¬ 
brero de 1945, y en Acción Democrática, núms. 149-150, 10-17 de febre¬ 
ro de 1945, quedaron los testimonios escritos de esa actitud. De las causas que 
la originaron, entre ellas las confidencias del Embajador Escalante, se hace por 
primera vez referencia pública). 


187 



La gran coyuntura naufragó 

EN EL MENUDO AJETREO ELECTORAL 

Era evidente que estaba planteada entonces una amenaza grave para Venezue¬ 
la y los demás países subdesarrollados, productores de petróleo: el de la com¬ 
petencia que iba a provocar en los mercados de consumo el mineral extraído 
a precio vil y en cantidades voluminosas, en el Irán y sus vecindades, cuando el 
Medio Oriente parecía avenido a su destino colonial y Mohamed Mossadegh 
era un proscrito del mundo oficial persa, rumiando sus entonces utópicos sue¬ 
ños nacionalistas «en una zona montañosa, entre Bagdad y el Mar de Caviar». 

Pero no había sólo partidas en el debe. Cartas de triunfo, de haber exis¬ 
tido voluntad de usarlas, se tenían en las manos: la agudizada, tremenda 
necesidad de combustible de los ejércitos movilizados y de las industrias bélicas, 
trabajando en las retaguardias; la discordia doméstica en los Estados Unidos 
entre la Administración y el cártel de los petróleos; las pugnas, entonces bien 
conocidas, entre las dos grandes potencias sajonas, a propósito del aceite mine¬ 
ral del Medio Este; los barruntos, ya perfilándose nítidamente, del control so¬ 
viético sobre el petróleo de la Europa central y de los zarpazos diplomáticos que 
lanzaba Moscú, a través de las abras caucásicas, sobre las reservas vecinas al Gol¬ 
fo Pérsico; y, por último, la actitud asumida por los gobiernos de los Estados 
Unidos e Inglaterra, los cuales pusieron oídos sordos a las protestas de la indus¬ 
tria privada e intervenían directa y agresivamente en los negocios de petróleo. 

Era aquélla una extraordinaria coyuntura para que se hiciera sentir el 
Gobierno del país que en la escala internacional del petróleo ocupaba el ran¬ 
go de tercer productor y de primer exportador. La hora intransferible para ob¬ 
tener que la nación venezolana fuese asociada efectivamente a la explotación 
del subsuelo, reclamando para sí no sólo participación justa en las ganancias 
extraídas de su petróleo, sino también injerencia en la elaboración y conduc¬ 
ción de los planes de trabajo de la industria. La hora para que el Estado vene¬ 
zolano, al igual de como lo estaban haciendo Inglaterra y los Estados Unidos 
en el Medio Oriente, diera pasos hacia la explotación directa de una porción 
apreciable de las reservas nacionales. La hora de que obtuvieran los trabajado¬ 
res venezolanos del petróleo similares ventajas en salarios y prestaciones sociales 
a las obtenidas por las uniones obreras de los Estados Unidos, que afrontando 
la acusación de antipatriotas formulada por los medios patronales, reclamaban 
y lograban en plena guerra niveles más altos de existencia. 

Ningún rastro ha quedado de que el régimen gobernante en Venezue¬ 
la para aquellos días, riesgosos y promisores al propio tiempo, demorara su 
interés sobre las posibilidades y peligros planteados entonces a la producción 
petrolera nacional. Ninguna declaración oficial, ninguna concreta gestión ad- 


188 



ministrativa, distinta del apresurado prorrateo de concesiones a inversionistas 
extranjeros, quedaron para la historia como signos de lucidez y previsión de 
estadistas de quienes regían la cosa pública. 

Menudos intereses de política aldeana parece que acaparaban la preo¬ 
cupación oficial. Mientras Venezuela y su petróleo estaban en las mentes y en 
los labios de Roosevelt, Churchill y Stalin, en Miraflores se desvelaban por¬ 
que en el Distrito Bolívar del Estado Zulia, zona eminentemente petrolera, 
había tomado Acción Democrática el control del Concejo Municipal. Hubo 
allí elecciones, en octubre de 1944. La policía, a la hora de contar los votos, 
echó de los locales electorales a los fiscales de la oposición. Fueron proclama¬ 
dos triunfadores los candidatos del Partido Democrático Venezolano, el par¬ 
tido oficial. Los obreros paralizaron la producción del aceite negro, y, 
amenazadores, se congregaron multitudinariamente en las calles de Cabimas 
y Lagunillas. Se vio obligado el Gobierno a admitir un nuevo recuento de los 
votos, en presencia de los fiscales de la oposición, y al sumarlos dieron limpia 
y abrumadora mayoría para la lista de Acción Democrática. Y ese aconteci¬ 
miento de la pérdida por el Gobierno de una escaramuza electoral, rutinaria 
en los países regidos democráticamente, produjo consternación a los jerarcas 
del régimen. El 4 de diciembre de 1944, el Presidente del Estado Zulia, señor 
Benito Roncajolo, escribía una larga carta al Presidente Medina Angarita. En 
ella exteriorizaba alarma por el triunfo oposicionista en la zona petrolera, «el 
cual representa una nube muy oscura en el horizonte», según palabras suyas. 
Añadía que un quídam estaba solicitando la nulidad de esas elecciones por 
ante la Corte Suprema. Y concluía un párrafo antológico y muy revelador de 
cómo dentro del régimen autocrático, semitotalitario, entonces en el Gobier¬ 
no, era el Poder Judicial simple apéndice dócil del Ejecutivo: «...y deseo decirle, 
además, que si usted lo tiene a bien puede trasmitirme confidencialmente los 
deseos de usted sobre el particular, esto es, si la Corte debe declarar la nulidad 
o rechazar la solicitud, para influir amistosamente en esta sentencia de carácter 
político con los leales e insospechables amigos de usted». El texto de la carta de 
Roncajolo al Presidente Medina fue publicado por el diario El País (Caracas, 
12 de noviembre de 1945). 

Esas elecciones del Estado Zulia, región de extraordinaria importancia 
por ser el principal asiento de la industria petrolera, pusieron en evidencia va¬ 
rios hechos políticos muy reveladores. El principal de ellos, la fuerza popular 
de AD. No obstante la coacción y el fraude y de haber lanzado candidaturas 
en sólo cuatro de los nueve distritos electorales, obtuvo 34% de los votos emi¬ 
tidos (4.322 sobre 13.482). El PDV alcanzó, con el respaldo franco de todos 
los recursos del poder, 54% (7.404 de los votos emitidos). Y el Partido 


189 



Comunista, que bajo el nombre de Unión Popular lanzó listas propias de 
candidatos, obtuvo un volumen de sufragios mínimo (556 votos, o sea 4% 
del total). En el Distrito Bolívar, de concentrada población de obreros petro¬ 
leros y donde el triunfo de AD fue por avalancha, la votación comunista resul¬ 
tó apenas perceptible: 202. El mito de la influencia de ese Partido dentro del 
proletariado venezolano salió desmantelado de esa prueba comicial (Véase 
Acción Democrática, núm. 142, del 16 de diciembre de 1944). 

Las elecciones de 1944, no obstante ser sólo para concejales y diputados 
a las asambleas legislativas, adquirieron una extraordinaria significación polí¬ 
tica. En Caracas, de manera especial, fue esa escaramuza de comicios coyuntu¬ 
ra para poner en evidencia cómo estaban llegando a su clímax los conflictos 
subterráneos entre pueblo y Gobierno. Las concentraciones públicas de Ac¬ 
ción Democrática congregaban millares de personas, de todas las capas socia¬ 
les. El Partido Comunista, en su función de brigada de choque del oficialismo, le 
dio a esa peripecia política una tónica de desmán verbal y violencia callejera. 
El desarrollo de tal contienda electoral, precursora de torrfientosos aconteci¬ 
mientos próximos a desatarse, lo ha registrado, con objetividad, el escritor nor¬ 
teamericano Austin F. MacDonald. 

Esa elección tuvo -escribe el profesor de Ciencias Políticas de la Universi¬ 
dad de California- una importancia desmedida en relación con los cargos 
en disputa. La actividad política adquirió proporciones hasta entonces desco¬ 
nocidas en Venezuela. El Partido Democrático Venezolano, oficial, compró ví¬ 
veres en las zonas agrícolas vecinas, para venderlos a bajo precio en las barriadas 
pobres. Aeroplanos fueron utilizados para distribuir, en forma espectacular, la 
literatura electoral. Los comunistas, quienes no se sentían con fuerza suficien¬ 
te para designar candidatos propios, apoyaron los escogidos por el Gobierno. 
Algunos de los más cercanos colaboradores de Medina le urgieron para que 
rechazara tan cuestionable alianza, pero fueron desoídos. A su vez, Acción 
Democrática realizó una vigorosa campaña contra el Gobierno y sus activida¬ 
des. Pero cuando los votos fueron contados, las fuerzas de Medina alcanzaron 
una confortable mayoría. Nadie pudo dudar que el Presidente nombraría suce¬ 
sor, sin más oposición que una muy limitada dentro del Congreso» ( Latín 
American Politics and Government, ob. cit., p. 422). 

En realidad, sólo una propensión casi obstinada a cerrarle a la oposi¬ 
ción las vías de acceso a los organismos del Estado, podía explicar tales aje¬ 
treos. Porque antes de realizarse esas elecciones, estaba descartada toda 
posibilidad de que sus resultados pudieran quebrantar la sólida mayoría que 


190 



en ambas Cámaras le fabricó al Presidente de la República su bien aceitada 
maquinaria política. Estaba ya sancionada la «reforma constitucional», otra 
consigna promisora flameada durante meses por el binomio político pedevis- 
ta-comunista. Resultó en los hechos tan menguada y cojitranca como la refor¬ 
ma petrolera. La magnífica dialéctica parlamentaria de Andrés Eloy Blanco, 
intérprete el más calificado dentro del Congreso de las tesis de nuestro Parti¬ 
do y del anhelo popular de mayoridad electoral, fracasó frente a la tozudez de 
quienes continuaban considerando a los venezolanos como menor-válidos, 
o como retrasados mentales. La elección de Presidente de la República si¬ 
guió siendo función del Congreso, y no del pueblo; el sistema electoral es¬ 
tatuido no fue el del sufragio universal, sino que el derecho a votar se reservó 
para la notoria minoría formada por los ciudadanos alfabetos, mayores de 21 
años; y se mantuvo la inmoral compatibilidad entre las funciones ejecutivas y 
legislativas, con lo cual pretendía garantizarse el régimen la docilidad ad ae- 
ternum de un Congreso de empleados públicos. Las dos únicas, mediocres 
conquistas alcanzadas fueron las del voto femenino en los comicios munici¬ 
pales y la elección directa de diputados. Pero las primeras consultas confor¬ 
me a esas nuevas pautas fueron previstas para fecha posterior a la designación 
del próximo Presidente de la República, con lo cual quedó descartada toda 
posibilidad de que el pueblo influyera en un hecho tan importante como la 
escogencia de quien habría de gobernarlo. 


Una versión tropical de güelfos y gibelinos: 

LOPECISTAS VERSUS MEDINISTAS 

Hacia mediados de 1945, la situación política de Venezuela aparecía cargada de 
electricidad. Realizaba febriles actividades la organización partidista nacida y 
alentada por directa gestión del Presidente de la República. A ese Partido De¬ 
mocrático Venezolano le endosó la urticante malalengua del caraqueño un apo¬ 
do: lo llamaban «el tranvía», porque toda la corriente se la suministraban desde 
lo alto... Y la animadversión lógica que despertaba en el pueblo un organismo 
partidario nacido en Palacio y alimentado liberalmente con dinero del fisco, re¬ 
basó los límites de lo tolerable cuando estrechó su alianza con el desprestigiado 
y versátil Partido Comunista. En la acera de enfrente del régimen, López Con- 
treras organizó sus propias huestes, y una pugna apenas disimulada entre las dos 
facciones en que se había escindido el régimen gobernante afloró a las colum¬ 
nas de la prensa, a los pasillos del Congreso, a los mentideros urbanos y a las 
tertulias de los cuarteles. 


191 



La noticia de que más allá de los espesos muros de los edificios milita¬ 
res se estaban realizando alineamientos de «lopecistas» frente a «medinistas», 
logró filtrarse hasta la calle. Y en la población civil comenzó a incubarse un 
ambiente de angustiosa expectativa. Detrás de esa desatada pugna entre los 
dos generales -en Jefe, el uno; de División, el otro- por el predominio guber¬ 
namental, la gente veía venir la guerra civil. La turbulenta historia contem¬ 
poránea enseñó a los venezolanos que los generales criollos no dirimían 
nunca sus divergencias de facciones en la plaza pública, utilizando Iqs méto¬ 
dos civilizados del debate doctrinario, sino a balazos; y no en combate singu¬ 
lar de los jefes, como en los tiempos de la andante caballería, sino desatando 
sangrientas luchas intestinas. 

En otra parte he escrito que por los intersticios de esa brecha abierta 
en la hasta entonces compacta arquitectura del gomecismo -vivo como régi¬ 
men, con variantes de fachada y 10 años después de la muerte del creador 
del sistema- se metió audazmente, con su haz de consignas y de palabras de 
orden sacudiendo el ambiente nacional, nuestro movimiento político. 

En favor de nuestras tesis de sufragio libre, probidad administrativa y 
nacionalismo económico, esgrimíamos para aquellos días impresionantes ar¬ 
gumentos, recién aportados por la vida internacional y ante multitudes sen¬ 
sibilizadas por las noticias que desde el exterior circulaban a través de la radio 
y de las agencias informativas. Se desarrollaban los agitados acontecimientos 
políticos de la posguerra y los pueblos estaban diciendo su palabra renovado¬ 
ra en todas partes, con votos o con balas. Winston Churchill y los tories eran 
desplazados del Gobierno británico por abrumadoras votaciones para las can¬ 
didaturas laboristas. En Francia y en Italia, las primeras elecciones después de 
la derrota del Eje eran ganadas por partidos de izquierda. En el Perú, la can¬ 
didatura civil de Bustamante Rivero triunfaba sobre la castrense del mariscal 
Ureta y en el Congreso dominaba una mayoría parlamentaria aprista. En 
Cuba, Grau San Martín y los auténticos derrotaban la coalición guberna¬ 
mental apoyada por Batista. En Guatemala, el dictador Ubico, y el general 
Ponce, su inmediato sucesor, eran echados violentamente del poder por una 
alianza de militares jóvenes y de fuerzas populares, y las ánforas arrojaban el 
nombre de un profesor de Universidad, Juan José Arévalo, para Presidente de 
la República. Los salvadoreños se habían sacudido a balazos a Hernández 
Martínez y a Osmín Aguirre. Aires de fronda estremecían al mundo y las pá- 
vidas diques reaccionarias, al igual que las autocracias gobernantes, sentían 
que les estaba faltando la tierra debajo de los pies. 


192 



Interrogantes populares a Acción Democrática 

En aquellos días y frente a una crisis nacional de tan graves contornos, la situa¬ 
ción de los dirigentes de Acción Democrática llegó a ser difícil, y hasta angus¬ 
tiosa. Apreciábamos en el diario y directo contacto con el pueblo, que éste se 
sentía dominado por dos impulsos, en cierta manera contrapuestos: el de la có¬ 
lera, ya no sorda sino vehemente y agresiva, por la forma desdeñosa con que lo 
ignoraban dos hombres erigidos por sí y ante sí en los dueños del destino de Ve¬ 
nezuela; y el del temeroso presentimiento de que era algo fatal, inevitable casi, 
la desembocadura en una contienda armada de esa rivalidad surgida entre am¬ 
bos herederos del concepto gomecista de que la nación para nada debía inter¬ 
venir cuando se trataba de escoger gobernantes. Habíamos sembrado en el 
pueblo fe en la democracia, confianza en sí mismo y en su fuerza inmensa. Y en 
la hora crítica que afrontaba Venezuela volvía los ojos a nosotros, como exigién¬ 
donos que le encontráramos a aquel impasse una salida racional y coincidente 
con su querer democrático. 

El comando de nuestro Partido respondió a ese clamor generalizado mul¬ 
tiplicando su labor de adoctrinamiento y organización, y enfilando sus baterías 
conjuntamente contra «medinismo» y «lopecismo». En el empeño de limpiar 
de cizaña el movimiento popular y de conquistarle aliados en otros sectores del 
país, rompimos abruptamente en el frente obrero la llamada «unidad» con los co¬ 
munistas, quienes siempre habían hecho del sindicalismo organizado herramien¬ 
ta inescrupulosamente esgrimida, como pieza de ajedrez, para su muy particular 
juego político. Se dieron pasos de acercamiento hacia factores sociales des¬ 
vinculados del régimen, entre ellos la Federación de Cámaras y Asociaciones de 
Comercio y Producción, recién creada por un grupo de animosos hombres 
de empresa y la cual se concitó de inmediato la ojeriza oficial, hostil a cuanto sig¬ 
nificara organización de fuerzas marginadas a la absorbente influencia del Ejecu¬ 
tivo. Pero en un país inerme, regido por un gobierno de presupuesto equilibrado 
gracias a la lotería del petróleo, que disfrutaba del aparente respaldo de un Ejérci¬ 
to poderoso y estaba decidido a negarle al ciudadano acceso a las urnas electora¬ 
les, resultaba ingenuidad esperar que la sola resistencia cívica del pueblo pudiera 
impedir a las camarillas oligárquicas rivales resolver a tiros el problema del poder. 

Las campañas nuestras, orales y escritas, iban dirigidas exclusivamen¬ 
te al pueblo. No teníamos vocación conspirativa y sí confianza plena en que, 
a la larga, una acción colectiva perseverante y organizada iba a imponer las 
conquistas democráticas reclamadas por la nación. Pero ya la voz de la calle 
había cruzado los tapiados muros de los cuarteles. Sin proponérnoslo y sin 
buscarlo, nuestra acción política y el descontento de las nuevas promociones 
militares, convergieron hacia el encuentro y el pacto. 


193 



Un médico endocrinólogo, agente de enlace 

DE LA CONSPIRACIÓN MILITAR 

La primera noticia del para nosotros insospechado descontento que las prác¬ 
ticas del régimen habían creado en la oficialidad joven del Ejército, nos llegó 
en forma sorpresiva, desconcertante. 

Un día de junio de 1945 se presentó a mi casa el doctor Edmundo Fer¬ 
nández. Éramos amigos desde los tiempos de la Universidad y hasta nos unió 
la camaradería deportiva cuando juntos jugábamos, allá por los años veinte, 
como delanteros de un equipo campeón de fútbol. La vida nos separó luego, 
rumbeando mis pasos hacia la acción pública y los suyos por los caminos de 
la actividad profesional. Como el personaje de Axel Munthe, el de la Histo¬ 
ria de San Michele, era médico de fama, especializado en una enfermedad 
de moda: los trastornos endocrinos. 

Edmundo Fernández disparó la sorpresiva noticia, sin preámbulo: un 
grupo de oficiales del Ejército, hostil a la situación imperante, deseaba entre¬ 
vistarse conmigo. La reacción mía ante la inesperada nueva no fue la del aven¬ 
turero político, sino la de quien calibraba su responsabilidad como conductor 
de un gran movimiento popular. Y será el propio Fernández quien diga en 
palabras suyas, cuál fue esa reacción: 

Rómulo se extrañó de momento ante el deseo manifestado por los militares, 
pues no tenía ningún contacto con las Fuerzas Armadas. Se mostraba escéptico 
y desconfiado, y mis argumentos no parecían convencerlo. 

Pensaba de buena fe que en el fondo de toda intentona militar se oculta¬ 
ba alguna intención fascista y que su Partido, que siempre se había conserva¬ 
do fiel al pueblo, podía ser tomado para ocultar antidemocráticas ideas, como 
podían ser las de un Gobierno manejado por bayonetas 4 . 

La noticia no era para guardarla. Ni era concebible la reserva, dentro 
del concepto de trabajo por equipo y de absoluta lealtad mutua que ha nor¬ 
mado siempre la conducta de los dirigentes de Acción Democrática. Una 
hora después de esa entrevista mía con Fernández ya estábamos reunidos los 


4 Ana Mercedes Pérez, La verdad inédita (Historia de la Revolución de octubre revelada 
por sus dirigentes militares), Editorial Artes Gráficas, Caracas, 1947, p. 126. Este libro fue 
editado un año después del derrocamiento del Presidente Medina. Los diarios de Caracas pu¬ 
blicaron una foto del «bautizo» de esa obra. El coronel Pérez Jiménez y un numeroso grupo de 
militares figuraban, junto conmigo, en esa fotografía. Ni entonces, ni posteriormente, han rec¬ 
tificado los actores castrenses de ese movimiento las declaraciones que habían formulado a la 
periodista y que fueron recogidas en las páginas de su libro. 


194 



miembros del comando del Partido, deliberando acerca de la inesperada 
nueva. Acordamos, después de amplio y esclarecedor debate, que se escu¬ 
chara a los militares y que fuéramos cautelosos en los compromisos por 
adquirir. La dirección del Partido, ante mi deseo de concurrir a ese primer 
encuentro acompañado de otro miembro de nuestro comando, designó 
a Raúl Leoni, hombre respetado y querido por toda la organización, para 
que asistiera también a esa entrevista inicial. Se realizó en la noche del 6 
de julio. Los detalles de esa reunión, que tanta importancia iba a tener en 
el futuro inmediato del país son relatados por el teniente coronel Carlos 
Morales. Escuchémoslo: 

¿Cómo y dónde se celebró dicha entrevista? En el hogar del doctor Edmundo 
Fernández. La cita era para las 11 de la noche del día señalado y a las 9 p.m. 
nos reunimos en el Parque Carabobo, tomando el automóvil del teniente 
Horacio López Conde (...) Entre todos surgió la pregunta, síntesis de nues¬ 
tro éxito o de nuestro fracaso: ¿en qué forma podríamos abordar a Betancourt 
para ganarlo a nuestra causa? (...) A la hora concertada llegamos a la casa del 
doctor Edmundo Fernández el mayor Marcos Pérez Jiménez, los tenientes 
Martín Márquez Áñez, Francisco A. Gutiérrez, Horacio López Conde y yo. 
El doctor Fernández, que aguardaba a la entrada, nos introdujo a un peque¬ 
ño salón, donde ya estaban esperándonos dos civiles (...) ¿Cuál de los dos era 
Betancourt? Las presentaciones de rigor se sucedieron: Rómulo Betancourt y 
Raúl Leoni {La verdad inédita, ob. cit., p. 50). 

La vóz cantante en el grupo militar, por su más alto rango en el escala¬ 
fón castrense, la llevó el entonces mayor Marcos Pérez Jiménez, en aquel mo¬ 
mento un oficial subalterno en el antiguo Ministerio de Guerra y Marina, y 
en la actualidad usurpador del poder. 

Lo observaba, escrutadoramente, mientras hablaba. En traje de civil, 
con los gruesos anteojos de carey, el gagueo prolijo, ese no saber qué hacer 
con las manos mientras balanceaba las cortas piernas, daba una impresión na¬ 
da marcial. Parecía un tenedor de libros, de provincia adentro. De un primer 
* vistazo se le descubría persona tímida y discursiva, fértil en palabra más que 
en ideas, perdida en la selva oscura de las vaguedades. «Un hombre que se en¬ 
reda en la manea», como hubiera diagnosticado un llanero zamarro. Todo ese 
prolijo discurso terminó desembocando en dos ideas concretas: la oficialidad 
joven del ejército repudiaba por igual a López y a Medina, y estaba dispuesta 
a dar un golpe de Estado. «Y usted, señor Betancourt, es la persona que cree¬ 
mos debe encargarse del Gobierno», fue la frase final de la profusa perorata. 


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La respuesta mía fue simple y fácil: Leoni y yo éramos allí los represen¬ 
tantes de una colectividad política, y no podíamos ir más allá del taxativo al¬ 
cance que se fijó por la dirección del Partido a la misión que se nos confiara: 
la de escucharlos con interés, como integrantes de un sector de la colectividad 
venezolana. Fernández dijo, recordando seguramente esa escena y refiriéndo¬ 
se a los dirigentes de Acción Democrática que nos entrevistamos con los ofi¬ 
ciales conspiradores: 

Recuerdo siempre estas palabras repetidas en diversas ocasiones: no nos per¬ 
tenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro Partido {La verdad inédita, 
ob. cit., p. 127). Y el para entonces mayor Carlos Morales, refiriéndose espe¬ 
cíficamente a ese primer contacto con nosotros, expresó: «Betancourt ofreció 
consultar con sus compañeros de Partido y luego nos daría el resultado en otra 
reunión» {La verdad inédita, ob. cit., p. 52). 

Roto el hielo -después de apagarse los ecos de la vagarosa oración pe- 
rezjimeniana- conocimos detalles más concretos y precisos. Otros de los asis¬ 
tentes nos pintaron el cuadro de un Ejército donde no se habían realizado ni 
siquiera las modificaciones superficiales introducidas en la Administración ci¬ 
vil, a partir de 1936. Los métodos arbitrarios de los días de Gómez para la 
conducción de las Fuerzas Armadas y la selección de Jefes y Oficiales, seguían 
vivos y actuantes. Y en cuanto a las finalidades mismas de la organización for¬ 
mada por los oficiales jóvenes del Ejército, con el nombre de «Unión Patrió¬ 
tica Militar», estaban definidas en el acta constitutiva por ellos suscrita. Allí 
se declaraban convencidos de que «era ya hora de acabar para siempre con la 
incompetencia, el peculado y la mala fe que presiden los actos de nuestros 
gobiernos»; invocaban «la responsabilidad histórica que reclama el momen¬ 
to, a las juventudes del mundo», y hacían profesión de fe democrática 

declarando enfáticamente que no defendían intereses personales ni de clase y 
que propiciaban la formación de un Gobierno que tenga por base el voto 
universal y directo de la ciudadanía venezolana, una reforma de la Constitu¬ 
ción que sea asimismo expresión de la voluntad nacional y la creación de un 
Ejército verdaderamente profesional» {La verdad inédita, ob. cit., p. 132). 

La historia, que no es un sucederse de reposadas estampas de sabor pu¬ 
ritano, sino un áspero juego de acciones y reacciones, es pródiga en situacio¬ 
nes tan complejas como la que hubimos de confrontar los dirigentes de 
Acción Democrática. Teníamos firmes convicciones civilistas y rechazábamos 


196 



por arraigadas normas doctrinarias toda clase de intervención del Ejército 
en la vida política del país. Pero el desarrollo dinámico de nuestra propia ac¬ 
ción agitativa de consignas apasionadamente sentidas por el pueblo nos con¬ 
dujo al contacto con un numeroso grupo militar, contacto que ya se ha visto 
fue por ellos solicitado y por nosotros recibido con sorpresa, porque nunca 
pudimos imaginar que fuese tan débil el arraigo en las fuerzas armadas de un 
régimen jefaturado por Generales-Presidentes. 

Nos hubiéramos revelado mediocres conductores políticos de haber 
atrancado presurosamente las puertas de nuestra Casa Central cuando toca¬ 
ron a ella oficiales de todas las armas, a repetir lo que a diario martillaban 
nuestras voces en la plaza pública: que era ya incompatible con la dignidad de 
la nación la persistencia de un régimen personalista usurpador de la sobera¬ 
nía popular, empecinado en negarle a los venezolanos el derecho de escoger a 
sus gobernantes en libres comicios. 

Sucesivas entrevistas con grupos militares nos llevaron a la conclusión 
de que había hombres de vocación democrática, convencidos de que el Ejér¬ 
cito no debía ser fuerza deliberante y de la solución del sufragio libre, como 
única fórmula racional para efectuar cambios de Gobierno. Otros se nos reve¬ 
laron desde el primer momento como ambiciosos desorbitados. Pero unos y 
otros nos produjeron la impresión muy clara de que estaban dispuestos a ir a 
la acción violenta, con o sin nosotros, porque además de los factores de orden 
general que influían sobre su decisión, ésta encontraba fuertes asideros en la 
forma como se comportaba el régimen frente a las Fuerzas Armadas. 

En alguna de esas nocturnas entrevistas hasta el amanecer estaba con¬ 
migo Gonzalo^Barrios, otro destacado dirigente de AD. Esa noche estable¬ 
cimos contacto por primera vez con el capitán Mario Ricardo Vargas, quien 
había sido uno de los más activos organizadores de la conspiración militar. 

Mario Vargas nos impresionó profundamente. La palidez enfermiza, 
secuela de la implacable dolencia pulmonar que lo mató 4 años después, ca¬ 
si no se le veía: el rostro se lo llenaba todo el fanático fulgor de la mirada, tan 
característico en quienes están quemados interiormente por la ambición de 
la gloria. Y como tenía en sus manos los hilos de la conspiración, llegó a esa 
primera reunión con nosotros apertrechado de listas con los nombres de los 
centenares de oficiales, ubicados en puestos clave, comprometidos en la ya 
vasta conjura. 

No sólo el capitán Vargas nos inspiró confianza. En esas conversacio¬ 
nes esclarecedoras, prolongadas por largas horas, fuimos descubriendo jun¬ 
to con el perfil aventurero de unos, la convicción de otros de que era 
necesario romper la viciosa tradición militarista de los Generales-Presidentes 


197 



elegidos por Congresos en los cuales no intervenía el pueblo, para que la na¬ 
ción escogiera en comicios democráticos a un Gobierno de fisonomía civil. 
Y estos últimos con sinceridad y los primeros rumiando su secreto descon¬ 
tento, es lo cierto que todo el grupo militar admitió nuestra tesis, sostenida 
con segura firmeza, de que AD era un partido popular y revolucionario, con 
vocación y voluntad de Gobierno, y no un club de teorizantes anémicos; y 
de que no formaríamos parte de ningún orden de cosas en calidad de pa¬ 
rientes pobres, introducidos de contrabando al Palacio de Miradores por la 
puerta del servicio doméstico, sino que aspirábamos a tomar el control de 
los instrumentos políticos y administrativos requeridos para la celebración 
de unas elecciones libres y para iniciar un programa de audaces reformas 
sociales. En otras palabras: que en manos nuestras debían estar las palancas de 
comando del Gobierno defacto, si a la formula extrema del golpe de Esta¬ 
do se llegaba, mientras la nación manifestara en unas elecciones generales su 
soberana e inapelable voluntad. 


La solución Escalante, salida pacífica 

DE LA CRISIS NACIONAL 

Esa expresión condicionada: «si a la fórmula extrema del golpe de Estado se 
llegaba», refleja bien nuestro estado de ánimo para aquellos días. Hasta la úl¬ 
tima hora quisimos evitar el vuelco violento en la situación del país. Nos em¬ 
peñamos -desde luego que con mayor audacia y más agresivamente, por 
saber ya bien lo que se agitaba en el subsuelo de la aparente lealtad al régimen 
de las Fuerzas Armadas- en lograr una solución electoral a la crisis política. 
Y no era propiamente por rendirle pleitesía a las fórmulas evolutivas de los fa- 
bianos, ni porque tuviéramos sagrado horror a la violencia revolucionaria. Sa¬ 
bíamos que ella ha sido partera eficaz en grandes hechos históricos. En nuestro 
caso privaba, por sobre cualquier otra consideración, la lúcida idea que tenía¬ 
mos de que nuestro ascenso al Gobierno era inevitable, por gravitación natural, 
si al pueblo se le daba oportunidad de votar. 

Este razonamiento nos condujo a la conclusión, de la cual hicimos co¬ 
partícipes a los jefes de la Unión Patriótica Militar, de que debíamos esforzar¬ 
nos en convencer al doctor Diógenes Escalante, hombre del régimen pero de 
criterio político moderno y de sensibilidad democrática, para que aceptara la 
candidatura presidencial. En misión de entrevistarnos con Escalante, para en¬ 
tonces Embajador de Venezuela ante la Casa Blanca, viajamos a los Estados 
Unidos Raúl Leoni y yo. Hicimos ese viaje sin acuerdo previo, ni contacto de 
ninguna clase, con el Gobierno del Presidente Medina. 


198 



En una caliginosa tarde de verano washingtoniano, sentados sobre 
las maletas sin abrir en el lobby del Hotel Statler, le pintamos con dramᬠ
ticos colores la situación de Venezuela. Con franqueza le dijimos que si no 
surgía en los elencos del oficialismo un presidenciable dispuesto a impul¬ 
sar una reforma de la Constitución pautando el sistema de sufragio direc¬ 
to, universal y secreto para la elección de los personeros del poder público, 
resultaba inevitable el estallido de una insurrección cívico-militar. Escalan¬ 
te, antes de anunciarnos su asentimiento y el compromiso que adquiría de 
propiciar una reforma democratizadora de la Carta Política y una tónica de 
honradez en la Administración, nos miró, en silencio, por largos minutos, 
10, 20 tal vez. Era la suya una impresionante mirada de hombre con el sis¬ 
tema nervioso ya quebrado, por causa que no pudimos conocer cabalmen¬ 
te sino dos meses después, cuando debió retirarse de la liza política, víctima 
de un colapso cerebral. 

Esta no es una explicación a posteriori y acomodaticia, como pudie¬ 
ra imaginar algún suspicaz. Es la misma que se formuló ante la Asamblea 
Nacional Constituyente, el 20 de enero de 1947, en Mensaje presentado por 
mí como Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Después de 
hacer referencia a la búsqueda de contacto de los militares con el Partido, se 
dijo en ese documento público: 

Y como estas páginas se escriben para esclarecer un trozo de historia venezo¬ 
lana, será necesario detenerse en este punto para recordar la actitud asumida, 
ante el reclamo de cooperación que le solicitó la Unión Patriótica Militar, por los 
dirigentes de esa agrupación política... Como toda colectividad políticamen- 
te organizada y con vocación de poder, Acción Democrática deseaba gober¬ 
nar. Sus hombres y mujeres no eran iconoclastas de inclinaciones anárquicas, 
sólo empeñados en destruir lo que consideraban perjudicial a Venezuela. 
Querían contribuir, con manos y espíritu, a la edificación de un orden nuevo, 
basamentado en la democracia efectiva, en el nacionalismo económico y en la 
justicia social. Por tales circunstancias, resultaba particularmente tentadora 
para ellos la proposición formulada por la Unión Patriótica Militar, después 
de demostrar con datos verídicos y convincentes que en sus manos estaba el 
control de las palancas decisivas de comando de las fuerzas armadas de tierra, 
mar y aire... Sin embargo, no revelaron los dirigentes de Acción Democráti¬ 
ca inclinación al aventurerismo político, ni desenfrenada sed de mando. En 
cordial discusión con la oficialidad coaligada en sus patrióticos fines, se llegó 
a la unánime conclusión de que debía buscarse una salida evolutiva a la situa¬ 
ción existente. Fue entonces cuando parlamentaron dirigentes de ese Partido 


199 



con el doctor Diógenes Escalante, para entonces Embajador de Venezuela en 
Washington, prometiéndole no combatir su candidatura si le daba a la nación 
prendas concretas en fianza de su promesa de garantizar la libertad del sufra¬ 
gio, honradez en el manejo de la hacienda pública y renovación moderniza¬ 
do ra de las instituciones nacionales, entre ellas el Ejército de la República 
(Trayectoria democrática de una revolución. Imprenta Nacional, Cara¬ 
cas, 1948, p. 324. Recopilación de documentos del Gobierno Provisional). 


La «candidatura nacional», Biaggini y otros etcéteras 

Descartada la candidatura Escalante, la dirección de AD planteó una fórmula 
nueva: la de propiciar el ascenso a la Presidencia de la República de un ciu¬ 
dadano sin militancia partidista, que convocara a elecciones generales en el 
plazo perentorio de un año. Realizadas determinadas reformas constitucionales 
era perfectamente viable esa fórmula dentro de la juridicidad que a la medida 
de sus necesidades se había fabricado el régimen. 

Esa solución conciliadora le fue propuesta personalmente por Rómulo 
Gallegos a Medina Angarita. En un discurso pronunciado en México, el 13 
de septiembre de 1949, recordó esa gestión fallida el ex Presidente exilado. 

Se sabe que ya para entonces -dijo Gallegos- existía el entendimiento con los 
militares conspiradores, pero sin traicionar la confianza de éstos hicimos el úl¬ 
timo esfuerzo posible para evitarle al país una conmoción perturbadora de su 
normalidad e incluso para darle al Presidente Medina una oportunidad de pa¬ 
sar honrosamente a la historia, pues conforme a mi proposición, la iniciativa 
debía aparecer suya. Se nos respondió destempladamente y ya no pudimos 
evitar el golpe de octubre 5 . 

Lo cierto era que Medina Angarita, fiel a la tradición autocrática, no 
quería aceptar solución diferente a la de escoger su sucesor e imponérselo al 
país. Y para seleccionarlo en adecuado ambiente, el Presidente se retiró 


5 Este planteamiento de AD al Presidente Medina lo historia y comenta el profesor estadouniden¬ 
se Austin F. MacDonald, en su obra, ya citada varias veces, Latín American Politcs and 
Government. Refiriéndose a esa gestión conciliatoria de los dirigentes de AD, dice ese publi¬ 
cista (p. 424): «Finalmente, ellos se acercaron al Presidente con la proposición de que todos los 
Partidos unidos escogieran un candidato neutral, quien aceptaría el cargo en el bien entendi¬ 
do de que iba a gobernar por sólo un año. Durante ese año, una nueva Constitución debía ser 
redactada, estableciendo la elección de Presidente por el pueblo. La nueva Constitución debe¬ 
ría comenzar a regir de inmediato, y el pueblo no tendría que esperar cinco años, o aún más, 
para tener oportunidad de elegir él mismo al Jefe del Poder Ejecutivo». 


200 



al monte Sinaí -en este caso la residencia campestre de El Junquito- de donde 
regresó en los primeros días de septiembre de 1945 con las nuevas Tablas 
de la Ley. El 12 de ese mismo mes, un vocero de Palacio dijo escuetamente a 
los periodistas: Papam Habemus. La paloma paráclita se había posado so¬ 
bre la cabeza del doctor Ángel Biaggini, en ese momento Ministro de Agri¬ 
cultura, personaje sin relieve nacional y que por faltarle asideros en la 
opinión pública y fuerzas políticas propias hubiera sido como gobernante un 
simple testaferro de su predecesor. 

Observadores extranjeros de nuestra realidad, insospechables de parcia- 
lización o apasionamiento, coinciden en apreciar de igual manera tal selección. 
«El nuevo candidato fue una figura descolorida, conocida principalmente por 
su fidelidad cuando ejercía anteriores cargos secundarios. Como Presidente 
hubiera sido ciertamente un simple instrumento de Medina», escribe Austin 
F. MacDonald, en un libro que ya hemos citado ( Latín American Politics 
and Government, p. 142). Otro escritor estadounidense, extraño también 
a las luchas políticas venezolanas y sin posiciones preconcebidas con respecto 
a hombres y acontecimientos, expresa opinión semejante. Se trata del conoci¬ 
do comentarista sobre temas de política internacional Donald Marquand 
Dozer, quien dice: 

Como la Constitución de Venezuela prohibía la inmediata reelección del Pre¬ 
sidente, Medina seleccionó como su sucesor al casi desconocido ministro de 
Agricultura, Ángel Biaggini. Eso se interpretó como evidencia de una políti¬ 
ca continuista de Medina, la cual violaba el espíritu de la Constitución, y fue 
como un reto a la oposición. Los derechistas respondieron de inmediato lan¬ 
zando la candidatura del ex Presidente López Contreras, quien para la mente 
popular estaba identificado estrechamente con los remanentes del odiado ré¬ 
gimen dictatorial de Juan Vicente Gómez ( Roots of Revolution in Latín 
America, en Foreign Affairs, enero 1949, p. 280). 

Estas citas tienen utilidad en cuanto servirán como puntos de referen¬ 
cia para la opinión extranjera. La venezolana no las necesita, porque en la me¬ 
moria de todos está el recuerdo de la oposición clamorosa que surgió en el 
ámbito nacional ante el anuncio de esa candidatura. Y ella vino a dar impulso 
a la agitación lópez-contrerista en la calle y a acelerar los planes conspirativos 
de sus generales y coroneles incrustados en el ejército 6 . 

6 Existe bastante similitud entre la situación que confrontaba el Gobierno de Medina Angarita 
en vísperas de su derrocamiento y la que vivió el régimen de Joaquín Crespo, allá por el 97. Lo 
que con respecto a Crespo y su último período de Gobierno escribió Key-Ayala puede repetirse, 


201 



En los propios rangos oficiales se respiraba la enrarecida atmósfera de la 
gente que perdió la brújula en una encrucijada. Y fue para mí revelación ine¬ 
quívoca de ese sentimiento de derrota del grupo «medinista» la angustiada y es¬ 
pontánea apreciación que me hiciera en aquellos días el doctor Arturo Uslar 
Pietri, secretario del Presidente, hombre de toda su confianza, y conceptuado 
como militante adversador de Acción Democrática, todo lo cual confería sin¬ 
gular significado a sus palabras: «.. .la situación política es alarmante, afirmó el 
secretario. Biaggini no duraría en el gobierno. Lo “tumbarían los sargentos”». 

Interesante resulta una versión desde dentro del desconcierto que 
reinaba en los círculos del «medinismo», y de la cual la frase de Uslar Pie¬ 
tri resultaba tan sintomática. Esa versión la ha esbozado el doctor Mario 
Briceño-lragorry, quien era destacada figura del PDV y amigo de la confianza 
del Presidente Medina. En un folleto suyo, escrito en el exilio, dice: 

La suerte había sido echada con dados falsos. En medio de la gran crisis ocurri¬ 
da en el Movimiento pedevista, al surgir las aspiraciones del grupo que quería 
el regreso del lopecismo, considerado por muchos como un disimulado conti¬ 
nuismo, Medina hubo de luchar con un mundo de pasiones que no pudo 

equilibrar. Como si se hubiere tratado de una herencia, los aspirantes menú- 

% 

dearon y mantuvieron la tesis del «gran elector», en espera de recibir el óleo de 
la recomendación. Aun fuerzas familiares se movieron en torno a quien más 
que tachirense era visto como venezolano integral, para hacer que la voluntad 
del Presidente se inclinara a favor de un nativo del Táchira (Mario Briceño-lra¬ 
gorry, Sentido y vigencia del 30 de noviembre. Madrid, 1953, p. 29). 

Muy distinto de lo que en realidad sucedía en el interior del anarquiza¬ 
do gobierno era lo que afloraba en los optimistas discursos y en los documen¬ 
tos oficiales del Partido gubernamental. Y una nueva prueba de esa duplicidad 
de actitud la tuvimos cuando la dirección de Acción Democrática le dirigió una 
carta pública a todas las organizaciones políticas, defendiendo y explicando en 
ella su tesis de la «candidatura nacional». 


palabras más o palabras menos, referido al de Medina Angarita, porque es sorprendente el pa¬ 
recido entre ambos momentos de la historia política del país. «Crespo -ha escrito Key-Ayala-, 
se había hecho del todo impopular; mas, todo no era odio hacia su persona. Había la aspira¬ 
ción a las prácticas civiles que prometió la revolución legalista y que el Gobierno de Crespo ha¬ 
bía burlado. La opinión no se satisfacía con la libertad relativa de la prensa, ni con el 
vacio de las cárceles públicas. Pedía honradez en el manejo de los intereses públicos; 
pedía honradez en las elecciones. Se alzaba contra la comedia que iba a remataren 
la imposición del candidato oficial (citado por Eduardo Carreño. Vida anecdótica de 
venezolanos, Ministerio de Educación Nacional, Caracas, 1952, 3 a ed., p. 175). 


202 



En ese documento -publicado en la prensa el 14 de octubre- enjui¬ 
ciábamos serena, pero enérgicamente, la situación de Venezuela. Utilizando 
las recientes experiencias de elecciones libres en Guatemala, Cuba y Perú 
-que habían resultado de procesos revolucionarios, o permitido la derrota 
de candidaturas respaldadas por gobiernos militares u oligárquicos- pedía¬ 
mos solamente que se diese al pueblo oportunidad de elegir. Y al anunciar 
que difundiríamos profusamente ese documento, lo rematábamos con frases 
cargadas de reveladores presagios. 

Así quedará-eran las palabras finales de esa declaración- a salvo nuestra res¬ 
ponsabilidad ante la historia, y mañana no podrán imputarnos las generacio¬ 
nes venezolanas del porvenir haber omitido nuestra palabra conciliadora y 
animada de patriótica preocupación para evitarle al país las soluciones de vio¬ 
lencia en una de las más dramáticas crisis políticas que recuerde la República. 

El Partido Democrático Venezolano nos contestó de inmediato, en un to¬ 
no de plácida y arrogante confianza. Se extrañaba de nuestras alarmadas aprecia¬ 
ciones sobre la temperatura de fiebre que acusaba el país. «Lo único que ocurre 
-añadían- y a Dios gracias que está ocurriendo, es que por los medios constitu¬ 
cionales existentes se va a elegir el primer funcionario del escalafón administra¬ 
tivo». Admitían al desgaire la impopularidad de Biaggini: «puede que nuestro 
candidato no guste», pero ello no parecía ser obstáculo para que se lo impusie¬ 
ran a Venezuela. Nada había tampoco de extraordinario en el hecho de que un 
pueblo consciente de su mayoridad política e informado de cómo funciona¬ 
ba en otros países el sistema representativo, fuera marginado de toda inter¬ 
vención en la escogencia de sus gobernantes. Era insólita para los dirigentes 
pedevistas «la premura y la impaciencia con que nosotros deseábamos por me¬ 
dio de un golpe de Estado pacífico (subrayado R.B.) cambiar dicho sistema». 

Una vez más se confirmaba aquello de que «Dios ciega a quien quiere 
perder». La frase providencialista ha tenido más de una vez justificación dia¬ 
léctica en la historia. Ya la tuvo en Venezuela, cuando al día siguiente de pu¬ 
blicarse ese documento, los alarmados ante la posibilidad de un «golpe de 
Estado pacífico» eran derrocados por un golpe de Estado violento. 


VÍSPERAS INSURRECCIONALES 

Estaban cerradas todas las vías de evolución sin saltos. No quedaba para Ve¬ 
nezuela democrática sino una salida: el hecho de fuerza. Y había que apresu¬ 
rarse a trajinar el azaroso camino, porque el general López Contreras también 


203 



aceleraba sus propios planes golpistas. El país supo a qué atenerse, a ese res¬ 
pecto, cuando le escuchó pronunciarse, en discurso del día 14 de octubre, 
contra «la amenaza de retroceso institucional que se cernía sobre la Patria»; y 
añadir, sibilinamente, amenazadoramente, que en su casa tenía el uniforme 
de general en jefe, «y no colgado de una percha». 

Los contactos entre Unión Patriótica Militar y Acción Democrática se 
hicieron cotidianos. El doctor Luis Beltrán Prieto, en su Librería Magisterio, 
era el receptor de los mensajes venidos de los cuarteles. Los portadores de 
ellos debían identificarse adquiriendo un ejemplar del libro China en ar¬ 
mas. Y era tanta la demanda de ejemplares en aquellos momentos de febril 
ajetreo conspirativo, que cierto día me llamó Prieto por teléfono: 

«—O saltamos la talanquera, o escogemos otro título -me dijo-. Aquí 
ya no queda ni una copia del libro aquel... ». 

Y el 16 de octubre se realizó la última, decisiva reunión en la cual se 
acordó tomar la iniciativa insurreccional. Así explica el capitán Horacio Ló¬ 
pez Conde los detalles de ese encuentro: y 

Pero el 16 de octubre tuvimos una muy interesante reunión en la casa de la 
madre de Delgado Chalbaud, en el Paraíso. A dicha reunión asistieron los ofi¬ 
ciales siguientes: el mayor Delgado Chalbaud, el capitán Mario Vargas y los 
tenientes Edito Ramírez, Francisco Gutiérrez y yo. Aquella noche se planteó 
el tema: «estábamos descubiertos». En vista de eso salí a buscar apresurada¬ 
mente a Rómulo Betancourt, a quien encontré a las 9 de la noche en el Con¬ 
cejo Municipal. A esa hora lo llevé a nuestra reunión... Rómulo se había 
opuesto desde un principio a la idea de «revolución», pues tenía la creencia de 
que «los golpes de Estado despiertan rencillas y futuras sublevaciones». Pero 
aquella noche estábamos decididos a todo y la urgencia de un cambio se im¬ 
ponía de cualquiera manera. Ante la peligrosa noticia que se tremolaba como 
bandera en nuestro Congresillo, nos dijo: «no queda más remedio sino dar el 
golpe en esta misma semana» (La verdad inédita, ob. cit., p. 146). 

La suerte estaba echada. Y comenzamos a cumplir con parte de nuestros 
compromisos. En la noche del 17 de octubre convocó Acción Democrática 
una reunión pública, en el Nuevo Circo de Caracas. Millares de personas col¬ 
maron el más vasto local de la capital de la República. El ambiente estaba cal¬ 
deado, denso de presentimientos. Rómulo Gallegos pronunció el discurso 
inicial, claro, enérgico, reafirmativo de consignas democráticas. Y a mí me co¬ 
rrespondió clausurar la electrizada asamblea y resumir las intervenciones. Nun¬ 
ca igual que en esa noche, he sentido cómo el orador que no hace frases sino 


204 



interpreta estados de ánimo colectivo, sirve de instrumento para exteriorizar 
sentimientos y voliciones surgidos de la multitud. Hablé por más de una hora 
y cuando mi mujer, quien no había asistido al mitin por enfermedad y com¬ 
partía conmigo la intensidad de aquellos momentos, me preguntó qué había 
dicho, me di cuenta de que no lo recordaba. 

Hablé, seguramente, en forma demasiado clara, anunciando cuanto 
habría de suceder, porque al salir del mitin oí a un hombre del pueblo decir, 
con ese lento diapasón de sílabas arrastradas que utiliza nuestra gente cuando 
quiere ser sentenciosa: «.. .esto se compuso. Me está oliendo a pólvora». 

También debió olerle al mismo explosivo material al general Medina 
Angarita. Porque sobre su escritorio apareció luego, subrayado con lápiz rojo, 
el resumen de ese discurso publicado por El País el 18 de octubre, fecha en 
que estalló la insurrección de ejército y pueblo. 

En ese discurso, al hacer referencia a las objeciones que se formularon a 
nuestra tesis de la «candidatura nacional», se señaló muy claramente la posibi¬ 
lidad de que tuviera salida violenta el impasse nacional. Este párrafo de ese dis¬ 
curso no se prestaba a dudas: 

Otros argumentos son menos infantiles. Se plantea que nuestra proposición 
significa un golpe de Estado pacífico. Nosotros admitimos que aspiramos a un 
golpe de Estado pacífico, es decir, que procuramos encontrarle una salida evo¬ 
lutiva a la compleja situación política del país. Pero esta aspiración evolutiva se 
frustrará si quienes gobiernan continúan en su actitud de insólito desdén a la 
opinión (El País, de Caracas, edición del 6 de enero de 1946, publicó el texto 
taquigráfic 9 completo de esa intervención). 

Una revolución transformada en gobierno 

36 HORAS DESPUÉS DE ESTALLAR 

Los tiros comenzaron al promediar la mañana del 18 de octubre. El Presi¬ 
dente Medina, conocedor de nombres y detalles del plan conspirativo por 
una delación de última hora, había ordenado en la madrugada de ese día, 
medidas de emergencia: detenciones de oficiales, acuartelamiento general, 
preparación de las tropas para combatir. Pero ya era tarde: la insurrección es¬ 
taba en marcha. Comenzó en la Escuela Militar, que fue dominada por los su¬ 
blevados sin disparar un tiro, dirigidos por la imperturbable serenidad de 
Mario Vargas. Allí se instaló el comando militar del movimiento. Cayó luego 
el cuartel de Miraflores en manos de oficiales insurgentes. La ciudad, tranqui¬ 
la, no sospechaba lo que había comenzado a suceder. La primera noticia de que 
algo extraordinario estaba sucediendo la tuvo cuando detrás de las paredes del 


205 



Cuartel San Carlos -testigo de muchas peripecias del mismo carácter— comen¬ 
zó el fuego nutrido de fusiles y ametralladoras. Casi cuerpo a cuerpo pelearon 
allí los revolucionarios y los defensores del régimen, al frente de sus respectivas 
tropas, en una de las acciones de armas más sangrientas de aquel día. 

Nosotros, en la calle, cumplíamos lo que era nuestra tarea: suministrar 
grupos de militantes del partido a los cuarteles, para que se terciaran el fusil 
del voluntario; explicarle a la opinión pública el sentido y el alcance de la in¬ 
surrección y movilizar las reservas de lucha de la Venezuela irredenta para que 
contribuyera a echar por tierra a un régimen anacrónico, que negaba al pue¬ 
blo la libertad del sufragio y manejaba a la nación como pertenencia privada 
de una camarilla personalista. 

La acción de armas fue vertiginosa. Detallar sus incidencias escapa a 
las posibilidades de esta síntesis. Baste decir que se peleó por ambos bandos 
con esa alardosa despreocupación ante el riesgo en el combate que le viene al 
venezolano de sus tradiciones guerreras. La sangre de más de 400 militares y 
civiles se vertió en la fulminante contienda. Pero 36 horas después de iniciada, 
ya se organizaba en el Palacio de Miradores la Junta Revolucionaria de Gobierno. 

Tan rápido fue el desmoronamiento del Gobierno, que la acción popu¬ 
lar no pudo hacerse sentir en la magnitud y proporción que previmos. Sólo 
en escaramuzas aisladas dentro de la ciudad de Caracas y en las colinas de la 
Escuela Militar, los miembros de AD se batieron al lado de los militares. De 
ahí resultó, como ya había sucedido al MNR en Bolivia, cuando su primera ex¬ 
periencia de Gobierno en 1944, que no fuera a impulsos de una arrolladora 
marea de pueblo armado como llegáramos al poder. El Gobierno de fado 
nació de un golpe de Estado típico y no de una bravia insurgencia popular. 
Lo que tenía de negativo tal circunstancia no necesita ser subrayado. 

Pero cualquiera que hubiere sido su origen, lo cierto es que estábamos 
animados de la indeclinable decisión de que el Gobierno provisional le diera al 
país el viraje revolucionario que reclamaba con apremio. Y el ambiente don¬ 
de nació fue marco adecuado a esos propósitos, si se quiere recargado de co¬ 
lor local. Se instaló a las 9 ó 10 de la noche del 19 de octubre. No había luz 
eléctrica en el Palacio Presidencial, y con lámparas de gasolina fue alumbrada 
la memorable escena. En forma intermitente caían sobre la fachada del feo ca¬ 
serón crespero los foetazos de las balas, disparadas por francotiradores hosti¬ 
les. Mezclados civiles y militares, todos con los rostros tensos, firmamos el acta 
constitutiva de la Junta Revolucionaria de Gobierno, por mí presidida e inte¬ 
grada por los doctores Raúl Leoni, Luis B. Prieto y Gonzalo Barrios, todos 
de Acción Democrática; por los militares mayor Carlos Delgado Chalbaud y 
capitán Mario Vargas, y por el doctor Edmundo Fernández. 


206 



Es interesante observar cómo Germán Arciniegas, enemigo jurado y 
beligerante de las dictaduras militares, coincide en cierto modo con Ramón 
David León, apologista de los gobiernos castrenses de fuerza, para apreciar el 
hecho de que la Junta Revolucionaria de Gobierno fuese presidida por un ci¬ 
vil y hubiese mayoría de civiles en ella. Arciniegas dice (7 he States in Latín 
America, p. 101) que el 19 de octubre de 1945 «los militares no se aventu¬ 
raron a ocupar todos los cargos» y «la Presidencia de la Junta fue entregada 
a Betancourt...». Ramón David León {Hombres y sucesos de Venezue¬ 
la, p. 36) afirma que los militares «por exceso de desprendimiento y buena 
fe, entregaron el Poder» a los civiles. Aun cuando no escribo en historiador 
profesional, ciertas apreciaciones merecen ser rectificadas. Una de ellas es 
ésta de que fue sólo por malicia o ingenuidad, y, en todo caso, otorgando un 
favor, que los actores militares del golpe de Estado venezolano del 18 de oc¬ 
tubre del año 45 le cedieron el puesto a los civiles, en el momento de inte¬ 
grar el Gobierno de Jacto. La verdad es que ese golpe de Estado no fue un 
«madrugonazo», de índole estrictamente castrense, similar al que dio Batista 
en Cuba el 10 de marzo de 1952, y a otros que le habían precedido en esta 
convulsionada América Latina. Fue culminación de un proceso revolucio¬ 
nario que en la calle, con la participación directa y activa del pueblo, venía ca¬ 
nalizando a lo largo de más de una década el comando político de 
AD.Teníamos de ello nítida conciencia, y por eso nunca admitimos, ni pú¬ 
blicamente ni en el conciliábulo conspirativo con oficiales del Ejército, la po¬ 
sibilidad de que nosotros llegáramos a ser simple comparsa civil de un 
régimen militar. La noche anterior al estallido de la Revolución, el 17 de oc¬ 
tubre de 1945, en discurso dicho ante una multitudinaria asamblea realizada 
en el Nuevo Circo, de Caracas, afirmé categóricamente esa actitud. 

Acción Democrática -dije allí- no iría jamás a un Gobierno como el parien¬ 
te pobre que entra por la puerta del servicio doméstico a ocupar dos o tres de 
esos llamados «Ministerios técnicos». No somos un Partido formado por lite¬ 
ratos diletantes, ni por mosqueteros románticos. Somos un Partido político 
que se ha organizado para que este pueblo aquí congregado, para que el pue¬ 
blo venezolano, vaya al poder y nosotros con ese pueblo a gobernar. Pero go¬ 
bernaremos cuando tengamos en las manos las posiciones-clave del Estado, 
ésas donde se decide la vida política, económica y social del país. Porque a 
nosotros no nos interesa el Gobierno para que dos o tres miembros del Parti¬ 
do tengan carteras ministeriales: nos interesa para implantar un programa de 
salvación nacional {El País, Caracas, 12 de enero de 1946). 


207 



Triunfante el movimiento de octubre, se hicieron buenas esas palabras. 
Bien o mal, procurando siempre hacerlo bien, gobernamos nosotros, y dejamos 
impresa en la gestión política y administrativa del Gobierno nacido de esa Re¬ 
volución, la impronta del ideario que profesamos y de nuestro personal estilo. 
Interesante resulta que un adversario político nuestro, el doctor Rafael Calde¬ 
ra, lo haya admitido como hecho que no se discute. Sus conclusiones son jus¬ 
tas, pero no los razonamientos que lo condujeron a ellas. Es que redujo a un 
simple juego de intrigas y de zancadillas, a un alarde de viveza criolla, lo que 
fue resultado de la fe en el pueblo organizado, de la decisión para nuclear al 
sector de oficiales del Ejército de mentalidad democrática y de la propia con¬ 
fianza en que Venezuela sí podía ser gobernada por hombres sin uniforme, 
pero dispuestos a hacer respetar la magistratura civil. Hecha la observa¬ 
ción, escuchemos a Caldera: 

Llegó Acción Democrática al poder capitalizando con innegable audacia el 
golpe de los militares. El mismo hecho de que el producto del golpe de fuer¬ 
za, temido siempre en la idiosincrasia nacional, pasara sin solución de conti¬ 
nuidad de los hombros galonados de sus autores hasta los líderes civiles era 
tan insólito que ganó la simpatía general por el nuevo régimen nacido en 
octubre (...) Señalaron los líderes que el Ejecutivo colegiado debía tener 
un Presidente, y era lógico que la Presidencia se le diese a un civil para descar¬ 
tar toda sospecha en la acción de los militares. El Presidente prometió ser un 
primus Ínter pares y para animar a sus compañeros de Junta a irse de Mira- 
flores hacia los Ministerios, anunció que se posesionaría él mismo del Minis¬ 
terio del Interior. Pero una vez que los vio marcharse, «advirtió la necesidad» 
de permanecer en Miradores «para dar audiencias y transmitir informacio¬ 
nes», a lo que después añadió recibir la «cuenta» de los demás miembros solida¬ 
rios de la Junta, convertidos desde ese instante en «sus Ministros». Se le dejó 
de llamar «el Presidente de la Junta» para llamarlo «el Presidente» a secas. En 
sus manos quedaba esa inconmesurable fuerza política que viene siendo Mi¬ 
radores, por el hábito nacional de obedecer a la cabeza visible del régimen (ar¬ 
tículo titulado «18 de Octubre» en el diario El Gráfico. Caracas, 18 de octubre, 1948). 

El proceso de integración de la Junta Revolucionaria de Gobierno fue 
interesante y, en ese momento, de insospechables derivaciones futuras. En 
nombre del partido, precisé que tal como había sido convenido de previo, los 
miembros del Gobierno plural debían ser 7: 4 dirigentes de AD, 2 oficiales de 
las Fuerzas Armadas y un civil sin afiliación de Partido. Habló entonces el 
mayor Delgado Chalbaud. Esa exposición comenzó a revelarme una de las fa- 


208 



cetas de su compleja y contradictoria psicología: él, un vacilante constitucional, 
lo más distante del hombre afirmativo y con una fe, era capaz en determina¬ 
das ocasiones del desplante de audacia. Había ingresado a la conspiración 
apenas unas semanas antes de su estallido y sus vinculaciones dentro de la ofi¬ 
cialidad eran escasas, porque más que militar de vocación y formación era un 
ingeniero asimilado al ejército. Y no obstante ese cúmulo de circunstancias, 
adversas para él en tal coyuntura, llevó la voz cantante por la Unión Patrióti¬ 
ca Militar. Dijo que su sector respaldaba los compromisos adquiridos con AD, 
y con respecto a los dos miembros militares del Ejecutivo colegiado agregó, 
más o menos, lo siguiente: 

Éste ha sido, dentro de los cuarteles, un movimiento de capitanes y de oficiales 
subalternos, con unos pocos mayores colaborando con él; y debe estar represen¬ 
tado en la Junta ese estamento mayoritario de oficiales de baja graduación, y 
muy calificado es para ello el capitán Mario Vargas. El grupo de oficiales supe¬ 
riores debiera estar representado por el mayor Julio César Vargas, aquí presen¬ 
te, pero como no sería ético, ni recomendable, la presencia simultánea de dos 
hermanos en la Junta, el otro candidato de las Fuerzas Armadas soy yo. 

Se procedió luego a escoger de común acuerdo al médico Edmundo Fernán¬ 
dez como el civil independiente, y los militares Vargas y Delgado Chalbaud 
dijeron, al quedar integrado el equipo, que no tenía objeto discutir quién de¬ 
bía presidirlo, por estar todos de acuerdo en ese punto. 

El nombre del entonces mayor Marcos Pérez Jiménez no fue mencio¬ 
nado como posible integrante del Gobierno. Lo habían detenido en la maña¬ 
na del 18 de octubre, una de las medidas preventivas que alcanzó a cumplir el 
Gobierno derrocado para evitar la subversión militar. Permaneció en un cala¬ 
bozo del cuartel de Artillería Ambrosio Plaza durante el desarrollo de los vio¬ 
lentos acontecimientos de los días 18 y 19. Yen el momento de constituirse 
la Junta, estaba en la Escuela Militar, donde lo habían dejado momentos an¬ 
tes Delgado Chalbaud, los hermanos Vargas y otros oficiales. Y, durante un 
tiempo por lo menos, parece que no fue de ellos, sus compañeros de armas 
que no le mencionaron en el momento de escogerse la Junta, de quienes se 
creyó menospreciado, sino de mí. Se quejaba -actitud inicial de resentido 
que hechos posteriores transformaron en rencoroso encono- de una supues¬ 
ta inconsecuencia mía. Parece que me consideraba obligado, según pude sa¬ 
ber con certeza, a instalarlo en la Junta, por haber sido el vocero del grupo 
militar cuando nuestra primera entrevista y quien en nombre de todos ex¬ 
presó el deseo de que presidiera yo el Gobierno. Y la verdad es que para 


209 



aquel momento, el criterio que nos habíamos formado de nuestros compañe¬ 
ros de conspiración era provisorio, tentativo. No estábamos aún en condicio¬ 
nes de calibrar, con relativa seguridad, los modos de ser y de pensar de todos 
los dirigentes del grupo militar. Ellos mismos habían sugerido a Delgado 
Chalbaud y a Mario Vargas como sus candidatos al Gobierno colegiado, y 
no tuvimos ninguna objeción seria que formular a esa escogencia, por tratar¬ 
se de dos personas de inteligencia y cultura fáciles de apreciar. Recuento éste 
tanto más sincero cuanto que pudiéramos decir hoy que se maniobró para ex¬ 
cluir a Pérez Jiménez por sagaz descubrimiento nuestro de las reservas de cruel¬ 
dad y codicia que estaban soterradas en lo más recóndito de la conciencia del 
personaje preterido. 

Comenzamos de inmediato a trabajar. La mayoría de los miembros ci¬ 
viles del flamante Gobierno se entregó a la redacción de los borradores de tex¬ 
tos de los primeros decretos. Vargas y yo a impartir órdenes coordinadas a las 
guarniciones militares del interior del país y a las Seccionales del Partido, 
para dominar y estabilizar la situación en toda la República. Mario Vargas se 
había levantado de la cama, donde sufría una de las crisis recurrentes de su gra¬ 
ve dolencia, para actuar el 18 de octubre. Llevaba para ese momento dos días 
sin dormir ni alimentarse, sometido el quebrantado organismo a una prueba 
de máxima tensión. Pero lo animaba un fervor de cruzado, una mística de con¬ 
vencido. Esas próximas 48 horas, tensas, exigentes de decisiones rápidas y 
atropelladas unas detrás de otras, nos vincularon en una estimación y afectos 
mutuos que el mejor conocimiento en el discurrir de los años y una estrecha 
colaboración en el Gobierno primero y en el exilio después, transformaron en 
fraternidad. Entre esas medidas que se adoptaban en aquellos álgidos momen¬ 
tos, algunas debieron rectificarse, cuando ya estaban en proceso de ejecución. 
Recuerdo con nitidez el nombre del oficial a quien envié, a toda velocidad, en 
un transporte del batallón motoblindado, a impedir que una comisión del 
mismo cuerpo asaltara a tiros los talleres del diario El Nacional, donde se in¬ 
formó que estaba concentrado un grupo de francotiradores aún no reducido. 
Ese periódico había sido agresivamente hostil a Acción Democrática y con su 
propietario, Miguel Otero Silva, había sostenido yo mismo resonantes polémi¬ 
cas de prensa; y no era admisible la idea de que un Gobierno nacido para «el 
ejercicio de la serena justicia, y no de la retaliación y la venganza», actuara como 
si estuviera inspirado en sentimientos de revanchismo. 

Mientras Miraflores era una marmita en ebullición, Delgado Chal¬ 
baud se había quedado dormido, con la taza de café vertida sobre el uniforme 
y la mandíbula inferior caída sobre el pecho. Allí se estuvo, inmóvil, por unas 
cuantas horas. Esa noche se reveló también como un hombre cuyos nervios 


210 



se quebraban, porque no los sostenía una voluntad enérgica. Le faltaba el 
combustible anímico de una gran pasión. 


LA TAREA INMEDIATA: ESTABILIZAR 

el Gobierno Revolucionario 

Las próximas 24 horas fueron de máxima tensión. Trabajábamos en Mirado¬ 
res en un ambiente cargado de amenazas y dentro de una marejada de gentes, 
civiles y militares, que entraban y salían del despacho presidencial. Restos de 
la policía y algunos civiles, comunistas entre ellos, sostenían violentas escara¬ 
muzas, a tiros, con patrullas de soldados y con grupos de militantes de Acción 
Democrática. En el occidente de la República -los Estados más poblados de 
Venezuela- algunas guarniciones resistían aún y los postumos defensores del 
régimen llegaron a planear una marcha sobre el centro. Desde Miradores vo¬ 
laban los mensajes radiotelegráficos por docenas, unos detrás de otros, redac¬ 
tados en enérgico tono: que la aviación amenace con ametrallar las tropas del 
viejo caudillo gomecista León Jurado, si no se rinde en una hora -que se rin¬ 
dió-; que zarpe un barco de la Armada a ocupar el puerto de Güiria, donde 
una guarnición resiste; que no se expongan «al poder de fuego de nuestras ar¬ 
mas blindadas» les decíamos a quienes desde la casa de Gobierno de Maracai- 
bo, pretendían alentar la resistencia y usando un épico tono, justificable por 
la intensidad del momento, pero que hubiera sido más comprensible en 
Rommel impartiéndole instrucciones al Africa Korps... Y junto con estas dis¬ 
posiciones drásticas las conciliadoras, indicadas por la más elemental estrate¬ 
gia: ofertas de garantías para sus vidas a quienes no hicieran resistencia a la 
revolución en marcha. 

Aquella noche comprendí por qué en dos políticos tan dispares ideoló¬ 
gicamente como lo son León Trotsky y Winston Churchill dejó huella pro¬ 
funda la parte que uno y otro tomaron en el planeamiento de acciones 
militares. Mover masas de hombres armados con sólo un mensaje de tres lí¬ 
neas y seguir luego sobre el mapa su seguro desplazamiento, es algo extraordi¬ 
nariamente emocionante. Deja una impronta en la memoria difícil de borrar. 

Esa misma noche inicial de un nuevo ciclo histórico para Venezuela se 
radiodifundió el primer «Comunicado del Gobierno Provisional a la nación». 
Fue un escueto documento, redactado en lenguaje contenido, sin una sola 
bravata heroica, sin un solo desplante agresivo. Después estuve en condicio¬ 
nes de decir, en el Mensaje leído a la Asamblea Nacional Constituyente, al re¬ 
cordar esa manera de comportarnos desde los comienzos mismos de nuestro 
violento ascenso al poder, «...que no eran demagogos improvisados, sino 


211 



hombres con una filiación y una fe, y con un lote abrumador de compromi¬ 
sos adquiridos con la democracia venezolana y americana, quienes habían 
arribado al Gobierno de la República». 

En esa primera declaración oficial de los objetivos de la Revolución 
se afirmó que el Gobierno provisional tendría como «misión inmediata la de 
convocar al país a elecciones generales, para que mediante el sistema de sufra¬ 
gio directo, universal y secreto» pudieran «los venezolanos elegir sus represen¬ 
tantes, darse la Constitución que anhelaban y escoger el futuro Presidente de 
la República». Se anunciaba que los ex Presidentes López Contreras y Medina 
Angarita, detenidos junto con algunos de sus más destacados colaboradores 
políticos y militares, «no sufrían ni sufrirían vejamen en sus personas ni atro¬ 
pellos de ninguna naturaleza». Y se anunciaba que de inmediato se adoptarían 
medidas encaminadas a moralizar la administración pública, «a abaratar el 
costo de la vida y a elevar las condiciones económicas y sociales en que vive el 
pueblo». Ese documento concluía con una frase afirmativa, en la cual aceptᬠ
bamos el apasionante reto lanzado a nuestra generación: «En esta hora, la 
nueva Venezuela afirma su voluntad de hacer historia» 7 . 


Actitud frente a la Revolución 

DENTRO Y FUERA DE VENEZUELA 

No resulta hiperbólico afirmar que la determinante mayoría de los venezolanos, 
de todos los estratos sociales, saludó jubilosamente el advenimiento de octubre. 
Desfilaron por Miraflores los representantes de todos los organismos económi¬ 
cos, desde las Federaciones Industriales hasta los sindicatos obreros, a ofrecer 
su cálido apoyo al nuevo orden de cosas. Y estudiantes, maestros, profesionales, 
campesinos y obreros, se echaron a la calle, jubilosamente, a festejar la victoria. 

El número de violencias ejercidas contra personas y propiedades de los 
vencidos fue extraordinariamente reducido. Las drásticas medidas adoptadas 
contra los «saqueos» y la coordinación de cuerpos de tropas con grupos de 
militantes de Acción Democrática y de los sindicatos para restablecer el 


7 Este documento fue leído, ante los micrófonos de la Radio Militar instalada en el Ministerio 
de Defensa y en cadena con las radioemisoras comerciales, por el doctor Leonardo Ruiz Pine¬ 
da, quien ejerció por algunos días el cargo de Secretario de la Junta Revolucionaria de Gobier¬ 
no. Precedí esa lectura de un discurso, improvisado, cuyo texto no se conserva. Y en el 
momento en que Leonardo ocupaba el micrófono, un grupo armado intentó asaltar el local 
donde nos encontrábamos. La población, volcada sobre los aparatos receptores, percibió clara¬ 
mente, a través de las ondas, la música de fondo del tableteo de las armas automáticas, que ca¬ 
si apagaba la voz de Ruiz Pineda. Entre ruido de balas se metió en la historia ese venezolano de 
excepción, y siete años después, una bala asesina le abriría las puertas de la inmortalidad. 


212 



orden público, dieron eficaz resultado. Y el 21 de octubre, ya Venezuela te¬ 
nía un Gobierno constituido de un extremo a otro del país. Hombres civiles 
-muchos de los cuales sin militancia en AD, pero de bien ganada confianza 
pública— fueron a todos los cargos administrativos, con la sola excepción de 
dos Ministerios, el de Defensa y el de Comunicaciones, desempeñados por el 
mayor Delgado Chalbaud y el capitán Mario Vargas. 

La actitud de la prensa extranjera ante la revolución venezolana no fue 
uniforme, con excepción de la de los periódicos bajo control de las dictaduras 
criollas o de los grupos comunistas. 

En general, la prensa liberal y democrática saludó con alborozo la po¬ 
sibilidad que se abría en Venezuela de establecimiento de un Gobierno de 
raíz popular. 

Los periódicos de Trujillo y Somoza orquestaron la obertura de la que 
sería constante agresión escrita contra el régimen democrático de Venezuela. 
Diario de la Marina, de Cuba y otros periódicos devotos de Franco, no 
disimularon su alarma ante nuestro ascenso al poder. 

La prensa comunista y filo-comunista también fue regimentadamente 
hostil a la Revolución. Sincronizaron con sus congéneres de Caracas, quienes 
el 18 de octubre lanzaron un manifiesto llamando inútilmente al pueblo a 
«aplastar a los insurrectos», cuyos «planes subversivos» fueron anunciados 
«hacía apenas 30 horas en el Nuevo Circo», y a «respaldar al Gobierno que 
preside el general Isaías Medina Angarita». Lenguaje similar siguieron hablan¬ 
do los altavoces de Moscú en toda América, días después de instalado el Go¬ 
bierno provisional. El Popular, vocero de Lombardo Toledano en México, 
escribía el 26 de octubre La contrarevolución venezolana tiende a darle el po¬ 
der a las fuerzas conservadoras y profascistas del país». Y Tribuna Popular, 
periódico brasileño confesamente staliniano, anunciaba el 27 de octubre con 
exageración muy carioca, «que con espanto» había recibido el mundo la no¬ 
ticia del ascenso al poder de Acción Democrática, «partido bajo la dirección 
de intelectuales de la clase media. 

La reacción regimentada de los comunistas frente a la insurgencia po¬ 
pular venezolana no era producto de miopía política, o de resentimiento sec¬ 
tario frente al Partido que los había derrotado en la conciencia del pueblo. La 
consigna venía desde la propia Meca y fue impartida a los fieles creyentes con 
rigor dogmático. El 8 de noviembre de 1945, trasmitía la United Press desde 
Moscú un resumen muy revelador del artículo publicado por Nuevos Tiem¬ 
pos, que reflejaba el pensamiento del areópago stalinista. «Todo lo sucedido 
en Venezuela huele a petróleo», era el expresivo título de ese comentario. 
«Desde 1943 -decía— el Gobierno de Medina intentó obligar a las empresas 


213 



extranjeras a modificar los términos de las concesiones y de los contratos, que 
eran indudablemente desfavorables para Venezuela». Sin decirlo expresamen¬ 
te, el periódico soviético establecía una evidente conexión entre el estallido 
del 18 de octubre y la política petrolera del Gobierno derrocado. Resultába¬ 
mos así nosotros poco menos que instrumentos de los rencores del cártel de 
los petróleos, y, por supuesto, jamás podríamos «representar una tendencia 
más democrática que el Gobierno anterior». 

La posición asumida por las Cancillerías fue expectante. En Washing¬ 
ton y Londres, capitales económicas de la Venezuela petrolera, la inesperada 
noticia de la Revolución le arrebató más de una hora de su reposado dormir bu¬ 
rocrático a los responsables de los departamentos para la América Latina. Y en 
los países hispanoamericanos los gobiernos democráticos rompieron la mar¬ 
cha de la solidaridad con nosotros. Desde Cuba se recibió una alentadora llama¬ 
da a larga distancia del doctor Carlos Prío Socarrás, entonces Primer Ministro. 
El Presidente Arévalo, de Guatemala, contestó de inmediato nuestro mensaje. 
Doce días después del 18 de octubre, ya la mayor parte denlos gobiernos habían 
restablecido relaciones con el de Venezuela, declarando más de uno que lo hacía 
por considerar que la opinión nacional respaldaba al nuevo régimen. 

Las páginas que preceden bastan para demostrar que la Revolución ve¬ 
nezolana del 18 de octubre de 1945 fue culminación de un proceso histórico 
indetenible. Y que sin la audaz actitud nuestra de conducirla y canalizarla, 
siempre hubiese estallado, pero con las solas características del motín cuarte¬ 
lado. En esta forma, se intenta una respuesta a las interrogantes formuladas 
sobre la conducta de los hombres de Acción Democrática que actuaron en la 
gestación del 18 de octubre. Explicación que ya resultaba urgente, porque gen¬ 
te americana de solvente ideología se venía preguntando y nos venía pregun¬ 
tando si el contragolpe reaccionario del 24 de noviembre de 1948 que derrocó 
al Gobierno constitucional de Rómulo Gallegos, no hubiera podido evitarse 
de haber adoptado nosotros una actitud expectante, de aséptico marginamiento, 
en la violenta jornada de octubre de 1945. 

Pero falta por decir que si el origen mismo de ese golpe de Estado es 
materia controvertible, tal debate resultaría escarceo académico, y hasta teo¬ 
lógico, ante el hecho cumplido de la democratización institucional, del sanea¬ 
miento inexorable de las prácticas administrativas y de la política petrolera 
enérgicamente nacionalista, realizados por el Gobierno que de aquél nació. 


214 



Cuarta parte 

El tiempo de construir 


Sufragio libre, guerra al peculado, política de petróleos 
de signo nacionalista: tres pilares inamovibles 
de los gobiernos de Acción Democrática 
(1945-1948) 



Capítulo IV 

Elecciones libres y guerra al peculado 


Un Gobierno nacido de la violencia 

QUE ACTÚA CON TOLERANCIA 

La historia tiene comprobado que las conmociones sociales de auténtica raíz re¬ 
volucionaria, sea cual fuere su signo ideológico, se comportan siempre en sus 
inicios con extrema tolerancia hacia los vencidos. El artefacto de monsieur 
Guillotín lo puso a funcionar Robespierre después de que la nobleza emigrada, 
desde su madriguera de Coblenza y asistida de todas las testas coronadas de Eu¬ 
ropa, llegó a constituir serio peligro para la Francia republicana. El terrible de¬ 
creto de Bolívar («españoles y canarios, contad con la muerte aun cuando seáis 
indiferentes...») fue dictado después de que las caballerías de los Ejércitos de 
Fernando Vil destriparon a los dirigentes de la primera República, de la llama¬ 
da «Patria Boba». Los bolcheviques dejaron ir al general Kornilov a su casa con 
la sola promesa suya de no hacer armas contra la revolución, y a los pocos días 
acaudillaba los ejércitos blancos; y los marinos de Odesa sólo entraron en ac¬ 
ción contra los enemigos del nuevo Estado cuando Dora Kaplan disparó 4 ba¬ 
lazos sobre el cuerpo de Lenin. Francisco Franco, monárquico y reaccionario 
beligerante, fue restituido a su mando militar en Marruecos con sólo jurar 
fementida lealtad a la República. 

Pareciera que es fatal aquello de no experimentar en cabeza ajena. 
Porque en Venezuela los dirigentes de la revolución popular y democráti¬ 
ca de 1945, en las primeras etapas de nuestra gestión de gobernantes, co¬ 
metimos el mismo error contra el cual nos prevenía una reiterada 
experiencia histórica. Los ex Presidentes López y Medina, y una veintena 
de sus colaboradores más destacados, fueron extrañados del país. Y el res¬ 
to de los copartícipes del orden de cosas derrocado disfrutó de absoluta li¬ 
bertad de movimientos dentro del país, que de hecho la utilizaron muchos 
de entre ellos para lanzar una ofensiva enconada e implacable contra un es¬ 
tilo de Gobierno lesivo a sus muy personales intereses. Periódicos ama¬ 
mantados en la ubre gomecista, corresponsables de un pasado siempre vivo 
en la memoria de quienes los hacían, atados por intereses económicos y 
políticos a los sectores desplazados del poder, disfrutaron de plena libertad 
para emprender una campaña sin cuartel contra el nuevo orden de cosas. 


217 



Eran —para recordar la ácida expresión bolivariana- «los que se humillan 
en las cadenas y se insolentan en los motines». 

El pueblo, que no entiende mucho de esos gestos caballerescos, arru¬ 
gaba el ceño. Su descontento se hizo ostensible cuando se anunció que los 
jerarcas de los regímenes posgomecistas habían salido del país, sin ser juz¬ 
gados previamente por su conducta como gobernantes en estrados judiciales. 
El ministro de Relaciones Interiores, Valmore Rodríguez, debió entonces 
acudir ante los micrófonos de la Radioemisora Nacional a explicar a la opinión 
pública, en nombre del Gobierno, que no era por debilidad del régimen re¬ 
volucionario que así se procedía, sino por confianza en su estabilidad. 

Otro factor condicionaba también nuestra conducta. Queríamos lim¬ 
piar la obra en trance de iniciarse de toda traza de retaliación personal. Ha¬ 
bíamos llegado al poder con un bagaje de ideas concretas de política y 
administración, macerado a través de años de meditación y estudio, y estába¬ 
mos deseosos de echarlas a andar. Nos pusimos por eso a 1} faena creadora 
desde el momento mismo de entrar a Miradores. 


Miraflores, «máquina para hacer decretos» 

El palacio de Gobierno fue rebautizado así, con intención peyorativa, por 
alguno de los periódicos de Caracas. 

Debe reconocerse que tenía razón. Uno detrás de otros salían de manos 
de la Junta hacia las prensas de la Gaceta Oficial las nuevas normas de derecho 
público, concretadas en decretos-leyes. La revolución creaba su propia juridici¬ 
dad, con cierta premura angustiosa, porque no sabíamos en esos momentos 
si de nuestro paso por el Gobierno iba a quedar apenas un conjunto de señales 
orientadoras para quienes, en el futuro, recogieran ese mensaje. No en otra for¬ 
ma han procedido, sin proponérselo deliberadamente, los revolucionarios de to¬ 
dos los tiempos. Bolívar, conversando en Bucaramanga con Perú de Lacroix, en 
1826, recordaba sus esfuerzos legislativos en Angostura, en el año 19, como una 
forma de convencer al mundo y de convencerse él mismo de que existía ya un 
Estado organizado, cuando en realidad las tropas realistas controlaban la casi to¬ 
talidad del territorio venezolano. Los comunales parisienses de 1871 legislaban 
con afiebrado ritmo, cuando ya los cañones de la contrarrevolución desmante¬ 
laban sus barricadas. Y León Trotsky narra, en su Historia de la Revolución 
Rusa, que Lenin redactaba decretos hasta sobre la mesa de comer, temeroso de 
que el zarismo reconquistara el Palacio de Invierno y ninguna huella quedara del 
ascenso bolchevique al poder. 


218 



De los Decretos de la Junta -compilados en dos gruesos volúmenes- co¬ 
mentaré ahora los relacionados con las consultas electorales y con la moraliza¬ 
ción administrativa. Los relativos a la transformación económica y fiscal del país, 
y al empeño resuelto y exitoso para hacer llegar hasta el pueblo alimentación su¬ 
ficiente, cultura sin regateo y justicia social, serán analizados en su oportunidad. 


LOS MIEMBROS DE LA JUNTA SE HACEN EL HARA-KIRI 
COMO CANDIDATOS PRESIDENCIALES 

Entre los más significativos de esos decretos de carácter político está el pro¬ 
mulgado el 22 de octubre de 1945, tres días después de transformarse la 
revolución en Gobierno. 

Por esa disposición, la Junta Revolucionaria de Gobierno decidió que 
«sus miembros quedaban incapacitados para postular sus nombres como can¬ 
didatos a la Presidencia de la República y para ejercer ese alto cargo cuando 
en fecha próxima elija el pueblo venezolano su Primer Magistrado». 

Ese decreto fue redactado de mi puño y letra. Muchos no se explican 
por qué estimulé una decisión de Gobierno de la cual resultaba el más direc¬ 
tamente afectado, como hombre público, por ser evidente que en ese momen¬ 
to el margen de probabilidades para ser candidato presidencial en los próximos 
comicios parecía favorecerme más a mí que a los demás miembros del Go¬ 
bierno provisional. Otros, a su vez, han visto en ese decreto una habilidosa 
maniobra, de inspiración maquiavélica, para cerrarle el paso a posibles ambi¬ 
ciones presidencialistas de los dos miembros militares del Gobierno colegia¬ 
do. No entienden quienes así piensan que para hombres de acendradas 
convicciones doctrinarias y de lealtad a normas éticas, la conducta política 
es algo distinto de la artesanía del pastelero. 

Redacté ese decreto no porque personalmente vacilara para enfrentar 
las responsabilidades del Gobierno, ni menos con la intención de maniobrar en 
perjuicio de otros miembros del Ejecutivo plural. Sino, lisa y llanamente, por¬ 
que imbuido de la razonable convicción de que el próximo Presidente de la 
República sería un hombre de Acción Democrática, por el indiscutible respal¬ 
do mayoritario del pueblo a ese Partido, creí mi deber, y lo cumplí, facilitarle 
a la organización donde militaba la escogencia como candidato de Rómulo 
Gallegos, candidatura que como es notorio venía agitando AD desde 1941. 

Sucesivos decretos disolvieron los cuerpos deliberantes que habían sur¬ 
gido de elecciones viciadas, y al Supremo Consejo Electoral, integrado por 
abrumadora mayoría oficialista. Y el 17 de noviembre -apenas a un mes de 


219 



distancia de la iniciación del Gobierno popular- fue designada una comisión 
encargada de redactar un nuevo estatuto electoral y un proyecto de Constitu¬ 
ción. En esa comisión, uno solo de sus miembros era de las filas de Acción De¬ 
mocrática: el doctor Andrés Eloy Blanco, una de las más altas figuras de la 
intelectualidad nacional y símbolo cabal de responsabilidad ciudadana. Los 
otros eran profesionales del Derecho sin vinculaciones partidistas con aquella 
organización y algunos de destacada militancia en partidos de oposición, como 
eran los casos del doctor Lorenzo Fernández, del partido COPEI, y el doctor Luis 
Hernández Solis, del partido Unión Republicana Democrática. Los otros 
miembros de esa Comisión fueron el doctor Jesús Enrique Lossada, uno de 
los hombres públicos mejor reputados del país; el doctor Nicomedes Zuloaga, 
abogado de prestigio jurídico; el doctor Germán Suárez Flamerich, profesor uni¬ 
versitario, considerado entonces como persona de inclinación democrática y 
quien años después desempeñaría el deslucido papel de mascarón de proa ci¬ 
vil de la dictadura castrense de Pérez Jiménez; y otros tres juristas destacados: 
el doctor Martín Pérez Guevara, ex parlamentario y beligerante factor en las li¬ 
des democráticas; el doctor Ambrosio Oropesa, también hombre de acendra¬ 
das convicciones renovadoras y autor de una obra laureada sobre la evolución 
constitucional de Venezuela, y el doctor Luis Eduardo Monsanto. 


El estatuto electoral más democrático de América 

El 15 de marzo de 1946, la Junta Revolucionaria de Gobierno tradujo a ac¬ 
to legislativo, sin modificación sustancial, el proyecto elaborado por esa Co¬ 
misión para regular el proceso eleccionario. Ese estatuto electoral puede ser 
considerado, sin hipérbole, como el más democrático que para entonces se 
hubiese promulgado en América. Su artículo 2 o concedió el derecho de sufra¬ 
gio a «... todos los venezolanos mayores de 18 años, sin distinción de sexo y 
sin más excepciones que los entredichos y los que cumplen condena penal 
por sentencia firme que lleve consigo la inhabilitación política». El artículo 3 o 
declaró elegibles a todos los venezolanos mayores de 21 años, y que no figu¬ 
rasen en las excepciones establecidas en el artículo anterior. Otorgaba ese De¬ 
creto al Consejo Supremo Electoral, integrado con representación de todos 
los partidos políticos y mayoría en él de las parcialidades de oposición, atribu¬ 
ciones tan amplias y prerrogativas tan extensas que estuve en lo cierto al afir¬ 
mar en un mensaje dirigido a la nación que podía asimilarse a «aquel Cuarto 
Poder sugerido por el Libertador en uno de sus arrebatos de ideólogo en 
función de conductor de pueblos». La injerencia del Poder Ejecutivo en el 


220 



proceso comicial quedaba reducida a la entrega de los fondos fiscales requeri¬ 
dos para el eficaz funcionamiento del organismo rector de las elecciones. 

La representación de las minorías electoras quedó garantizada en el 
estatuto en forma extraordinariamente liberal. Cuando un partido políti¬ 
co no alcanzaba a elegir diputados o senadores en ningún estado, se suma¬ 
ban sus votos en todo el país y se le asignaban tantos representantes 
parlamentarios como resultaran de la división de esos votos totalizados por 
el cociente electoral nacional. 

«Inmediatamente después de la publicación de esos decretos se de¬ 
sencadenó una campaña electoral de una intensidad sin precedentes en la 
historia del país», como bien afirma una comisión especial de la Oficina In¬ 
ternacional del Trabajo que visitó a Venezuela, presidida por el Subdirector de 
ese organismo especializado de las Naciones Unidas, señor Jefs Rens ( Liber¬ 
tad de asociación y condiciones de trabajo en Venezuela. Ginebra, 
1950, p. 36). En el curso de escasos meses, fueron legalizados hasta 13 parti¬ 
dos políticos, los cuales atronaron los aires con las voces de sus oradores en 
millares de asambleas públicas, cubrieron de consignas todo pedazo de muro 
utilizable y fatigaron los tipos de la prensa, en disfrute de una libertad total, 
para popularizar sus programas y exaltar sus candidaturas. 


Radiografía de una oposición sin mensaje constructivo 

De esos partidos, 3 tomaron la vanguardia en la violenta ofensiva contra el ré¬ 
gimen popular y democrático: COPEI (Comité Pro Elecciones Independiente), 
Unión Republicana Democrática y el Partido Comunista. 

Copei se articuló alrededor de un grupo católico militante, que en 
los años 36 y subsiguientes colaboró políticamente con el «lopecismo». 
Durante el Gobierno de Medina Angarita, ese grupo no tuvo actividad pú¬ 
blica visible y su líder, el doctor Rafael Caldera, después de fugaz labor 
parlamentaria, abandonó una curul en la Cámara de Diputados para dedi¬ 
carse a sus actividades profesionales y a profesar la cátedra de Sociología de 
la Universidad Central. En los meses iniciales del Gobierno revoluciona¬ 
rio, el doctor Caldera ejerció el importante cargo de Procurador General 
de la Nación. Salió de allí para encabezar uno de los núcleos políticos más 
beligerantes frente al movimiento revolucionario. El partido que liderizó 
fue una compleja amalgama, donde socialcristianos que invocaban la Re- 
rum Novarum de León Xlll se codeaban con gamonales gomecistas de 
mentalidad feudal y con aventureros de toda laya, sin interés alguno por 


221 



los procesos eleccionarios y sólo en acecho de la oportunidad de aliarse con 
elementos descontentos del Ejército para desatar la violencia armada y de¬ 
tener el proceso democrático recién iniciado. Acusado matiz de intoleran¬ 
cia religiosa le dieron a ese partido en ciertas zonas del país, especialmente en 
las andinas, algunos clérigos españoles, curas trabucaires troquelados 
en los moldes del carlismo peninsular, los mismos que pintó de mano 
maestra Valle Inclán. 

Unión Republicana Democrática, organizado por el doctor Jóvito Vi- 
llalba, tuvo también el carácter de partido en formación aluvional. Fue inte¬ 
grado con restos del «medinismo» y de grupos allegados en otras vertientes 
políticas. Su líder no se había interesado en la organización de un Partido, y 
en los años en que Acción Democrática combatía fieramente en la calle y es¬ 
tructuraba fuerzas en toda la República, él actuaba como francotirador en la 
Cámara del Senado. Al triunfar el movimiento de octubre, el pequeño parti¬ 
do que había organizado a toda prisa lanzó la consigna de «gobierno de con¬ 
centración nacional» para presidir las elecciones. Esa consigna no respondía 
a un razonamiento coherente, porque fuera de Acción Democrática en la 
oposición y del binomio aliado Partido Democrático Venezolano-Partido 
Comunista en el campo gubernamental, no existían otros partidos en el 
momento de formarse la Junta Revolucionaria de Gobierno. Es interesante, 
como dato para la historia, registrar palabras pronunciadas en el Congreso, 
años después, por el doctor Jóvito Villalba, en las cuales reconoció que, apli¬ 
cándose o no la fórmula sugerida por su partido, siempre hubiera triunfado 
AD en las consultas electorales. Estas palabras son las siguientes: 

No dudo por un momento que si Acción Democrática hubiera tomado la ini¬ 
ciativa y la rectoría del Gobierno de integración, ese Presidente no habría sido 
otro que don Rómulo Gallegos (...) Reconozco que Acción Democrática con¬ 
taba con una mayoría que le daban sus antecedentes meritorios y dignos en la 
lucha por la democracia en este país y era el Partido mejor organizado en el país. 
Nadie hubiera podido disputar el triunfo a Acción Democrática ( Gaceta del 
Congreso, recopilación, tomo i, pp. 414-417). 

Al igual que en COPEI, en URD acamparon, junto con gente realmente intere¬ 
sada en la evolución superadora de la vida política nacional, complotistas 
reaccionarios, implacables enemigos de la fórmula del sufragio libre y nostal- 
giosos de los sistemas autocráticos de Gobierno. COPEI y URD resultaron así 
partidos donde coexistieron y convivieron dos corrientes: la de quienes con 


222 



divergencias más o menos acusadas de programa y doctrina frente a Acción 
Democrática creían como ese partido que en lides cívicas y por cauces electo¬ 
rales debía dirimirse la contienda política; y los núcleos partidarios del «alza¬ 
miento», de la contrarrevolución reaccionaria, para que de nuevo campeasen 
en el país los métodos dictatoriales de Gobierno y administración. 

Y, por último, el Partido Comunista. Estaba escindido en dos fraccio¬ 
nes, beligerantes entre sí pero coincidentes en el sostenido ataque a la obra 
de la Revolución popular. La discordia doméstica la aplacaban para marchar de 
frente, en el campo político y en el sindical, contra una empeñosa tarea 
democratizadora de la economía y del Estado, la única posible dentro de 
las condiciones históricas prevalecientes en Venezuela y en América La¬ 
tina en general. Esa obra adolecía a sus ojos de dos defectos capitales: carecer 
de la apostólica bendición del sanhedrín staliniano y estar conducida 
por una fuerza política venezolana y americana, reacia a condicionar su 
conducta a la consigna de importación. 

Acción Democrática se enfrentó en la calle, animada de su vieja 
mística combatiente, a sus adversadores ideológicos de siempre y a los 
recién incorporados a la liza política. No se burocratizó, sino que sus me¬ 
jores dirigentes y militantes —con la excepción de quienes desempeñaban 
varios ministerios y gobernaciones de Estado— se quedaron en los rangos 
de la organización. Los dirigentes obreros dieron saludable ejemplo, to¬ 
mando por propia iniciativa el acuerdo de no desempeñar cargos públi¬ 
cos en la rama ejecutiva. Y por no haberse lanzado la militancia de AD 
sobre el presupuesto como si fuera botín de guerra, pude afirmar el 18 
de octubre de 1946, en un acto de masas realizado en la Plaza de El Si¬ 
lencio, de Caracas, para conmemorar el primer aniversario de la Revolu¬ 
ción, que de los 7 mil empleados públicos del Distrito Federal apenas 300 
portaban el carnet del partido. 


Millón y medio de venezolanos 

VOTARON CON CÍVICO FERVOR 

Y partidos de oposición y partido de Gobierno depusieron su ímpetu be¬ 
ligerante para presenciar el 27 de octubre de 1946 cómo millón y medio 
de venezolanos, con fervor filiable en las místicas religiosas, concurría a los 
comicios. Jamás había votado en Venezuela más de 3% de la población y 
esta vez votó 36%. De cada 100 ciudadanos inscritos en los registros, 92 
concurrieron a las urnas, y no hubo en el vasto territorio nacional ni un solo 


223 




hecho de sangre, ni una sola violencia física ejercida contra nadie, para 
impedirle votar o para torcer su libre determinación. 

El volumen de votos que correspondió a cada uno de los partidos fue 
el siguiente: Acción Democrática: un millón 100 mil; COPEI: 180 mil; 
Unión Republicana Democrática: 54 mil; Partido Comunista: 51 mil. El res¬ 
to de los sufragios emitidos se repartió entre 11 organizaciones más, que tam¬ 
bién concurrieron con sus candidatos propios a las urnas. 

La distribución de bancas en la Asamblea Nacional Constituyente, 
como consecuencia del sistema de representación pautado en el Estatuto 
Electoral, resultó así: 


Acción Democrática 137 

Copei 19 

Unión Republicana Democrática 2 

Partido Comunista 2 


De los diputados de AD a la Asamblea Constituyente, de los diputados 
y senadores al Congreso electos posteriormente, un número apreciable eran 
dirigentes obreros y mujeres. El Parlamento dejó de ser reducto exclusivo de 
profesionales, con título universitario, y de políticos, varones siempre. Traba¬ 
jadores venidos del taller, de la fábrica y de las zonas petroleras; campesinos y 
mujeres salidas del magisterio, el bufete jurídico, el ejercicio de las letras y aun 
de los modestos quehaceres de la vida doméstica, formaron parte de los cuer¬ 
pos deliberantes. Dos sectores fundamentales de la sociedad, segregados has¬ 
ta entonces de la vida pública por la dictadura y las autocracias, devinieron 
factores activos y entusiastas en la faena democratizadora del país. Acerca del 
papel que desempeñaron los obreros legisladores, escribe la Misión de la OIT: 

Se extendió también [la participación obrera en las actividades del Estado] a 
la acción legislativa y a las labores preparatorias de la legislación social, debi¬ 
do a que cierto número de dirigentes sindicalistas importantes eran, al mismo 
tiempo, miembros de la Cámara de Diputados o del Senado. Su influencia se 
hizo palpable en la preparación y votación de medidas legislativas directamen¬ 
te relacionadas con la suerte de las clases obrera y campesina (Oficina Inter¬ 
nacional del Trabajo, Libertad de asociación y condiciones de trabajo 
en Venezuela , ob. cit., p. 49). 

La opinión nacional y extranjera coincidió en reconocer la limpieza ab¬ 
soluta de esos comicios. Y cuando voces aisladas objetaron el resultado de las 


224 



elecciones y los derrocados de octubre trataron de llevar agitación al seno del 
Ejército en nombre de supuestos fraudes cometidos, reaccionaron enérgica¬ 
mente los propios jefes de las Fuerzas Armadas. Ellos eran testigos calificados, 
porque un Decreto de la Junta había colocado la supervisión del acto electo¬ 
ral en manos del ejército. Era ésa una práctica establecida en Chile, país de 
tradiciones democráticas; y al acogerla en Venezuela, se quería subrayar el ca¬ 
rácter de las Fuerzas Armadas como organismo apolítico y colocado al margen 
de la discordia interpartidaria. Y por lo mismo que los militares fueron testi¬ 
gos del acto comicial, redactaron un documento dirigido a la Asamblea Na¬ 
cional Constituyente, firmado por la totalidad de los oficiales en servicio 
activo y, para presentarlo, se llegaron hasta el Capitolio, en uniforme de gran 
parada, los entonces tenientes coroneles Carlos Delgado Chalbaud, Marcos 
Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, quienes apenas dos años después 
iban a usurpar y desconocer esa voluntad popular, expresada en los comicios. 
En ese documento se afirmó, con el énfasis más rotundo que pueda ser usado 
por colectividad alguna: «... La Asamblea Nacional Constituyente es repre¬ 
sentativa de la voluntad popular, elegida libremente el 27 de octubre de 1946, 
en comicios que estuvieron bajo nuestra vigilancia y por ello nos consta que 
fueron llevados a cabo con la mayor pureza». 


La obra de la Constituyente y elección 
de Rómulo Gallegos 

La Asamblea Nacional Constituyente, presidida con singular acierto por An¬ 
drés Eloy Blanco, centró sus actividades legislativas en la elección de un Go¬ 
bierno provisional, la elaboración de una Constitución democrática y el 
análisis, que de parte de una oposición agresiva fue de laboratoristas usando 
microscopios, de las Memorias y cuentas presentadas por la Junta Revolucio¬ 
naria de Gobierno y por los ministros. 

La Constituyente ratificó y legalizó los poderes de fado que venía 
ejerciendo la Junta Revolucionaria de Gobierno, bajo mi Presidencia. 

El partido Acción Democrática, en su campaña electoral, agitó la con¬ 
signa de la Presidencia Provisional durante el tiempo que faltaba para la elec¬ 
ción de Presidente Constitucional. El candidato del partido para aquella 
Presidencia de transición, por acuerdo público de la organización, era yo. En 
el Mensaje a la Asamblea Constituyente (20 de enero de 1947) sostuve, sin 
embargo, la tesis de que lo más conveniente era ratificar el mandato del Eje¬ 
cutivo colegiado, por estar muy próximo el momento del traspaso del Go¬ 
bierno al Presidente en vísperas de ser electo. Y como se comentó que ese 


225 



pronunciamiento nacía de una presunta coacción ejercida sobre mí por los 
militares, afronté el tema en el Mensaje a la Constituyente, agarrando el toro 
por los cuernos. 

El país —dije- que nunca me vio mentir, puede estar seguro de que ni en és¬ 
ta, ni en ninguna otra oportunidad, han pretendido los jetes de las Fuerzas 
Armadas imponerme coactivamente determinados criterios en cuestiones 
políticas o administrativas. Tampoco lo hubiera admitido. Desde que asu¬ 
mí la Presidencia de la Junta he demostrado cómo puede un ciudadano de 
extracción civil aceptar el mayor lote de responsabilidad dentro del Go¬ 
bierno de la República sin enajenar su voluntad y su criterio a quienes tie¬ 
nen en sus manos la jefatura de los cuarteles... De no haber sido así, antes 
que esperar el trance de Vargas frente a Carujo o de Gual frente a Echezu- 
rría, hubiera apelado a la nación, hablándole con la meridiana franqueza 
que es la más definida característica en mi modesta personalidad de hom¬ 
bre público ( Trayectoria democrática de una revolución. Imprenta 
Nacional, ob. cit., p. 353). 

La nueva Constitución fue proclamada el 5 de julio de 1947. De ella 
dijo en el Congreso de 1948 el doctor Jóvito Villalba, quien hacía para aque¬ 
lla época abierta oposición al Partido que en esa Carta Política dejó la impron¬ 
ta de su ideario: «Nosotros tenemos una Constitución que es, sin duda -lo 
reconozco sin ánimo de parcialidad- una de las más avanzadas, una de las me¬ 
jores del Continente Americano». Esa Constitución no sólo resume los más 
modernos principios del régimen representativo y las más importantes garan¬ 
tías individuales -inclusive el babeas Corpus , incluido por primera vez en 
una Constitución venezolana- sino que también contiene una avanzada Car¬ 
ta de derechos económicos y sociales, consagratoria de las legítimas aspiracio¬ 
nes del hombre y del ciudadano, en tanto que elemento básico en el proceso 
de la producción, a vivir libre del temor y libre de la necesidad. 

Es interesante la glosa que de esa Constitución hizo en un libro suyo 
el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de California, señor Aus- 
tin F. MacDonald. Interesante por objetiva y factual; por venir de persona 
extraña al medio venezolano y por tratarse de un autor de Derecho Público 
cuyas obras son texto de estudio y consulta en numerosas universidades de 
los Estados Unidos. 

El profesor MacDonald considera a esa Constitución como «el más de¬ 
mocrático documento en la historia de la nación» venezolana. Al comentar el 


226 



capítulo de Garantías Sociales, observa que se necesitaron «400 palabras para 
enumerar los derechos y deberes, individuales y sociales». 

Ello refleja -agrega- el punto de vista radical [término que en la fraseología 
política de los Estados Unidos no tiene el significado de «extremista», R.B.] 
de la Asamblea Constituyente: «El trabajo es un derecho y un deber. Todo 
ciudadano debe contribuir a la sociedad, por medio de su trabajo» (Art. 61). 
«Los trabajadores son garantizados en los derechos a la organización y a la 
huelga (excepto en los servicios públicos esenciales determinados por la ley) 
y también en el pago de vacaciones, salario dominical, pensiones, indemniza¬ 
ciones por despido y participación en las utilidades» (de las empresas donde 
prestan sus servicios). «Sueldos y salarios deben ser iguales por igual trabajo, 
sin distinción de sexo, nacionalidad o raza» (Art. 63). «Un sistema global y efi¬ 
ciente de seguridad social debe ser mantenido y promovida la construcción de 
casas baratas para trabajadores»; la Constitución también declara que todos los 
habitantes de la República tienen derecho a la protección de su salud y «el Es¬ 
tado debe establecer los servicios necesarios para la prevención y tratamiento 
de las enfermedades» (Arts. 33-57). La nación extiende especial protección a 
la maternidad, «independiente del estado civil de la madre» (Art. 47). «Las 
cláusulas de la Constitución referente a la propiedad se inspiraron en México, 
en amplia proporción. Siete palabras bastaron para decir que la nación garan¬ 
tizaba el derecho de propiedad y 700 para numerar la lista de restricciones a su 
uso» (Latín American Politics and Government, ob. cit., p. 430). 

También consagró esa Constitución el «derecho a la tierra para quien la 
trabajara», y otros principios de reforma agraria que luego sirvieron de pautas 
a la ley especial sobre esa materia. Y después de intensos debates, fue introdu¬ 
cida por la mayoría de AD una fórmula nueva al artículo que se conservó en 
casi todas las Constituciones venezolanas, según el cual las relaciones entre el 
Estado y la Iglesia Católica serían reguladas por la Ley de Patronato Eclesiás¬ 
tico de 1824. La reforma consistió en dejar abierta la posibilidad de que un 
modus vivendi entre el Vaticano y el Estado venezolano viniera a regular en 
lo futuro esas relaciones, hoy teóricamente regidas por una legislación a cuyas 
previsiones escapan problemas y situaciones nuevas. 

Esa actitud era congruente con la posición doctrinaria de AD en mate¬ 
ria religiosa. Nunca nos hemos comportado como iconoclastas volterianos del 
siglo XVIII sino como revolucionarios del siglo XX, leales al espíritu y a la téc¬ 
nica política de su tiempo. El partido nunca ha hecho problema de disciplina 


227 



las creencias religiosas, o la ausencia de ellas, en sus militantes. Las ha considera¬ 
do cuestión de conciencia, del fuero interno de cada persona. Y en cuanto a las 
relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica —religión que profesa la mayoría 
determinante de la nación—, las enfocó desde el Gobierno con apego a lo básico 
de una línea de conducta tradicional en Venezuela, que arranca de los días de Bo¬ 
lívar. Puede resumirse en pocas palabras: a) libertad de cultos, sin religión de Es¬ 
tado; b) el reconocimiento de que siendo católica la mayoría de la población, los 
personeros del Estado deben comportarse en forma tal que no lastimen esos sen¬ 
timientos, sea cual fuere su propia actitud subjetiva frente a las religiones, de ag¬ 
nósticos o de creyentes; c) realismo para admitir que no se ajusta al concepto 
dinámico, evolutivo, del derecho público, la idea de que es legislación congela¬ 
da e inmodificable la que regula, desde hace más de un siglo, las relaciones Esta¬ 
do-Iglesia; d) rechazo de la tesis, muy vinculada a las tradiciones de la Iglesia 
española, de que ésta puede ejercer una especie de tutoría ideológica sobre la es¬ 
cuela pública, la cual es sostenida con dineros de todos los contribuyentes, sin 
distinción de credos, y sólo por el Estado debe ser orientada; y e) no admisión de 
la práctica de que el púlpito y el atrio devengan tribunas de proselitismo políti¬ 
co y el clero actúe, en los hechos, como partido militante. Debe decirse que, en 
términos generales, el clero venezolano, incluidas las altas jerarquías eclesiásticas, 
admitieron la sinceridad y firmeza de esta muy definida posición. Sólo por ex¬ 
cepción algunos sacerdotes -extranjeros o bajo su directa influencia- pugnaron 
contra una conducta de gobierno que se vincula, en lo fundamental, a la actitud 
asumida ante la cuestión religiosa por los fundadores de la República. 

La más controvertida disposición de la nueva Carta Política fue el artícu¬ 
lo 77, bautizado por la oposición como «inciso Alfaro Ucero», nombre del di¬ 
putado que lo propuso, y cuyo texto -que luego se atenuó y debilitó aún más- 
era copia casi literal de una disposición incluida durante muchos años en la 
Constitución de Colombia, bajo los gobiernos liberales. Un frente unido beli¬ 
gerante formaron la prensa y todos los partidos opositores en contra de esa dis¬ 
posición. Influyó esa campaña en los propios rangos dirigentes del partido de 
Gobierno, que se alarmaron ante la sola idea de que una organización abande¬ 
rada por décadas de la causa de las libertades públicas apareciera como entra¬ 
bando su ejercicio. «Esta cláusula -comenta el mismo autor norteamericano 
ya citado, profesor Austin F. MacDonald— recibió seria oposición en la con¬ 
vención constituyente, pero fue finalmente adoptada ante la insistencia de la 
Junta. Reflejaba el temor a la conspiración que rondaba en la mente de los líde¬ 
res venezolanos». Y agrega, aludiendo a lo que sucedió posteriormente: «Temor 
plenamente justificado, como hechos recientes lo han demostrado» (Latín 
American Politics and Government, ob. cit., p. 431). 


228 



Y como dato de curioso interés histórico, aportaré uno. Interesado co¬ 
mo estaba en que los dirigentes de AD oyeran la opinión de los miembros mi¬ 
litares de la Junta sobre la conveniencia y necesidad del artículo 77, promoví 
una reunión en mi casa de habitación. Asisderon los entonces comandantes 
Delgado Chalbaud y Mario Vargas, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, 
Alberto Carnevali, Luis Augusto Dubuc, Luis Manuel Peñalver, entre otros, y 
los miembros de AD que formaban parte de la Junta. Y fue el comandante 
Delgado, con esa precisión suya para argumentar que le venía de su formación 
en liceos y universidades francesas, quien estuvo más convincente. Su tesis fue 
la de que el próximo Gobierno constitucional iba a afrontar tantas perturba¬ 
ciones sediciosas del orden público como las surgidas durante el régimen de 
fado. El comandante Mario Vargas suscribió esa tesis y defendió también la 
necesidad de dotar al Gobierno democrático de eficaces instrumentos legales 
para defender su estabilidad. 

El artículo 77 autorizaba al Presidente de la República para decidir en 
Consejo de Ministros, cuando «hubiere fundados indicios de la existencia de 
planes o actividades que tuviesen por objeto derrocar a las autoridades consti¬ 
tuidas», la detención preventiva de las personas contra quienes obraran «graves 
motivos para considerárseles comprometidas en dichos planes o actividades». 
Esas medidas debían ser sometidas, dentro de un plazo de diez días al Con¬ 
greso o, en su defecto, a la Comisión permanente que funcionaba durante el 
receso de las actividades parlamentarias. Al ser aprobadas, por uno u otro de 
esos organismos, y si se les mantenía dentro de los 70 días subsiguientes a su 
adopción, debían someterse al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, 
«la cual decidirá sebre su mantenimiento o suspensión». 

Era, como podrá apreciarse, una disposición en que nada había de le¬ 
sivo para las libertades individuales. Pero la recia campaña que contra ella se 
emprendió tenía raíces fáciles de descubrir. En el subterráneo de la vida pú¬ 
blica visible, la de las elecciones y los debates en la Constituyente, se agitaba 
una conspiración en marcha. Brotes esporádicos estallaban y ya se leerá luego 
cómo debió enfrentarlos la Junta Revolucionaria. Y como parte de esa concer¬ 
tada labor de zapa, subversiva, escandalizaban la prensa de oposición y los 
sectores complotistas infiltrados en los partidos COPEI y URD. En cuanto a 
los comunistas, si no conspiraban directamente, por lo menos sumaban sus 
voces a la orquestada gritería en torno al artículo 77, fieles a su dúplice tácti¬ 
ca internacional de presentar como defensoras del pueblo y de sus institucio¬ 
nes las medidas de seguridad del Estado adoptadas por gobiernos bajo su 
inspiración y de sumarse con entusiasmo a quienes procuran desquiciar a 
los gobiernos populares situados al margen de toda influencia suya. Eran 


229 



explicables, también, las vacilaciones de algunos dirigentes de AD quienes, por 
estar al margen de las directas responsabilidades de gobierno, no afrontaban 
a diario el problema de garantizar la seguridad del Estado y, además, tenían 
excesiva confianza en la estabilidad de un orden de cosas respaldado por la 
avalancha masiva de un millón de votos. Y en cuanto a la difusa zona de opi¬ 
nión, periférica de la militancia política, simpatizaba con la tesis de «debili¬ 
tar» al Gobierno en los textos legales. La mandonería tradicional de quienes 
durante años y aun décadas hicieron uso y abuso del ejecutivismo, creó un 
sentimiento generalizado de recelo y desconfianza hacia toda extensión de 
poderes «a Miradores», como decía la gente identificando al Presidente de la 
República con el edificio donde despachaba. 

Situación similar y por razones parecidas se confrontó en la República 
española. Halló su expresión en la tendencia parlamentaria a limitar las atri¬ 
buciones del Presidente, en lo relacionado con el mantenimiento del orden 
público. Salvador de Madariaga escribe: «Para la mayoría de los diputados era 
el Presidente de la República una especie de monarca de paisano y, por lo tan¬ 
to, con una desconfianza postuma, rodearon los poderes presidenciales de 
una serie de vallas y de pinchos» (España , Editorial Sudamericana, Buenos 
Aires, 1950, p. 467). Sin embargo, el Gobierno republicano español promul¬ 
gó dos leyes especiales -la de Defensa de la República y la de Orden Público- 
con el propósito de dotar al régimen democrático de instrumentos jurídicos 
para su defensa. 

Fue convencido del áspero deber de hablar con claridad al país, a amigos 
y a opositores, aun a trueque de aparecer para algunos como agorero impeni¬ 
tente, que dije estas palabras, en el Salón Elíptico del Palacio Federal, el 5 de ju¬ 
lio de 1947, en momento de ingenua y sincera euforia democrática, cuando se 
realizó el solemne acto de promulgarse la nueva Carta Constitucional: 

Fácil nos sería limitarnos a hacer énfasis en aquellos aspectos de la Constitución 
que han merecido consenso casi unánime y guardar cauteloso, calculado silen¬ 
cio frente a las disposiciones incorporadas a su texto en torno de las cuales se ha 
desatado el vendaval de los criterios contrapuestos. Pero somos venezolanos res¬ 
ponsables, ante nuestro país y ante la historia. Y por eso queremos decir aquí 
cómo nosotros, hombres de insobornable fe democrática, quienes disponiendo 
de poderes ilimitados durante los largos meses del Gobierno de fado, jamás 
abusamos de ellos, estamos plenamente de acuerdo en la necesidad de armar al 
régimen democrático de enérgicos elementos de defensa. En Venezuela existe 
hoy y existirá mañana, quién sabe por cuánto tiempo, una cerril oposición, pro¬ 
clive al complot sedicioso. Los remanentes de caudillismo feudal que entraban 


230 



nuestra evolución histórica, han sido vencidos, pero no eliminados de la arena 
política de la nación. Disponen dentro y fuera del país, pese a las sanciones le¬ 
gales sufridas en la porción malhabida de su patrimonio, de cuantiosos recur¬ 
sos económicos, para ponerlos al servicio de empresas insurgentes. Y es contra 
ese tipo de actividad delictuosa, y sólo contra ella, que usaríamos nosotros el ar¬ 
ma de contención preventiva que ha puesto en manos del Ejecutivo el Poder 
Constituyente, y nada puede hacer presumir que otro uso haga de ella el Presi¬ 
dente que surja de los comicios en trance de realizarse dentro de los próximos 
meses ( Trayectoria democrática de una revolución, ob. cit., p. 289). 

Esa Constitución de 1947 -y aquí expreso una opinión que es fruto de 
la experiencia de Gobierno y de una constante meditación- falló al no encarar 
hasta sus últimas y lógicas consecuencias el problema de la organización políti¬ 
ca del Estado. Durante el Gobierno de la Junta Revolucionaria, como réplica a 
la dispersión de esfuerzos administrativos, se estableció la práctica de las Con¬ 
venciones anuales del Presidente y de su Gabinete con los gobernantes de los 20 
estados y los 2 territorios federales. De esas reuniones periódicas resultó la coor¬ 
dinación nacional, bajo la rectoría del Gobierno central, de actividades admi¬ 
nistrativas que deben ser encaradas y resueltas con vista a la totalidad del país: 
educación, salubridad, vías de comunicación, electrificación. La Constitución 
consagró en su texto, en varios de sus artículos, ese criterio de Gobierno ya 
traducido a realidad administrativa. Además, impuso al Poder Ejecutivo la obli¬ 
gación de preparar y presentar al Congreso, al iniciarse el período presidencial, 
un Plan Nacional de cinco años, con los lineamientos de las labores previstas en 
las zonas básicas de la Administración. En otras palabras: la Constitución de 
1947 pautó, como norma constitucional implícita, el principio del centralis¬ 
mo político, ya que no se concibe cómo pueda planificar nacionalmente el Po¬ 
der Ejecutivo si los gobernantes regionales no son de la libre elección y 
remoción del Jefe del Estado. Al propio tiempo, la Constitución consagró en 
forma expresa saludables principios de descentralización administrativa, 
en lo que no afectara a los planes nacionales de conjunto. El Ejecutivo Nacio¬ 
nal quedó obligado a distribuir entre los gobiernos estadales, en forma de «si¬ 
tuado constitucional», la cuarta parte de los ingresos ordinarios del fisco. El 
federalismo en su forma clásica -el de la Constitución norteamericana de Fila- 
delfia, inspiradora de la Constitución venezolana de 1811- quedó desmante¬ 
lado en tales disposiciones de la Carta de 1947. Y, al propio tiempo, superado 
y mejorado, de acuerdo con modernos criterios administrativos, porque en vez 
de una autonomía política formal, asociada a la falencia fiscal crónica, los go¬ 
biernos estadales comenzaron a disponer de recursos suficientes y estables. 


231 



Pero, como revelación de timidez para contradecir la tradición federa¬ 
lista teórica, se mantuvo en la Constitución el sistema bicameral, y no se lle¬ 
gó a la Cámara única; y se dejaron persistir, con sus mismas características de 
cuerpos inoperantes, y sin orientarlas hacia finalidades realmente útiles, las 
asambleas legislativas estadales. Y aun se llegó a más en el camino de las tran¬ 
sigencias: como una concesión a los pequeños grupos de oposición dentro del 
Congreso, la mayoría parlamentaria de AD propició un artículo transitorio en 
la Constitución, para que fuese un plebiscito el que se pronunciara sobre la 
forma cómo debían ser designados los gobernadores de los estados. 

Estas imprecisiones nacían de la falta de una idea clara, aun en la pro¬ 
pia dirección del partido, acerca de la conveniencia de resolver con entera 
sinceridad en la Carta Constitucional el problema de la organización polí¬ 
tica del Estado. Venezuela es un país que sólo puede vivir una ficción de fe¬ 
deralismo. Es un pueblo homogéneo, donde no coexisten, como en Rusia 
o Yugoslavia, nacionalidades yuxtapuestas y diferentes; ni se ha integrado, co¬ 
mo los Estados Unidos de América, por sucesivos compromisos pactados en¬ 
tre antiguas colonias autónomas, y territorios incorporados, por compra o 
anexión, al todo nacional. Además, los problemas económicos y sociales del 
país -de un país de apenas 5 millones de habitantes dispersos en inmensa área 
geográfica- son de tal magnitud, que sólo enfrentados con visión nacional y 
recursos nacionales pueden ser resueltos. 

Este cúmulo de circunstancias reales converge hacia una fórmula racional: 
la de que se dé fisonomía jurídica, en la Constitución venezolana, al tipo de orga¬ 
nización política del Estado que se aprecia como la única posible y como la más de¬ 
seable. Un Gobierno centralizado, con las manos firmes en las riendas, que 
coordine planes administrativos nacionales, oriente y conduzca la gestión política 
a través de gobernadores estadales designados por el Presidente de la República, y 
atemperado ese sistema por la descentralización administrativa en cuanto se rela¬ 
ciona con el Gobierno de las pequeñas comunidades. Los concejos municipales, fi¬ 
nanciados y estimulados con activo interés por los gobiernos central y estadales, 
vendrían a ser así los más eficaces colaboradores, dentro del ámbito del Gobierno 
local, de un Estado que planee y realice con visión venezolana. Que conciba al país 
como un todo y no como una suma de agregados regionales. 

Una forma de organización político-administrativa similar a la esbo¬ 
zada en nada pugnaría con el sistema democrático. Periclitada y en el desván 
donde se amontonan los conceptos que ya perdieron vigencia, está la teoría de 
que federalismo y libertad son sinónimos. Chile y Costa Rica, dos naciones 
americanas donde las libertades públicas han sufrido sólo pasajeros eclipses, 
desecharon el sistema federal puro, o jamás lo tuvieron. 


232 



La Asamblea Constituyente reformó también la Ley del Irabajo. Esas 
reformas se orientaron a procurar la estabilidad en el trabajo y a garantizar el 
ejercicio del derecho de sindicación. Con la primera finalidad, se estableció 
el «auxilio de cesantía» que se pagaba, además de la prima de antigüedad, en 
todos aquellos casos en que el trabajador fuera despedido sin causa justificada o 
se retirara por causa justificada (en ningún caso el auxilio de cesantía podía 
exceder de 8 meses de salario). Se establecieron también el pago remunerado 
de un día de descanso semanal (domingo) y del I o de mayo, declarado fecha 
oficial del trabajo; y se fijó una prima de 20%, por lo menos, sobre el trabajo 
diurno para el que se rendía en horas de la noche. Y se colocó «bajo la protec¬ 
ción del Estado» a los trabajadores que manifestaran al patrono, por la vía ju¬ 
risdiccional correspondiente, su propósito de organizar un sindicato. Como 
consecuencia de esa notificación, desde la fecha de ella hasta la inscripción del 
sindicato, sin que este lapso pudiera exceder de 90 días, ninguno de los trabaja¬ 
dores podía «ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de 
trabajo sin causa justificada, previamente calificada por el Inspector de Irabajo». 

Bajo las normas de esa nueva Constitución -con tantos aciertos y algu¬ 
nas fallas- se realizó, el 14 de diciembre de 1947, la elección del Presidente de 
la República. Rómulo Gallegos, el candidato de AD, obtuvo en los comicios 
una abrumadora mayoría de 870 mil votos sobre sus contendores, doctor Ra¬ 
fael Caldera, candidato de COPEI (263 mil votos) y doctor Gustavo Machado, 
candidato del Partido Comunista (37 mil). 

Al insacular el voto, como un ciudadano más de Venezuela, experimen¬ 
té la más honda emoción de mi vida pública. Diversas circunstancias me die¬ 
ron la invalorable oportunidad de contribuir a la dramática y definitiva derrota 
de la tesis de los sociólogos al servicio de las dictaduras, de que nuestro pueblo 
era inapto, orgánicamente, bajo el signo de aquellos tres factores inexorables de 
tierra, raza e historia, para el ejercicio y disfrute de los sistemas democráticos 
de elegir gobernantes. 

La forma como quedó integrado el Congreso de acuerdo con el resultado 
de esas elecciones, fue la siguiente: 


Partido político 

Diputados Senadores 
Número de asientos 

Acción Democrática 

83 

38 

Copei 

19 

6 

Unión Republicana Democrática 

4 

1 

Partido Comunista 

3 

1 

Partido Liberal 

1 '■ 

0 


233 



Interesante resulta resumir los resultados de los tres procesos electorales 
realizados bajo el gobierno de la Junta Revolucionaria. Esos tres procesos fueron: 

I o 27 de octubre de 1946. Asamblea Nacional Constituyente. Total de 
votantes: 1.395.200. 

2 o 14 de diciembre de 1947. Presidente de la República, Congreso Na- 
cional, Asambleas Legislativas, concejos municipales del Distrito y 
Territorios Federales. Total de votantes: 1.183.734. 

3 o 9 de mayo de 1948. Concejos municipales en los Estados. Total de 
votantes: 693.154. 

Los sufragios emitidos a favor de los principales partidos, y el porcentaje 
de ellos que le correspondió a cada uno, se discrimina en el siguiente cuadro: 


Partidos asistentes 

AD 

COPEI 

URO 

PCV 

Año 1946: 

1.099.601 

185.347 

53.875 

50.837 

Porcentaje: 

78,8 

13,2 

3,8 

3,6 

Año 1947: 

838.526 

240.186 

51.427 

43.190 

Porcentaje: 

70,83 

20, 48 

4.34 

3.64 

Año 1948 

491.762 

146.197 

27.007 

23.524 

Porcentaje: 

70,09 

21,1 

3,9 

3,4 


Algunas observaciones reclaman esas cifras, para su mejor comprensión: 

I o Los números exactos de los votos sufragados para Presidente de la 
República-14 de diciembre de 1947- son éstos: 

Rómulo Gallegos (Acción Democrática) 871.752 

Rafael Caldera (Copei) 262.204 

Gustavo Machado (Partido Comunista) 36.514 

Se observa, en consecuencia, diferencia en las cifras de las elecciones 
generales y en las parciales para Presidente de la República, aunque todas se 
efectuaron simultáneamente. Un sector de votantes no sujeto a disciplina 
de partidos sufragaron por inclinación personal, o, lo que sí sería muy inte- 
resante como expresión de un firme sentimiento democrático, sufragaron 


234 



buscando compensar de algún modo la aplastante mayoría de AD en los 

cuerpos deliberantes. 

2 o La disminución de los totales electorales, comparando los de 1948 con 
los de años precedentes, se explica por dos causas fundamentales: una, 
matemática, que no sufragaron los inscritos de Caracas y el resto del 
Distrito Federal, así como de ambos Territorios Federales, que ya ha¬ 
bían elegido sus concejos municipales; otra, de carácter político: la posible 
fatiga de la población votante y de los ciudadanos en general, poco 
acostumbrados a la concurrencia electoral, originada en la celebración 
de tres sucesivos y muy cercanos procesos electorales. 

3 o El respaldo caudaloso del electorado a Acción Democrática se mantu¬ 
vo en los tres procesos, y nunca disminuyó de 70% de los votos emiti¬ 
dos. Pero en todas las elecciones fue derrotado ese partido en los 
estados Táchira y Mérida, y en algunos municipios de otras circuns¬ 
cripciones. Lo cual significaba que cuando la oposición tenía votos para 
ganar, ganaba. 

4 o La opinión política, al madurar progresivamente, tendía a polarizarse 
en dos partidos, mayoritario el uno: Acción Democrática, y el otro de 
minoría, en proceso de crecimiento: COPEL La fragmentación del elec¬ 
torado en múltiples corrientes, algunas de ellas de signo ideológico si¬ 
milar, no se perfilaba como posibilidad venezolana. Más bien se podía 
predecir que el sistema de dos partidos -de avanzada el uno, conser¬ 
vador el otro- era la tendencia hacia la cual se orientaba la evolución 
política def país. 

5 o El melancólico tercer puesto de la candidatura presidencial comunista, 
que apenas atrajo a 3% del electorado, revela cómo la influencia de ese 
partido había sido desmantelada. Prevalido de sus apoyos guberna¬ 
mentales, durante el régimen precedente al de AD, ese partido dispuso 
de excelente prensa y pareció que era hondo su arraigo en el pueblo. 
Pero a partir de 1945, una firme política democrática y de justicia so¬ 
cial, realizada por un Gobierno adversador ideológico del comunismo, 
, pero empeñado en reformas beneficiosas para los trabajadores, le arre¬ 
bató a ese partido auditorio y clientela. Estaban reducidos a la mínima 
expresión, a la de minoría vocinglera e inoperante y sin aureolarlos 
con el prestigio del martirologio, ni promover cruzadas inquisitoria¬ 
les en contra suya, ni revivir las «cacerías de brujas» de la Edad Media. 


235 



Este proceso lo analizó, con lucidez para mirar y simpatía para enjui¬ 
ciar, el Washington Post, diario el más leído y más influyente de la capital 
de los Estados Unidos. En su editorial de la edición del 17 de diciembre de 
1947, se lee: 

Es particularmente significativo que el más reciente florecimiento de la de¬ 
mocracia tenga lugar en Venezuela, cuna de Bolívar, sobre todo si se tiene en 
cuenta que el férreo control de Gómez y otros dictadores impidió por largo 
tiempo a ese país realizar la libertad por la que luchó Bolívar. El cambio se de¬ 
be, en su mayor parte, a la política seguida por el Gobierno de Betancourt 
desde que la Junta Revolucionaria advino al poder en 1945. Algunos han vis¬ 
to en las simpatías del régimen de Betancourt en pro de los trabajadores una 
indicación de que estaba inspirado en el comunismo. La mejor respuesta son 
las realizaciones cumplidas. Con los recursos de la renta petrolera promovió 
muchas de las reformas internas tendentes a levantar el nivel de vida y a ven¬ 
cer el analfabetismo, medidas que en sí mismas son un antídoto contra el co- 

✓ 

munismo. La culminación de ese proceso fue extender a las masas, hasta 
entonces privadas del voto, el derecho de sufragio. Esto explica el hecho de 
que en las elecciones, de una población que apenas sobrepasa los cuatro 
millones, más de un millón concurriera a las urnas electorales. 

Las elecciones fueron presenciadas por numerosos corresponsales ex¬ 
tranjeros. Y uno de ellos, Harry Murkland -editor de la sección latinoameri¬ 
cana de la revista Newsweek de Nueva York-, describió así para su periódico 
(edición del 20 de diciembre de 1947) el desarrollo de las presidenciales y la 
impresión que le produjeron: 

Por primera vez en su historia el pueblo de Venezuela, hombres y mujeres, 
ricos y pobres, letrados e iletrados, sin distinción de credos o de color, estaban 
escogiendo su propio Presidente, sus senadores, sus diputados. La uanquilidad 
dominical de la asoleada ciudad, la maravillosa paciencia de las largas filas de 
votantes en espera, la rapidez y eficacia y orgullo con que los votos fueron 
depositados, todo esto demuestra lo lejos que ha llegado Venezuela, desde que 
la Junta Revolucionaria asumió el poder. Estas fueron algo más que las más 
honradas y las más ordenadas elecciones que Venezuela nunca haya tenido. 
Podrían servir como modelo para cualquier país en el Hemisferio Occidental, 
sin excluir muchas partes de los Estados Unidos. 


236 



Y en tono similar se expresaron de esos comicios y de la gestión del Go¬ 
bierno que los hizo posibles, los más leídos periódicos de ambas Américas. 
The New York Times (editorial del 20 de diciembre de 1947), dijo: 

Las elecciones, tal como las conocemos nosotros, eran desconocidas en Vene¬ 
zuela. A través de largos períodos no se realizaban elecciones de ninguna cla¬ 
se; y cuando por alguna razón meramente política se decretaban, eran 
manipuladas con cinismo por los Presidentes para alargar sus términos, o pa¬ 
ra instalar títeres por ellos manejados (...) Ahora todo eso ha sido barrido, 
con plenitud dramática y sobrecogedora. Más de un millón de venezolanos, 
de hombres y mujeres venezolanos, votaron directamente sin intimidación 
alguna, tal como se hace en los Estados Unidos desde hace muchos años. 
Y lo hizo con tan poco desorden como si estuvieran acostumbrados por 
generaciones a tales métodos de democracia política. 

El Día, de Montevideo (editorial del 20 de diciembre de 1947) comentó: 

Los venezolanos ganaron una primera batalla para América al recuperar su 
libertad política y reafirmar el imperio de la Ley. 

El Washington Post, el más influyente diario de la capital norteamericana, 
dijo editorialmente (17 de diciembre de 1947): 

La elección del señor Rómulo Gallegos para suceder al Presidente Betan- 
court marca, como lo observó éste, «el retorno al pueblo de su soberanía 
política». Lo que ha sucedido en Venezuela es un ejemplo de desarrollo de 
un Gobierno popular, que puede ocurrir en otras partes de la América Lati¬ 
na, siempre que los regímenes dictatoriales no sean ayudados desde afuera 
a estabilizarse y prolongarse. 

El Tiempo, de Bogotá, órgano de la opinión liberal colombiana, apuntó (16 
de diciembre de 1947): 

La experiencia política realizada en Venezuela constituye uno de los episo¬ 
dios definitivos de la marcha de la democracia venezolana. Vista desde Cara¬ 
cas, la movilización del electorado venezolano fue realmente un espectáculo 
ejemplar de civismo, de libre concurrencia, de garantías acaso extralimitadas 
del voto secreto y voluntario. 


237 



Y fue por aquellos mismos días cuando la mejor reputada entre las or¬ 
ganizaciones liberales de los Estados Unidos —American for Democratic 
Action— publicó un folleto sobre política continental, enérgico frente al pe¬ 
ronismo y en el cual se afirmaba que «Uruguay y Venezuela parecen ser los 
más admirables ejemplos de gobiernos democráticos en la América Latina». 
Lo suscribían la señora Eleanor Roosevelt, el ex Secretario de Estado Sumner 
Welles, el señor Herbert Lehman, ex Director de la UNRRA y luego senador 
por el Estado de Nueva York, y otras prestigiosas figuras de la política y de la ' 
cultura estadounidense. 


La moralización administrativa 

En acción paralela a la de democratizar los órganos del Poder Público, cum¬ 
plió otra la Revolución de 1945, con inexorable voluntad: la de moralizar el 
ejercicio de las funciones administrativas. 

En Venezuela, como en otros pueblos latinoamericanos, el peculado ha si¬ 
do inveterado vicio. Viene desde la Colonia, cuando virreyes, capitanes generales 
y gobernadores apelaban a diversos arbitrios para evadir los «juicios de residen¬ 
cia» y sisarse buena parte de los pelucones fiscales, que debían ir a las arcas reales. 
La indecorosa práctica fue heredada por la República y contra ella debieron en¬ 
frentarse sus fundadores más esclarecidos. En 1823, bajo la Presidencia de Simón 
Bolívar, fue extendido a todo el territorio de la Gran Colombia -Venezuela, 
Colombia y el Ecuador- un decreto de corte draconiano contra los beneficiarios 
dolosos del Tesoro Público, que el 23 de febrero de 1819 había dictado San¬ 
tander, en ejercicio de la Vicepresidencia de la Nueva Granada. Su artículo 
primero decía: «El empleado de la Hacienda Nacional a quien se justifique 
sumariamente fraude o mala versación de los dineros públicos o resultare al¬ 
canzado, se le aplicará irremisiblemente la pena de muerte, sin necesidad de 
más proceso que los informes de los Tribunales respectivos». Esa drástica mane¬ 
ra que preconizó Bolívar de sancionar a los funcionarios desaprensivos en el 
manejo de los dineros del Estado, no se atenuó en él con el correr de los años. 
En las Afem#rias de O’Leary, compilador de los papeles de Bolívar, fue recogi¬ 
do el texto de una carta dirigida en 1826 por su secretario Revenga, al Adminis¬ 
trador de la Aduana de Puerto Cabello, en la cual ordenaba la confiscación de 
los bienes de un funcionario convicto de peculado y la apertura de investigación 
a todos los empleados públicos sospechosos de haberse beneficiado ilícitamente 
en el desempeño de sus cargos. 

Durante el régimen de la oligarquía conservadora hubo moralidad admi¬ 
nistrativa, conjugada con insensibilidad frente a los problemas sociales y con 


238 



engreídos prejuicios de casta, dándole tono y fisonomía a la gestión de Gobier¬ 
no. Pero al naufragar la República en la dictadura y la autocracia, se frustraron 
los esfuerzos ya hechos para adecentar la administración pública. El nepotismo 
de los Monagas inició el sistema en que el peculio privado del «Jefe» y de sus áu¬ 
licos y la Hacienda Pública fueron una sola y misma cosa. Cuando triunfó la 
llamada Revolución de Marzo en 1858, contra el corrompido régimen mona- 
güero. , el ilustre repúblico Fermín Toro redactó un decreto, el cual fue promul¬ 
gado, que establecía penas contra los «abusos, fraudes y latrocinios» a la cosa 
pública. Ese decreto nunca tuvo vigencia. Triunfó la Revolución Federal, y su 
primer acto fue el acuerdo realizado entre el doctor Pedro José Rojas y el general 
Guzmán Blanco, quienes se repartieron en amigable arreglo de compadres varios 
centenares de miles de libras esterlinas, del empréstito que la dictadura de Páez 
había negociado con una casa bancaria de Londres, la Baring Brothers. El maris¬ 
cal Falcón, Jefe de Estado surgido del turbión de la Guerra Federal, inició el ex¬ 
peditivo sistema de girar órdenes a la Tesorería Nacional en favor de sus amigos 
y conmilitones, escritos sumariamente sobre un pedazo de papel de estraza. 

Durante la dictadura de Páez (1861-1863), florecieron los turbios ne¬ 
gociados, de los cuales el principal beneficiario fue el «Sustituto», cargo ad 
hoc que desempeñaba el doctor Pedro José Rojas. En el tomo V, p. 325, de la 
Historia de la América Española, de Carlos Pereyra, en las pp. 496 ss. de 
la Historia de la revolución federal en Venezuela , de Lisandro Alvara- 
do, se encuentra suficiente información al respecto. González Guinán (véase 
Historia contemporánea de Venezuela , tomo vil, p. 207) escribe: «El ge¬ 
neral Falcón, gracias a su generosidad, estableció la perniciosa costumbre de 
extender órdenes de pago y giros por dinero a favor de los servidores de la 
causa federal». H mismo historiador, al comentar que Guzmán Blanco tomó 
para sí cuatrocientos ochenta y siete mil pesos, cuando el arreglo de la 
deuda inglesa, considera «exagerada esa regalía», según pintoresca frase textual. 
El Gobierno de Joaquín Crespo fue pródigo en corruptelas; el Presidente Al¬ 
cántara le contestó a alguien que le proponía un negocio: «¿Para qué, si tengo 
a mano el mejor de los negocios: la Tesorería Nacional?»; Andueza Palacios y 
sus áulicos llamaban familiarmente la «cajita», como algo suyo, a las arcas fis¬ 
cales. Castro y Gómez confundieron los peculios público y privado, y fue tam¬ 
bién bajo el signo de la inmoralidad administrativa como se gobernó en 
la década posgomecista. Así se falseaba una tradición de pulcritud en el manejo 
de dineros públicos que arranca de Bolívar, quien al servicio de la República 
sacrificó todo cuanto poseía, incluso la herencia patrimonial recibida de sus pa¬ 
dres; y de los proceres a lo general Rafael Urdaneta, quien en sus años postreros 
pudo decir que estaba «sin más riqueza que la honra». 


239 



Llegó a ser más escandalosa aún esa peculiar manera de manejar los di¬ 
neros públicos, cuando emergió Venezuela como país petrolero. El dólar y la 
libra esterlina introdujeron elementos nuevos de corrupción en las prácticas 
administrativas del país. Hacer fortunas cuantiosas a la sombra propicia del 
poder resultó ser la más acabada expresión de la viveza criolla. 

Durante la prolongada tiranía de Juan Vicente Gómez, alcanzó su clímax 
la inmoralidad administrativa. En páginas anteriores se hizo referencia al movi¬ 
miento de opinión pública desatado a la muerte del déspota, para que se resca¬ 
tara lo sustraído a la nación y se manejara el erario con honradez. También se ha 
apreciado cómo no se fue más allá de la confiscación de la herencia de Gómez. 
Intocadas quedaron las fortunas de quienes formaron parte de las camarillas go¬ 
bernantes durante esos 27 años, y de quienes utilizaron métodos similares de en¬ 
riquecimiento ilícito en la década posgomecista. La Revolución de 1945 vino 
a ampliar y a profundizar esa obra de saneamiento moral de la República. 


El Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa: 

INSTRUMENTO PARA EJERCICIO DE JUSTICIA 
Y NO PARA SACIAR VENGANZAS 

Fue creado por decreto el Tribunal Civil y Administrativo, suerte de jurado que 
actuaba de acuerdo con los dictados de su conciencia. Se integró en forma am¬ 
plia, formando parte de él, junto con abogados, profesionales y dirigentes obre¬ 
ros, dos miembros de las Fuerzas Armadas y un ilustrado sacerdote católico, 
con la presumible autorización de la jerarquía eclesiástica. 

Este Tribunal actuó conforme a pautas especificadas en el decreto que 
lo creó. Era más justo el procedimiento que el establecido en la Constitución 
del 36, la cual fue mandada a ejecutar por el Presidente López Contreras y 
refrendada por su ministro de Guerra, Medina Angarita. 

Los abogados y partidarios de ambos ex gobernantes le imputarían des¬ 
pués a la Junta Revolucionaria de Gobierno estar ejercitando rencorosa ven¬ 
ganza contra ellos cuando sus bienes fueron incorporados, por decisiones del 
Tribunal, al patrimonio de la nación, olvidándose de que López y Medina ad¬ 
mitieron y aun aplicaron a los herederos de Gómez, la cláusula confiscatoria 
de la Constitución del 36. Y era más justo el procedimiento establecido por 
nuestro Gobierno porque dentro de sus normas la suerte del presunto reo de 
peculado la decidía un tribunal contencioso, y no organismos políticos, como 
eran el Congreso y las asambleas legislativas estadales; y porque a los enjuicia¬ 
dos por ese tribunal se les otorgaba el derecho de defensa, no contemplado 
por la cláusula confiscatoria de la Constitución del 36. 


240 



Fue también objeto de crítica que a los enjuiciados se les juzgase de 
acuerdo con una legislación especial y no dentro de las pautas de leyes genera¬ 
les. La explicación justa de por qué se procedió así la dio por aquellos mismos 
días el doctor Rafael Caldera quien, en su condición de Procurador General de 
la Nación, fue consultado en lo relacionado con esa medida de Gobierno. En 
declaraciones para el diario El País, de Caracas (6 de noviembre de 1945), 
opinó así el doctor Caldera: 

La necesidad de dar una sanción a los hechos de peculado es algo que nadie 
puede discutir... Pero con el aparato de las leyes vigentes, el camino es largo y 
difícil. Ellas sancionan, es verdad, el delito de peculado, y vale decir, la subs¬ 
tracción de los dineros públicos y las diversas formas de corrupción, o aprove¬ 
chamiento del poder para hacer fortunas, aunque en forma muy genérica y 
bastante vaga; pero también dejan el camino sembrado de obstáculos procesa¬ 
les, echando sobre el fisco la carga de probar las circunstancias delictuosas y 
lo someten a largos procesos de dudosos resultados. Entiendo que por estas ra¬ 
zones, la Junta Revolucionaria de Gobierno ha pensado en la necesidad de ela¬ 
borar un estatuto especial y crear un tribunal especial para que juzgue esos 
hechos, mediante un nuevo procedimiento, sometiéndose lo actuado a la apro¬ 
bación de la Asamblea Constituyente. En el nuevo procedimiento, quedarían 
parcialmente descartados el principio de la irretroactividad de las leyes y la efi¬ 
cacia de la prescripción extintiva, y se invertiría la carga de la prueba, echando 
sobre cada inculpado la responsabilidad de demostrar el carácter lícito de sus 
enriquecimientos pecuniarios. 

El Tribunal de Responsabilidad Civil y Administrativa -que actuó 
ajustado a normas coincidentes con las delineadas en esas declaraciones del 
entonces Procurador General de la Nación, y sin ser objeto de presión alguna 
por parte del Gobierno-, condenó o absolvió procesados, de una lista que ex¬ 
cedía del centenar de antiguos funcionarios públicos. Sus sentencias, recopi¬ 
ladas en cinco volúmenes de una edición oficial, forman ya parte del acervo 
histórico venezolano. Constituyen un como inventario de los más variados 
métodos para invertir en beneficio propio bienes de la comunidad, haberes 
colectivos. Más de 400 millones de bolívares fueron reintegrados, en virtud 
de sus decisiones, al patrimonio de la nación. Y la Asamblea Nacional Cons¬ 
tituyente hizo examinar en 1947 las sentencias de ese Tribunal, por una comi¬ 
sión especial. Ante ella tuvieron una segunda oportunidad para presentar 
pruebas de descargo quienes habían sido condenados. Cumplido ese trámite, 
el poder constituyente impartió su aprobación a la casi totalidad de los juicios. 


241 



Dos observaciones cabe hacer en torno de esta medida, que ha sido y si¬ 
gue siendo objeto de viva controversia pública. La primera, que no ignorábamos 
cómo ese procedimiento de profilaxis administrativa nos concitaría odios inex¬ 
tinguibles y feroces resistencias. Habíamos leído en Maquiavelo aquella refle¬ 
xión suya: «Los hombres olvidan primero la muerte del padre que la pérdida del 
patrimonio». Pero teníamos adquirido un compromiso público con el pueblo, 
a través de muchos años de prédica sostenida contra el peculado, y no resultaba 
admisible que al asumir el poder dijéramos aquello de «borrón y cuenta nueva». 
Eramos personeros de una colectividad política, dirigentes de un partido de ex¬ 
tracción popular, y ello nos obligaba aún más a cumplir como gobernantes lo 
que habíamos prometido en la oposición. Pero lo hicimos sin saña subalterna 
contra nadie, porque combatíamos vicios administrativos y no personas. 

Y es la segunda, que sólo diferencias de matices, de grado y no de esen¬ 
cia, tienen los procedimientos adoptados en esta materia por el Gobierno re¬ 
volucionario de Venezuela con los aplicados, en diversas oportunidades, en 
otros países hispanoamericanos. Contra los bienes de Ubico, en Guatemala; 
de Hernández Martínez, en El Salvador; de Arroyo del Río, en el Ecuador, 
se aplicaron medidas de excepción. Y en Costa Rica funcionaron, a raíz del 
triunfo de la revolución popular liderizada en 1948 por José Figueres, tribu¬ 
nales especiales, que intervinieron bienes e impusieron sanciones a un número 
determinado de personas vinculadas al régimen depuesto. 


Las bases legales de una nueva ética administrativa 

Las medidas profilácticas que la Junta Revolucionaria de Gobierno aplicó hu¬ 
bieran quedado incompletas de no haberse arbitrado, al propio tiempo, fór¬ 
mulas para impedir que perviviera la corrupción administrativa. Y fueron 
adoptadas, en los textos legales y en las prácticas de Gobierno. 

Sabíamos que el corrosivo dinero mal habido corrompió y frustró otros 
movimientos de reforma política y social en América, porque sus conductores 
perdieron prestigio ante el pueblo y fueron ganados por la molicie del lujo. 
Queríamos preservar el nuestro, y lo logramos, de la desintegradora infección. 

Hicimos desaparecer del Presupuesto General de Gastos el famoso ca¬ 
pítulo VII del Ministerio de Relaciones Interiores, renglón de gastos secretos, 
siempre nutrido con partidas de más de seis cifras, que a su soberano arbitrio 
manejaba el Presidente de la República. La Contraloría General de la Nación 
fue autorizada legalmente para inspeccionar la forma como se invertía lo 
destinado a gastos de seguridad, que por razones obvias quedó al margen de 
revisión parlamentaria. 


242 



Fue decretada la obligatoriedad para los funcionarios públicos de desta¬ 
cada significación en el escalafón administrativo de hacer declaración jurada de 
sus bienes ante un juez al entrar en ejercicio de un cargo y al abandonarlo. Esas 
declaraciones tenían el carácter de documento público y cualquier ciudadano 
podía enterarse de su contenido. 

De ese proceso se dio cuenta al Congreso Nacional, en el último men¬ 
saje que me correspondió presentar, el 12 de febrero de 1948, en ejercicio de la 
Presidencia del Poder Ejecutivo. En forma muy categórica se solicitó en ese 
documento que nuestra conducta como administradores de la cosa pública 
fuese sometida a rigurosa investigación. 

Hoy -se dijo entonces-, en vísperas de la terminación de nuestro mandato, 
podemos decirle al país, erguida la frente y serena la conciencia, cómo después 
de haber administrado los presupuestos más altos de la historia nacional, 
no hemos aumentado nuestro peculio privado, sino que por el contrario casos 
hay en que comido está de deudas. Se justifica así el fiero orgullo con que soli¬ 
citamos de los más intemperantes detractores de nuestra gestión como gober¬ 
nantes, el señalamiento de un solo hecho revelador de que algún destacado 
personero del Estado haya derivado ventajas especiales de su posición dentro de 
los rangos administrativos. 

El 20 de febrero de 1948, seis días después de haber concluido en fun¬ 
ciones de Gobierno, concurrí a un juzgado. Allí mismo había declarado, dos 
años antes, poseer como únicos bienes de fortuna seis mil quinientos bolíva¬ 
res en acciones de la editorial Avance (editora del diario El País), un automó¬ 
vil viejo valuado en tres mil bolívares y deudas por valor de dos mil bolívares. 
Al abandonar la Presidencia, mis bienes eran: una acción del Club Los Corti¬ 
jos valuada en dos mil quinientos bolívares, y en vez del viejo Dodge modelo 
38 tenía un Mercury, modelo 48, comprado a plazos. Mis deudas personales 
habían ascendido a quince mil bolívares. El profesor Austin F. MacDonald 
(Latín American Politics and Government, ob. cit., p. 432) comenta así 
ese balance... desbalanceado: 

El sueldo del Presidente equivalía a unos catorce mil dólares al año. Esa asig¬ 
nación era insuficiente en un país de vida tan cara, como Venezuela. La ley 
imponía que los Jefes de Estado al retirarse del cargo concurrieran ante un 
juez e hicieran declaraciones públicas de su capital y deudas. El ex Presiden¬ 
te Betancourt demostró que sus ganancias al abandonar la Presidencia eran 
trescientos cuarenta y tres dólares. 


243 



La revista Fortune de Nueva York (abril de 1949) se refirió a esos he¬ 
chos con estas palabras: «Cuando Betancourt llenó el requisito constitucional 
y dio cuenta de sus haberes después de ejercer durante dos años la Presidencia 
de uno de los países pequeños más rico del mundo, su capital ascendía a 1.154 
bolívares. Semejante honradez por sí sola es un milagro en la América Latina». 
Y debo decir que ese «milagro» no fue gesto aislado individual, sino actitud 
conjunta de todos cuantos integramos el equipo de Gobierno en esos años. 

En el ya citado Mensaje al Congreso Nacional, el 12 de febrero, 1948, 
se admitió que «más de un funcionario subalterno había desfalcado al Erario» 
y que sobre otros gravitó la sospecha de que «percibían estipendio cohecha¬ 
dor de comerciantes nacionales o extranjeros, habituados a competir en el 
mercado donde se trafica con las influencias». Al propio tiempo, se señalaba 
que las más de las veces la sola destitución del cargo ejercido fue la sanción 
contra el empleado inescrupuloso, porque jueces de conciencia elástica, o 
portillos abiertos en el Código Penal, facilitaron la absolución de más de un 
acusado por el Estado de delitos dirigidos contra la cosa pública. 

Y se concluía solicitando del Congreso la promulgación de una 

...ley especial de responsabilidad de los funcionarios públicos, ágil en su 
parte procedimental y drástica en sus aspectos punitivos, para impedir que 
determinados servidores del Estado y particulares hábiles para cohecharlos, 
continúen infiriéndole daños materiales al fisco y vergonzoso quebranto a la 
moral administrativa de la nación». 

Esa ley especial la elaboró e hizo aprobar en el Congreso la mayoría de 
AD. Los parlamentarios de oposición contribuyeron con sus mociones a hacer 
aún más rigurosas las disposiciones de ella, y el partido de Gobierno votó esas 
mociones con la tranquila confianza que tenía en la honradez de los hombres 
de sus filas en ejercicio de funciones ejecutivas. El Presidente Gallegos le pu¬ 
so el «ejecútese» a esa ley el 18 de octubre de 1948, en el tercer aniversario del 
arribo al Gobierno del único movimiento político de la Venezuela contempo¬ 
ránea que se ha atrevido a llevar hasta sus últimas consecuencias, sin temblar- 
le el pulso ni flaquearle la voluntad, el proceso de rescate y valorización de la 
moral administrativa. 

La «Ley de Enriquecimiento Ilícito de funcionarios o empleados pú¬ 
blicos», que con tal nombre fue rotulada, regía para los servidores del Esta¬ 
do, dentro o fuera del país. Todos eran obligados a rendir declaración 
jurada de sus bienes, antes de asumir el cargo y después de abandonarlo. Su 


244 



conducta como funcionarios, en lo relacionado con la ética administrativa, 
era susceptible de investigación por una Comisión que integrarían delegados 
del Presidente de la República, del Congreso, de la Corte Suprema de Justi¬ 
cia y de cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria. 
Las sentencias condenatorias implicaban la incautación por la nación de los 
bienes del reo y su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un 
lapso de uno a cinco años, sin perjuicio de que se le siguiera el juicio penal 
por los delitos o faltas cometidos. 

En esa ley, Acción Democrática dejó constancia de su voluntad indecli¬ 
nable de reivindicar el perdido prestigio de la noble función gestora del Estado. 
Pero más que en leyes la dejó escriturada en la memoria de los venezolanos, que 
recuerdan su paso por el poder como una etapa de honradez sin precedentes 
en los últimos 50 años de vida nacional. 


Pero ¿eso bastaba? 

De no haber sido nosotros hombres de mentalidad revolucionaria, leales al 
mensaje de nuestro tiempo, hubiéramos aplicado la fórmula bíblica de des¬ 
cansar el séptimo día. Se propiciaron las primeras elecciones libres, por su¬ 
fragio universal y directo, de la historia nacional; y se cauterizó con mano 
enérgica la purulenta llaga del peculado. 

Esa labor habría bastado para satisfacer a un equipo gobernante de 
origen plutocrático y que hubiese abrevado su ideología en las linfas demo- 
liberales. Pero no a quienes venían del pueblo y profesaban un ideario político 
moderno. Y por eso nos empeñamos en tareas más ambiciosas, proyectadas 
vigorosamente hacia el futuro. Después de devolverle a la nación, en libres co¬ 
micios, su soberanía usurpada, y de implantar normas éticas en la administra¬ 
ción pública, emprendimos la transformación estructural de la economía y 
el fisco nacionales; y la defensa y superación de la innúmera gente desposeída, 
del hombre olvidado. 

La primera etapa, la insaltable, de esa obra creadora por realizar, era la 
de una política de petróleos de nuevo signo. Necesitábamos financiar esos 
planes de largo aliento, acudiendo a la fuente impositiva que habíamos veni¬ 
do señalando nosotros mismos, durante tantos años: la industria petrolera. 
Y requeríase también devolverle al país confianza en sí mismo, fe en sus pro¬ 
pias posibilidades, mediante una firme política de petróleos. Era urgente al¬ 
canzar el doble objetivo de obtener más ingresos nacionales de la explotación 
del subsuelo y de demostrar a los venezolanos, con hechos convincentes, cómo 


245 



la fuerte gravitación de esa industria en la vida económica del país no era obs¬ 
táculo para que el Estado, en nombre de la nación dueña de los yacimientos, 
la controlara y condicionara. 

Esas razones pesaron para que fuese una política petrolera de mo¬ 
dalidades diferenciadas y propias el primer objetivo de fondo que se tra¬ 
zó, en el terreno económico-administrativo, el Gobierno surgido de la 
Revolución de 1945. 


246 



Capítulo V 

Una política de petróleos responsable, 

ENÉRGICA Y NACIONALISTA 


El moderno mito de El Dorado 

La mente enfebrecida por la codicia de los conquistadores hispanos ubicó en 
la cuenca venezolana del Orinoco una ciudad-fantasma, forjada toda ella de 
oro macizo. Esa leyenda de El Dorado persistió en el subconsciente nacional 
y americano. Sin beneficio de inventario circuló como artículo de fe en el 
continente una frase acuñada por Cecilio Acosta, al promediar el siglo XIX: 
«En Venezuela, tienen los mares por asiento perlas, las bestias pisan oro y es 
pan cuanto se toca con las manos». 

Esa fama de país áureo, y privilegiado además por la fecundidad de su 
suelo, llegó a adquirir carácter dogmático de verdad revelada cuando se ins¬ 
cribió Venezuela, en 1928, entre los mayores países petrolíferos del mundo. 

La dictadura gomecista y los gobiernos seudodemocráticos de la déca¬ 
da posterior a 1935 se encargaron de difundir una edénica versión de nuestra 
patria, para uso exportable. Venezuela olía a oro, como dijera cierto Barón 
de la Royal-Dutch Shell, el Barón Rothschild. Y en una América Latina con 
sus finanzas públicas comprometidas y con su actividad económica desen¬ 
volviéndose perezosamente, aparecía nuestro país como una excepción im¬ 
presionante. No soportábamos el peso de deudas externas, la deuda interior 
era mínima, los presupuestos fiscales cerraban anualmente con superávit 
acumulable y se presumía a lo largo y a lo ancho de América que el pueblo 
venezolano estaba en disfrute de una vida regalada y feliz. 

Nada se parecía menos a la realidad como esa idílica estampa. Venezue¬ 
la era una de las naciones americanas con mayor saldo de atraso técnico y con 
abrumador agobio para su población de miseria, incultura y abandono. 

Ya se ha leído en páginas anteriores cómo nuestra generación po¬ 
lítica puso en clamorosa evidencia lo que se ocultaba detrás de esa mix¬ 
tificación, de la cual se pretendía hacer víctima a la opinión venezolana 
e internacional. 

En esa tarea esclarecedora, encontrábamos colaboración en algunos 
extranjeros inteligentes que visitaban a Venezuela. Les impresionaba de ma¬ 
nera desfavorable el contraste entre la incuria gubernativa y el cúmulo de 
problemas nacionales irresueltos. 


247 



Tal fue el caso del periodista norteamericano Clarence Horn, del per¬ 
sonal de redacción de Fortune, la conocida revista estadounidense. Visitó a 
Venezuela en 1939 y en la entrega de marzo de ese mensuario trazó un esque¬ 
ma panorámico, bastante aproximado y veraz, de la Venezuela de entonces. 
Se preguntaba el escritor: 

Pero, ¿dónde ha ido a parar el dinero petrolero? ¿Qué se han hecho los millo¬ 
nes percibidos por el Gobierno a partir de 1922 -el año en que el pozo «Ba¬ 
rroso núm. 2» hizo su erupción, echando petróleo crudo espeso durante 
nueve días a una altura de 60 pies- hasta 1939? ¿Dónde están las carreteras, 
las obras públicas, la agricultura subsidiada, las concesiones mineras interve¬ 
nidas por el Estado, los hospitales, los programas de seguridad social, todos 
los miles de cosas valiosas que estos millones deberían haber creado, razona¬ 
blemente, sin costarle nada a Juan Bimba? ¿Por qué la gente pobre está siem¬ 
pre adormilada por el paludismo, infectada de sífilis, aun de vez en cuando 
tocada por la lepra? ¿Por qué Juan Bimba utiliza todavía las palmas de mori- 
che, infectadas de insectos, como techo de choza? ¿Por qué usa todavía esos 
pantalones remendados, hechos de sacos de cemento vacíos? 

Y a esas preguntas se daba una respuesta atinada y categórica el pe¬ 
riodista norteño. La herencia de ineptitud dejada al país por los desgobier¬ 
nos del siglo XIX y la rapacidad de Juan Vicente Gómez y los suyos, eran las 
causas determinantes del atraso nacional y de la miseria colectiva. Las ren¬ 
tas petroleras -apuntaba Horn con ácida ironía y faltándole decir que no 
guardaban proporción con la riqueza nacional explotada- no se desvane¬ 
cieron como los regalos de las hadas y los sueldos de las estrellas de Holly¬ 
wood, sino que «se fueron hacia los bolsillos de Juan Vicente Gómez y 
también de los gomecistas». 

Otras veces eran testimonios extranjeros de carácter técnico los que es¬ 
grimíamos en respaldo de nuestra tesis. Tal fue el caso del Informe de la Mi¬ 
sión Técnica Económica, presidida por el señor Manuel A. Fox, que en 1940 
fue acreditada por la Administración Roosevelt ante la de Venezuela, a pe¬ 
tición de ésta. El extenso trabajo en el cual resumiera esa Misión sus observa¬ 
ciones fue circulado con cautelosa parsimonia por el Gobierno de Medina 
Angarita, y para hacerlo conocer profusamente hubimos nosotros de editarlo, 
con prólogo mío, polémico frente a apreciaciones allí contenidas y coinciden¬ 
te con otras ( Venezuela vista por ojos extranjeros. Informe de la Misión 
Técnica norteamericana Fox. Con prólogo crítico de Rómulo Betancourt. 
Editorial Magisterio. Caracas, 1942). 


248 



Y se explica la desgana del régimen para difundir ese trabajo, porque en 
él se hacían observaciones muy objetivas, pero terriblemente acusadoras 
en contra suya. En alguna parte se afirmaba (p. 256): 

El nivel de vida de la mayoría de los venezolanos es sumamente bajo. Aquellos 
de sangre india, negra o mezclada de las dos, están en condiciones económicas 
notablemente malas. Se ha calculado que 70% de la población pertenece a esa 
clase social, que gana salarios muy bajos y que, por consiguiente, tiene muy 
poco poder adquisitivo. 

Refiriéndose a la injusticia social implícita en un ordenamiento tributario ba¬ 
sado en la exacción del contribuyente pobre y a lo insostenible de tal situación, 
la Misión Fox antevio, y en cierto modo predijo, el estallido revolucionario de 
octubre de 1945. Léase este significativo párrafo (p. 212): 

No es exagerado decir que el sistema de impuestos que rige en la actualidad 
sólo perdurará mientras las masas no estén lo suficientemente bien informa¬ 
das. Una vez que el pueblo se dé cuenta de esto, bien podría ocurrir una cri¬ 
sis con proyecciones indeseables. El sistema fiscal de un Estado moderno 
habitado por gente culta no puede ser igual al de una dependencia colonial. 

En 1941 estudió las condiciones del medio físico nacional una Misión 
presidida por el señor H.H. Bennet, Jefe del Departamento de Conservación de 
Suelos de los Estados Unidos. Sólo encontró tierras de naturaleza agronómica 
de primer grado en limitadas zonas de Barlovento, en los Valles del Tuy, en el Es¬ 
tado Sucre, en la hondonada de San Cristóbal (Estado Táchira) y en algunas zo¬ 
nas adyacentes al lago de Maracaibo (Estado Zulia). Los Valles de Aragua, tan 
famosos cuando el emporio colonial del añil, no aparecieron incluidos en esa 
clasificación. Del total de la zona de los Andes, la Misión sólo encontró tie¬ 
rras cultivables en una proporción de 8%, a pesar de que los pobladores de esa 
región montañosa cultivaban 40%. Y comprobó, además, cómo la irresponsable 
tala de los bosques, los métodos empíricos de cultivar los suelos y la ausencia de 
una política oficial conservacionista de las riquezas naturales, habían causado la 
erosión de millares de hectáreas. De las 900 mil hectáreas utilizables con fines 
agrícolas -menos de 1% del área de extensión geográfica del país— apenas 110 
mil eran de riego continuo. El resto, por falta de represas y canales artificiales pa¬ 
ra utilizar aguas corrientes estaban sometidas a las alternativas de las estaciones 
C Land conclitions in Venezuela and their relation to agriculture and 
human welfare. US Department of Agriculture. Washington, DC, 1952). 


249 



El drama social de Venezuela en cifras 

El censo nacional de 1941 radiografió, con cifras que encogían el ánimo, el 
drama social venezolano. 

De 2 millones de habitantes mayores de 15 años, un millón tres¬ 
cientos mil, 75% de la población adulta, eran analfabetos. De una po¬ 
blación escolar que ascendía a 780 mil niños, sólo 264 mil, 35%, 
concurrían a la escuela. De 678 mil viviendas, más de 60%, más de 400 
mil, eran casas de paja y bahareque, con piso de tierra. Sólo 2,8% de los 
habitantes se abastecían con aguas de acueducto; 36,8% con agua toma¬ 
da de pozos, y 29,8% con agua de ríos. La población económicamente 
activa era apenas un millón doscientas mil personas, cifra equivalente a 
32,2% de la población total, y de modo apreciable menor que la de otros 
países latinoamericanos (Colombia, 51,6% en 1938; el Perú, 39,9% en 
1940 y el Brasil 34% en 1940). 

Este panorama no había variado sensiblemente cuando arribamos al po¬ 
der. Falsearíamos los hechos históricos si negáramos que en la década posgo- 
mecista se introdujeron cambios, algunos favorables y ya definitivamente 
incorporados a la estructura del Estado venezolano, en los rodajes del Poder 
Público. Pero todo paso de progreso era tímido, vacilance, sin ímpetu creador, 
dado por gobernantes que sólo actuaban ante el acoso de la opinión pública, o 
para atender a conveniencias burocráticas. 

Debimos enfrentarnos desde el Gobierno a una problemática 
compleja, saldo de décadas de incuria, y a una atmósfera de pesimismo 
que saturaba los medios cultos del país. Era que los sociólogos reaccio¬ 
narios no habían sustentado en vano la tesis de que Venezuela, «país sub¬ 
tropical y tórrido clima» y «habitado por un mestizaje inasimilable por 
la civilización», era inapto para el dominio provechoso de su inmensa 
área territorial. Los que ya no repetían servilmente a Taine sino a Orte¬ 
ga y Gasset aceptaban su dogmático desahucio de países en las condicio¬ 
nes del nuestro. «Cuando un pueblo está en un ámbito geográfico con 
mucha tierra de sobra, es la geografía quien manda», repetían con el fi¬ 
lósofo español decenas de profesores y de profesionales escépticos, fla¬ 
meando como asidero de su derrotismo la densidad demográfica de 
Venezuela, de las más bajas de Suramérica, pues era de apenas 4,8 habi¬ 
tantes por kilómetro cuadrado. Voceaban sin recatarse su falta de fe en las 
posibilidades de progreso efectivo de una nación casi desértica y en cu¬ 
yo territorio cabrían holgadamente los habitantes de Francia e Italia, 
reunidos; con una densidad de población menor que la de Dakota del 


250 



Sur; con la mayoría de sus pobladores concentrados a lo largo de una estrecha 
franja costeña, distendida entre los Andes y el mar, y con un hinterland 
amazónico accesible sólo por avión. 

Pero aceptamos el reto, el geográfico y el social. Teníamos fe en la ca¬ 
pacidad creadora de nuestro pueblo. Sabíamos que la historia la hacen los 
hombres, y no sólo la sufren como espectadores impotentes de procesos so¬ 
ciales regidos por leyes inexorables. Y con ánimo resuelto nos empeñamos en 
la forja de un país moderno, gobernándolo con libertades; y tecnificando y 
humanizando su fisco y su economía. 

La suerte de esa obra creadora, adversa o favorable, tenía estrecho nexo 
con la manera como se abordara el problema fundamental de Venezuela: el de 
la dependencia económica del Estado y la nación de la industria petrolera, 
manipulada por poderosos intereses foráneos. 


La política petrolera de Acción Democrática 

Si en alguna materia no tuvimos que improvisar los hombres de Acción De¬ 
mocrática cuando asumimos las responsabilidades del Gobierno, fue en ésta de 
la política petrolera. Teníamos conocimiento del problema, formulas concre¬ 
tas para abordarlo y decisión de rectificar, de una vez por todas, el rumbo en- 
treguista, o vacilante, que siempre habían adoptado los gobiernos venezolanos 
ante los consorcios del petróleo. 

Pero como no éramos demagogos, sino hombres con vocación de Go¬ 
bierno, supimos dar un viraje de 180° en la manera de comportarnos públi¬ 
camente ante la industria del petróleo. Habíamos pronunciado centenares de 
discursos y escrito montañas de papel exigiendo rectificaciones en las relacio¬ 
nes entre el Estado y ese sector fundamental de la economía venezolana. Pe¬ 
ro ya en el Gobierno dejamos de hablar y de escribir, con acento polémico, en 
torno del petróleo, «porque -como dije en el Mensaje presidencial al Congre¬ 
so de 1948- cuando se tienen reponsabilidades de Gobierno e instrumentos 
de ejecución en las manos, resulta preferible la acción a la palabra». 

Esa «acción» la orientamos por caminos realistas definidos. Nunca ha¬ 
bíamos coqueteado con la idea de una posible nacionalización por decreto de 
la industria, y nadie pudo enrostrarnos inconsecuencia porque reconociéramos la 
validez de la Ley de Hidrocarburos entonces vigente y de las concesiones otor¬ 
gadas bajo su imperio. Los dirigentes de Acción Democrática habíamos sido 
categóricos en este planteamiento. En 1941, en un discurso pronunciado en 
Maracaibo, como candidato presidencial, dijo Rómulo Gallegos: «Es necesario 


251 



también declarar francamente que la tesis de la nacionalización inmediata del 
petróleo, tal como se hizo en México, no debe plantearse actualmente en 
Venezuela». Tres años después, escribía yo: 

En Venezuela no está a la orden del día en los actuales momentos la tesis de la 
nacionalización de la industria petrolera. Carecemos de los elementos técni¬ 
cos y del respaldo de una economía propia diversificada, que nos permitan 
adoptar una actitud tan audazmente nacionalista como la que constituye el 
mejor timbre de gloria de la Administración mexicana de Lázaro Cárdenas» 
(«Réplica al Embajador González», artículo publicado en El País , Caracas, 25 
de enero de 1944). 

Y es interesante observar, como lo hizo el diputado Alberto Carnevali en el 
Congreso Nacional de 1948, cuando se realizó el debate en torno de la po¬ 
lítica petrolera de AD, que ninguna de las fracciones parlamentarias de los 
partidos políticos, incluida la comunista, se pronunció por la inmediata 
nacionalización de la industria. 

Habíamos descartado siempre la posibilidad de aplicar, en los inicios de 
una gestión administrativa de orientación revolucionaria, una medida semejan¬ 
te a la que es el mejor timbre de gloria para la Administración mexicana de Lᬠ
zaro Cárdenas, porque existen diferencias sustanciales entre la situación del país 
azteca cuando nacionalizó el petróleo, y la nuestra. El petróleo era y es dentro 
de la economía mexicana un factor importante, pero complementado con 
otros de apreciable desarrollo. Por tal circunstancia, el país no experimentó 
serio quebranto en su evolución normal cuando el cártel internacional del 
petróleo, y gobiernos coludidos, con él, decretaron el boicot del petróleo 
nacionalizado. Por lo contrario, cuando arribamos nosotros al Gobierno, 
prácticamente la totalidad de la economía venezolana y parte apreciable de la 
actividad fiscal giraban alrededor del pivote petrolero. De las divisas con que 
pagó Venezuela sus importaciones de 1944, año precedente ala Revolución de 
Octubre, 92% fueron aportadas por la industria del petróleo. De los 326 mi¬ 
llones de dólares ingresados al país en ese mismo año, 300 millones de dólares 
fueron obtenidos de la explotación de ese mineral. El 31 % de los ingresos fis¬ 
cales en el Presupuesto Nacional de Rentas y Gastos Públicos correspondió a 
impuestos sobre hidrocarburos. 

La mayor parte de los ingresos por impuestos sobre la renta, que en el 
año 1944 cubrió 12,3% del Presupuesto, provinieron también de ese renglón 
de ingresos. En estimable proporción había contribuido de igual manera esa 


252 



industria a la formación de otros ingresos del Estado, por el pago de derechos 
de importación ordinarios, sobre bultos postales e impuestos varios. 

Frente a tales realidades, hubiera sido una suicida voltereta en el vacío 
la nacionalización por decreto de la industria petrolera. 

Lo que hicimos de inmediato fue darle comienzo de ejecución a un pro¬ 
grama de aprovechamiento y defensa, al máximo posible para aquel mo¬ 
mento de una riqueza que no había rendido al país beneficios apreciables. Los 
lincamientos de esa política podrían definirse en fórmulas simples y concretas: 

1. Elevación de los impuestos hasta el límite que entonces se 
consideró razonable, dentro del sistema capitalista y la econo¬ 
mía de mercado. 

2. Concurrencia de Venezuela , como entidad autónoma, al 
mercado internacional del petróleo vendiendo directamente 
sus «regalías». 

3- Cese radical del sistema de otorgamiento de concesiones a par¬ 
ticulares, y planeamiento de una empresa del Estado a la cual 
se atribuiría la facultad de explotar directamente, o mediante 
contratos con terceros, las reservas nacionales. 

4. Industrialización de la mayor parte del petróleo venezolano 
dentro del país; y organización de una refinería nacional, con 
capital estatal o mixto. 

5. Adecuadas medidas para la conservación de la riqueza pe¬ 
trolera, típico recurso natural no renovable; y utilización del 
gas emanado de los pozos que tradicionalmente se venía 
desperdicia ndo. 

6. Reinversión por las compañías concesionarias de una pane de 
sus utilidades en la vitalización y desarrollo de la economía 
agropecuaria. 

7. Mejoras sustanciales en salarios, prestaciones sociales y condi¬ 
ciones de vida y de trabajo de los obreros, empleados y técnicos 
venezolanos al servicio de la industria. 

8. Inversión de una cuota elevada de los ingresos obtenidos de la 
nueva política impositiva sobre el petróleo en crear una econo¬ 
mía diversificada y propia, netamente venezolana. 

La forma como se ajustó el Gobierno democrático a ese programa, es un tes¬ 
timonio más de que entre los años 1945 y 1948 gobernó a Venezuela un 


253 



equipo no sólo capaz de planificar, sino también de ejecutar lo planeado. Y es 
de elemental justicia decir que la realización de nuestra política de hidrocar¬ 
buros tuvo su timonel eficaz en un venezolano capaz y honrado, excepcional¬ 
mente dotado pata la gestión de Gobierno: el doctor Juan Pablo Pérez 
Alfonzo, ministro de Fomento durante el trienio 1945-1948. 


Una mayor participación nacional 

EN EL PRODUCTO DEL PETRÓLEO 

En el Gobierno comprobamos, ya con acceso a fuentes directas de informa¬ 
ción, que el régimen anterior había manipulado caprichosamente las cifras 
sobre ingresos petroleros para engañar al país y justificar a posteriori la 
reforma del 43. 

En la Memoria del Ministerio de Fomento correspondiente a 1943, 
presentada al Congreso de 1944, se afirmó que durante el primer año de vi¬ 
gencia de la nueva Ley de Hidrocarburos las regalías petroleras aumentaron 
en un 88%, porcentaje superior a la estimaciones de aumento de 80,5% de 
que se habló durante las discusiones parlamentarias. Esa afirmación era total¬ 
mente errónea. Divididas las rentas petroleras ingresadas al fisco durante el 
año 1942 -el que precedió a la reforma— por los metros cúbicos producidos, 
se obtenía la cantidad de Bs. 3,75 por m 3 , como renta unitaria; y realizada 
idéntica operación para el año 1943 resultaba la cantidad de Bs. 5,12 por m 3 , 
como renta unitaria. Es decir, que la ley de 1943, ésa «que consagraba el de¬ 
finitivo funcionamiento de la industria» y garantizaba, al decir de sus apolo¬ 
gistas, el máximo de justicia para Venezuela, sólo posibilitó un aumento de 
37% sobre los ingresos del Estado. 

En el año 44, la situación continuó planteada en términos desfavora¬ 
bles para el país. En la Memoria del Ministerio deFomentopresenxada al Congre¬ 
so de 1945, se hicieron números en el intento de demostrar que Venezuela 
estaba obteniendo el límite justo de su participación en la industria petrole¬ 
ra. En ese año -decía el último titular de Fomento del Gobierno de Medina 
Angarita- el Estado había percibido por todos los impuestos petroleros «la 
cantidad de 196,2 millones de bolívares, que era tres veces mayor a la suma 
de los impuestos causados en 1942». 

Estas cifras, presentadas con acotación tan optimista, ocultaban una 
realidad: la de que en Venezuela no se estaba aplicando la doctrina que se for¬ 
muló oficialmente, dentro y fuera del Congreso, al discutirse la Ley de Hi¬ 
drocarburos de 1943. La cuestión esencial no consistía en que aumentaran 


254 



los ingresos fiscales petroleros, circunstancia determinada por las alzas en el 
precio del «crudo» exportado y por el incremento de la producción. Lo más 
importante era que se cumpliera la previsión de que Venezuela percibiera por 
lo menos la mitad de lo recibido por la industria, participación que aún podía 
llegar a ser, según la interpretación auténtica de la ley, hasta una vez y media 
más para el país sobre las ganancias de los concesionarios. 

Ni siquiera la proporción mitad y mitad se alcanzó en 1944. Es cierto 
que los ingresos fiscales por concepto de hidrocarburos, incluidas entradas 
diferentes a los impuestos de petróleo, alcanzaron ese año a 223,1 millones de 
bolívares. Pero frente a esa participación de la nación, cuantiosa sin duda, la de 
la industria había sido de 323,1 millones de bolívares, es decir, 100 millones 
de bolívares más que la participación de la nación. 

Esos millones de bolívares de sobreganancia para las compañías eran 
de Venezuela y los necesitaba el Estado para atender inaplazables necesidades 
colectivas. Era necesario recabarlos para el fisco, pero afrontando riesgos evi¬ 
dentes, porque habían cambiado de manera sustancial las condiciones inter¬ 
nacionales con respecto al mercado de petróleo y las nacionales en cuanto a 
las relaciones entre Estado e industria, cuando llegamos nosotros al poder y 
si se les compara con las existentes en 1943. 

En 1943, ya el ominoso orden de relaciones Estado-industria de la 
época gomecista había sido paramentado y, en cierto modo, adecentado por 
la nueva Ley de Hidrocarburos. La guerra había concluido y con ella el apre¬ 
mio inaplazable de combustible para movilizar la maquinaria bélica de los Es¬ 
tados que fueron beligerantes. El Medio Este había emergido de la Segunda 
Guerra Mundial como productor en grande de petróleo, en competencia des¬ 
leal con las otras zonas productoras, porque los sistemas impositivos eran los 
típicos de las factorías y la mano de obra semiesclava devengaba salarios de 
hambre. Más de un millón de barriles diarios de crudo provenientes del Me¬ 
dio Este y producidos a precio vil, para utilizar la expresión de la Economía 
clásica, inundaban los mercados consumidores, extraídos de los pozos de 
Irán, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait y Bahrein. Los costos de producción en esas 
áreas atrasadas, sometidas a virtual régimen de colonias, bajo gobiernos me¬ 
diatizados por las grandes potencias de Occidente y con Estados rudimenta¬ 
rios, eran escandalosamente bajos en comparación con los costos del «crudo» 
venezolano. En 1946, recién iniciada nuestra gestión de gobernantes, el cos¬ 
to de producción en Venezuela excedía de los 50 centavos de dólar, por barril. 
En Saudi Arabia y Bahrein, el costo por esa misma unidad de producción era 
de 40,6 centavos de dólar y de 25 centavos, respectivamente. En Kuwait el 


255 



costo de producción fue estimado para ese mismo año en 27 centavos de dó¬ 
lar por barril (Datos del informe sobre el cártel internacional del petróleo, 
elaborado por la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, Was¬ 
hington DC, 1952, pp. 364-365). 

Estos reducidos costos de producción en el Medio Oriente eran re¬ 
sultado de los impuestos increíblemente bajos y de las condiciones privile¬ 
giadas, casi de dueños de territorios conquistados, de que disfrutaban en 
esa región las compañías inversionistas. El escritor francés J. Beaujeu-Gar- 
nier describe muy gráficamente esa situación: «Políticamente, los conce¬ 
sionarios representan un Estado dentro del Estado, gozando de extensos 
derechos extraterritoriales, importando personal extranjero y reduciendo 
en forma incontrastable la soberanía de los Estados». Los tributos pagados 
a los reyes y reyezuelos locales por las compañías, eran mínimos. El mismo 
tratadista los resume en cifras: «En Bahrein y Kuwait, la compañía paga 13 
centavos [de dólar] por barril; en Irak y en Irán 20 a 22 centavos, lo mis¬ 
mo que en la mayor parte de la Arabia Saudita» (Z 'Économie du Moyen 
Orient, Presses Universitaires de France, París 1952, p. 117). 

Se había utilizado, además, tal despliegue de propaganda nacional 
e internacional para presentar la reforma petrolera del 43 como deside¬ 
rátum de las aspiraciones venezolanas, que zonas importantes de opi¬ 
nión fueron ganadas por esa tesis. Se pensaba, inclusive, que ir más lejos 
en los reclamos nacionales era un reto lanzado a los poderosos consor¬ 
cios petroleros, que podría ser respondido por éstos disminuyendo y aun 
paralizando la producción venezolana. 

Esta amenazadora posibilidad comenzó a esgrimirse, a través de inten¬ 
cionados comentarios de prensa. Se publicaban a grandes titulares las cifras 
impresionantes de la producción del Medio Este y se deslizaba la presunción 
de que serían intensificadas aún más las labores de los trusts en esa área, si 
nuevas cargas impositivas las afectaban en Venezuela. 

Desde los Estados Unidos, ese contrataque preventivo a una más enér¬ 
gica política fiscal venezolana en relación con sus petróleos despuntaba desde 
diversos sitios, incluida la tribuna de los conferenciantes. 

Fue el caso del doctor Frederick Hausman, «ex consejero del Go¬ 
bierno venezolano en asuntos petroleros», como lo caracterizaba la United 
Press. Dictó una conferencia ese experto estadounidense el 15 de noviem¬ 
bre de 1945, en la Nueva Escuela de Investigaciones Sociales, de Nueva 
York, sobre el entonces actualísimo tópico del violento cambio de Gobierno 
realizado en Venezuela. 


256 



Justificó la revolución y puso en evidencia sus soterradas raíces 
económico-sociales: 

La reciente revolución de Venezuela -dijo- ha sido interpretada como un 
signo característico de inquietud en la América Latina, y se ha atribuido a 
causas políticas. Sin embargo, una comprensión más profunda de ese súbito y 
fructífero movimiento de un grupo de políticos civiles, es posible sólo si se con¬ 
sidera la estructura económica y el desarrollo de Venezuela en los años recientes. 

Hasta ese momento, el disertante se movía dentro de una órbita de ob¬ 
jetividad. Pero se salió por la tangente al hacerse vocero, y debe presumirse que 
de buena fe, del punto de vista que estaba esgrimiendo, para ese momento, la 
clientela nacional y extranjera de los consorcios petroleros. Escúchesele: 

El nuevo Gobierno promete reformas sociales. Sin embargo, no debiera con¬ 
tar con «reformas» relativas a mayores impuestos. Las exportaciones petrole¬ 
ras venezolanas tendrán que hacer frente ahora a la competencia del petróleo 
barato del Cercano Oriente, donde recientemente se han descubierto enor¬ 
mes reservas. Así existe el peligro de que las compañías petroleras li¬ 
miten la producción venezolana en favor de una nueva zona en el 
Cercano Oriente si se les obliga a pagar mayores derechos (Subraya 
R.B.) (Información de la United Press, 16 nov. 1945). 

Fue más lejos en sus apreciaciones el profesor Lester Charles Uren, de 
la Universidad de California, autor de un voluminoso y documentado libro 
sobre la industria internacional del petróleo. Refiriéndose a Venezuela, el pro¬ 
fesor californiano hizo una semblanza apologética del pasado de la industria, 
en los dorados días en que la «libre empresa» campeaba por sus fueros; y al 
atisbar hacia el futuro, culpó por anticipado al «socialismo», de una espera- 
ble alteración de ese idílico panorama de tres grandes empresas usufructuan¬ 
do, como pertenencia suya, el subsuelo venezolano. Así habló el profesor, con 
dogmatismo de cátedra: 

La industria petrolera de ese país, altamente desarrollada, ha sido or¬ 
ganizada, en amplia proporción, por capitales norteamericanos y 
británicos, y bajo leyes que hasta épocas recientes fueron considera¬ 
das como en extremo favorables a la explotación privada. Pero el Go¬ 
bierno fue derrocado en 1945y el nuevo régimen amenaza con altos 


257 



impuestos. Sus tendencias socialistas han creado perspectivas menos 
favorables al capital extranjero (Petroleum Production Economics, 
McGraw Book Company, Inc.) 

Las insinuaciones de represalias implícitas en tales juicios no nos detuvie¬ 
ron para cumplir un compromiso contraído con la nación. Y todavía inseguros 
en el Gobierno, amenazado como estaba el régimen provisional por conspira¬ 
ciones militares y por arteras maniobras de los desplazados del poder, dictamos 
el 31 de diciembre de 1945 un decreto estipulando un impuesto extraordinario. 

Ese decreto incidió sobre los beneficios obtenidos en el año anterior 
por capitales que rentaran más de 800 mil bolívares. Fue cobrado a un to¬ 
tal de 75 personas naturales y jurídicas, de las 20 mil que en el país eran 
afectadas al pago del impuesto sobre la renta. En informe emitido el 30 de 
septiembre de 1946, el doctor Carlos A. D’Ascoli, quien como ministro 
de Hacienda colaboró en la elaboración de la política de AD en materia de 
petróleo, expresó que para esa fecha se habían liquidado planillas por con¬ 
cepto de ese impuesto adicional por un monto de Bs. 93.381.775,74, de los 
cuales correspondió pagar a las empresas petroleras 98,5% del total de esa 
imposición extraordinaria. 

En torno a ese decreto y a la forma directa como incidió sobre las ga¬ 
nancias de las compañías petroleras, la escritora Ruth Sheldon escribió en 
World Petroleum (junio de 1946): 

La Ley de Hidrocarburos de 1943 representó un aumento de 70% de los 
ingresos del Gobierno obtenidos de sus participaciones petroleras. Las 
compañías pensaron que se había hecho para entonces un ajuste máximo 
de división de ganancias. Cuando el actual Gobierno entró al poder, las 
compañías petroleras se sintieron aprensivas, debido a que el Presidente 
Betancourt y el ministro Pérez Alfbnzo habían sido los líderes de la oposi¬ 
ción a la aprobación de la Ley de 1943, fundándose en el hecho de que no 
garantizaba al Estado una participación equitativa en el caso de beneficios 
extraordinarios. El Gobierno aseguró a las compañías que no tenía inten¬ 
ciones de invalidar la Ley de 1943, pero pasaron los gobernantes, con toda 
prontitud, a darle efecto a sus objeciones anteriores. Los empresarios pe¬ 
troleros amanecieron el día de año nuevo con un verdadero «ratón» 
(hangover), ya que el día anterior el Gobierno decretó un impuesto ex¬ 
traordinario sobre todas las ganancias de 1945. Este decreto era aplicable 
a toda persona en Venezuela, pero las compañías petroleras se encontra¬ 
ron en el grupo de 20%, alcanzando su contribución a 90 millones de 


258 



bolívares de los 100 millones que se cobraron por ese concepto. Como di¬ 
cen en Venezuela, ésa era una Ley con nombre y apellido. 

Por primera vez en la historia de la industria petrolera en Venezuela, 
se alcanzó mediante ese decreto-ley una participación de la nación sobre 
las ganancias apreciablemente mayor a la de la industria. Comentando ese 
resultado, se dijo en la introducción de la Memoria de Fomento (1946), pre¬ 
sentada a la consideración de la Asamblea Nacional Constituyente (pp. 24-25): 

Este impuesto, con su firme basamento y sin bullicio ni alhara¬ 
ca, representó a la nación un rendimiento económico superior 
al de la reforma petrolera. El aumento unitario de los impuestos 
fue de Bs. 1, 72 por m 3 , que sobre los Bs. 3, 75 que se percibía por 
impuesto unitario en 1942 representa un aumento de 46%. La en¬ 
trada total de la aplicación del Decreto de la Junta Revolucionaria 
alcanzó a Bs. 88.640.396,64. Con este impuesto, las rentas unitarias 
de petróleo se elevaron a Bs. 7,41 por m 3 . 

Nos basamos para dictar ese decreto en antecedentes utilizados en for¬ 
ma razonada, responsable. Se trató de una medida audaz, pero fundamentada 
en argumentos de sólida validez. 

En los informes rendidos por los expertos norteamericanos Curtice y 
Hoover acerca de la Ley de Hidrocarburos del 43, se aseguraba que median¬ 
te su aplicación Venezuela percibiría la mitad de las ganancias de la industria. 
Esa misma tesis fue sostenida, ilustrándola con números alegres, por uno de 
los técnicos del Ministerio de Fomento, doctor Edmundo Luongo Cabe¬ 
llo, en conferencia pronunciada en el bloque parlamentario oficialista y 
editada en folleto por la Oficina Nacional de Prensa, Caracas, 1943. 

Los hechos les dieron la razón a los impugnadores de la reforma, y no 
a sus interesados apologistas. 

En 1944, la participación total del Gobierno, excluido el impuesto so¬ 
bre la renta, fue apenas Bs. 4,41 por m 3 , cuando se había afirmado en el cur¬ 
so de las discusiones parlamentarias en torno a la Ley de Hidrocarburos que 
el Estado percibiría Bs. 6 por m 3 y Bs. 4,47 las compañías (conferencia ya ci¬ 
tada del doctor Luongo Cabello). 

Hurgando más hacia el pasado se hicieron comprobaciones igual¬ 
mente desfavorables para el país. Durante los dos años de vigencia de la 
nueva Ley de Hidrocarburos-1943 y 1944-los impuestos unitarios del pe¬ 
tróleo fueron, respectivamente, de Bs. 5,46 y de Bs. 5,12 por m 3 , mientras 


259 



que los impuestos unitarios del petróleo, en los años anteriores a la refor¬ 
ma, habían sido de Bs. 3,75 en 1944 y de Bs. 3,72 por m 3 en fecha aún 
más lejana, en 1938. 

La reforma petrolera del 43, tan ensalzada por los voceros del régimen, 
significó, al traducirse a cifras, un aumento de apenas 36% de los ingresos 
fiscales, y no el 70% que se había prometido. 

Esa situación fue posible modificarla por el ascenso de Acción Democrᬠ
tica a las responsabilidades del Gobierno. Aún más desfavorable que en 1943 y 
1944 hubiera sido en 1945 y años subsiguientes la participación nacional en las 
ganancias petroleras, de haberse mantenido en el Gobierno el régimen derro¬ 
cado el 18 de octubre. Porque con las alzas violentas en las cotizaciones del 
«crudo» y el ritmo de crecimiento acelerado en la producción que caracteri¬ 
zaron a los años de posguerra, se hubiera acentuado la desproporción entre 
los ingresos de la industria y los del país. 

Ese «ritmo de crecimiento acelerado en la producción» se mantuvo du¬ 
rante el trienio de Gobierno de Acción Democrática. Las causas y consecuen¬ 
cias de ese proceso resultan fáciles de explicar y de justificar. 

En 1938 se produjeron en Venezuela 188 millones de barriles de petró¬ 
leo crudo. En 1942, a causa de las dificultades de transporte por la guerra 
submarina que hacían los alemanes en el Caribe, la producción descendió a 
150 millones de barriles, que fue casi igual a la producción de 1935. 

Era ésa una producción que podía considerarse satisfactoria. Sobre la 
base de que se reajustara el sistema de impuestos de hidrocarburos, elevándo¬ 
los hasta sus justos límites, era posible esperar que con ella bastara para impul¬ 
sar el desarrollo económico general a ritmo acompasado, sin bruscos impulsos. 

Pero la posguerra trajo como consecuencia una demanda inusitada de 
petróleo. La reconstrucción de Europa y de parte de Asia, devastadas por la 
metralla, exigió cuotas cada vez más crecidas de combustible. No podíamos 
entrabar el desarrollo de la producción. Sabíamos bien que el bienestar gene¬ 
ral de los pueblos es condición de seguridad para todas las naciones, y que 
cualquier esfuerzo reorganizativo de la producción en cualquier país, reclama 
el aporte de la energía que suministra el petróleo. Teníamos, al propio tiempo, 
la razonada convicción de que ni a Venezuela, como país productor, ni al 
continente americano que en buena parte satisface sus necesidades de com¬ 
bustible con el aporte de nuestro subsuelo, les conviene el rápido agota¬ 
miento de las reservas venezolanas. Así lo hicimos saber a las empresas, 
previniéndoles que al ser satisfecha la agudizada demanda de posguerra serían 
fijados límites razonables a la producción. Ésta, en esos años crecía a saltos. 


260 



En 1945, los pozos venezolanos arrojaron 323 millones de barriles, au¬ 
mentándose en 72% la producción sobre el volumen de 1938; en 1946, se 
pasó al doble de esa producción, extrayéndose de los yacimientos nacionales 
388 millones de barriles. En 1947, el aumento en relación con el mismo año 
base (1938) fue de 131%, ya que la producción alcanzó a 433 millones de ba¬ 
rriles. En 1948 continuó el mismo ritmo de aumento, con una producción 
de 473 millones de barriles, que significó un aumento adicional de 22%. 
La producción de 1938 fue aumentada así en una y media vez. 

Pero crecieron paralelamente la producción y los impuestos. Si no ne¬ 
gábamos al mundo el aceite mineral de nuestro subsuelo, estábamos resuel¬ 
tos a hacérnoslo pagar al precio justo. Venezuela no continuaría siendo 
productora de petróleos baratos y su riqueza minera no iba a traducirse só¬ 
lo en cifras de dividendos para los inversionistas extranjeros, sino también en 
posibilidad de financiamiento de un desarrollo económico autónomo y de 
bienestar generalizado para la población nacional. 

Después del decreto sobre utilidades extraordinarias, aplicable por una 
sola vez, se elaboró el Decreto núm. 212. Fue sometido por la Junta Revo¬ 
lucionaria de Gobierno a la consideración de la Asamblea Nacional Consti¬ 
tuyente (1947) y aprobado con el voto unánime de todas las fracciones 
políticas allí representadas: la mayoritaria, formada por miembros de Acción 
Democrática; y las minoritarias de COPEI, Unión Republicana Democrática 
y Partido Comunista. 

Consistió ese decreto-ley en la elevación del impuesto progresivo sobre 
la renta global, que el régimen anterior había dejado en un tímido límite de 
9,5%, hasta un máximum de 26% sobre las rentas mayores de 28 millones 
de bolívares. Ese volujnen de renta sólo lo alcanzan en Venezuela las compa¬ 
ñías petroleras, por la cuantía de los capitales invertidos y por la tasa excep¬ 
cional de rendimiento de la industria que explotan. 

Ese decreto no sólo aumentó de manera progresiva la imposición a co¬ 
brar sobre rentas cuyo monto excediera de los 380 mil bolívares, gravando 
con su rata máxima los beneficios derivados de las actividades mineras, sino que 
simultáneamente disminuyó los impuestos sobre rentas provenientes del 
trabajo, y aun las derivadas del capital nacional. 

Esta política fiscal respondió a una definida orientación y fue piedra 
de toque para demostrar cómo queríamos hacer justicia social y aumentar al 
propio tiempo la capitalización nacional. Si los impuestos percibidos de las ac¬ 
tividades económicas más rentables cubrían el mayor porcentaje de los gas¬ 
tos públicos, era de conveniencia nacional que se disminuyeran los impuestos 


261 



directos sobre rentas de empleados, de empresarios medios y pequeños, de las 
capas más débiles, en síntesis, de la economía venezolana. Esa medida fue com¬ 
plementada con la eliminación de un número apreciable de impuestos indirectos. 

La nueva política impositiva en materia de petróleos comenzó a dar sus 
resultados, favorables al fisco. Se dijo en periódicos de oposición y por opi- 
nadores irresponsables que el aumento de las rentas sobre hidrocarburos 
obedecía exclusivamente al mayor precio del mineral y al crecimiento de la 
producción. Con fáciles números era posible demostrar que nuestras reformas 
habían sido factor primordial en esa alza apreciable de los ingresos petroleros. 

En 1947, la producción equivalió a 130,9% sobre la del año base 1938. Pe¬ 
ro los ingresos fiscales fueron 621,2% más altos que los de 1938. De haberse apli¬ 
cado en ese año el mismo sistema de tributación que regía en 1944 -un año 
después de entrar en vigencia la Ley de Hidrocarburos de 1943- la proporción de 
los ingresos sólo hubiera llegado hasta 392,0%, incluyendo en ambos casos 
166,9% determinado por el aumento de los precios. Es decir, la nación no hubie¬ 
ra recibido 814,3 millones de bolívares en 1947 sino 554,9 millones de bolívares 
si se hubiera aplicado el régimen jurídico de 1944, a pesar del aumento de precios 
del «crudo» en los mercados consumidores. Se debió, por consiguiente, a las nue¬ 
vas previsiones fiscales establecidas a partir de 1945 el que la nación recibiera en el 
año 47 la cantidad suplementaria de 259,6 millones de bolívares (Informe de la 
Comisión de Fomento al Congreso Nacional. Gaceta del Congreso de los Es¬ 
tados Unidos de Venezuela, núm. 18, Caracas, 29 de octubre de 1948, p. 986). 

Los factores que intervinieron en ese ingreso excepcionalmente alto de im¬ 
puestos petroleros en 1947 resultan fáciles de apreciar al reducir a porcentajes sus 
respectivos aportes. Este es el resultado de esa descomposición de los elementos in¬ 
tegrantes de las cantidades percibidas de la explotación del petróleo por el Estado 
venezolano en 1947, el último año del Gobierno que me correspondió presidir: 

Ingresos por concepto de renta petrolera en 1947: 814,5 millo¬ 
nes de bolívares, o sea un aumento de 621,2% sobre lo percibido en 
1938, que fue de alrededor de 112 millones de bolívares. Ese aumen¬ 
to de 621,2% se descomponía así: 

Por ciento 


Por aumento de la producción 130,0 

Por aplicación de la Ley de 1943 94,1 

Por alzas en el precio del petróleo 166,9 

Por las medidas nacionalistas del Gobierno de ad 230,2 

621,2 


262 



Pero aun habiendo aumentado en forma tan apreciable los impuestos sobre 
la explotación de hidrocarburos, durante el año 1947 no se alcanzó con res¬ 
pecto a los dos mayores productores del mineral, el objetivo de que la nación 
obtuviera por lo menos la mitad de las ganancias líquidas de las empresas. 
Nuestra tesis en la oposición y que desde el Gobierno estábamos haciendo 
realidad, era la de que la nación bien podía obtener en un momento dado un 
porcentaje mayor sobre los beneficios de la industria al percibido por las 
compañías explotadoras, pero en ningún caso inferior. En 1947, como ya se 
ha dicho, esa previsión no se alcanzó. 

Se había aplicado estrictamente la nueva tributación creada por el De¬ 
creto-Ley núm. 212, que debatió y aprobó la Asamblea Nacional Constitu¬ 
yente. Pero no se alcanzó en ese año con respecto a la Creóle Petroleum 
Corporation (Standard) y a la Shell, el confeso y definido objetivo de que nin¬ 
guna empresa concesionaria percibiera en ningún caso, ganancias mayores 
que los impuestos recaudados por el Estado. 

Para apreciar esa situación resulta interesante resumir el proceso evolu¬ 
tivo de los impuestos en la industria petrolera, que había sido el siguiente, 
relacionado al valor de la producción. En 1938, sobre cada metro cúbico de 
petróleo, cuyo precio era de Bs. 18,15, la nación sólo obtuvo Bs. 3,77, o sea 
20,8%. En los años subsiguientes, la participación más baja para el Estado 
correspondió a 1941; entonces de Bs. 18,99 por m 3 de petróleo sólo se perci¬ 
bieron Bs. 3,33, es decir, 17,5%. En cambio, en ese año recibieron las empre¬ 
sas 34,8%, casi el doble que el Estado. En 1942 la relación mejoró un poco, 
pero no fue sino en 1943 cuando la participación nacional subió a 27,5%, en 
tanto que las compañías llegaron a 37%. La situación más favorable para el 
país fue la de 1945. Ratificando con actos administrativos las tesis que voceᬠ
bamos desde tribunas de oposición, decretamos y recaudamos el impuesto 
extraordinario, para compensar las pérdidas del país en los años anteriores. 
La participación del Estado se elevó así hasta 36,2% en tanto que las empresas 
percibieron sólo 30%. 

En 1946, la participación de la nación por metro cúbico de petróleo se 
elevó a Bs. 8,07, pero representó solamente 32,9% del precio promedio de 
ese año, que fue de Bs. 24,5 por barril de «crudo». En 1947, el precio del pe¬ 
tróleo continuó elevándose mucho más; llegó a un promedio para el año de 
Bs. 34,93 por m 3 , de los cuales recibió el Estado Bs. 11,77 (33,7%). Se reci¬ 
bió más dinero por metro cúbico y un porcentaje más alto que en 1946, pe¬ 
ro la participación del Estado resultó inferior a la de la industria, que se elevó 
a 37%, equivalente a Bs. 12,92 por m 3 (Memoria del Ministerio de 
Fomento al Congreso Nacional, 1947, pp. 24-25). 


263 



Esta situación se debió a las alzas tan violentas como imprevisibles 
operadas en el precio del «crudo» (1946: Bs. 24,5 m 3 ; 1947: Bs. 34,93 m 3 ). 
Pero no nos avinimos a admitir que a causa de un elemento sorpresivo 
fuera defraudada la intención del Gobierno de no percibir nunca menos que 
las empresas en las ganancias de la industria. Como gobernantes no nos ceñi¬ 
mos a una interpretación curialesca de la ley, sino que de ella tuvimos una 
concepción dinámica. La idea del interés nacional prevaleció en nosotros por 
sobre el fetichismo de la letra escrita. Y si era voluntad manifiesta del país, ex¬ 
presada en el apoyo unánime de la Asamblea Nacional Constituyente a una te¬ 
sis de Gobierno resumible así: en ningún caso las empresas petroleras 
llegarán a recibir una participación en las ganancias anuales supe¬ 
rior a las entradas que percibiera el Estado, resultaba lógico suplir con 
la gestión directa lo que la ley no había alcanzado a garantizar. Así lo expresa¬ 
mos a las compañías, y éstas se comprometieron a realizar las obras de interés 
colectivo que el Ejecutivo les señalara, hasta por la cantidad necesaria para man¬ 
tener el principio 50-50 como límite de las ganancias de las empresas. 

El diputado doctor Jóvito Villalba objetó en el Congreso esa gestión 
del Ejecutivo. Refiriéndose a las compensaciones exigidas a la Creóle y a la 
Shell, se preguntó y preguntó, con tono no exento de patetismo: 

¿Qué son? ¿Son un impuesto, un regalo? Si son un presente, creo que ningu¬ 
no de nosotros, buenos patriotas, desea que la nación reciba dádivas de las 
empresas. Si son un impuesto, el Congreso no puede consentir que se cobre 
sin que el Contralor tenga las narices metidas en él ( Gaceta del Congreso 
de los Estados Unidos de Venezuela, núm. cit., p. 1 . 019 ). 

La respuesta del ministro Pérez Alfonzo fue contundente: 

No es un impuesto, ni es tampoco una contribución obligatoria de ningún 
otro género, sino exclusivamente una aportación justificada por la inten¬ 
ción que guió la modificación del impuesto sobre la renta del 46 (Gaceta 
del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, núm. cit., p. 1.035). 

En otras palabras, que se logró de las empresas, por la fuerza de convicción 
de que dispone un Gobierno honrado y con respaldo colectivo, el cumpli¬ 
miento de lo que había sido intención del legislador. De haberse circuns¬ 
crito el Gobierno a una interpretación a la letra del Decreto núm. 212 -que 
se ha dicho fue emitido por la Asamblea Nacional Constituyente- no hubiera 
dispuesto de argumentos jurídicos en defensa del interés nacional. 


264 



Y para evitar que en lo sucesivo pudieran presentarse situaciones simila¬ 
res a la de 1947, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley. Lo 
aprobó sin enmiendas el Legislativo, en sus sesiones ordinarias de 1948. Su es¬ 
cueto articulado dejó claramente establecido que si sumados todos los impues¬ 
tos pagados por las empresas, la tributación de éstas no alcanzaba al 50% de 
sus ganancias, quedaban obligadas a satisfacer al fisco la respectiva diferencia 1 . 

Hechos los reajustes ya referidos, pudieron estimarse con precisión bas¬ 
tante aproximada los ingresos nacionales derivados de la industria petrolera 
durante el año de 1947, incluyendo no sólo la renta percibida por el Estado, 
sino la totalidad de ellos. 

Se refiere esa estimación al último año de Gobierno de Acción Demo¬ 
crática sobre el cual pudo hacerse un balance de tal naturaleza, ya que el 24 
de noviembre de 1948 un golpe de cuartel terminó abruptamente, a los nueve 
meses de iniciada, con la administración presidida por Rómulo Gallegos. 

En 1947, con una exportación de combustible por valor de 2.354,5 
millones de bolívares, la participación general de la nación en la industria 
petrolera se estimó en 2.119,4 millones de bolívares, repartidos así: 


En millones 


a) 

Impuestos ocasionales 

Bs. 4,6 

b) 

Impuestos regulares 

Bs. 814,5 

c) 

Contribución del 50% 

Bs. 30,0 

d) 

Maquinaria y mercancía importadas 

Bs. 476,9 

e) 

Sueldos, salarios, servicios y mercancías 



pagadas en el país 

Bs. 743,4 

f) 

Reservas para obligaciones de trabajo 

Bs. 50,0 


Bs. 2.119,4 


Las cifras anteriores ponen de relieve dos circunstancias. La primera, el ex¬ 
traordinario ámbito de repercusión de la industria petrolera en las activida¬ 
des económicas venezolanas y las posibilidades insospechadas de progreso para 

1 Algunos han pretendido que la fórmula 50-50 debe acreditarse a la gestión del régimen derro¬ 
cado en 1945. No es así. Opiniones de gentes extrañas a las pugnas políticas domésticas han 
situado la cuestión en los términos justos. Es lo que ha hecho Leonard M. Fanning ( Foreign 
oil and the free World, McGraw Hill, 1954, p. 94). Escribe: «Para clarificar el paso final en 
la evolución progresiva de la Ley 50-50, un breve rastreo de antecedentes es necesario. En 
Venezuela, la formula 50-50 no fue escrita en la Ley de Petróleos de 1943. Pero fue infor¬ 
mal y privadamente insinuada, como especie de base de discusión para el proyectado ajuste 
de regalías e impuestos por Max Thornburg, A.A. Curtice y Herbert Hoover, Jr., los conse¬ 
jeros del Gobierno venezolano en las negociaciones con los representantes de las com¬ 
pañías. Sin embargo, la división 50-50 fue anunciada públicamente como objetivo del 
Gobierno. En otras palabras, el Gobierno bajo la considerable presión de Acción Democrática, 


265 



el país que se iban abriendo bajo una Administración vigilante y preo¬ 
cupada. La segunda, que Venezuela estaba quemando etapas en el camino 
de la recuperación de su soberanía económica y dejando atrás el deprimente 
pasado de semicoloniaje. 

Esto último se aprecia al contrastar la participación de Venezuela 
en la industria petrolera en 1938 con la de 1947, que llegará a ser 
año-hito en la historia que estamos haciendo las generaciones venezola¬ 
nas de hoy, porque en uno de sus meses fue elegido por primera vez un 
Presidente de la República en libérrimas elecciones populares y porque 
en el transcurrir de sus 365 días se dieron trancos de avance en el camino 
de la liberación nacional. 

En apretada síntesis puede resumirse ese paso de Venezuela de fac¬ 
toría económica a nación que ya comenzaba a disfrutar realmente de sus 
riquezas naturales: 

✓ 

El aumento de la renta del Estado para el año 1947, por concepto de petró¬ 
leo, fue de 622,1% sobre la renta de 1938, semejante al aumento de entradas 
de divisas que fue más de seis veces la de aquel año, y también equivalente al 
aumento de importaciones. 

Pero el aumento por razón de la mayor producción de petróleo 
fue sólo de 130,9%. Es decir, que en 1947 una producción uno y un 
tercio mayor a la de 1938 representó una entrada al Estado 6,5 más 
grande. (Subraya R.B.) f Memoria del Ministerio de Fomento al Congreso 
Nacional, 1947, p. 14 de la Introducción). 

Es de interés decir que todos los partidos políticos representados en el 
Congreso Nacional de 1948 coincidieron en reconocer que el Gobierno de 
AD había alcanzado el objetivo de aumentar sensiblemente la participación 
en las ganancias de la industria. El diputado del partido COPEI, doctor Go- 
dofredo González, afirmó: « Sobre este punto creo cumplir con un deber 
de justicia al proclamar que nosotros estamos satisfechos de la ges¬ 
tión adelantada por el Gobierno Nacional»(Gaceta del Congreso de 


dejó decir que la división 50-50 era un elemento básico de la ley. Además, en el Senado vene¬ 
zolano se dijo que si la Ley no daba el resultado de que el Gobierno recibiera 50% de las 
ganancias, podía siempre apelarse a la Ley de Impuesto sobre la Renta. La fecha histórica 
del nacimiento de la división de los beneficios, escrita en la Ley, no fue, por con¬ 
siguiente, 1943 sino 1948, cuando la Ley de Impuesto sobre la Renta fue modifi¬ 
cada para hacer obligatoria la división de las ganancias por partes iguales » (El 
subrayado del último párrafo, por R.B.). 


266 



los Estados Unidos de Venezuela , núm. cit., p. 1.000). El doctor Jóvito 
Villalba, vocero de URD, dijo a su vez: 

Este Gobierno ha realizado un esfuerzo plausible en el sentido de au¬ 
mentarlos ingresos petroleros de la nación, en mejorarla participación 
de la nación en el fruto de la industria petrolera (Gaceta del Congre¬ 
so de los Estados Unidos de Venezuela, núm. cit., p. 1.018). 

Y el doctor Gustavo Machado, del Partido Comunista, al referirse a la parti¬ 
cipación nacional en el producido de la industria, dijo: «Ya se ha logrado 
hasta un límite razonable, como es llegar a la fórmula del 50 por 
ciento» (Gaceta del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, 
núm. cit., p. 1.013). El diputado Alberto Carnevali tuvo el cuidado de pun¬ 
tualizar que para AD el límite de las aspiraciones nacionales no era el del re¬ 
parto matemático en partes iguales de las utilidades petroleras entre el 
binomio Estado-empresas. Su planteamiento no se prestó a equívocos y de¬ 
jó abiertas todas las posibilidades del futuro: 

Si conceptuamos que la situación del comercio internacional del pe¬ 
tróleo se torna más ventajosa, no tendremos ningún inconveniente 
en que se avance más en esa consigna de obtener cada vez mayor 
participación de la nación en la industria petrolera (Gaceta del Con¬ 
greso de los Estados Unidos de Venezuela, núm. cit., p. 1.067). 

Al propio tiempo que tenía el Gobierno noción precisa de cuáles eran 
los ingresos derivados por la nación de la industria petrolera, también se co¬ 
nocían las ganancias de las empresas. Había pasado la época en que la parte 
financiera de la explotación petrolera era una especie de tierra incógnita, 
de coto vedado. Tenía el Estado facultad legal para investigar la contabilidad de 
las empresas, y se utilizaba personal especializado; seguía atentamente las va¬ 
riaciones del mercado de precios y acumulaba todas las referencias capaces de 
orientar a la Administración en la compleja maraña de las fluctuaciones 
internacionales del negocio petrolero. 

Así no resultó difícil estimar, con escaso margen de error, el volumen 
de las ganancias percibidas por los trusts operantes en Venezuela, durante el 
año 1947. En ese año -según datos registrados en la Memoria del Ministe¬ 
rio de Fomento al Congreso de 1948-, las ganancias líquidas de la indus¬ 
tria promediaron alrededor de 20% de los capitales invertidos y los 
dividendos pagados a los accionistas se limitaron a 7,5%. Si estos porcentajes 


267 



de ganancias sobre los capitales invertidos en la producción petrolera de Ve¬ 
nezuela se comparan con los de la propia industria en los Estados Unidos, y 
aun con otras industrias manufactureras de ese mismo país, se aprecia que Ve¬ 
nezuela, dentro de la organización capitalista y la economía de mercado, ha¬ 
bía alcanzado una situación evidentemente favorable, y que sólo era necesario 
vigilar de continuo los altibajos de los ciclos económicos y las condiciones y 
perspectivas de los mercados internacionales. Y resulta interesante observar 
cómo la industria mexicana nacionalizada -solución patriótica determinada 
por una situación dilemática, en que fue ésa la única salida posible para hacer 
respetar los fueros de la soberanía nacional- no lograba mayores proventos 
económicos a los obtenidos por Venezuela. Sacando ventaja de la para ellos 
amarga experiencia derivada por los trusts de las medidas de expropiación 
boliviana y mexicana, el Gobierno de AD llevó la participación venezolana en 
las utilidades de la industria hasta límites tales que no fue necesaria la forma 
legal de la nacionalización para el objetivo de fondo, económico, de hacer que 
el petróleo, como recurso natural del país, beneficiara más que a nadie al pro¬ 
pio pueblo venezolano. Ilustrativa, a este respecto, resulta la comparación de 
los ingresos obtenidos por México de su industria nacionalizada con los al¬ 
canzados por Venezuela, cuando la gobernaba un partido político y un equi¬ 
po de hombres empeñados en la defensa del patrimonio nacional. 

En una entrevista con un redactor del Oil & Gas Journal (13 de julio 
de 1930), el senador Antonio J. Bermúdez, Director General de la. Pemex 
(Petróleos Mexicanos Nacionalizados), informó que en ese año la producción 
de su país en aceite mineral iba a batir todos los records y a contribuir con el 
máximum de los beneficios de la nacionalización. Iba a pagar al Gobierno 
mexicano un conjunto de impuestos y de derechos por la cantidad de 44 mi¬ 
llones de dólares, con una producción promedia diaria de 196.000 barriles de 
«crudo». Ese aporte al fisco de la Pemex equivalió a 61 centavos de dólar por 
barril sobre la producción total de 1950. En ese aporte iba incluido el im¬ 
puesto de consumo sobre la gasolina, que no lo paga la empresa sino el 
consumidor y el cual es recaudado por Pemex . 

En 1947, como ya se ha dicho, produjeron los pozos venezolanos 
430 millones de barriles, sobre los cuales percibió el Gobierno impuestos 
que alcanzaron a 278 millones de dólares, incluyendo el arreglo 50-50. 
Es decir, que recibió el fisco venezolano 64 centavos de dólar por barril, 
contra los 61 percibidos por el Gobierno mexicano. Significaban estas ci¬ 
fras que la Pemex hubiera tenido que pagar 7% más al Gobierno para 
que su participación en dinero líquido igualara a la venezolana de 1947, 
por unidad producida. 


268 



En favor de México habría que estudiar cómo afectaría una produc¬ 
ción mayor el rendimiento unitario, o sea por barril. La producción que com¬ 
paramos es 6 veces mayor en Venezuela. Pero como contrapartida debe 
tenerse en cuenta que fuera de la participación en impuestos, en dinero, la 
participación en especie y en beneficios generales fue más alta en Venezuela. 
Los salarios, por ejemplo, fueron aproximados en Venezuela a los obtenidos 
por los obreros de la industria petrolera de los Estados Unidos y evidente¬ 
mente más altos que los de la Inglaterra entonces bajo Gobierno laborista y 
de los percibidos por quienes trabajaban para la industria nacionalizada en 
México. En 1947 se estimó que a través de los empleados y obreros utilizados 
por la industria petrolera, recibió Venezuela un ingreso equivalente a los im¬ 
puestos percibidos por el Gobierno, es decir, alrededor de 743,4 millones de 
bolívares en sueldos, salarios y mercancías compradas dentro de Venezuela; y 
50 millones de bolívares en reservas para obligaciones derivadas de la aplica¬ 
ción de la Ley del Trabajo. Y falta aún por agregar que en Venezuela se impo¬ 
nía a la industria cargar con todos los gastos por servicios públicos (carreteras, 
electricidad, acueducto, cañerías). 

Interesante resulta analizar, aun cuando sea en forma sumaria, uno de 
los contratos de exploración y perforación otorgados por la Pemex, señalan¬ 
do los resultados económicos que tendría para Venezuela una negociación si¬ 
milar. Dispongo de los datos referentes al contrato hecho con la ClMAC 
(Compañía Independiente Mexicana-Americana), que incluye a la Signal Oil 
& Gas, a la American Independent Company y al señor Pauley. Ese contrato 
durará por 25 años. Fue reconocido a los contratistas el derecho a pagarse sus 

r 

inversiones con 50% de la producción y a percibir una utilidad, también so¬ 
bre la producción, de 15% a 18,5%. Disfrutando de un contrato similar en 
Venezuela, la Creóle Petroleum Corporation (Standard Oil), que en 1949 te¬ 
nía invertidos en Venezuela 473 millones de dólares y que tuvo una entrada 
bruta en ese año de 434,5 millones, hubiera podido retirar la mitad de ese in¬ 
greso para amortizar su capital, o sea, 217 millones, y 18,5% de utilidad o 
sea, 80 millones; y como el costo de producción fue de 120 millones, el Go¬ 
bierno venezolano apenas hubiera percibido 17 millones. Si se supone que la 
Creóle se haya resarcido ya de todas sus inversiones, que es otro extremo a 
considerar y perfectamente razonable, siempre hubiera podido retirar esa 
compañía, dentro de los términos de un contrato similar al de la Pemex- 
ClMAC, la cantidad de 80 millones, sobre un capital ya pagado. Y en 1949 esa 
empresa repartió a sus accionistas un dividendo de 77,5 millones de dólares. 

Las cifras de ingresos que ya estaba derivando Venezuela de su petró¬ 
leo eran símbolo y expresión de un proceso social profundo. Iba marchando 


269 



Venezuela, con seguros pasos, hacia el pleno rescate de su soberanía, porque 
en el Gobierno actuaba un equipo animado de la decisión de ser intérprete y eje¬ 
cutor de la voluntad del país de realizar la segunda independencia: la independen¬ 
cia económica. Frente a los poderosos consorcios extranjeros que controlaban las 
fuentes vitales de la economía nacional, nos comportábamos con la segura firme¬ 
za de quienes se sabían respaldados por el pueblo e invulnerables a los tradiciona¬ 
les métodos de halago y presión de los cuales habían hecho uso y abuso en el país 
los gerentes de los trusts. Eramos leales, al comportarnos así, a la mejor tradición 
venezolana, que enraiza en el enérgico proceder de la generación de 1810 para 
encauzar el anhelo colectivo de conquista de la independencia política. 

La pregunta salta, inevitable. ¿Cuál actitud asumieron las compañías 
petroleras frente a ese comportamiento de los gobiernos de Acción Democrᬠ
tica? Fue una actitud sin agresivas resistencias a los planes oficiales. Nuestras 
relaciones con las poderosas empresas no fueron nada fáciles y reclamaron del 
equipo de AD energía y flexibilidad, audacia y realismo; pero mentiríamos si 
ahora nos presentáramos como San Jorge enfrentados con un dragón que vo¬ 
mitaba fuego por boca, nariz, ojos y oídos. Diversas opiniones se han emiti¬ 
do para explicar la actitud de las empresas de respeto y acatamiento a las 
disposiciones de un Gobierno que no veía en ellas un concurrente en el ejer¬ 
cicio de las funciones propias de un Estado soberano. Las consideraba repre¬ 
sentantes de una industria más, que por su gravitación singular sobre la 
economía de la nación y sus poderosos nexos internacionales no podía pre¬ 
tender sustraerse a las regulaciones estatales. E interesante resulta aportar opi¬ 
niones, extranjeras, sobre el proceder comedido de las compañías petroleras 
después de la Revolución de 1945. Edwin Lieuwen ( Petroleum in Vene¬ 
zuela, ob. cit., p. 103) dice que «los petroleros fueron cooperativos a 
causa del miedo». Apreciación menos sumaria es la de Leonard M. Fanning 
(.Foreign oil and thefree World. McGraw-Hill, 1954). Se trata de un es¬ 
critor de conocidos nexos con el cártel del petróleo, y tanto que J.H. Carmi- 
cal, al comentar en el suplemento bibliográfico de 7Pe New York Times la 
aparición del libro, escribió: «Existen pocas dudas de que los juicios del señor 
Fanning reflejan los de las compañías petroleras internacionales». Conocido 
esto, escúchese la apreciación de ese autor sobre la conducta del cártel en la 
Venezuela gobernada por AD: 

Un petrolero importante que actuaba en Venezuela, dirigiéndose en 
aquellos días a sus compatriotas, calificó a la revolución de «violen¬ 
ta manifestación de un proceso de evolución -en este caso, evolu- 


270 



ción hacia la democracia—, y aconsejó aceptarla y ajustarse a sus 
orientaciones (ob. cit., p. 85). 

Que las compañías actuaran bajo el impacto del temor, o convencidas de que 
había advenido una situación determinada por el proceso evolutivo del país, 
lo cierto fue que no adoptaron frente al nuevo trato oficial actitud de obce¬ 
cada resistencia. Y una observación final. Esta apreciación no se escribe para 
ayudar el trabajo de historiadores, sino como experiencia viva, proyectada ha¬ 
cia el porvenir. Quedó demostrado en esa etapa de Gobierno que era apto 
para mantener relaciones normales con el poderoso consorcio petrolero un 
régimen nacionalista, venezolanista, pero enraizado profundamente en la 
confianza pública y dirigido por hombres a quienes no se les podía cohechar 
ni intimidar. Equipo -además- que desde el Gobierno, gobernaba, lo cual es 
diferente a empinarse sobre la función pública para practicar desde ella el de¬ 
porte fácil de la demagogia verbalista. 

La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas 
(Cepal), en su monografía Hechos y tendencias recientes de la econo¬ 
mía venezolana (1950), saca conclusiones de orden general de la magnitud 
de los ingresos que estaba aportándole al país la industria petrolera. Al regis¬ 
trar las cifras de lo obtenido por Venezuela en el período 1945-1949 -o sea, 
el trienio de Gobierno de AD y el primer año de la Junta Militar, único en que 
fue mantenida nuestra política petrolera— afirma ese documento (p. 9): -«En 
razón del alto porcentaje que el petróleo deja al país, no es totalmente cierto, 
pues, que con respecto a Venezuela se verifique aquella característica que a ve¬ 
ces se atribuye al capital extranjero». Y concluye: 

Por consiguiente, en una evaluación de los progresos económicos cumplidos 
por Venezuela en los últimos años, parecería lógico, en principio, desechar el 
criterio limitativo y considerar lisa y llanamente a la actividad petrolera como 
parte integrante de la economía nacional, máxime si tenemos en cuenta el no¬ 
table incremento experimentado por el ingreso nacional en los años recientes. 

Más adelante (p. 11), el trabajo de la CePAL precisa y enfatiza su criterio: 

Retomando el argumento del comienzo, es forzoso concluir que la industria 
petrolera, no obstante el origen extranjero de los capitales que la explotan, es 
nacional no sólo geográficamente, sino también por los efectos económicos 
producidos en el país. 


271 



Venta de «regalías» en el mercado abierto 

Otra idea sencilla, pero absolutamente nueva, que aplicamos en nuestra polí¬ 
tica petrolera fue la de demostrar con hechos que Venezuela era la dueña de 
esa riqueza. La explotaban empresas extranjeras, de las cuales no podía pres¬ 
cindir el país en aquella etapa de su evolución y en las condiciones internacio¬ 
nales bajo las cuales nos correspondió gobernar. Pero el petróleo era nuestro, 
venezolano, y el Estado tenía la obligación irrenunciable de ajustar su 
conducta a tal convicción. 

Leales a ese criterio, hicimos lo que jamás había pasado por la mente de 
ningún gobernante venezolano: recabar en «especie» la parte de la producción 
que de acuerdo con la ley debía recibir el Estado, para venderla directamente 
en mercado abierto. 

En todas las leyes venezolanas de hidrocarburos se había estipula¬ 
do que era optativo del Estado recibir en «especie» o en su equivalente 
en dinero, el porcentaje de «regalía» ( royalty ) estipulado en los contra¬ 
tos. Pero nunca se había aventurado ningún Gobiernd a vender petróleo, 
en su propio nombre y al margen de los canales de distribución de las 
compañías explotadoras. 

Esa práctica creó un absurdo complejo de menor-valía en los persone- 
ros del Estado venezolano. Testimonios numerosos existen de que ese depre¬ 
sivo sentimiento había predominado siempre en ellos. Hubo casos en que se 
voceó a los cuatro vientos. Tal fue el del canciller Parra Pérez, de la Adminis¬ 
tración Medina Angarita, quien dijo en 1943 a los periodistas, en Río de Ja¬ 
neiro, que nuestro país no estaba en capacidad de negociar directamente con 
petróleo porque no era «una riqueza del Estado venezolano». 

El Gobierno de AD reaccionó contra esa tradición menguada e hizo co¬ 
nocer a los ejecutivos de los trusts la decisión de colocar las «regalías» del Es¬ 
tado, por propia y directa gestión de venta, en los mercados del exterior. 

«Tuvimos que vencer serias resistencias», informó al Congreso de 
1948 el ministro de Fomento. Era lo cierto. Los gerentes de las empresas 
manifestaron extrañeza, y no disimulado descontento, ante la sorpresiva de¬ 
cisión oficial. Argumentaron que se iban a «desarticular» los mercados, si a 
ellos concurría el Gobierno de Venezuela con sus propias ofertas de venta. 
Nos abroquelamos en el texto expreso de la ley y en una tesis no escrita en 
código alguno, pero la cual reiterábamos en toda oportunidad a los perso- 
neros de las compañías concesionarias: la de que el petróleo era de Venezue¬ 
la, y a la nación le correspondía condicionar y regular su explotación, y 


272 



decidir, por lo tanto, acerca del destino que se le diera al porcentaje de ella 
percibido por el Estado. 

Dos razones primordiales determinaron ese proceder del Gobierno. La 
primera, vinculada a una posición de principios; la otra, determinada por la 
escasez de productos alimenticios, que entonces confrontaba el país. 

La posición de principios a que se ha aludido nacía del propósito de 
afirmar, junto con el derecho de la nación a ir manipulando directamente su 
producción minera, el sitio único que le correspondía al petróleo de Venezue¬ 
la en los mercados internacionales. El «crudo» venezolano se diluía dentro de 
la denominación genérica de «Zona del Caribe». Y eso cuando los pozos del 
país arrojaban 17,9% de la producción total de América. Excluidos los Es¬ 
tados Unidos, nación cuyo consumo excede a lo que produce, la produc¬ 
ción venezolana alcanzaba para 1947 a 74,8% de la producción del resto 
del continente. 

Otro factor condicionó nuestra conducta. Encontramos vacíos los al¬ 
macenes de artículos comestibles, al asumir las responsabilidades de la Admi¬ 
nistración. Faltaban carnes, cereales, grasas. Eran aquellos los años críticos de 
la posguerra y el dinero no bastaba para adquirir productos alimenticios. Era 
necesario canjearlos, en determinadas circunstancias por materias primas 
muy solicitadas, y ninguna de tanto valor como el petróleo. 

En 1947, después de recibir el Gobierno el voto favorable del Consejo 
de Economía Nacional -creado por nuestro régimen y del cual se hablará 
posteriormente- se ofreció petróleo de Venezuela a los mercados de consumo, 
en licitaciones publicadas en periódicos financieros de Europa y América. 
Cláusula expresa fue la de que se preferiría a los adquirentes que ofrecieran, en 
trueque, los prodúctos requeridos por las necesidades del consumo nacional. 

En esa forma, se canjeó petróleo del Estado por carne argentina, por 
oleaginosas portuguesas, por «babasú» del Brasil; para abastecer de materias 
primas las fábricas nacionales de aceites vegetales. Otras partidas fueron 
vendidas por su valor monetario. 

Estas operaciones permitieron comprobar que en los mercados inter¬ 
nacionales era posible obtener precios más altos por el «crudo» al estimado 
por las compañías operantes en el país, y ello se hizo valer en las relaciones del 
fisco con aquéllas. 

Luego se vendió a las propias compañías productoras el remanente no 
contratado directamente al precio más alto obtenido en las licitaciones. Ope¬ 
raciones regidas por contratos a corto plazo y con la cláusula expresa en ellos 


273 



de que el Estado quedaba en condiciones de recabar en cualquier momento 
la cantidad en «especie» que necesitara para realizar operaciones de trueque, 
o con cualesquiera otras finalidades. 

Los beneficios obtenidos por Venezuela de esta política de venta de las 
«regalías» del Estado en mercado abierto, fueron múltiples. Se proveyeron ne¬ 
cesidades del consumo en alimentos básicos y se aportaron materias primas a 
la industria nacional. Los ingresos fiscales obtenidos del petróleo se incre¬ 
mentaron en 4,8 millones de bolívares en 1947 y en 45 millones de bolívares 
en 1948. El nombre de Venezuela, como país donde era factible adquirir el 
solicitado mineral, se inscribió con todas sus letras en los grandes mercados 
de consumo. Y quedó hecho trizas el tabú que envolvía el negocio petrolero, 
que en Venezuela se había considerado siempre como una religión misterio¬ 
sa, de cuyos ritos y secretos era depositaría única la gente anglosajona. 

Esta venta de las regalías, no negociadas directamente, a las propias 
compañías productoras, fue una medida que objetaron, sin analizarla a fon¬ 
do, algunos voceros parlamentarios de la oposición. El más vehemente de ellos 
fue el doctor Jóvito Villalba al impugnar esas transacciones. Dijo el líder de URD: 

íbamos a poner las bases para la instalación de la refinería nacional, o a pro¬ 
piciar ese movimiento técnico y hasta político prorrefinería nacional. Pero lo 
grave es que después de abierta la venta de las regalías salimos vendiéndolas 
por unos centavos más el barril a las mismas compañías ( Gaceta del Con¬ 
greso de los Estados Unidos de Venezuela , núm. cit., pp. 10-20). 

Una vez más el Ministro de Fomento y el diputado Carnevali dijeron en 
ese debate la palabra precisa y clarificadora. Así pueden ser resumidas sus 
intervenciones: 1) se vendió a particulares, o a gobiernos, toda la cantidad 
de las regalías del Estado que fue posible, dentro de la proporción sugeri¬ 
da por el Consejo de Economía Nacional (25% del total); 2) sólo una par¬ 
te de esas regalías podía colocarse directamente en mercado abierto, 
porque las producidas dentro del Lago de Maracaibo no eran accesibles si¬ 
no a los tanqueros de construcción ad hoc, de pequeño calado, de las pro¬ 
pias compañías; 3) comprobado por el Gobierno el mayor precio obtenido 
en la venta directa de las regalías, impuso a las empresas que la parte de 
25% que se había reservado en especie y le fue vendida a ellas mismas, así 
como el 75% restante, fuesen pagados a la más alta cotización alcanzada; 
y 4) en los contratos de venta, a las empresas, de las regalías no utilizadas 
en negociaciones con terceros, se estipularon cortos plazos de duración y en 


274 



todos figuró la cláusula expresa de que podía recabarlas para sí el Estado 
cuando las necesitase para operaciones de trueque, o con cualesquiera otras fi¬ 
nalidades. En síntesis, que nada autorizaba para decir que una operación 
estrictamente comercial, traducida en mayores proventos para el fisco, in¬ 
validaba la intención oficial de construir una refinería del Estado, para tra¬ 
tar en ella la mayor parte de las «regalías» en especie que estaba en 
capacidad legal de percibir. 

Tan importante como las alzas impositivas y la venta directa de las «re¬ 
galías», dentro del proceso de progresivo aflojamiento de las amarras que ata¬ 
ban al país al capital financiero internacional, fue la actitud adoptada por 
el régimen democrático ante otra faceta de la industria del petróleo: la del 
otorgamiento de nuevas concesiones a particulares. 


No MÁS CONCESIONES A PARTICULARES 

Habíamos sustentado desde el llano la tesis de que Venezuela no debía conti¬ 
nuar otorgando a particulares concesiones sobre parcelas petrolíferas, sino 
atribuir a una empresa estatal la explotación de las reservas nacionales, por 
directa gestión suya o en asocio con empresas privadas. 

La experiencia venezolana de muchos años era la de que los hombres 
públicos olvidaran en el poder sus plataformas de oposición. Ningún partido 
político doctrinario, de sólidos principios y programa coherente, había prece¬ 
dido a Acción Democrática en las responsabilidades del Gobierno. Y resulta¬ 
ba por eso explicable que los cazadores de concesiones esperaran un cuarto de 
conversión nuestro,, y la continuación bajo el régimen democrático de la vie¬ 
ja danza de los contratos de exploración y explotación. 

Sólo así podrían explicarse sus reiterados esfuerzos para obtener 
nuevas concesiones, cuando era bien conocida la razonada decisión del 
Gobierno de no otorgarlas. Recibieron una negativa rotunda y sin esguin¬ 
ces. Se les dijo lo que se informaría luego, oficialmente, al Congreso de la 
República, en sus sesiones de 1948, en el Mensaje que como Presidente del 
Ejecutivo elevé a ese Poder del Estado; y en la Memoria del Ministerio 
de Fomento de ese mismo año. 

En el Mensaje Presidencial se definió con estas palabras categóricas 
nuestra política de no más concesiones a particulares: 


Fue también mantenido por el Gobierno el criterio de no otorgar nuevas 
concesiones, porque los sistemas adoptados anteriormente no resguardaban 


275 



a cabalidad el interés nacional y no resultaba recomendable continuar ese co¬ 
mo régimen de subasta permanente de las reservas de nuestro subsuelo. 

En la Memoria del Ministerio de Fomento 1947 (Introducción, p. 
14) se ratificó con similar claridad ese tan definido criterio administrativo: 

.. .la época de las concesiones para la explotación del petróleo, como se ha¬ 
bían venido otorgando, ha pasado en Venezuela. Conscientes de nuestros de¬ 
rechos e intereses, no podemos continuar esos sistemas de explotación de una 
riqueza nacional ya bien conocida y desarrollada. 

Los aspirantes a acaparar más porciones del subsuelo nacional no se 
dieron por vencidos. En varios órganos de prensa se comenzaron a publi¬ 
car artículos, gráficos y gacetillas tendenciosos. Fueron subiendo de tono 
y aumentando en contenido insidioso. Se comenzó diciendo que Venezue¬ 
la no debía mantener enterrada y sin aprovechar su riqueza petrolífera, 
porque las empresas estaban muy solicitadas en el Medio Oriente y hasta 
allá desplazarían definitivamente sus equipos de geólogos, sus expertos en 
perforación, sus taladros, después de vencido un plazo prudencial de espe¬ 
ra. Luego se lanzaron contra la irreductible actitud oficial ataques más ve¬ 
nenosos. Eran aquéllos los días más tensos de la «guerra fría», en vísperas 
del bloqueo de Berlín por los rusos: y se utilizaron unas declaraciones del 
general Eisenhower desde sus cuarteles europeos, acerca de la importancia 
del petróleo venezolano como factor estratégico de primer orden, para su¬ 
gerir que al negarnos como Gobierno a entregar a postores extranjeros las 
reservas nacionales de hidrocarburos, estábamos regateando aportes de 
combustible requeridos para la defensa de Occidente. «.Elpetróleo de Ve¬ 
nezuela es un factor que debe considerarse para los preparativos 
de la defensa % había declarado el General Eisenhower ante una comisión 
del Congreso de los EE UU, el 25 de julio de 1947. 

Esa campaña era de autor desconocido. Ninguna persona, o entidad, 
se hacía responsable de ella. Pero los artículos, gráficos y gacetillas no caían 
por las chimeneas, por donde trafican las brujas, sobre las mesas de redacción de 
periódicos comercializados y venales. 

El Gobierno replicó en forma serena y convincente a esa publicidad di¬ 
rigida, cuyo origen no podía ignorar. Con sus propios números y con sus pro- 


276 



pios gráficos demostró la falsedad de la tesis de que la política de «no más 
concesiones a particulares» iba a poner en peligro de colapso el ritmo normal 
de la producción venezolana. 

Los argumentos esgrimidos no fueron esotéricos, sólo al alcance de ini¬ 
ciados en los secretos de la ciencia infusa, sino de fácil comprensión para el 
ciudadano medio. 

Se dijo que de la totalidad del territorio nacional, que abarca 
91.205.000 hectáreas, podía estimarse en unos 25 millones de hectáreas el 
área con posibilidades petrolíferas. De ellas se habían otorgado a particulares, 
antes de nuestro ascenso al Gobierno, concesiones por una extensión de 
10.759.567 hectáreas, y una parte de esa superficie debía ser devuelta a la 
nación en un plazo que finalizaba en 1950. Entonces, y de no haber adop¬ 
tado para esa fecha una política nueva el Estado venezolano frente a la ex¬ 
plotación del subsuelo, quedarían en vigencia concesiones por la cantidad 
de 8 millones de hectáreas, aproximadamente. En caso de mantenerse esa 
situación, los concesionarios extranjeros tendrían dominio legal, durante 
el lapso de vigencia de sus contratos, sobre 9% del territorio nacional y sobre la 
tercera parte de las cuencas petrolíferas. 

Y en un cuadro gráfico, publicado para aquellos días en Venezuela y 
el cual se reproduce de seguida, se demostraba que para 1948 el porcenta¬ 
je de concesiones en explotación por las compañías alcanzaba apenas a 1,56% 
de toda la inmensa área a ellas otorgada por la irresponsable liberalidad 
-para no calificarla de entreguismo— de regímenes anteriores. Refiriéndose a 
ese desenfrenado otorgamiento de contratos para la explotación de hidrocar¬ 
buros, el diputado doctor Jóvito Villalba lo calificó con atinado juicio, en el 
Congreso de 1948, como una 

política de puertas abiertas, suicidamente liberal, que ha venido practicando el 
Estado venezolano y que se acentúo en los años del 44, del 45 y del 46, por la 
cual se otorgaron cuantiosas concesiones a los nuevos solicitantes ( Gaceta del 
Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, núm. cit., p. 1.017). 

Los voceros del Gobierno, coincidiendo plenamente con el orador, le 
hicieron una pequeña, pero importante rectificación cronológica: 1946 debía 
excluirse de esa enumeración de años, porque entonces ya gobernaba AD y le 
había puesto cese al tráfico al por mayor con el subsuelo de la República. 


277 



En ese gráfico publicado por el Gobierno en 1946, y que aquí se inser¬ 
ta, se comparaban las concesiones de Venezuela y las otorgadas en el Estado 
de Texas de los Estados Unidos: 


Desarrollo probable de las concesiones petroleras Venezuela 




iiimim 

■ ■■■■■ii 

I lllllll! I 

nimiiu 




Venezuela 

Texas usa 

Superficie de concesiones Superficie de concesiones 

10 759 567 ha 

20.032.000 ha 

^^3 Superficie proveniente de concesiones anteriores a 1943 

4.969.969 

HHlllll Superficie probada hasta 1943 

104.474 

Superficie probada hasta 1949 (incluido lo anterior) 

168.488 

Proveniente de concesiones de 1943 a 1945 

5.789.598 


Gráfica 1 


En este cuadro se aprecian las posibilidades de producción de las compa¬ 
ñías petroleras operantes en Venezuela, para varios años y con sólo poner 
en condiciones de rendimiento las concesiones que ya detentan. 

En las concesiones venezolanas -como lo explicaba la Memoria del Mi¬ 
nisterio de Fomento de 1948- se dividió el cuadrado de la izquierda, que las 
representa, en dos partes: una corresponde a la superficie de concesiones obte¬ 
nidas antes de 1943 y que abarca una extensa área de 4.969.969 hectáreas. La 
superficie de las concesiones que se otorgaron con posterioridad a aquella fecha, 
y hasta 1945, comprende una extensión aún mayor: 5.789.598 hectáreas. 

Los campos en producción para 1948 apenas abarcaban una mínima 
porción del área concedida en explotación: 168.488 hectáreas, y en su casi to¬ 
talidad se encontraban en las concesiones otorgadas antes de 1943. Para ese 
año, los campos en etapa de rendimiento no cubrían sino 104.474 hectáreas, 
y de entonces a 1948 se elevó la extensión explotada hasta la mencionada 
cantidad de 168.488 hectáreas. 


278 

























Estas estimaciones resultan más reveladoras aún si se las relaciona con 
las que se resumen en el cuadrado de la derecha, correspondiente al Estado de 
Texas. En esa región petrolífera de los Estados Unidos la superficie de conce¬ 
siones alcanzaba, para 1948, a 20.032.000 hectáreas y los campos en produc¬ 
ción tenían una extensión de 892.800 hectáreas. 

Resulta de estos números que en Texas estaba en explotación para el 
año ya indicado, 4,46% del área de las concesiones, mientras que en Venezue¬ 
la sólo estaba 1,36%. Suponiendo condiciones semejantes entre aquel Estado 
norteamericano y Venezuela -que no se presentan, porque es conocido el ren¬ 
dimiento mayor de los pozos venezolanos-, siempre hubiera estado nuestro 
país en condiciones de triplicar la extensión de sus campos, con sólo la ex¬ 
plotación por las compañías de un porcentaje del área de sus concesiones si¬ 
milar al que en Texas estaba para esa época en plena productividad. 

Pero si no se otorgaron nuevas concesiones, no por eso se detuvo el rit¬ 
mo de las exploraciones, de las perforaciones y del descubrimiento de nuevos 
yacimientos petrolíferos. En 1947, los trabajos de exploración alcanzaron a 
66,7% más que la cifra récord del año precedente. En ese mismo año, a pesar 
de la escasez de acero prevaleciente para aquellos días, se comenzaron a per¬ 
forar más de 800 nuevos pozos, o sea, un aumento de 22% sobre la cifra 
correspondiente a 1946. 

Otros argumentos se utilizaron en la batalla de opinión que se realizó, 
a través de órganos periodísticos, entre los cazadores de concesiones y el Eje¬ 
cutivo reacio a otorgarlas. Los suministraba la explosiva situación política del 
Medio Oriente, el competidor más peligroso que había surgido frente a los 
petróleos venezolanos. 

En respuesta a la amenaza velada de los voceros oficiosos de los trusts 
de que éstos solicitarían en Irán las concesiones por nosotros negadas en Ve¬ 
nezuela, contestábamos haciendo conocer del país las tensas condiciones ba¬ 
jo las cuales se vivía en la cuenca del Golfo Pérsico. 

Cuando arribamos al Gobierno, ya había sido escenario Teherán de los 
violentos incidentes de 1944. En un día de aquel año, llegó a la capital de la 
antigua Persia, el Subcomisario Soviético para Asuntos Extranjeros, Kavtaraz- 
de. Solicitó para su país una concesión de petróleo en la provincia del Norte 
iranio. El Primer Ministro, Mohammed Saed, rechazó la proposición y con¬ 
tra su Gobierno fue desatada una furiosa ofensiva de la prensa prosoviética. 
Los militantes del Partido Tudeh, seccional irania de la Internacional Comu¬ 
nista, se lanzaron, amotinados, a las calles, con el respaldo eficaz de tanques 
rusos. El alto funcionario soviético, en conferencia de prensa, criticó abiertamen¬ 
te al Premier Saed. Éste dimitió. Pero el Majlis, el Parlamento, por moción de 


279 



un diputado entonces conocido sólo en su país: Mohammed Mossadegh, pa¬ 
só una ley prohibiendo al Gobierno, bajo severas penas, conceder, o aun 
negociar, concesiones petrolíferas, sin previa aprobación del Congreso. 

Esta medida frenó de momento las aspiraciones soviéticas, y el Subco¬ 
misario Kavtarazde, derrotado, regresó a Moscú. Pero fue ése un alerta y una 
lección para quienes, hablando en nombre del socialismo o de la «libre em¬ 
presa», querían continuar considerando al Irán como tierra de nadie. 

Estaba ya gobernando AD en Venezuela cuando fue escenario el mismo 
país oriental de la llamada «crisis de Azerbaijan», la cual tuvo su dramático 
desarrollo a lo largo del año 1946, y evidenció las profundas divergencias desde 
entonces existentes entre las tres grandes potencias vencedoras del Eje. 

A fines de 1945, comunistas iranios, actuando bajo el elusivo nombre 
de demócratas, y ayudados activamente por la Unión Soviética, depusieron al 
gobernador de Tabriz y proclamaron la República Autónoma de Azerbaijan. 
El Gobierno de Teherán elevó entonces una protesta ante el Consejo de Se¬ 
guridad de la recién creada organización de las Naciones Unidas. Mientras se 
tramitaba esa denuncia, con alternativas que no interesan a la finalidad de es¬ 
ta referencia, el Premier iranio Qavan es Saltaneh viajó a Moscú, a negociar 
directamente con los soviéticos. En el curso de su gestión, la presión de las 
masas comunistas obligó al Parlamento reunido en Teherán a disolverse. El 
Primer Ministro regresó a su país con la promesa de que la República Au¬ 
tónoma de Azerbaijan desaparecería y serían evacuadas las tropas rusas del 
territorio iranio. El precio pagado era alto. Se creó una Compañía Soviéti- 
ca-Irania para la explotación del petróleo de las provincias del Norte, bajo 
control ruso (51% de las acciones para la URSS y 49% para el Irán). El Go¬ 
bierno iranio se comprometió a retirar la acusación ya elevada al Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas y a incorporar tres dirigentes co¬ 
munistas al Gabinete. 

El Primer Ministro Qavan comenzó a cumplir su promesa. Los rusos 
retiraron sus tropas. El Gobierno de Teherán tuvo tres ministros afiliados al 
Partido Tudeh. La Compañía Soviético-Irania del Petróleo comenzó a orga¬ 
nizarse con febril actividad. Pero afloró de pronto una violenta ola de protes¬ 
tas callejeras contra la infiltración rusa en el país. Ingredientes complejos 
se mezclaron para promover esa cadena de manifestaciones antisoviéticas, 
desde los aportados por el irredentismo nacionalista de quienes querían libe¬ 
rar realmente a su país, hasta los nacidos de sutiles intrigas de los ejecutivos 
de la Anglo-Iranian Oil Company y de los diplomáticos ingleses. Abadán, la 
gigantesca refinería, fue escenario de motines sangrientos promovidos por los 
comunistas. Tropas inglesas, «para proteger los intereses de su Majestad 


280 



Británica», fueron enviadas a las vecindades del Puerto de Basra, en Iraq. El 
Premier Qavan reorientó su política. Excluyó a los comunistas del Gabinete. 
Tropas del Gobierno de Teherán ocuparon la capital de la República Autóno¬ 
ma de Azerbaijan, la cual desapareció en diciembre de 1946, doce meses des¬ 
pués de su creación. 

En el curso del año 1947, la tensión ruso-irania se mantuvo viva y 
amenazadora de insospechables conflictos. El 22 de octubre de ese año, el 
nuevo Parlamento iranio recién electo rechazó, por el voto unánime de sus 
miembros, la ratificación del acuerdo soviético-iranio sobre petróleo. Mos¬ 
cú respondió con agresivas notas diplomáticas, con ofensiva de propagan¬ 
da radial y escrita contra el Gobierno y el Parlamento iraneses, y con 
nuevas manifestaciones de calle de la militancia del Tudeh en Teherán 
y otras poblaciones. 

Estos hechos, que se desarrollaban a miles de millas de distancia de los 
yacimientos venezolanos, favorecían nuestra política petrolera, de tan defini¬ 
da orientación nacionalista. El precio a que se producía el petróleo en el Me¬ 
dio Oriente, sensiblemente inferior al vigente en Venezuela, nos obligaba a 
manejar con cauteloso realismo el problema de los impuestos; pero las explo¬ 
sivas condiciones políticas prevalecientes en esa zona del mundo —nudo de 
contradicciones entre Oriente y Occidente y marmita en ebullición de xeno¬ 
fobias irreductibles— nos alentaba para no rectificar los rumbos de nuestra de¬ 
finida política minera, ante la amenaza sutil de un desplazamiento progresivo 
de las empresas operantes en el país hacia las zonas enclavadas en el Golfo 
Pérsico. George Lenczowsky, en su obra The Middle East in World Affairs 
(Cornell Universky Press, 1952) suministra una información panorámica y 
factual de los acontecimientos que entre las dos guerras mundiales, y después 
de la Segunda, han sacudido al Medio Oriente. 


Hacia la explotación por el Estado 

DE LAS RESERVAS NACIONALES 

Esta política de no otorgar nuevas concesiones a particulares era ilógico que 
se mantuviera en su modalidad puramente negativa. El potencial de riqueza 
enterrado en el subsuelo de las zonas petrolíferas reservadas a la nación, debía 
ponerse en condiciones de ser aprovechado. 

Dos razones militaban en favor de una conducta activa del Gobierno en 
ese sentido. La primera, que era de interés universal el aprovechamiento de 
un combustible de tan indispensable consumo. La otra, que el propio desarro¬ 
llo de las concesiones otorgadas a empresas particulares podía obligarnos a 


281 



«tomar rápidas decisiones, para evitar que la explotación por los concesiona¬ 
rios dañe o reste capacidad a los yacimientos nacionales». 

Esta última circunstancia fue la que se destacó más, al informársele al 
Congreso de 1948 sobre la decisión adoptada por el Ejecutivo. 

Como esta situación amenaza con presentarse en una oportunidad próxi¬ 
ma -dijo la Memoria del Ministerio de Fomento de aquel año (Intro¬ 
ducción, p. 1 5)- estudiamos el problema y pensamos que una solución 
posible enmarcada dentro del sistema jurídico vigente, y diferente por to¬ 
dos respectos a la concesión a particulares, sería la concesión a un Insti¬ 
tuto organismo del Estado. 

Se puntualizaban también las tres direcciones dentro de las cuales tra¬ 
bajaría esa empresa estatal, similar a la que en otros países ha asumido el mo¬ 
nopolio total o parcial de la industria del petróleo. Ese organismo podría: 

✓ 

a) realizar directamente los trabajos de exploración y subsi¬ 
guiente explotación; 

b) contratar esos trabajos; 

c) celebrar otros contratos de acuerdo con lo más conveniente en 
las circunstancias. 

En la realización de esa firme y definida idea se comenzó a trabajar. El 
11 de marzo de 1948 designó el Ministerio de Fomento una comisión espe¬ 
cial para estudiar específicamente dos cuestiones: el establecimiento de una 
refinería estatal, con capital nacional, o mixto; y las bases de funcionamiento 
del organismo administrativo al cual se otorgarían en concesión las reservas 
petrolíferas aún dentro del dominio de la nación. 

Esa comisión fue integrada por el doctor Alberto Carnevali —líder de la 
mayoría parlamentaria de AD y capaz portavoz de la nueva generación políti¬ 
ca, quien años después moriría en una cárcel, víctima ilustre de la dictadura 
de Pérez Jiménez—, el ingeniero geólogo Enrique Jorge Aguerrevere y el doctor 
Manuel R. Egaña. 

La forma como se integró esa comisión fue una demostración más 
de nuestra manera de enfocar el problema del petróleo, con estimativa 
nacional, con preocupación venezolana y situándolo por encima de la discordia 
política doméstica. 

Esa conducta de AD no era compartida por algunos de los grupos políti¬ 
cos que le hacían oposición a su Gobierno. El petróleo era para esos adversarios 


282 



de nuestra organización apenas un tema fácil para el discurso superficial y 
efectista. Ningún esfuerzo serio habían hecho sus dirigentes para adentrarse, 
con ánimo estudioso, en las complejas modalidades de la industria petrolera 
y en sus repercusiones sobre la totalidad de la vida nacional. 

El debate parlamentario realizado en el Congreso de 1948 en torno de la 
Memoria del Ministerio de Fomento del año anterior, lo evidenció. La Ga¬ 
ceta del Congreso que lo resume (núm. 18, 29 de octubre de 1948) es testimo¬ 
nio fehaciente de que el equipo dirigente de Acción Democrática fue el único 
que demostró tener criterio formado y objetivos precisos acerca de la magna 
cuestión nacional. Y esto no se registra con engreída y sectaria satisfacción, sino 
con la preocupación de quienes desearían ver a todos los sectores responsables de 
Venezuela ahondando, hasta llegar a sus propias raíces, en un problema al cual 
está ligado, quién sabe por cuánto tiempo, el destino mismo de la nación. 

Resumir ese debate parlamentario, en lo que se refiere a la política de 
AD de no otorgamiento de concesiones sobre hidrocarburos a solicitantes par¬ 
ticulares, servirá como respaldo de esas afirmaciones recién hechas. 

La voz del partido social-cristiano COPEI la llevó el diputado, doctor 
Godofredo González. La verdad es que su posición fue discreta, si se la com¬ 
para con la de los voceros de otros partidos de la oposición en el mismo de¬ 
bate. Pero se hizo eco de una falaz especie de los defraudados cazadores de 
concesiones, cuando deslizó la idea de que esa política de AD podría entorpe¬ 
cer los planes de defensa de Occidente. Sus palabras fueron las siguientes: 

Nosotros, en principio, estamos de acuerdo con ese postulado [el de no 
otorgamiento de concesiones. R.B.]. Solamente tenemos dos reservas: en 
primer lugar, ante la inquietud que vive el mundo, ante la constante ame¬ 
naza de estallar una conflagración mundial, es evidente que Venezuela 
tendrá que aportar a determinados países beligerantes toda su producción 
petrolera, y si ella no llegara a alcanzar, Venezuela tendrá que incrementar 
la producción, si es necesario sacrificando el principio muy bello, pero 
también muy amenazado, de no otorgar nuevas concesiones. Yo quisiera 
saber si el Ministerio de Fomento, previendo esa contingencia, ha toma¬ 
do las precauciones necesarias para que en caso de darse nuevas concesiones, 
se otorguen en forma mucho más favorable para los intereses nacionales 
que las concesiones otorgadas hasta el presente ( Gaceta del Congreso, 
núm. 18, Caracas, octubre de 1948). 

Habló por el Partido Comunista su diputado, Gustavo Machado: 

«No estamos de acuerdo los comunistas, en primer término, con la 


283 



política petrolera », comenzó diciendo. Y al referirse al no otorgamiento de 
concesiones a particulares, dijo y no dijo, con palabras de calculada ambigüe¬ 
dad, lo que algunos traficantes con los contratos de explotación, fallidos en¬ 
tonces en sus pingües negocios, estaban difundiendo: que la finalidad de 
favorecer a las grandes compañías ya instaladas en Venezuela determinaba la 
conducta oficial. Estas fueron las palabras del diputado Machado: 

Con respecto al segundo punto no me atrevo a formular ningún cargo. Ape¬ 
nas desearía que el ciudadano Ministro de Fomento nos dijera en qué forma 
el no otorgar nuevas concesiones beneficia a la nación, o es, por el contrario, 
un beneficio indirecto y disfrazado para determinadas empresas monopolis¬ 
tas de este país (Gaceta del Congreso, núm. 18, oct. 1948, p. 1.012). 

La tesis de Unión Republicana Democrática la expuso su máximo lí¬ 
der, doctor Jóvito Villalba. El fogoso orador que es Villalba demostró en su 
disertación que carecía de información adecuada acerca del problema en de¬ 
bate. Y a esa circunstancia debe atribuirse el que en el curso de esa discusión 
parlamentaria adhiriera a tesis en evidente pugna con el interés nacional. 

El párrafo en que enjuició la actitud del Gobierno frente a los solicitan¬ 
tes de nuevas concesiones, fue éste: 

La política de no otorgar nuevas concesiones puede ser y es, en realidad, un 
sistema político que viene a favorecer en último término a aquellos grandes 
consorcios capitalistas, a aquellas grandes empresas monopolistas que por su 
misma gran fuerza financiera, por su técnica superior, por su mayor dominio 
de los negocios y hasta de la política, han logrado una situación preponde¬ 
rante en el desarrollo de la industria petrolera venezolana. No otorgar 
nuevas concesiones puede ser cerrarle el paso a los productores independien¬ 
tes; no otorgar nuevas concesiones podría cerrarle el camino a la intervención 
del capital venezolano en la industria petrolera. El país debe otorgar nuevas 
concesiones cuando de ese otorgamiento pueda resultar favorecida, fortaleci¬ 
da, la posición de la nación, el interés de Venezuela en la industria petrolera 
(Gaceta del Congreso, núm. 18, Caracas, oct. 1948, p. 1.017). 

En otro párrafo de su discurso, el orador de URD ya no enfocó la cues¬ 
tión desde el ángulo de la posible «intervención del capital venezolano en la 
industria petrolera». Se hizo eco y sinceramente creo que de buena fe, de un 
argumento susurrado en forma vergonzante por los abogados de los gran¬ 
des consorcios: el de que nuestra política imposibilitaba para el futuro la 


284 



estimación de las reservas petrolíferas. Estos fueron los conceptos vertidos 
por el orador: 

La industria no puede mantenerse sobre bases seguras, ni progre¬ 
sar, ni desarrollarse, si en un momento dado el Gobierno dice a 
quienes la explotan: no tenemos abierto ningún camino para saber 
las reservas con que contamos para la explotación del mañana; si 
en un momento dado el Gobierno dice: «El futuro será para uste¬ 
des y para nosotros completamente incierto». ¿Cómo se ha venido 
haciendo, os pregunto, señores, la estimación, el inventario, de las 
reservas petroleras? Pues se ha venido haciendo a través del otorga¬ 
miento de nuevas concesiones... Pues bien, señores representantes, 
con la política de no otorgar nuevas concesiones, nosotros le he¬ 
mos puesto un cese a toda actividad encaminada a aumentar el 
cúmulo de nuestras reservas petroleras ( Gaceta del Congreso, 
núm. 18, Caracas, oct. 1948, p. 1.018). 

Por último, el orador adujo, siempre contradiciendo la política de «no 
concesiones a particulares» sustentada por el Gobierno, una última razón, «de 
carácter técnico y económico, que aconseja en muchos casos el otorgamiento 
de nuevas concesiones», según sus palabras textuales. Se refería al problema 
derivado de la explotación de concesiones en zonas colindantes con reservas 
nacionales. «En esos casos —concluyó el orador— sería un suicidio no otorgar 
la nueva concesión; sería sencillamente favorecer, en contra de la nación y del 
fisco nacional, los intereses del concesionario que explota en tierras vecinas.» 

La posición gubernamental la defendieron el propio ministro de Fo¬ 
mento, Pérez Alfonzo, y el líder de la mayoría parlamentaria, doctor Alberto 
Carnevali. Sus argumentos fueron serenos y clarificadores. 

Demostraron en sus intervenciones hechos irrebatibles: 

1. No era cierto que la política de no otorgamiento de nuevas concesio¬ 
nes a particulares iba a imponer pausas en el ritmo de la producción, 
ni a impedir que ésta fuera intensificada de presentarse una situación 
exigente de aportes excepcionales del combustible. Las compañías con¬ 
cesionarias, como se había demostrado, apenas tenían en explotación 
1,56% de la enorme área que les habían concedido gobiernos anteriores. 

2. Las grandes compañías operantes en el país eran las más interesadas en 
obtener nuevas áreas en contratos de exploración y explotación, por su 


285 



tradicional sistema de acaparamiento sin límites de reservas petrolífe¬ 
ras; y resultaba desprovisto de sindéresis y de responsabilidad de juicio, 
el argumento de que favorecía a los trusts ya instalados en Venezuela el 
no otorgarles a ellos, ni a ninguna otra persona natural o jurídica dis¬ 
tinta de una empresa estatal, concesiones sobre las reservas nacionales. 

3. No era cierto que la política de «no más concesiones a particulares» im¬ 
plicaba el cese para el futuro de las actividades vinculadas a la produc¬ 
ción. Sólo iba a eliminarse, en salvaguarda del interés colectivo, una 
determinada forma de ella: la realizada por intereses privados, con la 
exclusiva finalidad del lucro individual. 

Decimos -puntualizó a este respecto el Ministro de Fomento en el 
Congreso- « no más concesiones » no en el sentido de que no se va 
a explotar más el petróleo en el país, como algunos han pareci¬ 
do creer, sino que la explotación se hará en una forma muy dis¬ 
tinta a aquella usada al concederse a particulares el derecho de 
explotar el petróleo, que pertenece a la nación. En vez de conce¬ 
der este derecho, nosotros actuaremos en forma de participar 
directamente en la industria de explotación de ese petróleo. 

En otras palabras: que aleccionados por una experiencia negativa pa¬ 
ra el país y con un claro concepto sobre el carácter de monopolio natural que 
tiene la industria petrolífera, no se daría a intereses privados, nacionales o ex¬ 
tranjeros, la posibilidad de disfrutar del privilegio legal de explotar en benefi¬ 
cio propio lo que le pertenecía al pueblo venezolano y debía ser administrado 
por su personero jurídico: el Estado. 

4. Era absolutamente falso que el no otorgamiento de nuevas concesio¬ 
nes había detenido el proceso de localización de reservas petrolíferas. 
En las áreas otorgadas por otros gobiernos a empresas concesionarias 
se habían señalado durante el año 1947 reservas de mineral en can¬ 
tidad equivalente a una cifra más alta que la producción de ese mis¬ 
mo año. Los datos compulsados por los organismos técnicos del 
Ministerio de Fomento demostraban que en 1947 se aumentaron las 
reservas probadas en 82,5 millones de m 3 , contra una producción de 
69,1 millones de m 3 . Las reservas llegaron al fin de ese año a 1.160 
millones de m 3 . 

5. Era cierto que la productividad futura de las reservas nacionales se po¬ 
nía en riesgo de disminución, o deterioro, cuando los taladros de las 


286 



compañías concesionarias comenzaran a trabajar en parcelas colindan¬ 
tes con aquéllas. Pero ése había sido, precisamente, como ya se ha vis¬ 
to, el principal argumento invocado en la Memoria del Ministerio 
de Fomento sometida a debate parlamentario, para justificar el propó¬ 
sito del Ejecutivo de organizar una empresa del Estado, que proce¬ 
diera directamente, o mediante contratos con terceros, a poner en 
productividad aquella parte de esas reservas expuesta a tan evidente 
amenaza. 

No parecieron convencer estos razonamientos a algunos de los tozudos 
impugnadores del correcto proceder del Gobierno. Pero la política de «no 
más concesiones a particulares» fue votada y aprobada por una abrumadora 
mayoría parlamentaria. La representación nacional afirmó —ya se verá con 
cuánta proyección histórica, al ser analizada la política de hidrocarburos 
posterior al golpe de cuartel del 24 de noviembre de 1948— una tesis de Go¬ 
bierno de sólidos fundamentos socioeconómicos: Venezuela está defini¬ 
tivamente resuelta a ser ella misma, a través de sus órganos estatales, 
la que determine la forma más beneficiosa para el pueblo de ex¬ 
plotar sus reservas petrolíferas, pero en ningún caso debe hacerlo 
ya más mediante el sistema colonial de otorgarlas en concesiones 
a inversionistas particulares. 

Industrialización dentro del territorio nacional 

DE UN VOLUMEN APRECIABLE DEL PETRÓLEO PRODUCIDO 

r 

Ya se ha apreciado cómo era de definida la adhesión del equipo político que a fi¬ 
nes de 1945 asumió la responsabilidad de gobernar, a la tesis de que la mayor 
parte posible del petróleo venezolano debía ser refinada en territorio nacional. 

La industrialización del «crudo» en esa forma significaría un mejor 
aprovechamiento por la nación de los productos derivados del mineral y una 
fuente adicional de trabajo para el obrero venezolano. 

Pero no era posible satisfacer tan de inmediato esa aspiración colectiva 
como otras que sin demora fueron traducidas a realidad. Con franqueza se le 
dijo así al país, a través del Congreso Nacional, en la ya tantas veces citada 
Memoria de Fomento de 1947: «Por algunas de las muchas circunstancias 
desgraciadas de nuestro pasado encontramos en el petróleo una situación 
creada, que limita un avance más rápido en la natural aspiración de refinar 
una buena parte del petróleo que producimos y de extraerle tantos de los 
productos que contiene». 


287 



Entre «esas muchas circunstancias desgraciadas» a que se refirió el vo¬ 
cero oficial, estaba la de que ningún esfuerzo visible hizo el régimen al cual 
sucedimos para obstaculizar el desarrollo de las refinerías ubicadas en Aruba 
y Curazao. 

Era evidente que en los días críticos de la Segunda Guerra Mun¬ 
dial resultaba un propósito inalcanzable el traslado a Venezuela de las 
plantas refinadoras allí establecidas. Pero sí hubiera sido posible, y nin¬ 
guna información existe de que se intentara, el ejercicio por el Gobier¬ 
no de Venezuela de una enérgica oposición al establecimiento en esas 
Antillas de nuevas refinerías, para tratar más petróleo nacional fuera del 
país. Sin obstáculo conocido pudieron así la Creóle y la Shell construir 
otras plantas, en el curso de los años 1942 a 1945, en las vecindades mismas 
del litoral venezolano. 

Una refinería, adicional a las existentes, se construyó en Curazao, en 
vísperas de la derrota militar de Alemania. Se erigió en la antigua usina Thor- 
ton y fue concluida en marzo de 1945, aumentando la capacidad de refina¬ 
ción de esa posesión holandesa en 2.500 toneladas por día y en 300 toneladas 
por día de esencia del índice de 100 octanos. 

Dos usinas para la fabricación de esencia de aviación fueron cons¬ 
truidas en Aruba, elevándose la producción de refinados en esa otra depen¬ 
dencia de Holanda en 2.000 toneladas más al día, para comienzos de 
1944. Otras dos se terminaron de construir en Curazao, para fines del 
mismo año 44, acreciéndose en 1.000 toneladas por día la producción; 
y una tercera fue también erigida en esa isla, a fines de 1945 y comenzó 
de inmediato a producir 1.000 toneladas por día de esencia del índice de 
100 octanos. 

También en Trinidad, Antilla inglesa avecindada a las costas orientales 
de Venezuela, se construyó, después de la agresión de Pearl Harbour, otra usi¬ 
na destiladora con capacidad de producción de 600 toneladas diarias (R. 
Jouan. LePétrole, mi du monde. Payot, París, 1949, p. 180). 

En el curso de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la capa¬ 
cidad de refinación de los campos del Medio Oriente se realizó a saltos. En 
el Irán, Bahrein, Arabia Saudita y Haifa se construyeron o ampliaron gran¬ 
des plantas. En 1944, la capacidad de refinación de esa zona de reciente 
inscripción entre las mayores del mundo como productora de petróleo, fue 
superior en 89% a la de 1938. Resumido en un cuadro se aprecia mejor el 
prodigioso desarrollo de la industria de refinación en el Medio Oriente entre 
los años 1939-1944. 


288 



1939 

100 


1940 1941 1942 1943 1944 
96,4 80,7 128,6 136,7 164,5 


Fuente: A history of petroteum administrador! for war. Washington, p. 246. 

En esos mismos años en que en otras regiones proliferaban las refine¬ 
rías, para satisfacer la demanda de combustible acrecida en forma insospecha¬ 
da por los requerimientos de un mundo en guerra, en Venezuela apenas se 
construyó una refinería: la de Caripito, en el Oriente Nacional. Entró en ser¬ 
vicio en junio de 1945 y permitió aumentar en una proporción de 2.100 to¬ 
neladas diarias el mínimo porcentaje del «crudo» venezolano tratado dentro 
del país. Eran precisamente aquellos los días en que un Gobierno responsable 
hubiera podido imponer condiciones exigentes en cuanto a la manipulación 
del petróleo, porque el de Venezuela era esencial para los beligerantes del 
frente aliado; y los mismos en que más se voceaba desde tribunas oficiales la 
necesidad y conveniencia de que la mayor cantidad posible del petróleo ex¬ 
traído del subsuelo venezolano fuese refinado en Venezuela. Menguado fue el 
fruto de esa supuesta preocupación y desaprovechada una coyuntura extraor¬ 
dinariamente favorable para hablar recio, en defensa del interés nacional. 

El partido Acción Democrática, en sus periódicos oficiales y en inter¬ 
venciones públicas de sus dirigentes, presionó de manera insistente al Ejecu¬ 
tivo para que reclamara a las empresas petroleras la construcción de nuevas 
refinerías en Venezuela, tal como estaban haciéndolo en el Medio Este y en 
las Antillas occidentales holandesas. Pueden citarse algunas de esas publica¬ 
ciones: «El Petróleo venezolano seguirá refinándose en Aruba» (. Acción De¬ 
mocrática, 11 de diciembre de 1943). «Está en pie la cuestión de las 
refinerías. ¿Han cumplido sus compromisos las compañías petroleras?» (Ac¬ 
ción Democrática, 12 de febrero de 1944). «Refinerías para Arabia, ¿y pa¬ 
ra Venezuela?» (Artículo de Rómulo Betancourt en El País, Caracas, 8 de 
febrero de 1944). 

Esa desidia gubernamental -para calificarla con benévola adjetivación- 
determinó que al concluir la guerra y cuando arribó AD al poder, apenas 
funcionaban en Venezuela tres refinerías, con una capacidad máxima para 
tratar 124.000 barriles diarios de petróleo crudo. Con esa reducida capacidad 
refinadora, lo más que podía obtenerse era la elaboración de productos y sub¬ 
productos del mineral hasta por la cantidad de 5,5 millones de m 3 , que fue el 
total de la refinación en 1946. Equivalió esa cifra a 9,1% de la producción de 
«crudo» y el porcentaje aún disminuyó con respecto a 1945, que fue de 10,1%, 


289 



debido al salto que dio la producción de petróleo bruto de un año a otro. «Se 
comprende fácilmente que ésta es una situación muy poco satisfactoria», 
se dijo a la Asamblea Nacional Constituyente, en la Memoria del Ministerio 
de Fomento de 1946. 

Pero no se resignó el Gobierno a sólo considerar que no era «satisfacto¬ 
rio» para Venezuela ese orden de cosas. Era evidente que con la política impo¬ 
sitiva de nuevo signo y con la vigilancia que se ejercía sobre la contabilidad de 
las empresas, había disminuido el interés fiscal en cuanto a la refinación den¬ 
tro del país. Dondequiera que la industria obtuviera una utilidad adicional, 
debía compartirla proporcionalmente con el fisco venezolano. Las posibilida¬ 
des de transferencias de utilidades de los concesionarios hacia filiales suyas de¬ 
dicadas al negocio específico de la refinación, habían quedado reducidas al 
mínimo por la decidida actitud fiscalizadora del Estado. Pero siempre seguían 
en pie, manteniendo su vigencia, otras modalidades de la cuestión y valede¬ 
ra la arraigada aspiración nacional de que el proceso de transformación de 
esa materia prima se realizara en Venezuela. , 

Este criterio administrativo se manifestó sin tardanzas. Fue desechada 
la escogencia, ya hecha de común acuerdo entre la Creóle (Standard) y el Go¬ 
bierno anterior, del Puerto de Turiamo como asiento de una refinería de ma¬ 
yores proporciones que las existentes, por tratarse de una zona de intensa 
productividad agropecuaria, a la cual se quiso salvar de la substracción de bra¬ 
zos ya dedicados al laboreo en el campo. Además, la zona en definitiva esco¬ 
gida -la Península de Paraguaná- formaba parte del Estado Falcón, entidad 
federal de las menos favorecidas hasta entonces en la distribución de la rique¬ 
za nacional. Allí comenzó a alzarse la que es hoy una de las mayores refinerías 
de Venezuela. La Creóle y otras compañías adujeron, para resistir a la cons¬ 
tante exigencia del Gobierno de que iniciaran o adelantaran la construcción 
de nuevas plantas, una razón valedera: la del riguroso control estatal que 
en aquellos días de posguerra existía en los Estados Unidos, para la exporta¬ 
ción de acero. El Gobierno de Venezuela intervino entonces y elevó una fuerte 
demanda ante las autoridades de Washington, en respaldo de las solicitudes for¬ 
muladas por varias compañías de cuotas adicionales de ese material estratégico. 

El resultado de esas gestiones oficiales se tradujo en hechos positivos. 
Hacia el final de 1947 fue puesta en servicio la refinería de la Texas Petroleum 
Company con capacidad para 10.000 barriles diarios; y adelantaba en forma 
apreciable la construcción de dos plantas más de la Shell y de la Creóle, con 
capacidad, respectivamente, para tratar 40.000 y 50.000 barriles diarios. Se 
estaba en condiciones de estimar que, al ser inauguradas esas instalaciones, la 


290 



capacidad de refinación dentro dei país se duplicaría y se podría tratar hasta 
un cuarto de la producción. 

Durante el año 1947, la cantidad de petróleo crudo refinado en Vene¬ 
zuela fue de 5,8 millones de m 3 , apreciándose un aumento de 261 mil m 3 con 
respecto al año precedente. No obstante ese aumento, la proporción del pe¬ 
tróleo refinado con respecto a la producción fue de apenas 8,46%. El creci¬ 
miento vertical de la extracción de crudo en esos primeros años de posguerra 
aumentaba el desnivel entre las cantidades de mineral extraído de los pozos y 
las que se refinaban dentro de Venezuela. 

Nunca se pensó, ni hubiera sido razonable, que la totalidad del «cru¬ 
do» pudiera ser refinada en el país. Dentro de una producción tan volumino¬ 
sa como la de Venezuela ése resulta un imposible desiderátum, sobre todo si 
se toman en cuenta las actuales condiciones del mercado internacional, pues 
son numerosos los países no productores que han instalado sus propias refi¬ 
nerías y sólo adquieren la especie en bruto. Pero sí debían arbitrarse fórmulas 
extraordinarias para aumentar de manera sensible la industrialización del 
«crudo», además de exigírsele a los concesionarios la instalación de nuevas 
plantas, en cumplimiento de la cláusula de los contratos de 1944 y 1945, que 
los obligaba a refinar en Venezuela 10% de su producción. Dos medidas 
extracontratos fueron avizoradas. 

La primera, el establecimiento de una o varias refinerías del Estado. En 
ellas podría tratarse la sexta parte de la producción cuando menos, que era el 
porcentaje que podía recibir en especie la nación, como «regalía» ( royalíy) le¬ 
gal. En esa dirección se trabajaba, como ya quedó explicado. 

La segunda, consistió en la decisión de canalizar la Barra de Maracaibo, 
obra que fue estimada en su doble utilidad. Porque una vez realizada transfor¬ 
maría a Maracaibo, capital del Estado Zulia, en un gran puerto de importa¬ 
ción y exportación para el Occidente Nacional y para varios Departamentos 
de Colombia (los dos Santanderes, de manera especial), y porque al entrar en 
servicio obligaría a la larga, tanto a la Creóle Petroleum Corporation como a 
la Royal Dutch-Shell a trasladar a Venezuela sus gigantescas refinerías de Aru- 
ba y Curazao. Y ello por determinantes y bien estudiadas razones de orden 
económico. Canalizada la Barra, con una profundidad prevista de 35 pies, las 
compañías hubieran tenido que desechar sus flotillas de pequeño calado, con 
las cuales exportaban el «crudo» hacia las plantas ubicadas en las Antillas ho¬ 
landesas, para usar tanqueros T-2. La posibilidad de que a través de esa salida 
al mar del Golfo de Maracaibo, acondicionada con el auxilio de la técnica, pu¬ 
dieran traficar trasatlánticos de gran calado, iba a minar en sus fundamentos 



económicos el interés de las empresas en conservar, en islas extranjeras veci¬ 
nas de las costas venezolanas, algunas de sus plantas refinadoras. 

En la Memoria al Congreso Nacional del Ministerio de Obras 
Públicas (1947) se historiaron las fases del proceso administrativo que con¬ 
dujo a decidir la canalización de la Barra de Maracaibo. En 1937 fue creada 
por la Administración López Contreras la llamada «Comisión de la Barra». 
Compiló todos los datos técnicos acerca de esa obra, asesorada por los inge¬ 
nieros estadounidenses general Kutz y coronel Robinson. Archivados queda¬ 
ron esos trabajos, por espacio de una década. En 1947, el Gobierno de AD 
encaró la realización de la obra. Fueron revisados y actualizados, con la aseso¬ 
ría de técnicos muy solventes científicamente, los proyectos primitivos. Se lle¬ 
gó a la conclusión de que los trabajos de dragado y malecones costarían 102,1 
millones de bolívares y que podían terminarse en 4 años. A fines del mismo 
año 47, el MOP estaba publicando avisos en la prensa de Caracas, los Estados 
Unidos y Europa, «para que las empresas constructoras interesadas en realizar 
dicho trabajo manifestaran sus condiciones de equipo y su capacidad técni¬ 
co-financiera», a fin de seleccionar las que ofrecieran mayores garantías de 
solvencia y eficacia. La obra —informaba el Ministerio de Obras Públicas en 
su Memoria de 1947 (p. 63)— «se financiaría con los fondos provenientes 
de los arreglos que con las compañías petroleras tiene en estudio el Ministerio de 
Fomento». Esos «arreglos» estaban finiquitados cuando fue derrocado, el 24 
de noviembre de 1948, el Gobierno constitucional. Se había cumplido lo 
ofrecido por el Poder Ejecutivo a la nación, en el último Mensaje que a nom¬ 
bre suyo elevé al Congreso, en el cual se dijo: «Entregaremos al Gobierno que 
ha de sucedemos la precisa documentación y los estudios ya hechos en torno 
a este trabajo de obvia magnitud, llamado a impulsar vigorosamente el desa¬ 
rrollo de la economía del occidente de la República y a hacer de la capital 
zuliana el puerto natural de vastas y pobladas regiones venezolanas y colom¬ 
bianas.» También se hizo referencia concreta al acuerdo a que ya se había lle¬ 
gado con las compañías petroleras, para el financiamiento de la obra. Es decir, 
que la Junta Militar encontró todos los planos y proyectos para la canaliza¬ 
ción de la Barra de Maracaibo, publicados los avisos oficiales en solicitud de 
empresas constructoras de la obra y ya resuelta la forma de financiarla. Y fue 
en 1952, cuatro años después de iniciada su disparatada gestión administra¬ 
tiva cuando ese Gobierno dio los primeros pasos hacia la realización de un 
trabajo de evidente utilidad colectiva. 

Venezuela, en síntesis, durante el trienio 1945-1948 y bajo un Gobier¬ 
no con sentido de responsabilidad nacional, estaba en vías de rectificar una de 


292 



las modalidades de la industria del petróleo que más justificado resentimien¬ 
to suscitaba en la opinión pública: la de la transformación fuera del país de 
un volumen tan cuantioso del oro negro extraído del subsuelo nacional. 


Gasolina y otros combustibles, 

LLEVADOS AL PRECIO MÁS BARATO DEL MUNDO 

Habíamos sido intérpretes de una reivindicación nacional, al sostener a lo lar¬ 
go de los años de lucha oposicionista la necesidad de que fuesen reducidos 
drásticamente los precios de venta de los derivados del petróleo. Era insólito 
que en el primer país exportador de petróleo del mundo rigieran cotizaciones 
tan altas para la gasolina y los otros carburantes extraídos del aceite mineral. 
Se cumplió de inmediato con ese compromiso, convencido como estaba el 
equipo gobernante de que el desarrollo industrial de la nación y las posibili¬ 
dades de bienestar material de todos sus habitantes estaban muy ligados a una 
política de combustibles baratos. 

El I o de diciembre de 1945 -un mes y días después de haber arribado 
a las responsabilidades del Gobierno- se procedió a reducir, drásticamen¬ 
te, el precio de la gasolina y de los demás productos y subproductos del pe¬ 
tróleo. Por decreto ejecutivo se llevó el impuesto sobre el consumo de esos 
artículos a un límite mínimo, prácticamente al requerido para fines esta¬ 
dísticos. Para la gasolina, ese impuesto se redujo a menos de un céntimo 
de bolívar por litro. 

El fisco sacrificó un ingreso anual de más de 20 millones de bolívares, 
pero también impuso renuncias de partes de sus beneficios a las compañías 
refinadoras y a los detallistas. Las rebajas que unas y otros hicieron, por litro, 
fue de Bs. 0,0157025 y de Bs. 0,005, respectivamente. 

La Creóle Petroleum Corporation (Standard Oil), la mayor produc¬ 
tora de petróleo de Venezuela, emitió un comunicado de prensa sobre esta 
medida administrativa. Fue publicado en los diarios de Caracas el 3 de di¬ 
ciembre de 1945. Decía: «El Gobierno ha dado un paso sin precedente al re¬ 
bajar el precio de la gasolina en diez céntimos de bolívar por litro». Señalaba 
las dos modalidades de esa medida: «Jamás, en ninguna otra parte, se ha he¬ 
cho una rebaja tan sustancial en el precio de la gasolina», y «es la primera vez, 
a nuestro entender, que un Gobierno rebaja por iniciativa propia el im¬ 
puesto de consumo interno de la gasolina». Después de referirse a los sacri¬ 
ficios de utilidades impuestos por el Gobierno a las compañías refinadoras 
y a los detallistas del combustible, concluía afirmando «que en Venezuela 


293 



se expenderá gasolina al precio más bajo del mundo». El ingeniero Guillermo 
Zuloaga ilustra con cifras esa afirmación: 

En Venezuela, el precio de la gasolina es el más bajo del mundo... En mar¬ 
zo de 1949, el precio del galón de gasolina en Caracas fue de 11,30 centavos 
de dólar o sea menos de la mitad del precio que en la ciudad de Nueva York 
en la misma época que era de 23,10 centavos. Ambos precios incluyen tasas. 
En Caracas el impuesto equivalió a 1,22 centavos (de dólar) por galón y en 
Nueva York a 5,50 centavos ( World Geography of Petroleum, editada por 
The American Geographical Society, 1950, p. 74). 


La repercusión inmediata de esta medida fue la de una rebaja sustan¬ 
cial en el precio de la venta de los combustibles líquidos derivados del petró¬ 
leo, en todo el territorio nacional. En relación con la gasolina, el cuadro que 
se inserta lo demuestra: 


Ciudades 

Precio anterior 

Precio después 


a la rebaja (Bs.) 

de la rebaja (Bs.) 

Caracas y poblaciones de la línea 
del Gran Ferrocarril de Venezuela 


hasta Puerto Cabello 

0,20 

0,10 

Barquisimeto 

0,24 

0,14 

Maracaibo 

0,18 

0,08 

San Cristóbal 

0,26 

0,16 

Mérida 

0,25 

0,15 

Coro 

0,22 

0,12 

Ciudad Bolívar 

0,20 

0,10 

Cumaná 

0,26 

0,16 

Barcelona 

0,20 

0,10 

San Fernando 

0,35 

0,25 


Fuente: Memoria del Ministerio de Fomento al Congreso Nacional, 1946. 

Esta rebaja de precios en todos los derivados del petróleo repercutió de 
inmediato en beneficio de la economía del consumidor. En un solo año -el 
de 1946- el público pagó 31,5 millones de bolívares menos en este renglón de 
gastos, de primera importancia en la vida moderna. 


294 



Pero aún de mayor repercusión que ese ahorro del consumidor fue el sal¬ 
to violento que se produjo en el consumo de combustibles líquidos. Ese creci¬ 
miento vertical en las compras de gasolina, kerosene, diesel y fuel oil (estos dos 
últimos rebajados de precio con anterioridad) indicó que la industria nacional, 
y el venezolano medio en su ámbito doméstico, comenzaban a disfrutar real¬ 
mente de las ventajas de vivir y de trabajar en un país rico en reservas de la ma¬ 
ravillosa sustancia. El cuadro que de seguidas se inserta revela que para 1947 el 
consumo de los varios derivados del petróleo había crecido en proporción de 
470, igualando a 100 al año 1938. En ese cuadro se aprecian los aumentos 
anuales en el consumo de gasolina, kerosene, diesel y gas oil, fuel oil y otros: 

Promedios mensuales: 1938-1944-1945-1946-1947 


Gasolina Kerosene 

Diesel y Gas Oil 

Fuel Oil 

Otros productos 

En m 3 

índice En m 3 índice 

EnT.M. índice 

En T.M. 

índice 

En m 3 

índice 

1938 13.459 

.100 790 .100 

1.490 .100 

10.084 

.100 

11 


1944 16.001 

119 5.174 655 

3.830 257 

25.026 

248 

934 

93,4 

1945 20.272 

151 6.174 782 

5.196 349 

24.383 

242 

2.260 

226,0 

1946 29.024 

216 7.446 943 

6.627 445 

27.486 

273 

2.127 

212,7 

1947 39.229 

291 9 . 6921.226 

15 . 1551.017 

53.316 

529 

3.229 

322,9 


Fuente: Memoria del Ministerio de Fomento al Congreso Nacional. 1947. 


Interesan tes^observaciones resultan del análisis de las cifras recogidas en 
ese cuadro. 

Se aprecia que el consumo de gasolina fue en 1947 casi tres veces ma¬ 
yor al de 1938; pero el consumo de kerosene subió en más de doce veces: en 
1938 se consumieron 9.480 m 3 ; en 1947, la cantidad se elevó a 116.304 m 3 . 
Del 45 al 47, el consumo mensual pasó de 6 mil a 9 mil m 3 . 

Estas cifras indican que mediante la drástica reducción en el precio de 
un combustible de extenso uso doméstico en Venezuela, junto con la política 
de abaratamiento y desarrollo de la energía eléctrica -de que luego se ha¬ 
blará- se estaban sustituyendo el carbón vegetal y la leña por otras fuentes 
de energía. 

Ello significa que se aumentaban progresivamente las facilidades de 
vida para la población y se defendía en forma eficaz las reservas de bosques, 


295 







política conservacionista esencial en un país que disfruta del privilegio nega¬ 
tivo de ser uno de los más erosionados de América Latina. 

Esta reducción de consumo de combustibles de origen vegetal la esti¬ 
mó en cifras la publicación Cuadernos de Información Económica (Cor¬ 
poración Venezolana de Fomento, agosto-septiembre de 1950). Los números 
correspondientes a dos años: 1945-1949, indican la tendencia de ese proceso: 


Consumo de combustibles vegetales 
(en miles de K) 


Años 

Carbón vegetal 

Leña 

1945 

38.154 

22.681 

1949 

16.609 

■ 8.157 


La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas 
(Cepal), en su Informe sobre Venezuela (mayo de 1951) utilizó estas mis¬ 
mas cifras. Advierte que se le asignaron al carbón vegetal 1.512 Kw/h por 
tonelada métrica y a la leña 698 Kw/h por la misma unidad de medida. Esa 
Comisión se pregunta si la disminución en el consumo de carbón vegetal 
y de leña obedeció «a la política de conservación de los bosques o por vir¬ 
tud del proceso de sustitución» en el uso del combustible. Esta última fue, 
en realidad, la causa de ese fenómeno. Estaba apenas en sus inicios la política 
conservacionista específica de los bosques. 

Es de particular importancia observar también, en el cuadro pre-inser- 
to, el aumento del consumo de diesel oil, gas oil y fuel oil porque se trata de los 
combustibles que utilizan la industria, la agricultura y la cría, y los transportes 
pesados. Los índices de consumo de diesel y gas oil, revelan un aumento de 10 
veces de 1938 a 1947; pero en los dos años transcurridos de 1945 a 1947, 
los promedios de consumo mensuales se triplicaron: de 5 mil toneladas métri¬ 
cas se pasó a 15 mil. El impulso dado a la mecanización de la producción, que 
será estudiado posteriormente, se refleja expresivamente en esos números. 

Conservación del petróleo y aprovechamiento del gas 

Es una idea relativamente nueva la de que las naciones deben cuidar celosa¬ 
mente sus recursos naturales. Ha surgido toda una escuela contemporánea 
que ya tiene sus apóstoles y sus profetas, animada de la mística conservacio¬ 
nista. La humanidad comienza a darse cuenta de que no puede disponer ili- 


296 






mitadamente de sus bosques, tierras y aguas. Debe conservar para el futuro y 
explotar las riquezas de la naturaleza en una forma racional. 

Esta nueva concepción del aprovechamiento de los dones naturales de 
un pueblo acentúa su interés en el caso de recursos no renovables. Entre los 
más característicos, se cuenta el petróleo. Se trata de una riqueza que se ago¬ 
ta, cuando la explotación prolongada e intensa deja exhaustos los reservónos 
del mineral acumulados por la naturaleza, a través de lentos procesos de si¬ 
glos, en unos cuantos lugares del planeta caprichosamente distribuidos. 

Esta convicción ha conducido a numerosos Estados, aun a los menos 
inclinados al intervencionismo en las actividades privadas, a supervisar celo¬ 
samente la forma como se explotan los yacimientos petrolíferos. En los Esta¬ 
dos Unidos, para citar un caso típico, donde la nación no ejerce el dominio 
eminente sobre el subsuelo sino que éste pertenece al poseedor superficiario, 
existe una profusa legislación federal y de los Estados, encaminada a interfe¬ 
rir y orientar la explotación del petróleo, con finalidades conservacionistas. 

En Venezuela poco, o nada, se había hecho en esa materia, 30 años des¬ 
pués de establecida por empresas privadas la industria del petróleo. La Ofici¬ 
na Técnica de Hidrocarburos del Ministerio de Fomento tenía un personal 
especializado y eficaz, pero sus funciones no iban más allá, en cuanto a con¬ 
servación se refería, de recibir y archivar los informes presentados anualmente 
por las compañías concesionarias. 

Fue ése un problema que también encaró, a partir de 1945, la Admi¬ 
nistración democrática. Se propuso como finalidad vigilar que en los campos 
productores se extrajera el petróleo a la «rata de máxima eficiencia de produc¬ 
ción» (MER). Y para iniciar esa labor, independiente y contrastadora de las 
cumplidas por las propias compañías, dio los pasos previos. El primer inge¬ 
niero de la Comisión del Estado de Texas, que controla en esa entidad nor¬ 
teamericana^ la explotación del petróleo, viajó a Venezuela con fines de 
asesoramiento en la materia. Varios ingenieros nacionales fueron enviados a 
los Estados Unidos, a especializarse en conservación del petróleo. Y el Minis¬ 
tro de Fomento pudo informar al Congreso Nacional de 1948 que ya el Des¬ 
pacho contaba con elementos de juicio suficientes para resolver que algunas 
zonas en producción fuesen explotadas con ritmo diferente del que en ellas se 
seguía, a fin de prolongar su existencia. 

Otro aspecto del problema estaba encarándose ya. Era la llamada, téc¬ 
nicamente, «unitización». Consistía en coordinar las actividades de los diver¬ 
sos concesionarios de una misma zona, para lograr la producción unitaria. 

La cuestión del despilfarro de riquezas petrolíferas, por intensa produc¬ 
ción competitiva entre diversos concesionarios, no estaba planteada en forma 


297 



aguda en Venezuela. La concentración de la industria petrolera entre pocas 
compañías presentaba la faz positiva del no malbaratamiento de petróleo 
a causa de maratones de competencia. Pero sí había zonas en las cuales era ya 
necesaria la intervención del Estado, para que la producción se realizara no de 
acuerdo con los planes individuales de los concesionarios, sino en forma ajus¬ 
tada al interés nacional. 

A este respecto, el Ministro de Fomento dijo al Congreso del 48 que la 
ley vigente era considerada por el Gobierno como instrumento suficiente pa¬ 
ra vencer la renuencia de las empresas que pretendieran rechazar la tesis de la 
producción unitaria. «Pero -agregó- en caso necesario no vacilaremos en di¬ 
rigirnos al Poder Legislativo, para que dicte las medidas regulatorias que pu¬ 
dieran llegar a ser indispensables» ( Memoria del Ministerio de Fomento, 
1947, p. 17). 

Otra faceta de la industria del petróleo sobre la cual proyectó su inte¬ 
rés el Gobierno democrático, fue la del aprovechamiento del gas. 

Espectáculo de los que impresionan en forma más negativa en las zo¬ 
nas venezolanas productoras de petróleo es el de los «mecheros» o «mechu- 
rrios», como se les llama también con término ya popularizado. Arden día y 
noche, quemando el gas que se escapa de los pozos. Disueltos en la volátil 
sustancia, se evaporan y destruyen anualmente por el fuego millones de 
metros cúbicos de petróleo. Se trata de una fuente productora de energía 
inaprovechada y de una riqueza que se malbarata. 

En las décadas que llevaba de actividad la industria petrolera, casi na¬ 
da se había hecho para ponerle cese a ese despilfarro insólito de mineral y de 
dinero. Sólo una mínima proporción del gas, alrededor de 1.000.000 de 
m 3 por año, se aprovechaba, por las propias compañías en sus plantas, o rein¬ 
yectándolo en los pozos; y para fines domésticos en Maracaibo, capital del 
Estado Zulia. 

El Ministerio de Fomento, expresando el criterio oficial, planteó 
por primera vez este problema al Congreso Nacional y al país, en toda su 
crudeza y magnitud. 

Dijo con directa franqueza que durante el año 1947 se habían quema¬ 
do unidades de calor provenientes del gas en la equivalencia de 10 millones 
de m 3 de petróleo, «más del doble de la producción de un país como Colom¬ 
bia». Señaló que aun cuando en ese año el aprovechamiento del gas había si¬ 
do mayor que en el precedente, se había acentuado la desproporción entre 
el gas quemado y el utilizado racionalmente, por el más intenso ritmo de 
producción de los pozos. Y puntualizó cuáles medidas estaban en estudio, 


298 



además de las plantas reinyectadoras que se había exigido a las empresas que 
instalaran, para aprovechar útilmente una riqueza entregada hasta entonces a 
la acción destructora de las llamas. 

Cabe añadir que en el debate parlamentario realizado en 1948 en tor¬ 
no a la posición responsable y seria del Gobierno en lo relativo al despilfarro 
de gas, hubo cierta dosis de demagogia en las tesis sustentadas por voceros 
oposicionistas. El diputado del Partido Comunista, doctor Gustavo Macha¬ 
do, por ejemplo, no estuvo de acuerdo en que a ese problema se le diera una 
«solución razonable». 

Yo creo -afirmó- que por el contrario no es una solución razonable lo que 
exige este problema, que no es de técnica; es un problema patriótico, vital, 
de primera magnitud. [Y agregó:] Hace más de cien años que en los Estados 
Unidos no se despilfarra ni un pie cúbico de gas ( Gaceta del Congreso de 
los Estados Unidos de Venezuela, p. 1.013). 

El ministro Pérez Alfonzo puso un dique de realidades a ese desborde 
de oratoria superficial. En los Estados Unidos, y en la Unión Soviética y en 
todas las regiones petrolíferas de intensa producción, una porción estimable 
del gas de los pozos continúa quemándose en «mechurrios», o en todo caso, 
es desaprovechada. Y aun cuando pareciera extraño tener que insistir en ello, 
no había otra alternativa sino la de darle una «solución razonable» y técnica 
al problema de la insuficiente utilización del gas en Venezuela. ¿Por qué esa 
solución no la había aportado ya el Gobierno de AD? La respuesta a esa inte¬ 
rrogante la dio el diputado Carnevali, líder de la mayoría: 

Se ha formulado preguntas de juez severo: ¿Por qué a estas alturas no se ha 
explotado todo el gas? ¿Por qué no se ha aprovechado industrialmente todo 
el gas? Yo voy a contestar de una vez por todas a esa y a otras preguntas simi¬ 
lares: por la sencilla razón de que la Revolución de Octubre no se hizo en 
1935 sino en 1945- Si Acción Democrática, que sí tiene una posición defi¬ 
nida frente al imperialismo, hubiera llegado al poder antes, entonces ya po¬ 
dríamos precisar en esta ya larga discusión los resultados de los proyectos pa¬ 
ra la utilización del gas anunciados por el ministro Pérez Alfonzo ( Gaceta 
del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, núm. 18, p. 1.071). 

Los proyectos en estudio para mayor utilización del gas del petróleo, 
por parte de los organismos técnicos del Estado y por las propias compañías, 
eran diversos. 


299 



Se planificaba el transporte del gas, a través de extensos gasoductos, 
desde los campos periféricos donde se producía hacia las zonas centrales, 
las más pobladas y de mayor actividad manufacturera, para utilizarlo con fi¬ 
nes industriales y domésticos. 

Dentro del plan de electrificación del país, en etapa de acelerado cum¬ 
plimiento, se tenía resuelta la utilización del gas en las grandes plantas ter¬ 
moeléctricas previstas para los estados Anzoátegui y Monagas. 

La Corporación Venezolana de Fomento dedicó a algunos de sus espe¬ 
cialistas al planeamiento de una fábrica de abonos químicos, con el gas como 
su elemento fundamental. 

Y, por último, se vinculó la utilización del gas a la instalación de una 
gran empresa siderúrgica del Estado. A reserva de insistir sobre el tema más 
adelante, escuetamente se dirá que ya funcionaban en 1948 plantas piloto, 
organizadas por la Corporación Venezolana de Fomento, para reducir el hie¬ 
rro por medio del gas hidrógeno. Así se lograría producir acero en Venezuela, 
transformándose dentro del país parte del hierro nacional; dándosele una 
aplicación más al gas, y superándose el escollo que para un desarrollo aprecia¬ 
ble de la siderurgia venezolana resultaba de las escasas reservas de carbón 
mineral con las cuales se contaba. 

Con la misma sinceridad con que se presentó ese problema, se dijo que 
no era intención oficial la de tratar de resolverlo con apresuradas y empíricas 
medidas. De allí los estudios que se adelantaban a paso firme. «Los problemas 
-dijo a este respecto el Ministro de Fomento— por más complicados que sean, 
no vale la pena resolverlos caprichosamente para engañarnos a nosotros mis¬ 
mos; siempre será preciso situar las cosas sobre bases firmes para su propia 
consistencia.» Y agregó: «Pero estamos decididos a que dentro de un término 
razonable se ponga cese a la acción contra natura de quemar una sustancia 
irreemplazable, en una época en que el hombre ya tiene conciencia de la ne¬ 
cesidad de conservar sus recursos». 


Reinversión de parte de las utilidades 

DE LAS COMPAÑÍAS EN ACTIVIDADES NO PETROLERAS 
Cifras y referencias ya aportadas son suficientes para apreciar cuál era el 
panorama económico de Venezuela. Simplificado en una fórmula de pocas 
palabras, puede decirse que era el de un país sin desarrollo autónomo 
propio, en gran parte abastecido desde el exterior de productos natura¬ 
les y manufacturados y pendiendo de un solo hilo: el petróleo. 


300 



La clave de ese problema de vida o muerte para el país estaba en el exi¬ 
toso cumplimiento de una consigna, de la cual hizo el régimen democrático 
eje y bandera de su labor: la de ganar la batalla de la producción. 

Complejas y diversas fueron las medidas con las cuales se procuró ese 
objetivo. No se ciñó el Gobierno a una fórmula única y a una sola vía. Con 
criterio elástico y con sentido pragmático se realizaron todos los esfuerzos ra¬ 
zonables para ponerle fin a la peligrosa situación de un país que importaba 
del extranjero desde maquinarias hasta huevos de gallina. 

No es ésta la oportunidad, que ya llegará, de analizar la política de 
fomento de la producción, realizada con criterio integral, del Gobierno 
de AD Vamos a resumir, a grandes rasgos, la colaboración que se solicitó 
de las compañías explotadoras del petróleo, como parte de una estrategia 
económica de conjunto. 

Se planteó a los gerentes de esas empresas que era evidente la parte 
de responsabilidad, aun cuando fuese indirecta, de la industria petrolera 
hipertrofiada en el estancamiento de la economía rural venezolana. Y la 
necesidad de una cooperación de las compañías en la cruzada emprendida 
por el Gobierno para impulsar las actividades productoras permanentes 
del país. En otras palabras, que parte de las utilidades derivadas del petró¬ 
leo debían ser reinvertidas en el país, en la producción y distribución de 
artículos de consumo humano. 

En forma muy explícita se dijo, al propio tiempo, que no se trataba de ofre¬ 
cerle a las empresas una ocasión de realizar actividades lucrativas distintas de la ya 
explotada por ellas. No se les pedía tampoco que regalaran dinero al país, o lo in¬ 
virtieran con fines filantrópicos, a pérdida seca. Sino que esa aplicación de parte de 
sus ganancias en campos diferentes de la producción petrolera debía realizarse en 
asocio con el Estado, con vista al interés colectivo y sobre bases sui genetis. 

Después de un prolongado intercambio de puntos de vista entre el Go¬ 
bierno y los personeros de las compañías, la iniciativa oficial cuajó en reali¬ 
dad. Las tres mayores empresas operantes en el país hicieron aportes en 
acciones a la Corporación de Economía Básica, organizada por el señor Nel- 
son Rockefeller. Estos aportes fueron de $ 8 millones la Creóle Petroleum 
Corporation, de $ 4,2 millones la Royal Dutch-Shell y de $ 3 millones la Me- 
ne Grande Oil Company («Creóle Petroleum: business embassy», en la re¬ 
vista Fortune, Nueva York, abril 1949). 

La Corporación de Economía Básica comenzó a organizar tres empre¬ 
sas: una de producción agropecuaria; otra pesquera, que se ocuparía de ex¬ 
traer, conservar en modernos frigoríficos, y expender nacionalmente, a precios 


301 



al alcance de toda la población consumidora, parte de la prodigiosa reserva 
alimenticia del país, acumulada por la naturaleza en viveros marítimos y flu- 
viales; y una tercera, distribuidora de mercancías, conforme al sistema en ca¬ 
dena de los llamados supermercados. 

Estas empresas se constituyeron por el sistema de sociedades anónimas, 
con aportes de 50% de las acciones hechos, respectivamente, por la Corpora¬ 
ción de Economía Básica y por el Estado, actuando a través de la Corporación 
Venezolana de Fomento. Pero no se trató de sociedades anónimas de tipo clᬠ
sico, sino con modalidades nuevas, no sólo con respecto a Venezuela, sino po¬ 
siblemente también para el resto de la América Latina. Esas características 
distintas de tales asociaciones fueron las siguientes: 

1. Las acciones se dividían en comunes y privilegiadas. Estas últimas las 
absorbía la Corporación Venezolana de Fomento. Se garantizaba un 
interés a esas acciones, sin correrse el riesgo del fracaso, implícito en to¬ 
da empresa de carácter lucrativo. 

2. La Corporación Venezolana de Fomento tenía representación en las 
directivas de las empresas, aun cuando esa prerrogativa no se asigna 
normalmente a los tenedores de acciones privilegiadas. 

3. La Corporación Venezolana de Fomento podía solicitar en cual¬ 
quier momento la transformación de sus acciones privilegiadas en 
acciones comunes. 

4. Ambas Corporaciones, la de Economía Básica y la Venezolana de Fo¬ 
mento, se comprometían a poner en el mercado sus respectivas accio¬ 
nes cuando ya las empresas estuvieran arrojando utilidades. 

5. En todo caso, y ante cualesquiera circunstancias, después de trans¬ 
curridos 10 años de funcionamiento de una empresa, la totalidad 
de sus haberes debía estar en manos del Estado venezolano, o de 
inversionistas venezolanos. 

Este esfuerzo complementario para incrementar la producción raigal 
del país, si apenas una acción de flanco en la guerra total desatada contra 
el infradesarrollo económico nacional, fue proyectado a la luz del día. Se in¬ 
formó ampliamente a la opinión pública de todas las modalidades de la aso¬ 
ciación acordada. En el local de la Federación de Cámaras y Asociaciones de 
Comercio y Producción se hizo un amplio debate, con la presencia de altos 
personeros del Ejecutivo, inclusive el presidente de ese poder del Estado, y del 
señor Rockefeller. No hubo razonada oposición a esos planes en los debates 
contradictorios, pero sí hizo de ellos piedra de escándalo la oposición, en la 


302 



tribuna de la plaza pública y en las páginas de la prensa. Adversarios del Go¬ 
bierno democrático, desde los comunistas hasta los social-cristianos de Co- 
PEI, pasando por Unión Republicana Democrática, formaron un abigarrado 
frente único para criticar esa gestión administrativa. 

Esa crítica cristalizó en el debate realizado, en febrero de 1948, por el Con¬ 
greso Nacional, a propósito de la Memoria del Ministerio de Fomento, Des¬ 
pacho ejecutivo al cual estaba adscrita la Corporación Venezolana de Fomento. 

En esos debates, los voceros de los tres partidos ya nombrados hicieron 
argumentos de una impresionante superficialidad. Ninguno alcanzó a de¬ 
mostrar dónde radicaba el riesgo para Venezuela de la inversión, por las em¬ 
presas petroleras, de 15 millones de dólares en actividades ligadas a la 
producción nacional permanente, en asocio con el Estado y bajo una regla¬ 
mentación rigurosa, cuando ya tenían invertidos 2 mil millones de dólares en 
una industria extractiva, de vida necesariamente transitoria y de la cual sólo 
quedaban al país los impuestos, los salarios y los huecos dejados en el subsue¬ 
lo por el mineral en estado líquido que allí estuvo depositado. 

En el vértigo retórico de ese debate, el diputado Gustavo Machado, del 
Partido Comunista, llegó a afirmar, con ese inefable aplomo de los acostum¬ 
brados a razonar en esquemas: 

Porque cuando nosotros hablamos de industrialización y objeta¬ 
mos el plan de Rockefeller en Venezuela , y no tenemos objeción a 
la estructuración de una industria pesada en nuestro país con 
cualquier capital que sea, es porque nosotros entendemos que el 
imperialismo impide eso precisamente en los países coloniales... 
(Subrayado dpi orador). 

A lo cual replicó el líder de la mayoría parlamentaria, doctor Alberto 
Carnevali, con un razonamiento de inexorable lógica: 

Se justificaría la reinversión de capitales de las empresas petroleras si en lugar 
de dedicar esas inversiones a actividades de tipo agropecuario las hubieran 
aplicado a la producción de máquinas. ¿De manera que el imperialismo es 
sólo un peligro cuando hace inversiones en la economía agropecuaria, don¬ 
de la proporción de esas inversiones es el milésimo en comparación con 
todas las inversiones de los productores nacionales? ¿En ese momento, sí 
es un peligro el imperialismo? ¿Pero si se instalan altos hornos, pero si se ins¬ 
talan grandes industrias que son difíciles de pasar de las manos extranjeras, 
supertécnicas, internacionales, a las manos de los venezolanos, entonces no 


303 



habría riesgo, no habría imperialismo posible? (Gaceta del Congreso de 
los Estados Unidos de Venezuela, núm. 18, octubre 1948, p. 1.078). 

Claro está que esa oposición enconada no nacía sólo de una estrategia 
política. El clima de recelo y desconfianza que existía en torno a los consor¬ 
cios petroleros era evidente, y muchos consideraban de buena fe como algo 
al margen de lo posible que esas empresas cooperaran sin objetivos ocultos 
en actividades no orientadas por el afán de grandes ganancias. Olvidaban 
que no era de ellas, sino de un Gobierno vigilante y sin complejos de infe¬ 
rioridad frente al cártel del petróleo, de donde había partido la iniciativa de 
solicitar la cooperación suya al propósito de crear y distribuir entre la po¬ 
blación consumidora la mayor cantidad posible de artículos básicos para las 
necesidades humanas. 

En todo caso, la experiencia fue intentada, como una faceta más den¬ 
tro de una política general encaminada a obtener para Venezuela el mayor 
margen posible de ventajas de su riqueza petrolífera. 

Cuando fue derrocado el Gobierno de Gallegos, esta experiencia de 
cooperación entre capital extranjero y nacional, sobre bases sui generis, estaba 
en sus inicios. La Junta Militar se apresuró a vender las acciones del Estado 
a la Corporación Venezolana de Economía Básica, de Rockefeller y asociados. 
Cuatro años después, en 1953, esa empresa tenía un activo de 7 millones de 
dólares y una pérdida neta de 6 millones de dólares. Este dato es de un artícu¬ 
lo publicado en The Christian Science Monitor, de Boston, por su corres¬ 
ponsal para la América Latina, Robert H. Hallet. «La compañía agrícola 
fracasó antes de que los peritos pudieran determinar la razón del fracaso», es¬ 
cribe Hallet, y agrega: «Una o dos de las haciendas carecían de terrenos culti¬ 
vables y la maquinaria agrícola no pudo emplearse debido al rápido 
crecimiento de la maleza. La hacienda para la cría de aves fracasó, por lo cos¬ 
toso de los alimentos.» La distribuidora de alimentos no tuvo mayor éxito. 
Tampoco Pesquerías Caribes. Aparte de las fallas administrativas que pudo 
haber, ese balance demuestra cómo no se mentía al calificar las llamadas 
«negociaciones Rockefeller» como inversiones arriesgadas, de resultados in¬ 
ciertos. Menos para el Estado, que por haber suscrito acciones privilegia¬ 
das en las empresas donde se asoció estuvo en capacidad de recuperar sin 
pérdidas la totalidad de lo invertido. 


304 



Durante tres años dejaron de ser parias 

LOS TRABAJADORES DEL PETRÓLEO 

Un vuelco violento se operó con la Revolución democrática en la situación de 
los obreros, empleados y técnicos venezolanos al servicio de la industria pe¬ 
trolera. Hasta octubre de 1945, sus organizaciones gremiales llevaron una 
existencia lánguida. Las compañías eran reacias a negociar con los sindica¬ 
tos, y fue apenas en noviembre de 1945, después de la Revolución, cuan¬ 
do suscribieron con los representantes de los trabajadores el primer 
contrato colectivo. (La Creóle Petroleum Corporation, en su Anmial Re- 
port, 1945, p. 25, admite que había reconocido a las Uniones obreras des¬ 
de junio de ese año, pero que no comenzó a negociar con ellas sino 
después de la llegada de AD al Gobierno.) 

Los departamentos legales de las empresas tenían organizada una 
maquinaria eficaz, para triturar con incisos de códigos y mañosos recursos 
de tribunales las justas aspiraciones de los obreros a mejorar sus condicio¬ 
nes de vida y de trabajo. Eran pocos, y no siempre sordos a la tentación del 
cohecho de las empresas, los Inspectores del Trabajo que en los campos de 
producción velaban por la recta aplicación de las disposiciones legales. Las au¬ 
toridades civiles en las zonas petroleras se comportaban con frecuencia más 
como empleados de las compañías que como servidores del Estado. 

El cambio que se realizó en esa situación de los trabajadores del petró¬ 
leo, deprimente para la nación, fue inmediato. No se manifestó en formas 
violentas la rebeldía proletaria, en los días del derrocamiento del régimen an¬ 
terior, porque la determinante mayoría de los trabajadores del petróleo mili¬ 
taba en Acción Democrática y acataron su consigna de convertirse en los 
custodios del orden público. Pero a través de los cauces pacíficos de la orga¬ 
nización de sus fuerzas y del planteamiento de reclamos a las empresas, 
aplazados durante décadas, sí comenzó de inmediato a exteriorizarse la voluntad 
del proletariado petrolero de alcanzar reparadora justicia. 

El 30 de marzo de 1946 se reunió en Caracas el II Congreso Nacional 
de Trabajadores del Petróleo. Para la fecha, ya funcionaban sindicatos legali¬ 
zados en todas las zonas productoras. El Ejecutivo no sólo no entrababa ese 
proceso de integración de los obreros en sus organismos de defensa gremial, 
sino que lo alentaba sin reservas. Sus simpatías hacia las razonables aspiracio¬ 
nes de los trabajadores no las recataba el Gobierno, sino que las exteriorizaba. 
Los ministros del Trabajo y de Relaciones Interiores, doctor Raúl Leoni y te¬ 
niente coronel Mario Vargas, llevaron la palabra del Gobierno en la asamblea 
inaugural del Congreso; y yo la clausuré, ratificando la decisión oficial de 


305 



ponerle cese al estado de indefensión en que siempre habían estado quienes 
extraían y manipulaban el oro negro de nuestro subsuelo. 

Los obreros del petróleo, con su lúcida conciencia forjada en mu¬ 
chos años de lucha, calibraron la significación de esa actitud gubernamental 
nueva frente a sus problemas. Y en ese su II Congreso tomaron un acuer¬ 
do, precedido de extensa y razonada exposición de motivos, de «caluroso 
respaldo a la Junta Revolucionaria de Gobierno por la labor realizada, ex¬ 
citándola a continuar por el sendero de la liberación económica y del progreso 
social de Venezuela». 

Esa misma asamblea de trabajadores acordó plantear un pliego conjun¬ 
to de reivindicaciones a las compañías y reclamar de éstas que se comprome¬ 
tieran a cumplirlo, mediante la fuma de un contrato colectivo. Las negociaciones 
entre las empresas y la Federación de Trabajadores se iniciaron de inmediato, 
con la activa y diligente intervención personal del doctor Raúl Leoni, Minis¬ 
tro del Trabajo. El 30 de mayo de 1946 se había llegado a un acuerdo entre 
las partes y por primera vez en la historia de la industria se firmó una conven¬ 
ción colectiva entre empresas y obreros del petróleo, que contenía mejoras 
sustanciales en alzas de salarios, prestaciones sociales y condiciones de vida 
para los trabajadores venezolanos. 

Algunas de esas ventajas obtenidas rebasaban las previsiones de la Ley 
del Trabajo vigente. Y a esa modalidad del contrato se refirió el Ministro del 
Trabajo, al declarar: «Económica y socialmente son tan sentidas y justas las 
conquistas del contrato colectivo, que sus repercusiones se harán sentir ne¬ 
cesariamente en la nueva legislación social venezolana». 

El líder más destacado de los obreros del petróleo y presidente de su or¬ 
ganización nacional, Luis Tovar, sintetizó en precisas y cortas palabras el al¬ 
cance de lo obtenido, en comparación con la menguada condición anterior 
de los trabajadores de la industria. Esta fue la síntesis expresiva en la que re¬ 
sumió el contrato: 

Ha sido un gran triunfo para el proletariado petrolero el que hemos 
obtenido. En menos de 8 meses después de la Revolución de Octubre, 
hemos alcanzado lo que no había podido lograrse en los 30 años 
que llevan explotando a nuestra patria las compañías petroleras. El 
año 1936, cuando fuimos a la gloriosa huelga petrolera en la 
cual demostramos una alta moral proletaria, sólo logramos la li¬ 
mosna del aumento de un bolívar en los salarios; luego volvimos a 
insistir, cuando celebramos el Primer Congreso de los Trabajadores 


306 



del Petróleo, y no logramos nada. Hoy hemos conquistado no sólo 
reivindicaciones económicas, sino también sociales. Yo estoy seguro 
de que todos mis compañeros en los campos han recibido con júbi¬ 
lo la noticia del arreglo; primero, por las conquistas obtenidas; se¬ 
gundo, por amor a su patria, y porque sabían que un conflicto huel¬ 
guístico afectaría a la economía venezolana, haciendo peligrar 
nuestra Revolución, que la llamamos nuestra porque tomamos 
parte en ella (Diario El País, Caracas, 31 de mayo, 1946). 

Algunas acotaciones a ese contrato colectivo -el primero digno de ese 
nombre firmado en Venezuela entre las compañías y los trabajadores a su 
servicio— bastarán para señalar su importancia. 

Antes del contrato, la mayoría de los obreros devengaba un salario de Bs. 
8 diarios. Pasaron a ganar Bs. 14 diarios (incluido el pago de un día de descan¬ 
so semanal remunerado). El aumento alcanzó, en ese tipo mayoritario de 
obrero no especializado, a 75% sobre el anterior salario. Los aumentos pa¬ 
ra los trabajadores calificados fueron apreciables (los que devengaban, por 
día, Bs. 16, Bs. 20 y Bs. 24, pasaron a ganar, respectivamente, Bs. 23, Bs. 
25 y Bs. 32). Los sueldos de los empleados fueron aumentados en 15% pa¬ 
ra quienes devengaban menos de Bs. 600, y proporcionalmente para los 
sueldos mayores. 

El trabajo nocturno fue siempre pagado con salario igual al del trabajo 
diurno. El contrato estipuló aumentos de 10% y de 20% para las labores rea¬ 
lizadas después de las 6 de la tarde. 

En los campos de producción no funcionaban dependencias del Segu¬ 
ro Social Obligatorio y, por lo tanto, no recibían ninguna prestación los obre¬ 
ros afectados por enfermedades no profesionales. El contrato estipuló el pago 
de un salario de Bs. 6 diarios al obrero enfermo no hospitalizado y de Bs. 8 al 
hospitalizado, durante las 26 semanas estipuladas en la ley por la cual se regía 
el Seguro Social Obligatorio. 

Las vacaciones remuneradas fueron fijadas en 15 días, cuando la Ley 
del Trabajo estipulaba sólo 7. 

Los comisariatos instalados por las empresas vendían, a precio de cos¬ 
to, apenas 15 artículos de primera necesidad. El contrato elevó ese número a 
75, incluidos la mayoría de los indispensables para garantizarles a los obreros 
y a sus familiares, alimentos, medicinas y vestidos a precios razonables. 

Las compañías utilizaban, tradicionalmente, a contratistas insolventes 
para enganchar a través de ellos a muchos de los trabajadores a su servicio. 


307 



El contrato estipuló que no eran esos intermediarios, sino las propias empresas, 
las responsables de todas las obligaciones derivadas de la ley y de ese convenio. 

Ninguna previsión existió nunca en el sentido de que las empresas estuvie¬ 
ran obligadas a jubilar a los obreros, después de un determinado número de años a 
su servicio. Las dos mayores compañías productoras y las más antiguas en Venezue¬ 
la (la Creóle y la Shell), se comprometieron a presentar al Gobierno un plan de ju¬ 
bilación, dentro de los primeros 12 meses posteriores a la firma del contrato. 

La indemnización por antigüedad a los trabajadores despedidos, pre¬ 
vista en la ley, no se pagaba a éstos sino cuando la causa del despido era la re¬ 
ducción de actividades de la empresa. El contrato modificó radicalmente esa 
situación. Después de 3 años de trabajo continuo, el obrero, o sus descen¬ 
dientes cobrarían esa indemnización cuando se retirara voluntariamente de su 
ocupación, o fuera despedido por el patrono, salvo las excepciones estableci¬ 
das en el mismo contrato colectivo. 

Numerosas disposiciones sobre asistencia médica para los familiares de 
los trabajadores, educación para sus hijos, facilidades de vivienda, fueron 
también incluidas en esa convención colectiva. 

El júbilo obrero se manifestó en expresivas formas. Sentían los trabaja¬ 
dores que ya no eran parias en su propia patria sino factores importantes en 
el proceso de la producción del petróleo, respetados en su dignidad de hom¬ 
bres y asistidos en sus exigencias legítimas. 

La prensa extranjera avizoró también que el arreglo significaba paz so¬ 
cial en los campos petroleros de Venezuela y posibilidades de que la industria 
planeara para el futuro sobre bases más sólidas. 

World Petroleum (junio de 1946), la informada revista norteameri¬ 
cana, resumió en cifras lo que significaban las ventajas económicas obtenidas 
por los obreros: 

Los cálculos del costo adicional de este acuerdo varían entre Bs. 40 millo¬ 
nes y Bs. 110 millones (dólares 12 millones y 33 millones). Las compañías 
calculan que el arreglo representa un aumento de salarios de 35% a 50% 
para los obreros petroleros de Venezuela. 

Otro órgano de prensa de los Estados Unidos, The New York Ti¬ 
mes (19 de junio de 1946), analizó el convenio desde el ángulo de su 
significación política: 

Sólo los aumentos de salarios alcanzan a más de 100 millones de bolíva¬ 
res ($ 30 millones) durante el primer año. Además los obreros lograron su 


308 



primer contrato colectivo de trabajo con las compañías, de por sí un triunfo. 
El convenio puede interpretarse como una resonante victoria de la Junta Re¬ 
volucionaria de Gobierno, que preside Rómulo Betancourt. Una huelga en la 
industria petrolera habría sido algo desastroso para la economía venezolana; y 
un decreto ordenando el arbitraje obligatorio de la disputa, para evitar la huel¬ 
ga, habría debilitado el prestigio del Gobierno entre los trabajadores. Median¬ 
te su actuación como mediador y como evitador de una huelga, el Gobierno 
logró un arreglo a través de la senda normal del regateo entre las partes. 

Después del convenio obrero-patronal de mayo del 46, la producción 
petrolera entró en una etapa de franca estabilidad. Los obreros habían al¬ 
canzado si no todas, parte sustancial de sus aspiraciones. Las empresas ad¬ 
mitieron que una realidad nueva, a la cual estaban obligadas a adaptarse, 
existía en Venezuela. Los sectores de la industria y del comercio apreciaban 
la ventaja para sus negocios derivada del aumento de la capacidad adquisi¬ 
tiva de los trabajadores del petróleo, sin el sacudimiento previo de un pro¬ 
longado conflicto. La opinión nacional se mostraba satisfecha de que ya no 
prevaleciera en la industria la sola voluntad imperiosa de los gerentes de los 
consorcios extranjeros. 

Pero no hubo unanimidad en el juicio aprobatorio de la forma como 
se habían conducido las negociaciones entre empresas y trabajadores, ni de 
sus resultados. La disidencia la animaba, desde las varias parcelas en que esta¬ 
ba escindido, el pequeño Partido Comunista. Controlaba una minoría de sin¬ 
dicatos petroleros y un reducido grupo de sus líderes obreros asistió al II 
Congreso de los Trabajadores del Petróleo, intervino en las negociaciones 
con las compañías y firmó el convenio del 31 de mayo. Pero de inmediato al¬ 
zaron bandera contra la misma convención que habían rubricado con sus fir¬ 
mas, y se fueron a los campos de trabajo, a sembrar desconcierto entre 
algunos obreros y a atizar posibles huelgas. 

Razones de política nacional e internacional determinaban esa conduc¬ 
ta alharaquienta. Era un impacto mortal para su prestigio de Partido que se 
reclama «obrero» no haber alcanzado ni una sola reivindicación para los tra¬ 
bajadores del petróleo, cuando los comandaban burocráticamente por arriba, 
en los días de la alianza con el Gobierno Medina Angarita. En contraposición 
a ese resonante fracaso suyo, bajo el Gobierno de sus irreductibles adversarios 
ideológicos estaban alcanzando amplias conquistas esos mismos trabajadores. 
Además, ya no eran los días de Yalta y Teherán, los de la consigna de «no 
huelgas» en aras de la «unidad nacional», sino que se estaban escuchando en 
Berlín los primeros disparos verbales de la «guerra fría» entre la URSS y las po- 


309 



tencias occidentales. Y así como a los dirigentes soviéticos les interesó para su 
política nacional, en los años 1944 y 1945, que los Partidos Comunistas de 
América hicieran alardes de cordura y comedimiento, como prenda ofrecida 
por el Kremlin para obtener concesiones en Asia y Europa Central de los 
otros vencedores del Eje, en 1946 y años subsiguientes la «línea» era ya dife¬ 
rente. La tensión diplomática entre Moscú y Washington debía repercutir en 
forma de agitación permanente en toda empresa donde hubiese dólares inver¬ 
tidos, de manera especial si se trataba de un país americano. Ya la nueva ver¬ 
sión de la Tercera Internacional organizada bajo el nombre de Kominform 
en septiembre de 1947, había resuelto dividir al mundo en dos campos 
irreconciliables: el imperialista y belicista de un lado, y el socialista y pací¬ 
fico del otro. No corear con visible entusiasmo a los arcángeles soviéticos 
era, a los ojos de los fieles creyentes, palmaria demostración de servilismo 
hacia los demonios occidentales. 

No resulta difícil comprender por qué la vieja pugna entre los co¬ 
munistas venezolanos y las mayorías obreras nacional-revolucionarias, se 
hizo particularmente aguda para aquellos días. A lqs llamamientos a la 
«unidad obrera» formulados por los sindicalistas del PC, respondieron los 
trabajadores del Zulia, organizados en su Federación estadal (la FETRAZULIA) 
con palabras quemantes: 

Es precisamente el sector comunista el que más predica la «unidad» y el que 
más utiliza la demagogia irresponsable y todos los métodos reñidos con la au¬ 
téntica democracia sindical. Lo cual demuestra cómo no es sincera su cam¬ 
paña y que sólo utilizan el slogan de «unidad» como instrumento de lucha 
partidista, para captarle adeptos al Partido Comunista, que en fin de cuentas 
es cuanto aspiran (Diario El País, 8 abril, 1947, Caracas). 

Los comunistas se lanzaron entonces a promover pequeños brotes 
huelguísticos, en las zonas donde ejercían influencia. Fueron declarados ile¬ 
gales por el Gobierno, autorizado por la legislación laboral vigente. Esta pro¬ 
hibía las disputas de trabajo con carácter conflictivo, en industrias donde 
estuviera en ejecución un contrato colectivo. Y asimismo desahució el Go¬ 
bierno la aspiración de la CTAL de Lombardo Toledano, alentada por control 
remoto desde cierto lugar de Europa, a realizar en Venezuela un Congreso de 
trabajadores latinoamericanos del petróleo. 

Tuvo su desenlace lógico esa tensa situación creada entre una determi¬ 
nante mayoría de sindicatos no comunistas, y los sometidos a la férula de ese 


310 



partido. En los primeros meses de 1948 concluía el plazo de vigencia del pri¬ 
mer contrato colectivo en la industria del petróleo, y los líderes comunistas se 
apresuraron a definir su actitud, aun antes de iniciarse negociaciones con las 
empresas: el nuevo pliego debía ser presentado con carácter conflictivo. Esa 
huelga, argumentaban, era una necesidad para el proletariado venezolano. La 
Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo (FEDEPETROL) los emplazó 
públicamente, sin contemplaciones. En manifiesto muy categórico pusieron 
al descubierto su intención de 

sembrar entre los trabajadores la misma pugna existente en las relaciones in¬ 
ternacionales de Rusia y los Estados Unidos e inclinarlos a un bando, porque 
de haber en Venezuela compañías del petróleo de procedencia soviética, no 
agitarían esas consignas. 

Los comunistas -agregaban-, en la forma más irresponsable y an¬ 
tipatriótica, sirven a consignas extrañas al movimiento obrero y al interés 
nacional (Diario El País, Caracas, 7 febrero 1948). 

Detrás de esa declaración, vino la expulsión del pequeño grupo de líderes co¬ 
munistas incrustado en la Federación de Trabajadores del Petróleo. Fue 
acordada por sus organismos dirigentes el 6 de febrero de 1948. En los con¬ 
siderandos del drástico acuerdo se evidenciaron todas las arterías puestas en 
práctica por los disidentes, con el propósito de «arrastrar a los obreros a una 
huelga política, cuyo fin es cumplir las consignas que han recibido del exte¬ 
rior de apoyar a costa de lo que sea necesario la huelga de los obreros colom¬ 
bianos» {El Pñís , Caracas, 7 de febrero de 1948). En efecto, en la zona 

f 

colombiana de Barranca Bermeja del país vecino estaba entonces en pie un 
conflicto huelguístico y en nombre de la solidaridad proletaria internacional, 
pero realmente con la intención de debilitar al Gobierno democrático y de 
ganar méritos ante el Kominform , los comunistas querían paralizar a todo 
trance la producción petrolera de Venezuela. 

Los comunistas, internacionalmente, han utilizado el movimiento sin¬ 
dical como pieza accesoria para su juego político. Cuando están en capacidad 
de hacerlo, promueven huelgas, o las paralizan, según convenga a sus fines 
privativos del partido y no a los intereses generales de los trabajadores. En Ve¬ 
nezuela fueron cruzados fervientes del inmovilismo sindical cuando estaban 
aliados al régimen Medina Angarita; y azuzadores de conflictos obrero-patro¬ 
nales, que no llegaron a cristalizar en grandes huelgas por su debilidad intrín¬ 
seca, cuando hacían oposición al Gobierno de AD. Táctica similar han seguido 


311 



en los demás países. En 1936, cuando el PC francés apoyaba al Gobierno fren- 
te-popularista de Léon Blum, uno de los diputados de ese Partido, A. Croi- 
zart, habló así ante la Cámara: «La clase obrera quiere el orden. La huelga no 
es para ella sino una última necesidad que le es impuesta por la arbitrariedad 
patronal. La clase obrera aplaudirá si nosotros le damos los medios de suplir 
la huelga». Defendía con tanto calor un proyecto de ley que hacía obligatorio 
el arbitraje y encuadraba al movimiento obrero francés dentro de un sistema 
de regulaciones bastante estricto. La cita se toma del artículo «Comment on 
méne la gauche á la défaite», de Jacques Donot, publicado en Les Temps Mo- 
demes, la revista de Jean Paul Sartre (núms. 112-113, 1955). 

El segundo convenio colectivo en la industria del petróleo fue firmado, 
entre las empresas y los sindicatos, en febrero de 1948. Entre otras muchas rei¬ 
vindicaciones nuevas, obtuvieron los obreros un aumento de 16 2/3% sobre sus 
salarios básicos, y el reconocimiento de un salario básico mínimo de Bs. 14. 

El Gobierno de Acción Democrática, si favorable a las aspiraciones le¬ 
gítimas de los obreros del petróleo, no practicaba con ese sector tan impor¬ 
tante para la economía de la nación una política de halagos demagógicos. No 
era aceptada por el Gobierno ni por el Partido qúie le aportaba su más sólida 
base de sustentación, la tesis simplista de que los obreros de ese sector podían 
exigir alzas sin límites de salarios y de prestaciones sociales, porque la indus¬ 
tria era capaz de soportar esas cargas. Razonábamos que no era justo que se 
creara un estamento obrero con excesivos privilegios, suerte de aristocracia 
dentro del proletariado, cuando el resto de la población trabajadora del país 
no alcanzaba ingresos siquiera cercanos a los ya percibidos por los obreros del 
petróleo; y que sobre las utilidades extraordinarias de las compañías, era el Es¬ 
tado el que debía tomar una participación lo más cuantiosa posible, para re¬ 
distribuirla en forma equitativa y con criterio nacional, en beneficios sociales 
para todo el pueblo venezolano. 

Estos puntos de vista no fueron obstáculo para que los salarios y 
prestaciones sociales alcanzaran en la industria petrolera, durante el trie¬ 
nio 1946-1948, niveles insospechados no sólo con respecto a Venezuela 
sino a cualquier otro país, exceptuados los Estados Unidos, donde se extrajera 
aceite mineral. 

Según estimación del señor Joseph E. Pogue, economista del Chase 
Bank y muy ligado, por lo tanto, a la Creóle Corporation, el costo del traba¬ 
jo en la industria del petróleo -comprendidos salarios y toda otra clase de 
prestaciones- alcanzó para comienzos de 1949 a Bs. 49,22, o sea, $ 15,93 por 
obrero y por día (Oil in Venezuela, 1949, p. 14.) 


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Esa estimación la utilizó maliciosamente el economista de los 
trusts para augurarle riesgos futuros a la industria, desde el punto de vista 
de su costeabilidad. 

La Misión de encuesta que la Oficina Internacional del Trabajo envió a 
Venezuela en 1949 recogió en fuente oficial estimaciones más precisas que las 
aportadas por Pogue. Insertadas en un cuadro resultan de fácil comprensión. 




Aumento entre 


1946 

1948 

1946 y 1948 


Bs. 

Bs. 

Bs. 

% 

Promedio del salario básico diario 

12,90 

17,38 

4,48 

34,7 

Otras prestaciones en dinero 

3,80 

13,02 

9,22 

242,6 

Salario diario neto 

16,70 

30.40 13,70 

82,0 

Prestaciones indirectas (en dinero 
o en especie) 

6,38 

12,08 

5,72 

89,9 

Total general 

23,06 

42,48 19,42 

84,2 


Fuente: Libertad de asociación y condiciones 
de trabajo en Venezuela, oit, Ginebra, 1950, p. 28 


No creemos que se requiera comentario marginal alguno a cifras que 
tienen su propia, expresiva elocuencia. Y las cuales justifican, junto con las 
otras modalidades introducidas en las relaciones obrero-patronales, la en¬ 
fática afirmación ya hecha: durante tres años, dejaron de ser parias 
los trabajadores del petróleo. 

Hacia la siembra del petróleo 

La política fiscal que a partir de 1945 fue implantada en materia de petró¬ 
leos, y en general sobre excesos de utilidades en cualquier tipo de actividad 
económica, se tradujo en ingresos cada vez mayores para el fisco. El orde¬ 
namiento de la Administración Pública y la erradicación del peculado con¬ 
tribuyeron también a aumentar los recursos del Estado. El Gobierno 
democrático tuvo así una capacidad de gastos sin posible paralelo con la de 
los que lo habían precedido. 

Pero coexistieron el incremento de las inversiones gubernamentales 
con el aumento de las aportaciones hechas al fisco por la industria del petró¬ 
leo. El país se beneficiaba con una más enérgica y extendida acción adminis¬ 
trativa, pero no pagaba el precio de nuevas cargas impositivas. Del petróleo 


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salía la mayor parte de los dineros con los cuales se le inyectaban millones y 
millones de bolívares a las partidas del Presupuesto dedicadas a atender nece¬ 
sidades vitales de la colectividad. 

Reducidas a cifras las anteriores apreciaciones, resultarán más com¬ 
prensibles al lector. 

En 1938, último de la preguerra y en los años posteriores, hasta 1943, 
el promedio de gastos públicos fue de 350 millones de bolívares anuales, y los 
ingresos fiscales por concepto de renta de hidrocarburos oscilaron alrededor 
de los 140 millones de bolívares, equivalentes a 40% de los ga